La predicción de la reincidencia juvenil intenta averiguar y comprender los factores de riesgo determinados que pueden impulsar a un menor hacia una carrera delictiva, es decir, que lo hacen vulnerable a seguir delinquiendo. Tales aspectos, cualidades del individuo y de su ambiente, contribuyen a señalar el camino que va a tomar el menor. Muchos de los predictores más sólidos son factores de carácter dinámico, variables que pueden modificarse si se establecen como objetivos específicos de intervención. De ahí la necesidad de contar con un procedimiento que valore de forma precisa dichos factores.

De esta forma, al detectar cuáles son las variables o factores que conducen o influyen en el menor a la hora de cometer delitos, se estarían evitando futuros comportamientos delictivos. Así pues, podríamos considerar la tasa de reincidencia delictiva como un indicador criminológico que, al cuantificarlo de manera precisa en los diferentes periodos de tiempo, indicaría el estado de la realidad social en la que se encuentran los menores. En general, se tiene en cuenta el criterio más amplio de reincidencia que sería la nueva entrada al sistema judicial, sin que exista un criterio unificado para determinarla. Otras formas de obtener esta tasa serían por ejemplo, ser acusado de algún otro delito, recibir una medida educativa (Forcadell, Camps, Rivarola y Pérez 2004), la comparecencia en un tribunal (Cain 2000), una nueva detención (Sánchez-Meca 1996, Cottle et al. 2001) o ser detenido únicamente a partir de los 18 años (Redondo, Funes y Luque 1993; Sipe, Jensen y Everett 1998).

Históricamente, la valoración del riesgo de reincidencia del menor, necesario para la intervención, ha sido informal y llevada a cabo por profesionales que han variado en visiones y diferentes niveles de experiencia y conocimientos, y que han usado criterios diversos en el procedimiento de valoración (Wiebush et al. 1995). En la actualidad, en la valoración de menores infractores, en el sistema judicial no existe un protocolo común y unificado para detectar los aspectos a evaluar en la predicción de la reincidencia. Ante esta situación, son varios los estudios que reconocen la superioridad de los métodos estandarizados (basados en la evidencia científica, evidence-based practice, EBP) sobre los juicios clínicos (Steadman et al. 2000; Hoge 2002). Este tipo de métodos proporciona una guía objetiva al profesional, unificando criterios en los aspectos a evaluar y reduciendo los posibles sesgos del entrevistador.

En España, la carencia de instrumentos utilizados es aún más elevada, a pesar de las recomendaciones europeas en el ámbito de la Justicia Juvenil, las Reglas europeas para infractores menores de edad sometidos a sanciones o medidas (Generalitat de Cataluña 2010). Es decir, no se cuenta con instrumentos que evalúen al menor bajo unos estándares válidos y con solidez empírica. En cambio en países como Inglaterra, Estados Unidos o Australia, hay una pequeña pero sólida tendencia en determinados sectores hacia la utilización de instrumentos de evaluación en la justicia juvenil (Andrews y Bonta 2006).

Al respecto, las investigaciones de Hoge y Andrews (2006), han intentado solventar esta situación reuniendo los factores más potentes en la predicción de la reincidencia delictiva en un único Inventario, el Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI), (Hoge y Andrews 2006). Este instrumento proporciona una puntuación de riesgo de reincidencia a partir de los ocho factores encontrados como mayores predictores de la misma. Estos factores son también llamados The Central Eight (Andrews y Bonta 2006) y son: historia delictiva pasada, estilo de personalidad antisocial, actitudes antisociales y amistades antisociales, circunstancias familiares deficitarias, educación y empleo, abuso de sustancias, ocio y tiempo libre, siendo los factores con mayor valor predictivo, los cuatro primeros: también llamados The Big Four por Andrews y Bonta (2006). Este instrumento sería capaz de predecir tanto la reincidencia violenta como la no violenta, a diferencia de otros cuestionarios específicos para la conducta violenta (Bourgon y Amstron 2005). Este Inventario clasifica al menor en cuatro franjas de riesgo (bajo, moderado, alto y muy alto). Diferentes estudios han encontrado indicadores de fiabilidad y validez adecuados en los cuatro niveles de riesgo, así como diferencias significativas en el porcentaje de reincidencia de los diferentes grupos (Jung y Rawana 1999; Flores, Travis y Latessa 2004; Schmidt 2005; Onifade et al. 2008; Cuervo y Villanueva 2013).

