Para entender el núcleo actual del conflicto entre el empleo y las necesidades intensas de cuidado en la sociedad española contemporánea, es preciso tener en cuenta la erosión del modelo tradicional de división del trabajo, que asignaba a los hombres la responsabilidad de provisión económica y a las mujeres el trabajo no remunerado ligado a la esfera doméstica. Como viene detectando la literatura sobre el cuidado en las últimas décadas, este modelo ha sido sustituido, tanto a nivel social como institucional, por uno de “trabajador adulto” en el que se espera que todas las personas, independientemente de su sexo, participen en el mercado de trabajo (Lewis y Giullari 2005). Las mujeres se han incorporado de forma masiva al mercado laboral y los hombres también han incrementado gradualmente su participación en el ámbito doméstico, si bien el alcance de esta última transformación ha sido significativamente menor que el de la primera. Con todo, en España se constata un creciente apoyo, especialmente a nivel normativo, a modelos igualitarios de división del trabajo. Esta transformación no solo responde a la necesidad de más de un ingreso en los hogares derivada de la coyuntura económica (Gálvez Muñoz 2013), también está enraizada en el considerable aumento del nivel educativo y la participación laboral de las mujeres, y en un apoyo actitudinal cada vez más extendido a modelos en los que hombres y mujeres comparten responsabilidades económicas, domésticas y de cuidado (Castro Martín y Seiz Puyuelo 2014). Estos modelos no solo implican repartos de tareas más equilibrados, sino también exigen mayores recursos para afrontar situaciones de necesidad económica en el contexto de temporalidad laboral y desempleo al que se enfrentan muchas familias (Mingorance-Arnáiz y Olmedo 2020).

La evidencia disponible sobre hogares con situaciones de dependencia sugiere que la necesidad de más de un ingreso debería de ser particularmente acuciante en los mismos. Las familias en tales circunstancias frecuentemente asumen costes económicos adicionales relacionados con productos técnicos de apoyo, transformaciones del entorno orientadas a la accesibilidad, servicios terapéuticos y de cuidado, asistencia personal o doméstica, medicación, etc. (para un análisis sistemático, véase Jiménez Lara y Huete García 2011). Cabe imaginar que estas necesidades supongan un incentivo al mantenimiento del arraigo laboral y, preferentemente, de más de un salario. Sin embargo, parece probable que en los hogares con esta tesitura se den, precisamente, dificultades especialmente importantes para garantizar estos objetivos. En el caso de España, es bien conocido el conflicto entre, por un lado, las necesidades y los tiempos del cuidado y, por otro, las rígidas exigencias horarias del mercado laboral (González y Jurado Guerrero 2015). Este conflicto no solo se debe a la persistencia de normas tradicionales de género a nivel estructural, sino también a un marco institucional y político que, si bien ha promovido la participación laboral femenina para alcanzar un modelo de estado de bienestar activo, no se ha ocupado en la misma medida de facilitar la corresponsabilidad en el cuidado en los ámbitos privado y público (Lewis y Giullari 2005). Como consecuencia, en España pervive un modelo familista o de “Estado que no cuida”, en el que la familia continúa siendo la principal proveedora del cuidado -muy por encima del Estado o el mercado- y en el que esta actividad continúa teniendo un fuerte componente de género, dado el escaso valor económico atribuido a la misma y su consideración tradicional como una tarea inherente a la vida de las mujeres.

En muchas sociedades europeas, además, se ha tendido a dar prioridad a las medidas enfocadas al cuidado de menores -para promover la participación laboral de las madres- antes que a políticas orientadas al cuidado de personas mayores o dependientes (Daly 2012). España no es una excepción. En 2007, entró en vigor la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), con el objetivo de generar un derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y a la atención integral a través de una oferta coordinada de servicios. No obstante, su aplicación mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) -que ha sufrido sucesivas modificaciones- ha encontrado importantes limitaciones relacionadas con su financiación, el acceso al sistema, las listas de espera y una cobertura de servicios heterogénea. Aunque la ley tenía como objetivo convertir la prestación por cuidados en el ámbito familiar en una medida excepcional, en la práctica esta última ha terminado siendo una de las más prevalentes (Huete-García, Chaverri-Carvajal y Morales-Romo 2021; Carrasco, Borderías y Torns 2011). En consecuencia, el cuidado de dependientes ha continuado recayendo de forma muy sustancial sobre las familias.

