La investigación para la paz es un ámbito multidisciplinar construido con aportaciones realizadas desde distintas ciencias sociales y humanas. De manera sintética, en este espacio académico encontramos propuestas estructuralistas que asumen la transformación de los conflictos desde lo político y abordajes psicosociales centrados en las relaciones humanas, la satisfacción de las necesidades humanas básicas y la transformación de las barreras psicosociales (Coleman 2012; Gawerc 2006). Durante la última década, distintos autores han desarrollado una perspectiva dinámica-sistémica con la que se pretende integrar ambas orientaciones, vinculando los niveles psicosocial, sociocultural y político presentes en los conflictos profundos, y darles una orientación basada en los postulados del paradigma de la complejidad y los sistemas dinámicos (Coleman et al. 2021; Coleman, Liebovitch y Fisher.2019; Cronin y Bezrukova 2019; Vallacher et al. 2013).

Esta perspectiva señala que los conflictos son estructuras globales en forma de red que se perpetúan gracias a su capacidad de mantener un equilibrio dinámico, es decir, a su capacidad de transformarse sin perder su estructura sistémica. Este fenómeno está determinado por la dinámica relacional entre los elementos del sistema, la cual hace que se perpetúe (Körpen, Ropers y Giessmann 2011; Coleman 2006; 2012). Siguiendo esta cualidad sistémica, transformar los conflictos requiere de romper su equilibrio dinámico y, para ello, es necesario romper las dinámicas relacionales entre los elementos centrales de su estructura sistémica, los denominados atractores. Estos son elementos psicológicos, sociales y estructurales muy robustos y estrechamente relacionados entre sí y con otros elementos de carácter más periférico (Vallacher et al. 2010; Wills et al. 2006). Algunos atractores comunes de los conflictos profundos son la polarización de las identidades colectivas, las orientaciones emocionales negativas centradas en el odio, la limitación del contacto y la comunicación intergrupal o las dinámicas de poder que perpetúan la desigualdad socioeconómica y la exclusión política (Vallacher et al. 2010; Coleman 2004; 2006).

La óptica dinámica del conflicto plantea la construcción de la paz desde el desarrollo de múltiples iniciativas con objetivos diversos que afecten al largo y al corto plazo, como son el cese de la violencia, el logro de acuerdos de paz, la reconstrucción del tejido social y la reconciliación a través de la reparación integral de víctimas y el trabajo por la memoria. Para ello, se señala la necesidad de implicar a múltiples grupos de interés, desde las élites y grupos sociales y personas con capacidad de influencia, hasta el conjunto de la ciudadanía (Coleman et al. 2021; Fry et al. 2021; Vallacher et al. 2013; Novak et al. 2012). Entre estas iniciativas, los autores señalan la posibilidad de generar redes de acción a partir del diálogo entre personas con diferentes puntos de vista sobre el conflicto y su transformación, y aplicar procedimientos basados en la democracia deliberativa (Elster 2001), con tal de legitimar los procesos que deben conducir a la construcción de la paz.

MacGinty y Richmond (2013) señalan que el “giro local” es una propuesta en investigación para la paz influenciada por la perspectiva crítica y las epistemologías postestructuralista y poscolonial. Desde esta se plantea una oposición a los postulados hegemónicos de la paz liberal, y se incide en la necesidad de construir un conocimiento integrador que supere las barreras disciplinarias. Entroncada en una concepción híbrida de la paz (MacGinty 2010), la perspectiva de la paz local pone el énfasis en la movilización por la paz a pequeña escala y en los términos prácticos de la vida cotidiana, considerándose estos como espacios con un carácter altamente político (Bräuchler y Naucke 2017). Ejemplo de ello es el trabajo de pequeñas organizaciones sociales e instituciones en contextos específicos.