En población española se ha utilizado la versión del Inventario YLS/CMI traducida por Garrido, López, Silva, López y Molina (2006), IGI-J (Inventario de Gestión en Intervención para Jóvenes) con el objetivo de conocer la eficacia y los beneficios de la utilización de una escala objetiva y que permita la gestión de las medidas de los menores infractores. Diversos estudios concluyen que el Inventario discrimina con éxito a los menores reincidentes y puede considerarse como un predictor válido de la reincidencia delictiva (Garrido et al. 2006; Graña, Garrido y González 2006). En los estudios realizados a nivel nacional, utilizando este instrumento, se obtuvieron niveles de riesgo muy alto entre el 0 y el 2,3 %, de riesgo alto entre el 21,6 y el 37,6 % de los casos, niveles moderados entre el 53,25 y 66,6 %, y niveles bajos entre el 9,2 y el 16,65 % (Graña, Garrido y González 2007; Garrido 2009; Pintado 2012). A nivel internacional destaca el estudio de Flores, Travis y Latessa (2003) por su gran muestra. En él, el 9,1 % de los menores obtuvieron nivel de riesgo bajo, el 51,3 % nivel de riesgo moderado, el 37,4 % nivel de riesgo alto y el 2,1 % riesgo muy alto. Por lo tanto, se observa que en la mayoría de los casos, los menores infractores tienen un nivel de riesgo de reincidencia moderado.

Atendiendo a las distintas áreas de riesgo específicas que mide el instrumento, se obtuvo que el porcentaje de menores con riesgo alto de reincidencia era más destacable en el caso del área de “Ocio/diversión” con porcentajes de entre el 68 % y el 78 %, en el área de “Educación formal/empleo”, un 52 % y en el área de “Consumo de sustancias”, valores de entre el 47 % y el 57 % (Garrido 2009; Graña, Garrido y González 2007). Garrido et al. (2006) encontraron diferencias significativas entre reincidentes y no reincidentes en seis de las ocho áreas de Inventario. Las áreas que aparecen como no significativas son la de “Educación formal/empleo”, y la de “Ocio/diversión”. Cabe destacar que en estos trabajos la reincidencia considerada ha sido la llevada a cabo con anterioridad a la administración del Inventario (retrospectivamente), concluyendo que un estudio longitudinal sería más riguroso.

Además de la predicción de la reincidencia, la evaluación del riesgo con un instrumento de medida también permite analizar las trayectorias delictivas de los menores desde el paradigma de la Criminología del Desarrollo. Diferentes estudios demuestran que la mayoría de los jóvenes realiza algún tipo de actividad delictiva durante su adolescencia, pero solo algunos persisten en este tipo de conductas (Rechea y Fernández 2001). La mayoría de carreras delictivas suelen ser abandonadas de manera natural; en cambio los menores que persisten en este tipo de conductas suelen ser un menor número, con un inicio precoz en estas conductas desadaptadas y delitos más graves (Moffit 1993; Howell 2003; Arce, Fariña y Novo 2014). Según la teoría de Moffit (1993), Dual taxonomy theory, existen dos tipologías delictivas en los menores, una en la que la trayectoria delictiva se encuentra limitada a la adolescencia, y otra persistente a lo largo de la vida del individuo.

Al analizar los expedientes judiciales con los que cuentan los menores infractores, la mayoría de estos presenta en toda su trayectoria únicamente un delito o expediente en el juzgado, oscilando del 59 % al 79 % (Capdevila, Ferrer y Luque 2005; Bravo, Sierra y del Valle 2009; Garrido 2009; San Juan y Ocáriz 2009 Iborra et al. 2011; Acosta, Muñoz, Martín, Aragón y Betancort 2012; Cuervo y Villanueva 2013). Así, el grupo de menores que comete un único delito, formaría parte de la tendencia adolescente de cometer delitos con carácter anecdótico, con tasa de reincidencia baja. Este colectivo forma la mayoría de las poblaciones en los juzgados de menores estudiados. En otros países, importantes estudios también corroboran que la mayoría de los menores tiene una relación puntual con la justicia: el 80 % en el Reino Unido (Jennings 2002) y el 70 % de los jóvenes australianos (Coumarelos 1994; Cain 2000).

