Este artículo se fundamenta en la tesis de que los principios técnicos que orientan los procesos de innovación y apropiación espacial de los territorios, tienen una dimensión política que debe ser incorporada en el análisis. Tomando como referencia empírica el proceso innovador en el sector vitivinícola brasileño, nuestro objetivo es demostrar cómo los territorios rurales que son objeto de innovación, son precisamente aquellos espacios donde la aplicación de la tecnología disponible hace posible aumentar la rentabilidad del capital. Es decir, la lógica de la innovación responde a una lógica económica y política, de tal modo que no es posible comprender el modelo de desarrollo implantado en los territorios sin tener en cuenta la dinámica política subyacente.

Para cumplir ese objetivo, dedicaremos la primera sección a mostrar que el “territorio” es un concepto multidimensional que se concreta en la práctica como un proceso de construcción sociopolítica. En la segunda y tercera sección expondremos algunas ideas sobre el desarrollo territorial y profundizaremos en el proceso de “territorialización” de los espacios rurales, analizando desde la perspectiva del capital social el modo cómo se organiza la gobernanza en esos territorios. En la cuarta sección, y en base a la “teoría evolucionaria”, reflexionaremos sobre los procesos de innovación en las economías capitalistas, y analizaremos la dimensión política de la innovación. Ese marco nos permitirá analizar los procesos innovadores que tienen lugar en el sector vitivinícola, y estudiaremos el caso del “Vale dos Vinhedos”, un territorio situado en la región brasileña de Rio Grande do Sul. En dicho territorio, analizaremos el sistema de gobernanza surgido en el sector para gestionar la interacción entre los distintos actores socioeconómicos e institucionales. Finalmente, se analizarán las claves que explican el traslado a la zona “Campanha Gaucha” de los capitales instalados en el “Vale dos Vinhedos” ante la dificultad de avanzar en el proceso de acumulación.

El análisis económico suele tratar como sinónimos los conceptos de “espacio” y “territorio”. Sin embargo, como afirma Souza (2009), el “territorio” es un concepto multidimensional formado por diversas dimensiones, de las cuales la dimensión material (espacio físico-geográfico) es una de ellas, pero no la única, operando otra no menos importante, la dimensión política. Coincidimos con este autor cuando dice que el territorio es la proyección de relaciones sociales en un espacio determinado, es decir, de relaciones de poder que operan sobre un determinado sustrato material (el espacio). De acuerdo con este razonamiento, el espacio antecede al territorio: primero ha de haber un “espacio” (físico, geográfico) para que sobre él se proyecten relaciones sociales (de poder), y de ese modo pueda ser transformado en un “territorio”1. Por tanto, los conceptos de “espacio” y “territorio” no son equivalentes ni tampoco sinónimos.

De acuerdo con Medeiros (2009), el territorio es, además, un espacio de identidad, que tiene como base los sentimientos. Puede ser un espacio imaginado, hasta incluso soñado. Afirma este autor que es justo a partir de un sueño cuando comienza la construcción social de un territorio. Inicialmente, el territorio es un espacio cultural de identificación (de pertenencia); la apropiación material del espacio es posterior. Al reflexionar sobre la experiencia de los asentamientos agrarios del MST (Movimento Sem Terra) en Brasil, Medeiros señala que a un territorio le precede no solo un espacio, sino también un proyecto, un ideal, un sueño. El territorio es, por tanto, un lugar donde los proyectos pueden ser apropiados por un determinado grupo en detrimento de otros; es un espacio de poder por ser ahí donde los sueños se convierten en proyectos. Lo importante no es, por tanto, analizar el orden secuencial del proceso de “territorialización”, sino entender que no hay territorio sin un proyecto previamente soñado. La conversión de un espacio en territorio requiere de un proyecto a ejecutar sobre ese sustrato material (Raffestin 2009).

