Los orígenes del movimiento estudiantil universitario en Chile se remontan hasta inicios del siglo XX, cuando se funda la Federación de Estudiantes de Chile en 1906. Durante las décadas posteriores, los universitarios participaron de forma activa en los procesos políticos y sociales del país, especialmente en la modernización de las instituciones de enseñanza superior (Bellei, Cabalin y Orellana 2014; Moraga 2007), en la reforma universitaria a finales de los sesenta (García, Isla y Toro 2006; Brunner y Flisfisch 2014) y en la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet en los ochenta (Campero 1986).

Con la vuelta a la democracia en 1990, este panorama pareció haber cambiado, ya que las transformaciones del sistema de educación superior llevadas a cabo por la dictadura impactaron en el perfil de los estudiantes universitarios y en las características del movimiento estudiantil. Durante la dictadura, las universidades sufrieron importantes transformaciones, que incluyeron la división de las grandes instituciones nacionales en sedes regionales, el fomento de las instituciones privadas y la imposición del autofinanciamiento como forma de gestión (Mönckeberg 2005), cambios que incrementaron el rol del mercado en la oferta, financiamiento y organización del sistema educativo y propiciaron una expansión sin precedentes del sistema. En su conjunto, estos cambios impulsaron un intenso proceso de masificación de la educación superior (Brunner y Villalobos 2014) y una apertura a grupos socioeconómicos medios y bajos (Espinoza y González 2014), aspectos que se prolongaron sin cambios importantes una vez iniciada la democracia en 1990, configurándose lo que Garretón (2011) llamó como “neoliberalismo corregido”.

Como es lógico, estas transformaciones impactaron en el movimiento universitario, redefiniendo sus identidades, características y objetivos. A diferencia de su composición previa, conformado mayoritariamente por estudiantes provenientes de las élites (Brunner 1985), el movimiento universitario posterior a 1990 se caracteriza por su masividad y diversidad de adscripciones institucionales y orígenes sociales, tendiendo a movilizarse principalmente por intereses sectoriales más que por ideologías globales (Disi 2016), salvo algunas excepciones en que el discurso estudiantil lograba enlazar sus demandas educativas con transformaciones sociales (Garretón et al. 2011). En este sentido, es posible trazar su trayectoria desde 1990 distinguiendo cinco momentos críticos.

En primer término, en los años inmediatamente posteriores al fin de la dictadura, el movimiento estudiantil experimentó un cierto repliegue ocasionado por el debilitamiento de las orgánicas estudiantiles y el desprestigio de las juventudes de los partidos político (Thielemann, 2016; Ramis 2011), en línea con lo ocurrido en parte importante del continente donde, producto de las modernizaciones neoliberales, los movimientos sociales sufrieron un debilitamiento de su acción y convocatoria (Levy 1991). La movilización estudiantil comienza a reaparecer a mediados de la década a través de demandas económicas (créditos, becas y arancel diferenciado, principalmente), impulso que se fortalece con la reorganización de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) en 1997, organización que articula a la mayoría de las federaciones estudiantiles universitarias del país (Villalobos y Ortiz-Inostroza 2019; Thielemann 2016). En un tercer momento, y de la mano del auge del movimiento de estudiantes secundarios en 2001 y 2006 y de la paulatina organización de los estudiantes de las universidades privadas (Bellei, Cabalin y Orellana 2014), el movimiento universitario experimenta un progresivo fortalecimiento que posibilita un peak de protestas el 2011 (Espinoza y González 2014). Estas movilizaciones, que tienen continuidad hasta el año 2014, marcan el inicio de un cuarto momento, denominado el ‘ciclo corto’ del movimiento estudiantil (Labarca 2016), caracterizado por una permanente actividad de protesta y presencia mediática, con masivos niveles de convocatoria en torno a un mismo marco de demandas, constituyendo una de las olas de protestas de mayor intensidad (Villalobos y Ortiz-Inostroza 2019) y trascendencia política (Von Bulow y Bidegain 2015). Finalmente, los últimos años se caracterizan por un proceso de protestas que, aunque protagonizadas en alta medida por estudiantes universitarios, tienen otros objetivos, siendo centrales el desarrollo de una educación no sexista en 2018 (Troncoso, Follegati y Stutzin, 2019) o la transformación del modelo político y social chileno en 2019 (Somma et al. 2020). Aunque este último ciclo incorpora algunas lógicas, tácticas y temas históricos del movimiento estudiantil chileno (Villalobos 2021), es posible apreciar un importante repliegue del movimiento estudiantil como actor social, afectando su estructura orgánica, influencia e impacto en el sistema político (Somma y Donoso, 2021; Palacios-Valladares 2020).