Sin embargo, diferentes sectores parecen ser partícipes de la creencia de que los menores infractores suponen un gran peligro para la sociedad, y más aún si ya han formado parte de un proceso judicial. De hecho, la mayoría de los ciudadanos encuestados piensa que el nivel de reincidencia de los menores se sitúa entre el 50 % y el 75 % (García et. al. 2010). Entre los estudios que han utilizado métodos para evaluar el riesgo de reincidencia de los menores infractores, sus factores de riesgo o su predisposición a la violencia (Schmidt, Campbell y Houlding 2011; Schwalbe 2007), no se ha encontrado ninguno que refleje el seguimiento o la evolución de los menores con el mismo instrumento a lo largo de distintos periodos de tiempo comparando sus puntuaciones en las diferentes evaluaciones. Estudiar las trayectorias delictivas de este colectivo serviría para confirmar o no esta creencia, pero también como posible predictor de futuros comportamientos delictivos.

Por lo tanto, los objetivos de este estudio serían: explorar el riesgo de reincidencia general y analizar en qué áreas se encuentra un mayor riesgo; realizando un análisis pormenorizado de los menores reincidentes, examinando sus trayectorias delictivas a lo largo del tiempo. Se espera encontrar un nivel de riesgo general moderado en la población infractora participante (Graña, Garrido y González 2007; Garrido 2009; Pintado 2012) y que el riesgo más elevado se sitúe en las áreas pertenecientes a los Big Four (Andrews y Bonta 2006). Una vez el menor se encuentre bajo el sistema judicial, se espera que disminuya su nivel de riesgo en las sucesivas evaluaciones con el Inventario IGI-J, ya que en su mayoría se tratará de reincidencia de carácter ocasional.

A continuación se presentan los resultados divididos en dos secciones. La primera hace referencia al riesgo de reincidencia obtenido, así como al riesgo en cada una de las áreas del Inventario para la población total. La segunda sección se refiere únicamente al análisis de las trayectorias delictivas de los menores reincidentes, utilizando el mismo Inventario a lo largo del tiempo. Al diferenciar a todos los participantes según su nivel de riesgo de reincidencia estimado por el Inventario, se obtiene la siguiente distribución: la mayoría de los menores se encuentra en la franja de riesgo bajo (65,24 %), el 30 % pertenece al grupo de riesgo moderado y por último, únicamente el 4,76 % al riesgo alto (ningún menor fue clasificado en el riesgo muy alto). En lo que respecta a la puntuación total obtenida, las puntuaciones oscilaban de 0 a 31, con una puntuación media de 7,51 y una mediana de 5 (DT= 7,05, varianza 49,74). Mientras, en relación al riesgo detectado por el Inventario únicamente en los menores reincidentes (N=49, 23,3 %), se observa un porcentaje de los menores en el riesgo moderado (59,18 %), el siguiente porcentaje corresponde al grupo de riesgo bajo (28,57 %) y por último, al riesgo alto (12,24 %).

Las distribuciones de los niveles de riesgo de reincidencia también pueden analizarse en función de las áreas del Inventario, de esta forma para cada área se obtendría un nivel de riesgo específico. En la Figura 1, se presenta el porcentaje de la población total de menores que cuenta con riesgo alto en cada área en concreto. Las áreas en las que un mayor número de menores cuenta con un nivel de riesgo alto son las de Ocio/diversión (52,4 %), el área de Educación formal/empleo (20 %) y la de Relación con el grupo de iguales (13,8 %). En el resto de áreas, el riesgo de reincidencia de los menores es mayoritariamente bajo. Por ejemplo, en el área de Pautas educativas el 83,3 % de los menores están clasificados en el riesgo bajo, el 74,8 % en Consumo de sustancias (lo que, en este caso, manifiesta un bajo consumo de drogas y alcohol) y el 70 % manifestarían bajo riesgo en Actitudes y valores antisociales.

La Figura 2 refleja la distribución de riesgo de los menores (bajo, moderado y alto) en cada área, únicamente en el grupo de los reincidentes y en el seguimiento más amplio de 24 meses. Los datos más destacados serían los siguientes: el mayor riesgo se encuentra en las áreas de Ocio/diversión, donde el 83,7 % de los menores reincidentes contarían con un riesgo alto en esta área y en el área de Educación formal/empleo, donde tendrían un riesgo alto el 51 %. En relación al riesgo moderado, el 63,30 % de los menores reincidentes muestran un riesgo moderado en el área de Personalidad/conducta y el 51 % en el área de Actitudes, valores, creencias. En cambio, las áreas en las que los menores muestran menor riesgo son las siguientes: área de Delitos y medidas pasadas y actuales (el 86,7 % de los menores), Consumo de sustancias (el 66,3 %) y Pautas educativas (el 61,2 %).