De manera sintética, entendemos por paz local cualquier acuerdo que se produce en una situación de conflicto o postconflicto y que abarca un área geográfica inferior al territorio nacional. Como punto de partida, se asume que la multiplicación de espacios de diálogo a nivel local contribuye de manera fundamental a construir lógicas de paz, debido a las potenciales sinergias que pueden crearse entre ellos y a la implicación de múltiples actores locales, tanto civiles como políticos, que conforman realidades sociopolíticas cotidianas y que tienen un conocimiento profundo y detallado del propio contexto (Kaldor, Theros y Turkmani 2022; Randazzo 2016). Estos acuerdos locales de paz pueden versar sobre un número amplio de cuestiones que pueden entrar en contradicción con las dinámicas generales de los conflictos, con lo que muestran una visión más compleja de la realidad de los procesos de paz (Pospisil 2022).

El diálogo y la participación son elementos centrales para construir escenarios de paz sostenible en sociedades que han padecido conflictos con elevadas dosis de violencia política. Lederach (1998) señala la necesidad de establecer puentes para la paz desde el diálogo, haciendo que se crucen las líneas del conflicto tanto en los mismos estratos sociales como entre ellos. Tomando como referencia la idea de establecer puentes horizontales y verticales para la paz, el DMA aparece como una estrategia metodológica útil en la construcción de escenarios de paz, ya que permite generar intervenciones inclusivas con múltiples actores, como pueden ser partidos políticos, ONG y organizaciones de derechos humanos, el ámbito educativo, los medios de comunicación o la Iglesia (Wills et al. 2006).

La aplicabilidad del DMA aparece con una gran amplitud en la literatura científica, ya que su naturaleza deliberativa lo convierte en una herramienta válida para afrontar procesos de cambio y desarrollo a nivel organizacional, tecnológico, económico y sobre políticas públicas (Schultz et al. 2016; Payne y Calton 2004). El DMA es una oportunidad para superar las dificultades de los espacios ordinarios de toma de decisiones y las negociaciones oficiales (Gallucio 2015), ya que permite generar aprendizajes colaborativos, hacer converger puntos de vista y favorecer la comprensión mutua de problemas, además de generar relaciones nuevas que se construyen desde la escucha activa, el respeto mutuo, la aceptación de la diferencia y el cultivo de emociones positivas (Todorow 2016; Sekerka y Fredickson 2010). El DMA establece un nuevo marco relacional de empoderamiento basado en el conocimiento, que permite redefinir la naturaleza del conflicto, identificar los espacios de acuerdo y las divergencias y, con ello, abrir posibilidades para generar soluciones políticas emergentes desde la flexibilidad (Hahn et al. 2015; Saunders 2009). Así, en el marco de procesos para el desarrollo humano y la construcción de la paz, el DMA se plantea como un puente que nos lleva del manejo de conflictos propiamente dicho a la gobernanza colaborativa, tal y como muestran diversas experiencias a nivel internacional.

A modo de ejemplo, en el contexto colombiano se desarrollaron varias experiencias de DMA para la paz con enfoque territorial, en que participaron personas del ámbito académico, representantes públicos territoriales, comunidades rurales, excombatientes, y miembros de ONG nacionales e internacionales (Gómez, Molano y Sánchez 2022). Siguiendo esta línea, observamos DMA con una fuerte participación de actores internacionales, como son el realizado en Kosovo para el restablecimiento de las funciones parlamentarias (Roter y Bojinović 2015), para el retorno de refugiados en dicho país, para la promoción de la unidad nacional y la reconciliación en Afganistán (Roter 2015) o la elaboración de propuestas de paz en el contexto vasco (Mínguez Alcaide 2017). Asimismo, el DMA es una estrategia implementada para generar procesos centrados en la gestión de recursos naturales y la gobernabilidad del territorio con la participación de actores sociales, económicos e institucionales, en distintos contextos como Myanmar (Bächtold, Bastide y Lundsgaard-Hansen 2020), Uganda, Zambia y Camboya (Ratner et al. 2018), o Etiopía (Hailu y Tolossa 2020).

En el País Vasco se han impulsado diversas iniciativas y planes institucionales centrados en la construcción de la paz, la convivencia y la atención a las víctimas de la violencia política. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, creada en 2001, impulsó la Iniciativa Glencree (Martín Beristain, Bilbao e Ibáñez de Opacua 2015), centrada en la realización de encuentros periódicos entre víctimas de violencia política de diferentes victimarios (ETA, GAL, Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otras), los Encuentros Restaurativos entre víctimas de ETA y presos de la organización (Pascual 2013) o la aprobación del Decreto 107/2012 para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos provocadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre 1960 y 1978 (Martín Beristain 2017); y posteriormente la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del país Vasco entre 1978 y 1999.