Diversos estudios (Ortiz, Burke y Berrada, 2022; Joignant, Morales y Fuentes 2017; Somma 2017; Tarrow 1998) han puesto en evidencia que en las sociedades contemporáneas se ha producido un aumento sostenido de la acción colectiva contenciosa en las últimas décadas, de forma paralela al decaimiento de la participación política institucional. Este incremento no se produce, sin embargo, de forma lineal. Por el contrario, los períodos de incremento de la conflictividad se desarrollan pendularmente, mediante procesos de alzas y bajas de protestas que se conocen como ‘olas’ (Koopmans 1993) o ciclos de protesta (Kriesi et al. 1995).

Existen distintas teorías que contribuyen a entender por qué los ciclos u olas de protesta se intensifican en determinados momentos. Aunque no son necesariamente excluyentes (Tarrow 2012), estas teorías tienden a resaltar distintos elementos explicativos de la protesta. Por una parte, la teoría de las oportunidades políticas (Tarrow 1998) pone énfasis en cómo los procesos y momentos institucionales (fechas históricas, acontecimientos políticos, niveles de aprobación) pueden abrir ventanas de oportunidad para que aumenten los niveles de protesta. Por otro lado, la teoría de la movilización de recursos (McCarthy y Zald 1977) se centra en mayor medida en los elementos internos de los movimientos sociales, destacando que los cambios en los liderazgos, alianzas más sólidas o mayores capitales económicos o sociales pueden expandir los ciclos de protesta. Finalmente, las teorías del framing (Snow et al. 1986) se focalizan en cómo los elementos discursivos de los movimientos sociales influencian los cambios en los marcos de acción políticos.

Aunque consideraremos algunos elementos de estas teorías, este trabajo se desarrolla especialmente desde lo que se ha conocido como teorías de grievances y de privación relativa. Apoyándose en los efectos de las crisis económicas de las últimas décadas, algunos investigadores han indicado que la mayoría de las explicaciones sobre los movimientos sociales han dejado de lado demasiado rápidamente los efectos de las condiciones materiales en los ciclos de protestas (Galais y Lorenzini 2017). Como una forma de recuperar este foco, la teoría de grievances y de privación relativa intentan explicar cómo los cambios materiales -y las expectativas que estos cambios producen- pueden ser factores centrales para estudiar las alzas y bajas en las protestas sociales.

Sintéticamente, el enfoque de grievances o agravios (Gurr 1970b) postula que un factor preponderante para explicar la acción de protesta son las desigualdades (de riqueza, de necesidades, de poder) entre grupos sociales. Así, se entiende la acción colectiva como respuesta frente a un estado objetivo de desventaja. El desarrollo de la investigación empírica de esta teoría constató que las carencias y los agravios materiales no predicen automática ni directamente las percepciones de ilegitimidad del orden social ni los ciclos de protesta. En contraste, trabajos pioneros en esta línea (Stouffer et al. 1949) concluyeron que las percepciones de privación son independientes de la magnitud de los agravios objetivos, posibilitando que personas afectadas por altos niveles de carencia material mantengan una percepción de privación menor a la de grupos más privilegiados.

Considerando esto, el enfoque de privación relativa enfatiza que las reacciones de las personas frente a las circunstancias objetivas en las que viven dependen de comparaciones subjetivas (Walker y Smith 2002). Desde este enfoque, los sentimientos de privación relativa pueden ser entendidos como percepciones de discrepancia entre las expectativas y las oportunidades de vida de las personas, generadas en respuesta a ideales abstractos, comparaciones intergrupales, decadencia relativa o absoluta respecto del pasado o el estancamiento de las condiciones materiales de un grupo que ha experimentado un mejoramiento prolongado, entre otras situaciones (Gurr 1970a). De esta forma, los sentimientos de privación relativa constituirían uno de los mecanismos basales para la formación del descontento social, influyendo así en el desarrollo de la acción colectiva y los movimientos sociales, ya que los cambios en las condiciones materiales y las percepciones subjetivas de estos podrían conducir a los sujetos a “rebelarse” contra una situación dada.