En este contexto, quienes conviven con miembros dependientes se encuentran simultáneamente con un entorno normativo, social y económico que anima a la participación laboral de todas las personas adultas; exigencias económicas potencialmente elevadas derivadas de la situación de dependencia, y un marco institucional aún insuficiente para reducir de forma sustancial las necesidades de cuidado a nivel familiar. Al mismo tiempo, el cuidado se sigue concibiendo, socialmente, como una responsabilidad natural de las mujeres (Carrasco, Borderías y Torns 2011) e incluso una parte clave de su identidad (Lewis y Giullari 2005). Cabe preguntarse, por ello, cómo se posicionan quienes conviven con dependientes ante estas demandas prácticas y normativas concomitantes y difíciles de abordar de forma simultánea. ¿Se adhieren, en términos de preferencias, a un modelo en el que mujeres y hombres participen por igual en el mercado de trabajo, como se observa de manera creciente en la población general? ¿Se evidencia una presión económica intensa asociada a las necesidades de cuidado que haga difícilmente prescindible la participación laboral? ¿Hasta qué punto se ve limitada en la práctica esta participación por razones de cuidado? Estas preguntas buscan proporcionar evidencia empírica concreta sobre los principales dilemas relativos a la compatibilización del empleo y el cuidado en estos hogares.

Pese a la creciente presencia social de modelos igualitarios de división del trabajo, los estudios constatan un fenómeno recurrente: cuando las necesidades de cuidado se intensifican, las mujeres tienden a reducir su implicación laboral. Como se ha observado en los análisis de familias tras la llegada del primer hijo, los hombres muestran mayor resistencia a realizar adaptaciones laborales (González et al. 2018). No es infrecuente que tales comportamientos reflejen un temor a la penalización o incluso a la pérdida del empleo si no se cumple con el estereotipo de “empleado perpetuamente disponible” (Escot et al. 2012). Respecto a las mujeres y el cuidado, cabe destacar la influencia de un contexto normativo que tradicionalmente ha hecho de este último una parte central de la identidad de género femenina y clave para el sentimiento de pertenencia y aceptación social. De ello se deriva que la presión social para cuidar, el sentimiento de obligación al respecto y la práctica misma del cuidado no sean experimentadas de la misma manera por hombres y mujeres. Tampoco puede obviarse la persistencia de relaciones de poder desigual entre ambos, que llevan a que las elecciones de los hombres dentro de los hogares puedan continuar constriñendo las de las mujeres (Lewis y Giullari 2005). La percepción de menores salarios por parte de las mujeres también conduce a que la disminución de su participación laboral se perciba como menos costosa. En los entornos laborales, además, suele haber mayor aceptación del uso de medidas de conciliación por las mujeres, quienes han sido sus principales destinatarias (González y Jurado Guerrero 2015). Detrás de estos fenómenos, se encuentra la pervivencia de normas y estructuras tradicionales que, internalizadas por las personas y la sociedad en su conjunto, determinan qué comportamientos se perciben como apropiados y condicionan las alternativas de acción (Seguino 2007), así como las expectativas sobre el cuidado y sobre quién debe prestarlo (Daly 2012).

Por otro lado, como se ha apuntado, las tendencias mencionadas también se derivan de la insuficiencia de las políticas de apoyo a las familias. En países como España, en los que la inversión en este sentido es relativamente escasa, el cuidado informal por parte de familiares -en su mayoría, mujeres- podría ser la principal o única alternativa en hogares con personas dependientes, especialmente si tienen bajos ingresos. En vista de que un número cada vez mayor de personas cuidadoras, mujeres incluidas, participa a la vez en el mercado laboral, se plantean evidentes dificultades de conciliación (Bouget, Saraceno y Spasova 2017). Esto hace pertinente indagar en la organización interna de las familias con miembros dependientes en España y su distribución del trabajo remunerado y no remunerado. Si bien se conoce que las mujeres ejercen de principales cuidadoras de las personas dependientes por edad avanzada, enfermedad crónica o discapacidad en España (Martínez Buján 2019) y que tienden a mantenerse fuera del mercado laboral (Durán 2015), hay algunas cuestiones en las que aún resulta pertinente profundizar: ¿cómo es la relación con el empleo de las mujeres y los hombres que conviven con personas dependientes y por qué motivos se ve fundamentalmente afectada? ¿Hasta qué punto hay diferencias por sexo en la propensión a ejercer de principal persona proveedora económica y en la intensidad laboral? ¿Cómo se divide el trabajo no remunerado entre mujeres y hombres que conviven con personas dependientes? Estas preguntas permiten abordar la segunda dimensión de análisis: la organización interna de las familias en torno al empleo y al cuidado.