Sin embargo, siguiendo a Milton Santos (2011), es un hecho que el espacio es hoy un sistema de objetos cada vez más artificiales, provocado por sistemas de acciones igualmente imbuidas de artificialidad y cada vez más tendentes a fines extraños al lugar y a sus habitantes2. A ello añadimos aquí que, además de su contenido técnico, estos objetos reflejan las diversas perspectivas culturales e ideológicas que hay detrás de cada proyecto de desarrollo territorial. No cabe hablar, por tanto, de neutralidad en la tecnificación del espacio, sino todo lo contrario. Entendemos que los enfoques técnicos que orientan los proyectos de apropiación del espacio (o de lo que hemos llamado proceso de territorialización) son fundamentalmente políticos, al reflejar una confrontación entre grupos de intereses por la imposición de un determinado proyecto de desarrollo.

En ese sentido, la dimensión política tiene importancia dentro de las dimensiones que configuran un territorio, pues se refiere directamente al ejercicio del poder, y, por tanto, a la selección de los proyectos. Para algunos autores, el propio concepto de “territorio” se confunde con el ejercicio del poder político en un determinado espacio geográfico (Medeiros 2009; Souza 2009; Raffestin 2009) y se asienta en un determinado entramado institucional (Reis 2007).

Los modelos de desarrollo territorial son, por tanto, construcciones sociopolíticas sobre un determinado espacio geográfico, que requieren de unas estrategias previas de apropiación. Y es en esas estrategias donde se proyectan las distintas concepciones sobre el desarrollo que tienen los diversos grupos sociales y económicos presentes en el territorio. De ahí que sea necesario dedicar una sección a cómo la literatura económica recoge los diferentes modos de concebir el desarrollo de los territorios.

Tratar el tema del desarrollo no es tarea fácil, dado que es un concepto de naturaleza multidimensional que no se presta a ser encapsulado en fórmulas simples (Sachs 2008). Dado que no es objetivo de este artículo revisar las distintas teorías del desarrollo, optamos por realizar aquí una breve aproximación a las mismas. Para ello comenzaremos recordando que, con el propósito de explicar las diferencias en los niveles de desarrollo económico entre los países, muchas de esas teorías surgieron en el contexto ideológicamente polarizado de los años siguientes a la finalización de la II Guerra Mundial. En tal escenario, y pese a sus diferencias ideológicas, estas teorías tenían en común el hecho de entender el desarrollo como el aumento de la riqueza material y el avance de la industrialización.

Al reflexionar sobre eso, autores como Bonente (2011) señalan que las teorías clásicas del desarrollo arrastran un doble sesgo ideológico: i) “maniqueo”, en la medida en que asocian el desarrollo con algo bueno, y su ausencia (el subdesarrollo) con algo ruin; ii) “positivo”, en la medida en que sitúan el desarrollo en bases esencialmente materiales, de tal modo que una sociedad que se desarrolla pasa a una situación de bienestar material. Ante ello plantean la necesidad de alejarse de esa visión ideológicamente sesgada y de definir el concepto de “desarrollo” en términos más objetivos a partir de la idea de “complejidad”. De ese modo, un determinado objeto se “desarrolla” en la medida en que su estructura constitutiva se hace más “compleja”. Trasladado al tema que nos ocupa, el desarrollo territorial sería un proceso por el cual las diversas esferas constitutivas de un territorio (sociales, políticas, económicas e institucionales) se hacen más complejas. El análisis se debería ocupar, por tanto, de estudiar el grado de complejidad que adquieren esas esferas constitutivas, analizar la lógica subyacente a cada una de ellas y encontrar una explicación adecuada al modo como tiene lugar el proceso de desarrollo territorial.

No obstante, para abordar ese análisis, es necesario considerar que el desarrollo territorial se basa en un proyecto previo de apropiación espacial, y que tal proyecto depende de los condicionantes impuestos por la sociedad y por el espacio en sí. En los proyectos de desarrollo territorial inciden, por tanto, las especificidades geográficas y sociales del territorio, siendo estas especificidades las que condicionarían el contenido de las estrategias emprendidas, dando lugar a diferentes vías dentro de una multiplicidad de posibles trayectorias.

Por ello, autores como Reis (2007) destacan la importancia de las instituciones en tanto fuentes de especificidad y, por tanto, de diferenciación entre unas sociedades y otras. Entendido de este modo, el éxito de un proceso de desarrollo requerirá, por tanto, de la creación de sinergias entre los actores presentes en las diversas áreas territoriales: local, regional, nacional y, en algunos casos, incluso supranacional (como es el caso de algunos programas de la UE). Para ello, se necesita la implementación de un mecanismo eficaz para facilitar la concertación de intereses, es decir, de una “estructura de gobernanza” que posibilite a estos actores convertirse en sujetos del proceso de apropiación del espacio (Cassiolato y Lastres 2003; Moyano 2009).