A continuación se presenta el análisis de las trayectorias delictivas de los menores reincidentes. Los resultados de las sucesivas evaluaciones realizadas a los menores reincidentes con el Inventario IGI-J se muestran a continuación en la Figura 3. La puntuación media en la primera evaluación realizada a los menores reincidentes es de 13,67 (N=49). La media de la segunda evaluación realizada es de 17,53 (N=43), la media de la tercera evaluación es de 20,5 (N=12), de la cuarta 24,5 (N=2) y de la quinta 27 (N=1). Se comprueba que la puntuación total media del Inventario va aumentando a medida que el menor va acumulando expedientes.

Por otra parte, diferenciando a los menores reincidentes según aumente o disminuya su puntuación total en el Inventario, de una evaluación a la siguiente, se obtienen los siguientes resultados (Tabla 1). Se observa que la mayoría de las puntuaciones de riesgo realizadas a los menores aumentan de la primera evaluación realizada, a la segunda y de la segunda a la tercera. El incremento de la primera evaluación a la segunda fue de 4,06 puntos (N=43). La media de las puntuaciones de la segunda a la tercera evaluación (N=12) es de un incremento de 3 puntos, encontrándose diferencias significativas de la primera evaluación a la segunda.

Si, además de la puntuación total del Inventario, se tienen en cuenta las puntuaciones de las áreas y se calcula la diferencia entre estas, de la primera a la segunda evaluación se obtienen los siguientes resultados. Se comprueba que las diferencias significativas se encuentran en todas las áreas a excepción de la tercera (Tabla 2).

A continuación se presentan las diferencias en las áreas de la segunda evaluación a la tercera, sin embargo no se encuentran diferencias significativas en ninguna de las áreas (Tabla 3).

En la figura siguiente (Figura 4), se presenta la media de días que transcurren desde la fecha de los hechos del primer delito cometido, contabilizado al inicio de la trayectoria delictiva del menor (anterior a la línea base en algunos casos), a la fecha de los hechos del siguiente delito, en el caso de los menores reincidentes.

A partir del primer delito, la media de los días que tarda un menor en reincidir es de 269,39 días, es decir, casi 9 meses. Mientras que del segundo delito al tercero, este periodo se acorta a 169,91 días (5,66 meses), hasta el tercer delito que es cometido a los 134,52 días, es decir, 4,48 meses y así sucesivamente. Se observa que hay un claro descenso en los días que se tarda en cometer un delito y el delito siguiente, a medida que el menor va acumulando expedientes. Esta reducción de días de un delito al siguiente, ocurre hasta el expediente número 9, a partir de ahí, los delitos se encuentran cometidos de una forma más espaciada. Es necesario destacar, que el número de menores que cuenta con estas trayectorias tan largas con más de 9 expedientes es muy reducido (alrededor del 2 % de los participantes). En resumen, aparte de aumentar las puntuaciones de riesgo de los menores, los delitos son cometidos con una mayor frecuencia.

Por último, a continuación se presenta la tipología de las faltas o delitos en los expedientes de los menores reincidentes, a lo largo de toda su trayectoria en el Juzgado. La codificación, por tanto, se divide según los delitos son cometidos contra las personas, contra la propiedad y otros delitos (Tabla 4). Se observa que a lo largo de las trayectorias delictivas, no existen grandes diferencias en relación a quien van dirigidos los delitos, aunque parece que los menores tienden a cometer, en medida algo mayor, delitos contra la propiedad (53,1 % en el primer delito registrado). Asimismo, aunque al final de las trayectorias quizás sí se refleje un aumento hacia la comisión de delitos contra las personas (75 % en el décimo delito), se debe tener en cuenta el bajo número de menores en estas trayectorias tan largas.