Como se ha puesto de manifiesto, la redefinición únicamente parcial de los roles de género en la sociedad -centrada en mayor medida en la incorporación laboral de las mujeres que en la incorporación de los hombres a la esfera doméstica-, en un contexto institucional que no ha llegado a promover una corresponsabilidad plena en los cuidados, genera diversos conflictos. Ante esta situación, cabe plantearse: ¿qué costes específicos se derivan de la dificultad de compatibilizar el empleo y el cuidado en familias con situaciones de dependencia? Por un lado, resulta evidente que se puede esperar un coste económico -personal y familiar- si un miembro del hogar abandona el mercado de trabajo o reduce drásticamente su implicación laboral por necesidades de cuidado. Por otro lado, los conflictos entre el empleo y el trabajo no remunerado podrían generar sentimientos de frustración con la situación económica, laboral y personal. Esta vivencia debería ser particularmente significativa entre las mujeres, dada la tensión entre los distintos roles que les asigna la sociedad, la invisibilidad y escasa valoración de su trabajo de cuidados, la persistente desigualdad con respecto a los hombres y las necesidades insatisfechas de apoyo institucional y responsabilidad compartida en un estado de bienestar familista y débil (Moreno-Colom et al. 2016; Carrasco, Borderías y Torns 2011). A ello, podría unirse la dificultad para cubrir las propias necesidades económicas -en caso de abandono del empleo o reducción de la actividad laboral- y la dependencia que conlleva respecto de otros miembros del hogar, así como la sobrecarga por acumulación de funciones. En el caso de personas cuidadoras a tiempo completo, la organización y duración de la propia jornada dependerá enteramente de las demandas de cuidado (Durán 2018), con el potencial impacto en la propia salud y autonomía que ello entraña. Parece razonable esperar, por tanto, que entre las personas que conviven con dependientes se puedan encontrar niveles particularmente elevados de insatisfacción con la economía, el empleo y la situación vital en su conjunto.

Según lo expuesto en las secciones previas, se examina si quienes conviven con una persona dependiente se adhieren a un modelo en el que hombres y mujeres participen por igual en el mercado laboral. Este modelo facilitaría - especialmente en hogares con varios miembros en edad de trabajar - la maximización de ingresos derivados del empleo, así como el reparto de responsabilidades.

De acuerdo con las expectativas formuladas, la gran mayoría (72,1 %) de quienes conviven con una persona dependiente expresa una preferencia por el ideal de familia igualitario. Esta cifra es mayor que la correspondiente a progenitores y progenitoras de menores de 12 años sin situaciones de dependencia (68,7 %), aunque no en un grado estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 95 % (valor p = 0,30). ¹ En la tabla 2 se presentan las distribuciones de preferencias correspondientes a las dos submuestras, observándose resultados muy similares. El apoyo al modelo tradicional de pareja en el que un miembro asume el papel de persona cuidadora y se mantiene al margen del mercado laboral es algo menor entre quienes conviven con personas dependientes. Con todo, la diferencia respecto a la submuestra de progenitores y progenitoras de menores sin situaciones de dependencia tampoco es estadísticamente significativa en este caso (valor p = 0,25).

La tabla 3 refleja la opinión de las personas encuestadas sobre quién debería reducir su implicación laboral para ocuparse del cuidado y las tareas domésticas, de ser necesario. En la submuestra de progenitores y progenitoras de menores de 12 años sin situaciones de dependencia, el 32,4 % considera que debería ser la mujer -en parejas de personas de distinto sexo- quien limitara su participación en el empleo. Entre convivientes con personas dependientes, la cifra correspondiente es ligeramente superior (34,7 %); no tratándose, de nuevo, de una diferencia estadísticamente significativa (valor p = 0,65) ² . En ambos casos, una mayoría (63,6 % y 62,3 %) prefiere que reduzca su implicación laboral la persona que gane menos o tenga una situación laboral más precaria.

En los dos grupos, por tanto, predomina la preferencia igualitaria respecto al reparto del trabajo percibido como ideal y se apoya la participación laboral de mujeres y hombres aun existiendo necesidades de cuidado.