Dentro del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos 2008-2011, destacaba el programa educativo con víctimas Adi Adian (Aranguren-Juaristi et al. 2020; Durkin 2013), cuyo objetivo era el desarrollo de una cultura ética, la deslegitimación de la violencia y la promoción de los derechos humanos a través del testimonio de víctimas de violencia de motivación política (Etxeberria-Mauleon 2018; Irazuzta, Rodríguez Maeso y Villalon 2017).

El primer Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco 2013-2016 impulsó 18 iniciativas para abordar la reparación de las víctimas, la elaboración de la memoria y el impulso de la convivencia a nivel social, entre ellas, los Programas Gertu y Erakiz sobre reparación de víctimas, la creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, y la elaboración de informes sobre vulneraciones de derechos humanos provocadas por la violencia política en el País Vasco (Secretaría General de Paz y Convivencia 2018). Este plan tuvo su continuación con el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020.

En el marco de las políticas públicas de paz, el DMA que se presenta en este trabajo se enmarca dentro de Bizikidetza Lantzen (Plan Foral de Promoción de Políticas Municipales de Paz, Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa), impulsado en 2011. El objetivo del plan es “Contribuir a consolidar la paz de modo definitivo e irreversible, ayudar a orientar a la sociedad hacia la convivencia y ayudar a profundizar en la cultura democrática de Gipuzkoa, fomentando en la sociedad la cultura de los derechos humanos”. (Diputación Foral de Gipuzkoa 2018: 8). Los compromisos y ejes de trabajo del plan son los derechos humanos, la reparación integral de las víctimas, la construcción de una memoria compartida desde el diálogo y la pluralidad, el desarrollo de una cultura democrática basada en el espíritu crítico, el pluralismo, la resolución no violenta de los conflictos y el impulso de una política penitenciaria humanitaria para garantizar los derechos a la rehabilitación y la reinserción social.

El principal activo del plan es el trabajo a nivel municipal a través de las Mesas Municipales de Paz y Convivencia y de los Foros Ciudadanos de Paz y Convivencia. En las primeras participan los grupos políticos con representación institucional a nivel municipal,y, en los segundos, los protagonistas son personas de la ciudadanía. Tanto los primeros como los segundos, cuentan con personas dinamizadoras pertenecientes a tres organizaciones especializadas en derechos humanos y dinamización de procesos grupales, como son la Fundación Baketik, Berbari y la Fundación Bakeola.

A diciembre de 2022, son 20 los municipios que participan en el programa. Cabe señalar que, además de esas mesas o foros de diálogo, muchos de estos municipios han impulsado acciones divulgativas y actividades abiertas a la población en general, han materializado diagnósticos y análisis sobre vulneraciones de derechos humanos a nivel municipal con tal de trabajar la construcción social de la memoria, y han desarrollado programas educativos en centros escolares en diferentes municipios. Tras una evaluación parcial de Bizikidetza Lantzen implementada el año 2018, se observa que el 77,5 % de las personas que participaron consideraban de manera positiva el foro político como herramienta para el trabajo en materia de convivencia en su municipio. A su vez, se acepta que se trata de un camino largo y no exento de dificultades, pero se asume como útil y necesario (Maraña 2021).

Beasain es la capital de la comarca del Goierri, ubicada en el interior de la provincia de Gipuzkoa. Tomando como referencia los datos del Eustat de 2022, Beasain tiene una población de 13 762 habitantes, de los cuales un 75 % son euskaldunes o cuasi-euskaldunes y un 25 % castellanoparlantes. En cuanto a la estructura socioeconómica, Beasain es uno de los municipios con mayor renta per cápita del País Vasco, con una renta personal media de 24 952 euros. El 30 % de los empleados pertenece al sector servicios, y el 66 % pertenece al sector industrial, teniendo en cuenta que la empresa más importante de Gipuzkoa en número de empleados (4000) y de ventas (1600 millones de euros), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles - CAF, se encuentra en la localidad. A nivel político, los consistorios municipales resultantes de las elecciones municipales de 2015 y 2019 han estado gobernados por el Partido Nacionalista Vasco (47 % y 51 %), con representación municipal de EH Bildu (30 % en ambas elecciones) y el Partido Socialista de Euskadi (15 % y 14 %).