El primer objetivo se centraba en la evaluación del riesgo de reincidencia general y el riesgo de las áreas por separado de estos menores. El porcentaje mayoritario de riesgo de reincidencia clasificado por el Inventario en la primera evaluación fue bajo (65,24 %), en contra de la hipótesis planteada y en contra de cómo se podría percibir al colectivo que acude a los juzgados de menores, en la mayoría de las ocasiones considerado de alto riesgo. El porcentaje de riesgo alto fue mínimo, un 4,76 %. Este perfil no coincide con el de otros estudios similares (Garrido et al. 2006; Graña, Garrido y González 2006), seguramente debido a que en ellos, los menores ya se encontraban cumpliendo medidas judiciales cuando fueron evaluados, lo que influye en el nivel de riesgo total de reincidencia de los menores.

En segundo lugar, se pretendía comprobar qué áreas de riesgo del Inventario IGI-J se encuentran más asociadas con la reincidencia. Los factores con mayor riesgo encontrados en este estudio han sido Ocio/diversión, Educación formal/empleo y Relación con el grupo de iguales, las dos primeras áreas, tanto en la población general de menores infractores como en la de reincidentes. Se esperaba que el riesgo más alto se situara en las áreas pertenecientes a los Big Four (Andrews y Bonta 2006). En este caso únicamente el área de Relación con el grupo de iguales coincide con las áreas esperadas. Se encuentran resultados similares en el estudio de Garrido et al. (2006), donde el mayor riesgo también se halló en las áreas de Ocio/diversión y Educación formal/empleo. A su vez Graña, Garrido y González (2006) coinciden en el área de Ocio/diversión, al que le sigue en puntuación la Relación con el grupo de iguales y la del Consumo de sustancias. Por lo tanto, se observa que el factor de Ocio/diversión se encuentra presente en todos los estudios anteriores con el mayor porcentaje de riesgo alto. A continuación, el factor referente a la Relación con el grupo de iguales, seguido del área de Educación formal/empleo y Consumo de sustancias. Cabe destacar el carácter dinámico de estos factores, modificables con la intervención adecuada.

El siguiente objetivo era el de analizar la progresión de los menores a lo largo de sus trayectorias, partiendo de la hipótesis de que el riesgo de los menores disminuyera en las futuras evaluaciones. Ha quedado patente que la mayoría de los menores no reincide (alrededor del 80 %). Estos datos son similares a otros estudios españoles, donde se obtiene el 59,4 % de menores con un único expediente en toda su historia judicial, el 17 % con dos expedientes, y el resto porcentajes decrecientes, y una tasa de reiteración delictiva del 40,6 % (San Juan y Ocáriz 2009). De la misma forma, la cantidad de los menores con un mayor número de delitos es menor. A medida que aumenta el número de delitos deun mismo menor, el porcentaje de menores en la muestra disminuye (Moffit 1993 Howell 2003; Capdevila, Ferrer y Luque 2005; Garrido 2009; Cuervo y Villanueva 2013).

Si se analizan únicamente las trayectorias del 23,3 % de los menores que sí reincidieron, la media de sus puntuaciones totales de riesgo en los Inventarios, va aumentando en las sucesivas evaluaciones realizadas, en contra de lo esperado. En relación a las áreas de riesgo, se produce un aumento del riesgo en todas, a través de las distintas evaluaciones con el Inventario, a excepción del área de Educación/Empleo. El área en la que el riesgo aumenta en mayor medida es en la de Relación con el grupo de Iguales (en 0,55 puntos de media) y en el área de Actitudes, valores y creencias (que aumenta 0,44 puntos). Este último resultado, el incremento del riesgo en las actitudes, valores y creencias, podría ser interpretado como un rechazo al sistema judicial al estar por un periodo prolongado de tiempo en contacto con él. De hecho, este cambio en las actitudes hacia una tendencia negativa, actitudes de rebeldía y desconfianza, ya fue argumentado por López (2002). Mientras, el aumento en la relación con menores de tendencias antisociales, podría estar relacionado con el mayor contacto del sistema judicial con menores, ya que la tendencia general es la comisión de delitos de forma cada vez más frecuente.