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, en muchos casos, algunas oportunidades y recursos para el desarrollo se encuentran enraizados en redes más distantes, o sea en puntos externos a los límites espaciales del territorio, como puede ocurrir con algunos recursos inmateriales (conocimiento) o tangibles (materias primas, mercados de consumo) localizados en otros espacios. Esto nos conduce a la idea de que un territorio, aunque esté determinado por el espacio geográfico, por las instituciones y por las relaciones de producción existentes, es, sobre todo, un sistema social que puede sobrepasar el entorno físico que le sirve de base.

En definitiva, entender el territorio en tanto construcción (sociopolítica) sobre el espacio no significa interpretarlo como un sistema cerrado, autoencapsulado en ese espacio, con una dinámica restringida solo a los estímulos y condicionantes internos. Por el contrario, debemos entenderlo como un sistema abierto capaz de responder de diversas maneras a los estímulos externos. Y conviene también señalar que esas respuestas dependerán, muy particularmente, de la forma como el sistema de gobernanza esté organizado a nivel interno del territorio. En otras palabras, se precisa un buen sistema de organización interna que pueda ayudar al aprovechamiento de las oportunidades externas.

Como es conocido, el enfoque del “capital social” se basa en la idea de confianza como elemento fundamental del orden social, y centra su atención en la existencia de estructuras sociales intermedias, redes asociativas y valores compartidos. Aunque ha sido utilizado por una gran variedad de autores con fines diversos (Bourdieu, Coleman, Putnam,...) su utilización en los estudios sobre desarrollo recibe un fuerte impulso al final de los años 80 y a lo largo de la década de 1990, gracias a los economistas y sociólogos de la “nueva sociología económica” (Halpern 2005; Lin 2001; Portes 1998). En ese marco multidisciplinar había consenso en considerar que la noción de “capital social” se definía a partir de dos dimensiones: enraizamiento (embededdness) y autonomía (autonomy)3 (Moyano 2003).

La búsqueda de una combinación óptima entre esas dos dimensiones se convirtió en el principal objetivo de los estudios sobre el desarrollo. Ya a mediados de los 90, los sociólogos advertían de la dificultad de encontrar esa combinación, pues se trataba de analizar procesos de desarrollo que eran protagonizados tanto por los individuos, como por las instituciones, y que ocurrían tanto a nivel micro como macro.

Con el propósito de superar esas dificultades, Michael Woolcock (1998) plantea un modelo-síntesis en el que amplía las dimensiones de embeddedness y autonomy para analizar cómo se expresan en los niveles micro y macro. Buciega (2012) señala que la utilidad del modelo de Woolcock radica en que permite identificar el nivel micro como el escenario donde tienen lugar las dinámicas ascendentes del desarrollo territorial (bottom-up), y el nivel macro como aquel donde se manifiesta el marco regulador y donde se expresan las dinámicas descendentes (top-down). En la realidad empírica, los procesos de desarrollo territorial son resultado de dinámicas ascendentes y descendentes que no se presentan de forma separada (como en el modelo teórico), sino de forma combinada, por lo que habría que analizarlas de ese modo (Buciega y Esparcia 2013)

Algunas de las críticas recibidas por el modelo, llevó a Woolcock a revisar algunos elementos de su propuesta, incorporando las dimensiones de bonding, bridging y linking que habían acuñado otros autores dentro del enfoque del capital social (Woolcock y Narayan 2000). Realmente, la dimensión de bonding es similar a la de embeddednes, y de hecho son términos intercambiables, al referirse ambos a las relaciones afectivas de integración y enraizamiento de los individuos en sus grupos primarios. Por su parte, la dimensión bridging puede equipararse a la de autonomy, ya que se refiere a las relaciones de tipo más instrumental que afectivo que se establecen entre individuos pertenecientes a comunidades o grupos distintos. Es la dimensión linking la que introduce un cambio relevante en la mirada analítica sobre el capital social, ya que amplía el modo de abordar la relación entre instituciones en el nivel macro, sobre todo cuando no es una relación simétrica en términos de poder. De hecho, esta dimensión permite analizar las relaciones interinstitucionales como relaciones jerárquicas entre unas instituciones revestidas de authoritas/imperium y otras subordinadas o dependientes de aquéllas. Woolcock amplía así el horizonte de su propuesta inicial, centrada en una dimensión de “sinergia institucional” que no tenía en cuenta el diferente status de poder entre las instituciones.