La elección del municipio de Beasain para llevar a cabo un proceso de DMA se basó en los siguientes criterios:

El tamaño del grupo se estableció siguiendo las recomendaciones de Alcover (1999), según el cual debe estar conformado por entre 8 y 12 personas para garantizar su pluralidad y eficacia. De los 10 participantes del DMA (5 mujeres y 5 hombres) 6 son representantes políticos que forman la Mesa Municipal de Paz y Convivencia -2 del Partido Socialista de Euskadi, 2 de EH Bildu, y 2 del Partido Nacionalista Vasco, una de las cuales regenta la alcaldía de la localidad. Las otras 4 personas pertenecen o han pertenecido al Foro Ciudadano de Paz y Convivencia, y cuentan con una amplia trayectoria en el trabajo a favor de la paz y la convivencia a nivel municipal. En concreto, 1 pertenece al ámbito de la cultura, el arte y la educación, 2 participan en distintos espacios del tejido asociativo de la ciudad, y la última es una persona que fue preso de ETA con amplia trayectoria en favor de la paz. Atendiendo a las características sociopolíticas del municipio, el grupo se caracterizaba por la representatividad, la heterogeneidad y la pluralidad ideológica y política, y contaba con legitimidad social y capacidad de influencia a nivel local. La heterogeneidad del grupo también se observa en la edad, con una persona menor de 30 años, 2 personas con edades comprendidas entre los 30 y 40 años, 6 entre los 40 y 50 años, y 2 personas mayores de 60 años.

La información de la IAP se obtuvo a partir de grupos focales. Tal y como señalan las orientaciones de la paz compleja y local, estos se establecieron como espacios seguros de diálogo entre diferentes actores, se dirigieron a la comprensión mutua y la elaboración colectiva de significados sobre el conflicto y la paz a nivel municipal, y a superar barreras psicológicas desde el contacto y la comunicación intergrupal con tal de construir propuestas sobre objetivos diversos.

Los resultados de los grupos focales fueron sistematizados en documentos de devolución, como son el documento base y el documento final, tal y como se muestra a continuación en las fases y en los resultados del proceso. En la presentación de dichos resultados, se mostrarán fragmentos de los acuerdos de los grupos focales, así como ejemplos de los documentos de devolución.

El proceso se desarrolló entre abril de 2021 y febrero de 2022. Durante este tiempo, se llevaron a cabo las tres fases del proceso de trabajo, esto es: 1) diseño del DMA, 2) espacios de diálogo deliberativo y 3) evaluación del proceso, construcción de acuerdos, y transferencia en políticas de paz y convivencia.

El DMA mediante una IAP fue propuesto a la Mesa Municipal y al Foro Ciudadano de Paz y Convivencia a través de la Fundación Baketik, quien realizaba tareas de dinamización de las mismas dentro del plan Bizikidetza Lantzen. Desde el Foro Ciudadano, se trasladó la propuesta a antiguos integrantes del mismo para garantizar la pluralidad y representatividad del DMA. Esta propuesta fue aceptada por parte de una ex miembro y rechazada por cuatro, las cuales adujeron motivos personales para no participar.

El objetivo de la primera fase fue acordar un documento con las bases del proceso. Siguiendo los parámetros de la IAP, el colectivo de participantes diseñó el DMA a partir de un análisis de necesidades en materia de paz y convivencia a nivel municipal, planteó los objetivos del DMA, los temas a abordar en los espacios de diálogo deliberativo para generar políticas de paz y convivencia, además de las normas y valores de funcionamiento del propio DMA. Para realizar esta tarea, se llevó a cabo un grupo focal con los representantes de cada grupo político por separado y un grupo focal con los miembros del grupo ciudadano.