En el caso de quienes conviven con personas dependientes, cabe preguntarse si la preferencia por un modelo no tradicional podría guardar relación, como se planteaba en la sección teórica, con la necesidad de garantizar ingresos suficientes para cubrir gastos sustanciales derivados de la dependencia. La encuesta no posibilita una respuesta taxativa, ya que no indaga sobre las razones por las que se prefiere un modelo determinado. No obstante, sí permite hacer una aproximación a la presión económica asociada al cuidado que soportan estos hogares, que se comparan con la submuestra de progenitores y progenitoras de menores sin dependencia a efectos ilustrativos.

Cuando se analizan los gastos mensuales de los hogares con personas dependientes, se observa que los asociados a servicios de atención externa (atención en centros de día y escuelas ³ ; de la cual hace uso el 24,2 %) o ayuda doméstica (que utiliza el 21,6 %, fundamentalmente para tareas de cuidado), ascienden a 180 euros en promedio. La cifra equivalente correspondiente a hogares con menores sin dependencias (que utilizan servicios de atención externa en un 85 % y ayuda doméstica en un 9,5 %) es de 111 euros mensuales. La diferencia no es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95 % al hacer la prueba de comprobación de medias que no permite ponderaciones (valor p = 0,19), pero sí lo es cuando se tiene en cuenta la ponderación de la muestra en un análisis de regresión bivariada (valor p = 0,024). En promedio, estos gastos representan un 15 % de los ingresos totales del hogar en el grupo de hogares con personas dependientes, lo que contrasta con el 6,9 % que destinan los hogares con menores no dependientes. Esta diferencia -también estadísticamente significativa (valor p = 0,01)- indica, teniendo en cuenta el gasto medio absoluto de cada grupo, que los ingresos del primero han de ser comparativamente más bajos que los del segundo, posiblemente debido a una menor intensidad laboral. Se evidencia, por tanto, que los hogares con personas dependientes afrontan necesidades económicas de cierta entidad ⁴ .

Asimismo, los datos ponen de manifiesto otro factor que se añade a la presión financiera de estos hogares: solo el 38,5 % de quienes hacen uso de asistencia externa o ayuda doméstica declara recibir algún grado ⁵ de cobertura pública en forma de prestación de servicios, teleasistencia o prestación económica para tales fines. El grueso del coste de la atención integral a la dependencia recae mayoritariamente sobre la familia. Con la cautela que impone el limitado tamaño (n=54) del grupo que utiliza servicios domésticos o de asistencia, este hallazgo confirma el dilema que se anticipaba en la sección de teoría: quienes conviven con personas dependientes no solo expresan una preferencia clara por la participación laboral de mujeres y hombres, sino que afrontan una necesidad particularmente acuciante de maximizar ingresos y, por tanto, de mantener el arraigo laboral. Sin embargo, ante una cobertura pública escasa de las necesidades de cuidado, la participación en el empleo podría quedar, paradójicamente, condicionada a si los ingresos totales del hogar permiten contratar de forma privada, al menos, parte de la asistencia.

La tabla 4 presenta un modelo de regresión logística que analiza si existe una asociación estadísticamente significativa entre el hecho de haber abandonado en algún momento el empleo para atender obligaciones familiares relacionadas con el cuidado y la presencia de un miembro dependiente en el hogar. El modelo, que parte de la muestra completa de hombres y mujeres no dependientes en edad de trabajar (25-65 años), revela que este es el caso (con un nivel de confianza del 95 %), siendo dicha asociación positiva (odds ratio = 4,02). Se confirma, por tanto, que las personas que conviven con dependientes se muestran significativamente más propensas a haber abandonado el empleo para atender obligaciones relacionadas con el cuidado que quienes no lo hacen. En otras palabras, sus posibilidades de mantenerse en el mercado laboral sí parecen verse afectadas por este factor. Cabe señalar que la presencia de menores de doce años sin situaciones de dependencia muestra una relación similar, pero de menor magnitud (odds ratio = 2,08).

En el momento de realización de la encuesta, solo el 34,2 % de las mujeres y el 36,4 % de los hombres que convivían con una persona dependiente se encontraban trabajando. Estas cifras contrastan con las correspondientes a mujeres y hombres con hijos o hijas menores de 12 años sin situaciones de dependencia (48,1 % y 68,9 %). Los resultados del apartado anterior parecerían sugerir que, detrás de este bajo grado de actividad, podría encontrarse la decisión o necesidad de abandonar el mercado laboral para cuidar. De todas las mujeres que convivían con una persona dependiente y que habían dejado de trabajar de forma remunerada (el 54,3 % del total), el 46,6 % lo hizo para atender obligaciones familiares. Con todo, el 40 % lo hizo debido a la pérdida, cese o falta de empleo. Entre los varones -que muestran una tasa de abandono laboral muy elevada (61,4 %)-, este último motivo fue el más aducido (75,3 %). Tan solo el 6,8 % declaró haber salido del mercado de trabajo para atender obligaciones familiares. En la submuestra de progenitores y progenitoras de menores de doce años sin situaciones de dependencia, las tasas de abandono laboral son más bajas (45,3 % en el caso de las mujeres; 31,1 % en el de los hombres), siendo solo estadísticamente significativa la diferencia correspondiente a estos últimos (valor p = 0,000). El abandono laboral para atender obligaciones familiares también fue menor entre las mujeres de este grupo (28,2 %) y prácticamente anecdótico en el caso de los hombres (2 %).