Por lo tanto, en contra de lo esperado, en los anteriores resultados se observa que el Inventario refleja la gravedad de la situación del menor que sí reincide, mediante el incremento de las puntuaciones de riesgo de los menores en las sucesivas evaluaciones. Con los datos actuales se podría concluir que el instrumento diferencia, por tanto, a los reincidentes de los no reincidentes, ya que los niveles de riesgo totales así como los de las áreas son más altos en el caso de los primeros. Asimismo, una posible explicación en el aumento del riesgo de reincidencia de los menores de una evaluación a otra, puede ser la demora en la ejecución de la medida. A este respecto, desde la fecha de comisión del delito hasta el comienzo de la medida educativa puede transcurrir un periodo de tiempo de un año o año y medio (San Juan y Ocáriz 2009) y, por lo tanto, en este periodo, los menores mantendrían su situación de riesgo y, consecuentemente, las circunstancias que les llevaron a cometer el acto delictivo. Por otra parte, el hecho de delinquir más allá de una forma exploratoria podría ser un factor de riesgo para la continuación de este tipo de conductas en la adolescencia o, incluso condicionarles en gran medida en la edad adulta. Por esta razón es importante detectar qué variables o factores conducen o influyen en el menor a la hora de cometer delitos.

En relación a todo lo anterior, puede decirse que se encuentran dos tipos de trayectorias delictivas en los menores. Una, de relación puntual con el sistema de justicia, sin mayores complicaciones posteriores y coincidentecon el porcentaje mayoritario de los menores clasificados por el Inventario en el riesgo bajo en este estudio (65,24 %). El hecho de que todos los menores sean entrevistados por el Equipo Técnico para la evaluación, podría causar un “efecto reproche” ya que la entrevista implica en alguna medida una intervención con el menor. Quizá este efecto contribuya a explicar la no reincidencia de las trayectorias puntuales. Mientras que, el otro tipo de trayectoria sería la persistente, en la que el menor reincide en varias ocasiones, pudiendo llegar a alargar su carrera delictiva, incluso llegando a cronificarse. Esta diferenciación entre trayectorias breves y persistentes, coincide con la realizada por Hasking, Scheider y Abdallah (2011) y Moffit (1993) así como con otras investigaciones en este sentido (Catalano y Hawkins 1996; Rechea y Fernández 2001; Howell 2003). Estos datos irían en contra de la creencia o percepción popular de que los menores que acuden a un juzgado son ya delincuentes y/o pertenecen a un entorno marginal, contrastando que no todos los menores con expediente judicial contarían con un riesgo alto y con cierto nivel de peligrosidad, sino que estos son un porcentaje minoritario (García et al. 2010).

Para finalizar, como posibles limitaciones de este estudio, se podrían destacar las dos siguientes: el corto periodo de seguimiento, si se tienen en cuenta los largos plazos temporales para la puesta en marcha de la medida, lo que reduce considerablemente el número de menores en el seguimiento. Por otro lado, cabe destacar la imposibilidad de realizar el seguimiento a los mayores de 18 años, ya que no son competencia del juzgado de menores, pero que, en cambio, sí podrían reincidir.

A pesar de las limitaciones, estos resultados rebaten la creencia de la peligrosidad de los menores infractores en general, ofreciendo un perfil mayoritario con un único expediente, un nivel de riesgo bajo y un contacto puntual con el sistema judicial. Se destaca entonces, el perfil no delincuencial del menor con expediente judicial en el juzgado de menores. Por el contrario, los menores reincidentes con largas trayectorias delictivas, sí se caracterizan por un alto riesgo en todas las áreas del Inventario y este riesgo iría aumentando a lo largo de su trayectoria judicial, tal vez debido a la demora del inicio de la ejecución de las medidas judiciales. A su vez, la comisión de sus delitos sería de forma cada vez más frecuente, comprobándose además, que el hecho de que se acumulen los expedientes, provoca una mayor probabilidad de reincidencia temprana. Por lo tanto, este segundo grupo sería el más problemático y en el que se debería focalizar la intervención y los recursos del sistema. En futuras investigaciones podría ser de interés analizar el efecto de la medida educativa en la reincidencia, ya que diferentes estudios encuentran diferencias en la reincidencia según la medida ejecutada. Las tasas de reincidencia para las medidas con mayor restricción de la libertad suelen ser muy altas, oscilando entre el 30 y el 60 % (Capdevila et al. 2005; San Juan y Ocáriz 2009; García, García, Benítez y Pérez 2011; Núñez, 2012). Por ende, si se actuara de manera inmediata a la comisión del primer delito, o al menos tras realizarle la evaluación (ya que esta demora iría en contra del principio de inmediatez de la ley del menor), la reincidencia se vería reducida en gran medida y de manera muy significativa, ya que al reducir el riesgo en el menor, este comete menos delitos.