Una vez realizados los grupos focales, se generó un documento de trabajo y se realizó una sesión conjunta. Con los acuerdos alcanzados, el equipo investigador realizó el documento base del DMA, que fue ratificado por el conjunto de participantes.

A partir de las necesidades municipales en materia de paz y convivencia señaladas en los grupos focales (tabla 1), el grupo acordó cuatro bloques de necesidades a nivel municipal en el documento base del DMA. En primer lugar, la necesidad de recoger todas las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el municipio en un documento oficial que sirva de instrumento para realizar un reconocimiento social y político de todas las víctimas mediante acciones que, desde el respeto, contribuyan a su reparación. En segundo lugar, la necesidad de garantizar los derechos de las tres personas presas del municipio, con el fin de favorecer la convivencia y contribuir a su resocialización y reinserción.

En tercer lugar, la necesidad de trabajar la memoria a nivel municipal desde una perspectiva plural e incluyente para, por un lado, llevar a cabo ejercicios de transmisión intergeneracional para que las generaciones jóvenes conozcan lo sucedido en el municipio durante el pasado reciente y, por otro, como herramienta para favorecer la reconstrucción del tejido social. En este sentido, se señala que la memoria debe servir para fortalecer la comprensión mutua entre sectores de la sociedad situados en lugares encontrados del conflicto, superar estereotipos, prejuicios y desconfianzas e impulsar la tolerancia social a partir del reconocimiento mutuo y la empatía. Por último, la necesidad de favorecer la comunicación y poner en valor el pluralismo, y generar nuevas relaciones sociales a nivel municipal.

Según el conjunto de grupos focales, el DMA debía orientarse a lograr 23 metas (tabla 2). Estas se estructuraron en tres bloques de objetivos en el documento base del DMA. El primero de ellos hace referencia a fomentar la capacidad crítica en la ciudadanía y su implicación y participación en los asuntos relacionados con la convivencia. El segundo bloque de objetivos señala que el DMA debe influir en las dinámicas relacionales municipales, contribuyendo a generar puentes y reconstruir el tejido social, fomentando la cohesión en el pueblo. Y el tercer bloque hace referencia a obtener más información sobre las víctimas y la vivencia de la violencia de motivación política a nivel municipal, para poder llevar a cabo acciones de reparación y memoria.

El documento base señala que el proceso debe estar basado en la implicación, el compromiso y la confidencialidad para permitir una comunicación honesta, sincera, asertiva y respetuosa, basada en la empatía, la escucha activa y la comprensión mutua, evitando la competitividad para lograr acuerdos y generando herramientas para superar dificultades y obstáculos.

En la dinámica de grupos focales, se plantearon 14 materias ligadas a la paz y la convivencia que debían ser abordadas en el DMA (tabla 3).

En la sesión de trabajo, estas materias se agruparon en 4 bloques para ser tratadas en sendas sesiones de diálogo deliberativo. Como paso previo a la ejecución de las sesiones temáticas, se llevó a cabo una sesión de diálogo que tuvo por objetivo realizar una proyección del futuro compartida. Así, las sesiones temáticas fueron:

Las sesiones de diálogo deliberativo se realizaron mediante grupos focales. El equipo investigador recogió notas sobre las ideas principales aportadas y, en el último tramo de cada sesión, estas ideas fueron el punto de partida para generar consensos colectivos. A partir de los consensos de los grupos focales, el equipo investigador generó el documento final del DMA, validado en la última sesión del proceso. A continuación, se presentan los elementos centrales de dicho documento, con extractos literales del mismo.