Por tanto, más allá del impacto de unas demandas intensas de cuidado, la participación laboral de quienes conviven con personas dependientes parece verse afectada también de manera particular por otras dificultades para mantener la participación laboral. De hecho, el 32,7 % de las mujeres y el 45,2 % de los hombres en este grupo declaraban encontrarse en situación de desempleo. Entre las y los progenitores de menores sin dependencia, la cifra correspondiente a las mujeres es ligeramente mayor (36,7 %), pero no así la de los hombres, que es significativamente menor (29,7 %; valor p = 0,03).

Las mujeres que conviven con personas dependientes no solo muestran una tasa muy baja de actividad; también experimentan dificultades para mantener una actividad laboral intensa cuando trabajan. Solo el 19,9 % de las mujeres empleadas que conviven con una persona dependiente ejerce como proveedora económica principal del hogar, y el 14,2 % de este grupo trabaja a tiempo parcial. La cifra correspondiente a los hombres en similar situación que asumen el papel de proveedor principal, aun siendo relativamente baja, resulta muy superior (44,9 %), y solo en el 4 % de los casos trabajan a tiempo parcial. Entre las y los progenitores de menores de 12 años sin situaciones de dependencia, el 23,9 % de las mujeres y el 61,4 %, de los hombres, respectivamente, son quienes aportan mayores ingresos al hogar (siendo la diferencia estadísticamente significativa para los hombres; valor p = 0,01). El 26,3 % de estas mujeres y el 2,2 % de los hombres trabajan a tiempo parcial.

La brecha de género respecto a la dedicación al cuidado es muy considerable. El 67,9 % de las mujeres encuestadas que conviven con personas dependientes ejercen de cuidadora principal, siendo la cifra correspondiente a los hombres notablemente inferior (36 %). Ambos declaran, no obstante, una carga de horas de cuidado muy sustancial cuando se encuentran en esa situación (42,5 y 47,7 horas entre lunes y viernes, respectivamente). El 65,7 % de las mujeres que conviven con dependientes se ocupan, además, de las principales tareas domésticas, frente al 22,7 % de los hombres. De estas mujeres, el 30,3 % se dedican exclusivamente al trabajo doméstico no remunerado; frente al 2,9 % de los hombres. En el caso de quienes tienen hijos o hijas menores de doce años sin discapacidad, con todo, algunas de las brechas de género son aún mayores. El 82,5 % de las mujeres encuestadas y el 31,2 % de los hombres declaran ser quienes se ocupan fundamentalmente del cuidado y la atención del menor, dedicando un promedio de 51,6 y 49,6 horas semanales. El 69,6 % de las mujeres y solo el 11,8 % de los hombres se ocupan de las principales tareas domésticas. No obstante, solo el 14,1 % de las mujeres (y menos del 1 % de los hombres) se dedican exclusivamente al trabajo doméstico no remunerado. Estos resultados descriptivos se recogen en la tabla 5.

Los análisis de regresión logística presentados en la tabla 6 confirman algunas de las tendencias observadas a nivel descriptivo respecto al impacto de la dependencia sobre el empleo. Se observa, en primer lugar, que la convivencia con personas dependientes se asocia con una menor propensión a la actividad laboral, especialmente en el caso de los hombres (para las mujeres, la relación solo es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 90 %). No obstante, esta propensión es menor en el caso de las mujeres con hijos o hijas menores de 12 años sin dependencia. Quienes conviven con personas dependientes muestran, además -independientemente de su sexo- una mayor predisposición al desempleo, como también sucede con las mujeres con hijos o hijas menores de 12 años; y, en el caso de los hombres, una probabilidad reducida de ejercer como principal proveedor económico. Estos hallazgos, por tanto, confirman el impacto negativo sobre el empleo de las personas encuestadas de la convivencia con personas dependientes en el hogar. Más allá del ya constatado frecuente abandono laboral por necesidades de cuidado, los resultados sugieren también una mayor probabilidad de desempleo -para hombres y mujeres- y una menor propensión entre los hombres a ejercer de principal proveedor económico cuando se convive con una persona dependiente.