En lo que respecta a los sistemas de gobernanza del desarrollo territorial, los actores que componen estos sistemas no son actores individuales, sino de naturaleza asociativa o institucional. Por ello, es la citada dimensión de “sinergia institucional” de Woolcock, ampliada con la dimensión linking, la que presenta más utilidad para abordar desde la perspectiva del capital social el análisis de la estructura de gobernanza en las dinámicas de desarrollo territorial. Desde nuestro punto de vista, la estructura de gobernanza puede estar formada tanto por elementos internos del territorio como externos al mismo, y la cooperación institucional se puede dar en ambos niveles: dentro del propio sistema de gobernanza (entre los actores asociativos o institucionales que lo forman: representantes de la sociedad civil, autoridades públicas de ámbito local,…), o fuera del mismo (ya sea de manera directa o indirecta con entidades que no están presentes en el territorio, pero que tienen fuerte incidencia en lo que allí ocurre)4. Dado que la relación no es simétrica en términos de poder e influencia, el uso de la dimensión linking es útil para abordar en su complejidad el análisis de las estructuras de gobernanza en el territorio.

Con ello, reafirmamos la tesis planteada por Moyano (2009) de que los procesos de desarrollo territorial requieren, para tener éxito, de la construcción de una estructura de gobernanza eficiente, y que esa eficiencia dependerá del grado de capital social (confianza, cooperación,…) existente ente los actores colectivos e institucionales que forman parte de ella. Desde el punto de vista del análisis territorial, esto significa disponer de una estructura capaz de poner en relación un conjunto de actores de diversa naturaleza y a diferentes escalas para, en común, identificar las potencialidades de un determinado territorio respecto a las oportunidades surgidas en su entorno (interno y externo), y a partir de ello construir una estrategia compartida de desarrollo (Camagni 2003).

Finalmente, cabe señalar que la existencia de un buen stock de capital social, además de ser fundamental para una estructura de gobernanza que conduzca al avance del proceso de desarrollo territorial sobre un determinado espacio, contribuiría también a facilitar el funcionamiento del sistema de innovación, un sistema que se sustenta en la cooperación entre actores que ocupan posiciones diferentes en la estructura económica y social y que actúa tanto dentro como fuera del territorio.

Desde el comienzo de los años 1990 ha ido creciendo el número de estudios sobre la innovación desde una perspectiva sistémica. Esta perspectiva cuestiona el proceso innovador como un proceso lineal, en el que la innovación partiría de la ciencia pura, pasaría por la ciencia aplicada y desembocaría en el mercado. El enfoque sistémico no considera la innovación como un fenómeno exclusivamente science push, y mucho menos como un acto aislado, fruto de una acción individual. De acuerdo con la teoría política evolucionaria, la innovación es fruto de un proceso de interacción social que se extiende en el tiempo y en el espacio, y que tiene como recurso fundamental el conocimiento (Lundvall 1992; Cooke y Morgam 1998)

Aceptar que la innovación es el resultado de dinámicas de interacción social implica admitir que los actores involucrados en tales dinámicas ocupan diferentes posiciones en la estructura social y económica, y que sus intereses pueden ser divergentes. Los procesos innovadores no son, por tanto, dinámicas sociales marcadas siempre por la armonía y guiadas por el logro del interés general, sino que suelen estar afectadas por divergencias y conflictos de intereses, a la hora de valorar los costes y beneficios que conllevan (Becattini 2006; Gurutxaga 2010; Vázquez Barquero 2005).