Del ejercicio de proyectar el futuro deseado, se extraen varias ideas centrales. En primer lugar, se proyecta una sociedad democrática que garantice los derechos y libertades básicas, entre ellas, la posibilidad de desarrollar todos los proyectos políticos sin sufrir ningún tipo de persecución. En segundo lugar, se señala que esta sociedad tiene que estar asentada en una ética social que permita generar aprendizajes sobre el pasado para construir un futuro en términos democráticos, que asiente el reconocimiento de la pluralidad como un valor social y político, y que reduzca la distancia entre la sociedad y las instituciones. Por otro lado, y en relación con esta ética social, se señala la necesidad de seguir profundizando en la despolarización social, con relaciones más suaves en términos sociales que partan del reconocimiento del otro y de la no posesión de la verdad absoluta, todo ello con el objetivo de poder establecer espacios de cooperación y consenso. Además, se apunta que esto tiene que ir a acompañado de la superación de la fragmentación y el enfrentamiento constante desde la empatía, y la asunción del sufrimiento generado por la violencia como una cuestión que atañe a todos los sectores sociales. Y, por último, se proyecta una sociedad donde la comunicación sobre el pasado es algo normalizado, lo que permite la transmisión intergeneracional de lo sucedido a una juventud interesada, tanto a nivel familiar como en las escuelas e institutos.

El colectivo señala que la polarización social que se vivía en el País Vasco a nivel general se sentía de manera particular a nivel municipal. La violencia política generó una dinámica social de bloques en la que el no reconocimiento del otro, en términos de sufrimiento, dificultaba generar relaciones íntimas más allá del propio espacio sociopolítico, contaminando la vida comunitaria. Los efectos de la polarización sociopolítica llegaron a las esferas más personales, llegando a provocar tensiones familiares y rupturas en relaciones de amistad.

A la par de esa polarización sociopolítica, la heterogeneidad y la pluralidad marcaban los espacios naturales de la vida social, como los centros de trabajo, lo clubes deportivos y de ocio o los institutos, espacios que posibilitaban cruzar los límites que imponía la polarización. Así, en esos espacios se podía observar que la polarización social no era una cuestión absoluta, sino borrosa. Dentro de ella, numerosas personas con posiciones independientes tenían dificultades de mostrar sus visiones ante la presión social para posicionarse en un lugar concreto del conflicto.

Durante la última década, y de manera progresiva, es más sencillo ir más allá del propio espacio sociopolítico, los bloques son menos cerrados, se ha desarrollado una mayor conciencia sobre el sufrimiento de los otros sectores del conflicto, y existe una mayor capacidad empática. Con todo, se asume que la sociedad ha realizado notables avances hacia la convivencia, pero, a la vez, se señala la necesidad de profundizar el marco democrático y en la transmisión intergeneracional de la memoria para garantizar la no repetición de la confrontación política violenta.

A nivel municipal, existen 8 víctimas de violencia de motivación política reconocidas por parte del Gobierno Vasco, 6 por parte de ETA y 2 por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Secretaría General de Paz y Convivencia 2016). Junto a estas víctimas, el colectivo señala la necesidad de incluir a aquellas que padecieron torturas o malos tratos en sedes policiales, así como a las que sufrieron amenazas por parte de ETA, incluyendo aquellas que se vieron obligadas a desplazarse fuera de Euskadi. El documento final señala la necesidad de ver a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en Beasain como un colectivo heterogéneo, por lo que las acciones de reconocimiento y reparación deben realizarse desde una óptica de atención a las necesidades de cada una de ellas. Las víctimas son diferentes en cuanto a su origen social y político y en cuanto al victimario, al sufrimiento padecido y la gestión del mismo. Más allá de atender de manera particular el sufrimiento de cada una de las víctimas del pueblo, se señala que, para recorrer un camino hacia el reconocimiento y la reparación, es imprescindible desarrollar unos criterios comunes sobre el concepto de ‘víctima’ que permita identificar quiénes son, y un marco temporal concreto, con tal de poder tener un acercamiento a las necesidades y esperanzas de cada una de ellas de cara a su reparación. Además, se señala la necesidad de atender aquellos sufrimientos que están vinculados a la violencia y la confrontación política vividas en el País Vasco en las últimas décadas, y que no entran en la categoría de víctima de vulneraciones de derechos humanos.