En nuestro caso, buscaremos evaluar empíricamente la potencia de la teoría de las grievances y de la privación relativa, partiendo de la idea de que uno de los principales factores que explicarían la protesta universitaria podría ser el crecimiento y aumento de expectativas de nuevos grupos sociales forjados al alero de la instalación del sistema neoliberal, los cuales presionarían al sistema político por demandas que faciliten su incorporación (Silva y Rossi 2019; Cummings 2015; Filgueira 2013; Fleet 2011). Como una forma de explorar la potencia de esta teoría frente a otros marcos conceptuales -más difundidos y analizados por otros estudios-, incorporaremos también algunas variables que den cuenta de factores relacionados con las oportunidades políticas (aprobación del gobierno, tendencia política del gobierno) y con los recursos de los movimientos sociales, aspectos relevados ya por estudios anteriores como factores críticos para explicar el movimiento universitario chileno (Mella y Valenzuela 2021; Bidegain 2020; Garretón 2016; Donoso y Von Bulow 2017).

Este estudio tiene como objetivo principal analizar el efecto de algunos indicadores macroeconómicos y del sistema de educación superior sobre el ciclo de la protesta universitaria chilena, bajo el supuesto de que estos factores actúan como generadores de procesos de privación relativa, influyendo por esta vía sobre los ciclos de protesta. La decisión de utilizar este tipo de variables, en lugar de mediciones directas de percepciones y comparaciones intergrupales, responde a razones prácticas (no existen datos longitudinales sobre estas percepciones en la población chilena con continuidad durante todo el período estudiado) y a que los fenómenos macrosociales afectan las condiciones y expectativas de vida de las personas y grupos, actuando como “causas estructurales de la deprivación” (Walder 2009). De esta manera, múltiples estudios previos han usado variables macrosociales como predictores de los ciclos de protesta, encontrando que variables como la variación del desempleo y el ingreso promedio (Jenkins, Jacobs y Agnone 2003), el aumento de la inflación (Hechter, Pfaff y Underwood 2016), el crecimiento económico (Dodson 2015), la variación de los índices de pobreza (Kawalerowicz y Biggs 2015), de consumo (Quaranta 2015), y nivel de desigualdad (Solt 2015) influyen en los ciclos de protesta.

Se proponen cuatro hipótesis que vinculan la dinámica del ciclo de movilización universitaria entre 1990 y 2019 con los procesos económicos y de desarrollo del sistema de educación superior. La primera hipótesis se refiere al crecimiento económico. Durante las décadas de 1990 y 2000, Chile experimentó uno de los períodos más estables y largos de crecimiento económico y reducción de la pobreza (Ffrench-Davis 2003). Esto más la rápida expansión de la educación superior hacia estratos medio-bajos y la difusión de la promesa de movilidad social por la vía del acceso a la educación (Sapelli 2011) habrían estimulado un fuerte aumento de las expectativas de integración material y simbólica en los jóvenes (Brunner 2015). Tal fenómeno ha sido conceptualizado como expresión de una “segunda crisis de incorporación” en Latinoamérica (Filgueira 2013) y se caracterizaría por un aumento de expectativas y demandas hacia el Estado de parte de los grupos sociales que han experimentado procesos de movilidad social recientes. Por lo anterior, se espera que, cuando el desempeño macroeconómico del país es deficiente o menor al esperado, la conflictividad tienda a aumentar, lo que permite formular la primera hipótesis:

La segunda hipótesis se refiere al efecto del financiamiento público destinado a la educación terciaria, particularmente con dos aspectos: el gasto público y la entrega de ayudas estudiantiles. Postulamos que el proceso de aumento de las expectativas y demandas por parte de los grupos medios y bajos está gatillado por deficiencias en los sistemas de protección social, que les dificulta ofrecer un estándar de ciudadanía más alto a sus habitantes (Filgueira 2013). En el caso de estudio, los nuevos estudiantes universitarios chilenos se enfrentan con un sistema de educación superior privatizado y con una baja participación del Estado ¹ (Bernasconi 2014) que transfiere los costos de estudiar a las familias, generando altos niveles de endeudamiento y segregación institucional en función del perfil socioeconómico de los estudiantes (Villalobos, Quaresma y Franetovic 2020). Como resultado, los estudiantes experimentarían nuevos agravios asociados al financiamiento de la educación, lo que incentivaría una respuesta reactiva de resistencia frente a la disminución del financiamiento público del sistema de educación superior (Disi 2016). Por ello, nuestra segunda hipótesis es:

La tercera hipótesis se relaciona con el crecimiento del sistema de educación superior. Se ha observado que la expansión de la cobertura educativa se asocia al aumento de las protestas debido a que incrementa las competencias cívicas de los ciudadanos (Verba, Schlozman y Brady 1995), mientras que la agrupación de estudiantes en campus facilita la formación de organizaciones (van Dyke 1998; Soule 1997). En esta línea, una consecuencia no esperada de la expansión de la matrícula en la educación superior podría ser el aumento de los procesos de movilización universitaria (Somma 2012), pues habría contribuido a crear una gran masa de estudiantes, con más competencias organizacionales y grandes insatisfacciones con respecto al sistema (Bellei, Cabalin y Orellana 2014; Salinas y Fraser, 2012). De esta forma, la expansión del sistema de educación superior tendría un doble efecto sobre el movimiento estudiantil: por una parte, estimula la protesta al generar nuevos agravios e insatisfacciones, mientras que, por otra, contribuye a desarrollar las competencias necesarias para que los jóvenes participen del debate público y político (Salinas y Fraser 2012). Considerando esto, se propone nuestra tercera hipótesis:

Finalmente, la cuarta hipótesis tiene relación con la composición socioeconómica de los estudiantes adscritos al sistema de educación superior y, particularmente, con la masiva incorporación de estratos medios. La masificación de la educación superior, junto con las iniciativas específicas de apoyo a la inclusión (Villalobos et al. 2017) han generado una transformación en la composición del estudiantado universitario chileno, incorporando masivamente a jóvenes provenientes de sectores medios y bajos. En este sentido, se ha planteado que los procesos de conflictividad estudiantil estarían fuertemente anclados en las demandas e intereses de estos nuevos grupos, los que, a través de la protesta social, buscarían resolver los problemas de acceso y calidad del sistema de educación superior (Fleet 2011), el cual constituiría su principal medio de integración y movilidad social. Considerando esto, la última hipótesis indica que:

Como muestra la figura 1, el número de protestas universitarias anuales presenta una forma oscilante, alternándose momentos de ascenso y disminución a lo largo del período, con un promedio de 30.3 eventos de protesta al año, un mínimo de 13 y máximo de 56. Los peaks de la protesta estudiantil universitaria se distribuyen a lo largo de toda la serie, identificándose dos ciclos principales: el primero alrededor del año 2000 y el segundo a partir del año 2011, contradiciendo algunas interpretaciones históricas del periodo, tal como ha sido destacado anteriormente por Villalobos y Ortiz-Inostroza (2019).

En la tabla 2, se muestran los resultados de los modelos estimados sin rezagos, es decir, se evalúa el impacto de las variables independientes en las protestas ocurridas en el mismo año. Los dos primeros modelos se estimaron usando las variables brutas, mientras que en el tercero y cuarto se utilizaron las variables sin tendencia. Los resultados muestran que en el modelo I, que incluye todos los predictores, el único regresor que tiene un efecto significativo sobre el número anual de protestas es la variación anual del gasto público destinado a educación superior (β = -0.97, p < .05), indicando que la disminución del gasto público en este ítem genera un aumento de la cantidad de protestas que se registran anualmente. Dichos resultados se mantienen con bastante estabilidad al eliminar algunos de los predictores en el modelo II, el cual tiene a su vez un R² ajustado de 0.19, logrando así explicar una proporción relevante de la varianza de la variable dependiente. Adicionalmente, las estimaciones también se mantienen al utilizar variables sin tendencia (modelos III y IV). Este análisis permite concluir que la variación del gasto público destinado a la educación superior tiene un importante efecto negativo sobre el número de protestas anuales, efecto que es robusto, por cuanto resiste el control estadístico y la transformación de los datos vía eliminación de tendencias. Además, los resultados reportados indican que el nivel de desaprobación del gobierno presenta un efecto positivo, en línea con la idea de que un aumento de la desaprobación generaría las condiciones para un aumento de las protestas universitarias.