Esto nos conduce a prestar atención a las bases sociopolíticas de la innovación, planteando cuestiones tales como las siguientes: ¿en torno a qué temas (económicos, ambientales,…) surgen los conflictos de intereses en un determinado proceso innovador?, ¿qué estructuras de gobernanza hay disponibles para gestionarlos?, ¿cómo se construyen los consensos en torno a los tipos de innovación que se utilizan como base de los modelos de desarrollo?

Aprehender el sentido de la innovación en un determinado proceso de desarrollo territorial, y la trayectoria tecnológica que lo conforma, exige considerar que son encadenamientos de un juego vinculado a una arquitectura de poder y asentado en una determinada estructura social. El desarrollo territorial y la apropiación social de espacios geográficos por la vía de la innovación tecnológica suceden en conformidad con las leyes generales de funcionamiento de la sociedad en que se insertan.

Así, por ejemplo, cuando un inversor decide comprar o arrendar tierras para montar una bodega, su objetivo último no es la elaboración del vino, es decir, los bienes mercantiles que esa inversión le producirá, ni tampoco es su objetivo desarrollar el espacio rural. Su objetivo es valorizar, mediante la producción, el capital invertido en ese proceso. En tal caso, es preciso tener en cuenta que la apropiación social de un espacio geográfico ocurre mediante un proceso de valorización del capital.

Tanto la utilización del espacio, como la adopción de tecnología, deben verse desde este punto de vista. Es ahí donde residen las causas de la innovación, el porqué de la innovación. En otras palabras, cabe decir, con raras excepciones, que el porqué de la innovación no está en la producción en sí misma, sino en la valorización del capital, de la misma forma que la valorización del capital se encuentra entre las causas del proceso de apropiación social de los espacios geográficos.

En ese sentido, Katz (1996) destaca que la ley del valor trabajo y de la plusvalía constituyen nociones indispensables para una teoría de la innovación. Así, cuando en un determinado territorio, una fuerza de cualquier tipo ofrece resistencia a la concreción de las leyes generales (es decir, genera una tensión que da como resultado una fricción en el proceso de acumulación) es razonable pensar que el capital busque estrategias para superarla. Entre tales estrategias puede contemplarse la de desplazar las inversiones a otros espacios.

Trasladada la reflexión a un determinado territorio vitivinícola, la acción colectiva de los agricultores, organizados, por ejemplo, bajo la forma de una cooperativa, puede funcionar como una especie de barrera que genere tensiones en la aplicación de la ley general de acumulación del capital. En ese caso, es bastante probable que los mayores capitales busquen otros espacios geográficos donde, dado el estado de la tecnología, se puedan utilizar innovaciones que reduzcan la componente variable de la composición orgánica del capital (Schetjman y Berdegué 2004).

Sin embargo, la trayectoria de las innovaciones dista de ser neutral, ya que posee un carácter político en la medida en que se vincula a los intereses de determinados grupos dentro del sistema social de producción, y también porque sirve de instrumento para un determinado modo de apropiarse de los espacios territoriales. Así, una determinada innovación tendrá lugar en el sistema productivo de los territorios y en el proceso de apropiación social del espacio si es útil para valorizar el capital y contribuir al avance del proceso de acumulación.

Dentro de las distintas formas de apropiación de los espacios geográficos, hay modelos que se benefician de la cohesión e identidad preexistentes en los territorios para poner en marcha planes estratégicos de desarrollo. Tal es el caso de algunas estrategias concretas que se basan en la idea de que la riqueza de los territorios está en su diversidad y no en la homogeneización, adoptando de ese modo como principio guía la atribución de singularidades a los bienes que se producen en un determinado territorio.

Por el lado del productor, y de una manera general, nos parece que la construcción de productos singulares se basa en la búsqueda de una renta de monopolio. Según Harvey (2013: 139), esta renta surge en la medida en que ciertos agentes socioeconómicos consiguen absorber, durante largo tiempo, un mayor flujo de renta en virtud del control exclusivo sobre algún bien comercializable que sea, en ciertos aspectos, único e irreproducible. Desde el lado del consumidor, son muchos los aspectos que le impelen a la búsqueda de productos con características singulares, y el análisis de estos productos requiere un poco más de reflexión acerca del funcionamiento del mercado de las singularidades (Díaz Méndez 2015).