En línea con el impacto negativo constatado de la dependencia sobre las posibilidades, para mujeres y hombres, de mantener el empleo, los resultados revelan también una repercusión negativa en términos financieros y de bienestar. Prácticamente la mitad (48,7 %) de los hogares con algún miembro dependiente declaran ingresos netos mensuales que no sobrepasan los 1200 €, y el 29,1 % no sobrepasa los 900 €. El 77,8 % presentan ingresos inferiores a 1801 €. Es decir, teniendo en cuenta que el salario neto medio mensual en España en 2014 ascendía a 1356,88 € (Instituto Nacional de Estadística 2016), la mayor parte de estos hogares se caracterizan por rentas medias o bajas (provengan de ingresos salariales o de otras fuentes). Como se observa en el gráfico 1, los hogares con menores sin situaciones de dependencia están más representados en tramos de ingresos más elevados (en particular, en los comprendidos entre los 1801 y los 3000 € mensuales). No obstante, también es mayor, en este caso, el porcentaje con ingresos que no sobrepasan los 600 € (el 15,6 %, frente al 10 % de los hogares con personas dependientes) y, en promedio, las diferencias relativas a los ingresos del hogar no son estadísticamente significativas.

Los ingresos netos personales de quienes conviven con un familiar dependiente, como cabe suponer, también se revelan visiblemente afectados. En el caso de las mujeres, el porcentaje que no percibe ningún ingreso personal asciende al 52,7 %; un 10,8 % perciben ingresos que no sobrepasan los 300 € mensuales, y el 14,8 % ingresa entre 301 y 600 €. La proporción de hombres encuestados que conviven con personas dependientes y no perciben ningún ingreso es menor que la de las mujeres -aunque sustancial, en cualquier caso (30,3 %)-, pero un 57,4 % no sobrepasa el umbral de los 600 € al mes, y solo un 20,4 % ingresan más de 900 € mensuales. Se perfila un escenario, en resumen, de muy marcada vulnerabilidad económica. Las cifras de ingresos personales contrastan con las correspondientes a familias con menores sin discapacidad. Aunque estas también cuentan con una proporción relativamente elevada de mujeres sin ingresos (39,7 %) o con ingresos personales muy bajos (el 24 % de las que tienen ingresos perciben menos de 600 €), un 35 % perciben entre 600 y 2400 € al mes, y los hombres perciben en su mayoría (51,5 %) más de 900 € mensuales. El gráfico 2 refleja estas diferencias (estadísticamente significativas, en promedio, con un nivel de confianza del 95 % en el caso de los hombres, y con un nivel de confianza del 90 % en el de las mujeres). Resulta manifiesto que, aunque la situación económica personal de las mujeres es peor que la de los hombres tanto entre quienes conviven con personas dependientes como entre quienes lo hacen con hijos o hijas menores no dependientes, el primer grupo es especialmente vulnerable. En consonancia con lo expuesto, el 46 % de las personas encuestadas con un conviviente dependiente expresa -véase el gráfico 3- dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes, frente al 36,5 % de las y los progenitores de menores de 12 años no dependientes. En el primer grupo, solo el 13,88 % declara vivir cómodamente o muy cómodamente; siendo la cifra considerablemente superior (25,8 %) en el segundo, y las diferencias son estadísticamente significativas.

Finalmente, los datos indican que la difícil compatibilización de la situación de dependencia en el hogar con el empleo afecta a distintas dimensiones de la satisfacción personal. Mediante un análisis de regresión lineal (tabla 7), se constata una asociación negativa entre la convivencia con personas dependientes y el nivel de satisfacción con la situación económica personal (en el caso de los hombres, con un nivel de confianza del 90 %, pero con un p-valor de 0,051), la situación laboral y la propia vida (en el caso de las mujeres, con un nivel de confianza del 90 %, pero con un p-valor de 0,053). Estas relaciones son manifiestas incluso teniendo en cuenta si la persona trabaja y los ingresos netos del hogar, lo que sugiere que podrían ser factores de otra índole, como la situación económica propia, las dificultades de conciliación o la sobrecarga de trabajo, las que podrían encontrarse detrás de las mismas.