En el plano del reconocimiento y reparación de las víctimas, se acordaron varias tareas, como son: la identificación de todas las vulneraciones de derechos humanos y las manifestaciones de violencia política en un informe oficial público; llevar a cabo un trabajo en común con expertos en la materia para concretar medidas de esclarecimiento y reparación; generar un proceso de recogida de testimonios y experiencias vinculadas al conflicto y la violencia política que sirvan como herramienta para realizar acciones y procesos de transmisión de la memoria a las generaciones jóvenes.

El objetivo planteado por el grupo es el cumplimiento de los derechos de las personas del MLNV presas y expresas, y generar las mejores condiciones posibles para su reinserción social y laboral. El grupo señala que hay tres personas del pueblo que están cumpliendo sus condenas en cárceles de fuera del País Vasco. Las tres han reconocido el daño causado y se han manifestado favorables a la utilización de vías únicamente democráticas. Se encuentran en régimen de segundo grado, y tras solicitar un informe a la dirección de sus respectivas cárceles para poder acceder al tercer grado, está emitió un informe favorable, pero desde la Dirección de Instituciones Penitenciarias se les ha negado.

Ante esta situación, miembros del grupo de trabajo expresaron la posibilidad de remitir un escrito a diversas administraciones públicas con competencias en materia penitenciaria para solicitar la aceptación del informe favorable de las direcciones de sus prisiones, y con ello, garantizar el cumplimiento de los derechos que les corresponden como reclusos. Se planteó la necesidad de tener el consentimiento de los propios reclusos para realizarlo, cuestión que se realizaría a través de sus representantes legales o de sus familias.

Durante la IAP, el grupo no llegó a un acuerdo sobre esta cuestión; algunos miembros adujeron falta de información para poder tomar una decisión y necesidad de tiempo para consensuar la propuesta a nivel interno dentro del propio grupo político a nivel municipal.

A pesar de ello, y como veremos en el apartado sobre acuerdos y transferencia de los mismos, el grupo acordó la remisión de dichas cartas a diversas instituciones públicas.

La participación de la ciudadanía se planteó como una cuestión fundamental para fortalecer la convivencia a nivel municipal, y un reto en términos cuantitativos y cualitativos, debido a la escasa participación en las actividades que se realizan al efecto. Como forma de incentivar la participación, se expuso la necesidad de dar a conocer la existencia de este DMA para, por un lado, ampliar la participación en el mismo tras esta primera fase para impulsar políticas públicas de paz y convivencia, y, por otro, para que las actividades que se realicen tengan el mayor impacto posible. Así, se indica la posibilidad de realizar acciones públicas para hacer llegar información sobre el espacio a toda la ciudadanía.

En segundo lugar, se planteó la necesidad de favorecer la participación ciudadana orientada a reconstruir el tejido social, y para tomar conciencia sobre el impacto de la violencia política. Para ello, se señaló la necesidad de superar los esquemas tradicionales de participación para llegar de otro modo a la ciudadanía, con planteamientos novedosos y más atractivos.

Tras las sesiones de diálogo, se llevó a cabo una sesión para evaluar el DMA y establecer acuerdos. En la evaluación, se destacó la superación de los marcos de diálogo tradicionales y la distancia entre los espacios institucionales y ciudadanos, la apertura y sinceridad, el desarrollo de visiones más amplias de la realidad del conflicto y la construcción de paz a nivel municipal, la capacidad de haber llegado a acuerdos y la posibilidad de avanzar en los disensos en el futuro. En el plano de las mejoras, se planteó la necesidad de abrir dicho espacio para mejorar la participación ciudadana para la paz y la convivencia.

Asimismo, se validó el documento final del DMA, elaborado a partir de las actas de las sesiones de diálogo, y se establecieron compromisos para seguir avanzando en materializar los acuerdos que aparecen en este. Con relación a esto último, los participantes del DMA adquirieron el compromiso de mantener el grupo para llevar a cabo la transferencia de los acuerdos y convertirlos en acciones y políticas públicas de paz y convivencia, las cuales se presentan a continuación. Las tres primeras han sido realizadas y las dos últimas son parte de la agenda actual del grupo de trabajo y del consistorio municipal, a fecha de abril de 2023.

Una vez concluida la IAP presentada, la dinamización del grupo ha sido desarrollada por la propia Fundación Baketik.