En rigor, estos mercados singulares poseen un tipo de funcionamiento que se caracteriza por la primacía de la calidad. Al mismo tiempo, es importante comprender que una singularidad debe ser entendida como una cualidad específica de un producto, que sirva para atribuirle el rasgo de producto único. Esta cualidad puede surgir, por ejemplo, de una técnica productiva típica de un territorio, así como de una materia prima que se da de forma exclusiva en un determinado espacio geográfico.

Paralelamente al mercado convencional, donde buena parte de la capacidad de juicio de los consumidores se basa en patrones generales, en el mercado de productos singulares es el consumidor quien les atribuye valor, no según la utilidad marginal, sino en consonancia con la subjetividad inconmensurable de su gusto personal (Abramovay 2007). El mercado de los “grandes vinos” se enmarca en ese contexto. Hace algún tiempo, la crítica vinícola inventó la celebración de los “grandes vinos” como obras de arte. Con ello, se logra conectar la pasión por el vino con segmentos de consumidores de alto nivel de renta y con el deseo de participar en el arte de la mesa, entendido como arte del buen vivir (Karpik 2007)5.

Con el objetivo de proteger la singularidad de un producto asociado a un determinado territorio, surgen las “Indicaciones Geográficas” (IG), sobre cuya experiencia en los países de la UE existe una amplia literatura (IPTS 2007; Sanz Cañada y Macías 2008). Las IG son un activo intangible y representa una cualidad atribuida al medio natural y/o una reputación que distinguen productos o servicios de determinado origen geográfico. En este sentido, las IG pueden verse como un “nested market” (mercado anidado) construido sobre la base del “common pool resource” que se crea en un territorio a partir de sus especificidades espaciales y sociales (Polman et al. 2010).

En relación a la experiencia de las IG en Brasil, Ferreira et al. (2013) señala la Ley de Protección Industrial (LPI n.º 9279) de 14 de mayo de 1996, como el marco legal que las regula. Para Pimentel (2013), la protección jurídica de la IG pone en valor el territorio y puede ser un importante instrumento de desarrollo territorial, ya que exige la existencia de una determinada organización de los productores como condición imprescindible para su reconocimiento. De esa forma, entendemos que, respecto a la organización de los actores sociales, la estrategia de IG puede funcionar como un importante incentivo, pues requiere la construcción no solo de una asociación (o de algún aparato social semejante), sino principalmente de un “consejo regulador” donde serán decididas las bases normativas de producción en las que se sustentará dicha estrategia. Así, por el hecho de organizar a los productores en torno a un proyecto, la IG puede servir de guía para orientar las estrategias de desarrollo. De hecho, Sacco dos Anjos (2012) afirma que el “consejo regulador” es el corazón de la IG por ser el responsable del establecimiento de un “pliego de condiciones” para orientar la producción de un determinado bien, pero, sobre todo, por la importancia que tiene en la concertación de intereses, en la gestión de los conflictos y, por tanto, en la búsqueda de soluciones para resolver los problemas de la acción colectiva.

No obstante, un proyecto de desarrollo territorial en base a la construcción de una IG no parece ser una posibilidad abierta a todos los territorios rurales. Tenderán a extraer los mejores resultados aquellos territorios que, además de tener tradición y conocimiento, en la producción de un determinado bien, posean habilidades sociales para organizarse y presentar un buen nivel de cohesión social. Como han demostrado los trabajos de Jeziorny (2009 y 2015) y de Ortega y Jeziorny (2011), ese es el caso de la IG “Vale dos Vinhedos” (en la región serrana del estado de Rio Grande do Sul), la primera estrategia brasileña de este tipo. Se trata de un territorio con fuerte identidad cultural y un alto grado de cohesión social. Es una construcción social que se convirtió en referencia de la vitivinicultura brasileña, principalmente a partir de la acción cooperativa llevada a cabo por sus actores sociales, económicos y políticos, y que hoy utiliza su buen nivel de capital social para, sobre la base de la IG, gestionar una estrategia de desarrollo.

En el Vale dos Vinhedos, la apropiación del espacio se basó en el viñedo como uno de sus principales pilares de desarrollo económico. A los efectos de la tesis que planteamos en este artículo, nos interesa destacar que la región del Vale dos Vinhedos reúne una serie de características físicas y socioeconómicas que la convierten en una zona vitivinícola singular. Tal singularidad ha marcado el proceso de territorialización de este espacio geográfico, y ha guiado los movimientos del capital en el territorio en diversos momentos históricos: inicialmente, impulsando, gracias al espíritu cooperativo, las primeras inversiones en el sector vitivinícola, y más tarde, provocando el traslado de los inversores a otras áreas de la región gaucha (en concreto hacia la Campanha Gaucha) ante las dificultades encontradas en el Vale dos Vinhedos para seguir avanzando en la acumulación de capital.

El análisis del caso del Vale dos Vinhedos se iniciará con una aproximación histórica al proceso de apropiación social de este espacio geográfico, destacando los elementos clave de su singular modelo de desarrollo. Después, analizaremos la realidad actual del sector vitivinícola en esta zona, mostrando sus formas socioeconómicas de organización (basadas en un sólido movimiento cooperativo) y las dinámicas de interacción entre los distintos actores presentes en el territorio en el marco de un singular sistema de gobernanza. Finalmente, abordaremos el análisis del proceso de innovación y los problemas surgidos en el proceso de acumulación de capital y su traslado a otras áreas.

En este artículo hemos tratado el tema de la apropiación social de los espacios geográficos a partir de procesos de innovación, analizando el papel desempeñado por el estado de las fuerzas productivas en cada momento histórico. Tomando como base empírica el Vale dos Vinhedos, se ha mostrado la tesis de que el desarrollo territorial es un proceso de construcción sociopolítica, en el que, para tener éxito, es necesario superar los particularismos de los diversos grupos de interés y definir un interés general capaz de generar consensos sociales y políticos en el territorio.

La creación de la IG “Vale dos Vinhedos” es una buena muestra de ello, al ser resultado del esfuerzo compartido entre la población local, es decir, el fruto de la acción colectiva en pro de un proyecto de desarrollo que, girando en torno al vino (en su doble dimensión productiva y cultural), ha logrado aprovechar las singularidades del territorio para transformarlo en un espacio diferenciado.

No obstante, el caso del Vale dos Vinhedos muestra también que los procesos de apropiación social de los espacios geográficos siguen la lógica del capital, discurriendo por aquellos espacios donde la aplicación del paquete tecnológico vigente posibilita mayor rentabilidad. Eso explica que cuando los capitales invertidos en el Vale dos Vinhedos encuentran dificultades para avanzar en el proceso de acumulación, debido a la tupida red asociativa en torno al cooperativismo, deciden trasladarse a la Campanha Gaúcha, un espacio geográfico donde la combinación de la geografía con la tecnología hace posible seguir aumentando la rentabilidad del capital en el sector vitivinícola.

Nuestro trabajo deja algunas cuestiones abiertas, que afrontamos como pistas para continuar con el estudio de los procesos de apropiación social de los espacios geográficos y de desarrollo de los territorios, contemplando otros casos empíricos. Una vez que tratamos el territorio como una construcción sociopolítica sobre el espacio, y que aceptamos que tal construcción requiere de un proyecto, así como que el diseño y aplicación de ese proyecto implica la organización de una estructura de gobernanza por parte de los actores socioeconómicos e institucionales del territorio, cabe preguntarse lo siguiente: ¿es la transferencia de capitales oriundos de otros territorios una condición suficiente para explicar la construcción de nuevos territorios? En ese sentido, ¿la apropiación espacial de la Campanha Gaúcha implica la creación de un nuevo territorio vitivinícola o solo se trata de la expansión espacial del Vale dos Vinhedos?

Entendemos que la respuesta a estas preguntas está relacionada con la capacidad de organización de los actores implicados en la Campanha Gaúcha para crear una estructura propia de gobernanza, que no solo oriente el proyecto de apropiación del espacio, sino que lo haga de forma compartida con su desarrollo. Como vemos, la dimensión rectora del territorio es la política, por lo que el desarrollo territorial requiere de una estructura de gobernanza propia, que, además, sea eficiente. De lo contrario, será solo un proceso de apropiación del espacio por parte de un proyecto diseñado en otras estructuras de gobernanza, es decir, en otros territorios.