La figura 2 muestra la relación entre la variación del gasto público en educación superior y el número de protestas universitarias registradas durante el mismo año (modelo I). Como se puede observar, en aquellos años en que el aporte del Estado al financiamiento de la educación terciaria es menor, el número de protestas tiende a ser consistentemente más alto, lo que podría estar relacionado tanto con el esquema de financiamiento basado en una alta carga en las familias, como con los bajos niveles de aporte que realiza el Estado en educación superior. Sumados, ambos elementos podrían explicar que el gasto anual fuera una variable relevante para el movimiento universitario y sus procesos de acción colectiva, tal como ha hipotetizado Walder (2009) para el caso de Estados Unidos. Por otra parte, la relación entre la desaprobación del gobierno y el ciclo de protestas indicaría que el aumento de la distancia entre política institucional y la ciudadanía podría ser un factor para explicar las protestas, tan cómo han argumentado Garretón (2016) o Ruiz (2016).

Por otro lado, en la figura 3 se comparan las protestas anuales observadas con los valores predichos por el modelo I, notándose que este es bastante eficiente en predecir el aumento o disminución de la conflictividad anual, aunque la predicción pareciera menos precisa cuando hay periodos de muy baja conflictividad (como 1991 o 2010) o de alta conflictividad (como 1997 o 2017). De esta manera, pareciera ser que las variables incorporadas permiten estimar de mejor manera la tendencia “regular”, pero son menos precisas para predecir “momentos históricos” del ciclo de protestas, los que, por definición, se entienden como hechos inesperados y poco predecibles (Koopmans y Rucht 2002).

Adicionalmente, se estimaron modelos sobre la variable dependiente rezagada en 1 y 2 años, a fin de evaluar la existencia de efectos no inmediatos de los predictores sobre la conflictividad del movimiento estudiantil. Realizar esta evaluación es fundamental, pues es lógico que ciertos cambios macroeconómicos -como los cambios presupuestarios o el monto de ayudas estudiantiles- no sean percibidos ni evaluados inmediatamente por el movimiento estudiantil. La tabla 3 muestra los resultados de los modelos sobre la serie de protestas rezagada en un año, apreciándose que, salvo la variable de control que mide la desaprobación del gobierno, no existen efectos significativos de ninguna de las otras variables independientes, tanto al usar los datos sin transformar (V y VI) como al eliminar las tendencias (VII y VIII).

Finalmente, se evaluó el impacto de los predictores sobre el número de protestas que se registran dos años más tarde, cuyas estimaciones se muestran en la tabla 4. Tomando como referencia el modelo IX, los resultados muestran que la variación del PIB tiene un efecto significativo y negativo (β = -2.73, p <.05), indicando que, por cada punto porcentual de disminución en el PIB, el número de protestas aumenta en un promedio de 2.73 dos años después. Este efecto se mantiene en el resto de los modelos, resistiendo el control estadístico del resto de las variables y también la especificación de variables sin tendencia (modelos XI y XII), lo que entrega evidencia robusta en favor de la primera hipótesis de este estudio, en línea con lo que se ha mostrado en otros estudios internacionales sobre movimientos sociales (Van Zomeren e Iyer 2012).

Un segundo hallazgo interesante de este ejercicio es el efecto que tiene el número de beneficiarios de ayudas estudiantiles sobre el número de protestas del año subsiguiente (en modelo IX, β = -0.04, p <.1). Este resultado indica que la disminución de los beneficios entregados por el Estado a los estudiantes de educación terciaria genera un aumento de la conflictividad estudiantil dos años más tarde, reforzando la evidencia a favor de la hipótesis que subraya la importancia del financiamiento público de la educación superior como factor asociado a la dinámica de la protesta universitaria. Lo anterior, sin embargo, debe ser evaluado con cautela, puesto que al eliminar la tendencia de los datos (modelos XI y XII), el efecto deja de ser significativo. De este modo, los resultados son consistentes en confirmar que la variación del PIB tiene un efecto sobre el número de protestas que se producen dos años después y entregan evidencia parcial acerca del efecto a dos años plazo del número de beneficiarios de ayudas estudiantiles sobre la variable dependiente ¹³ .

El artículo buscó analizar la potencia de la tesis de privación relativa y grievances para explicar el ciclo de protestas universitario en el Chile postdictadura (1990-2019). Los resultados mostraron que algunas variables directamente relacionadas con estas teorías, como el gasto público en educación superior, el crecimiento económico y (en menor medida) las ayudas estudiantiles, son relevantes para explicar las alzas y caídas en este ciclo de protestas. Además, los resultados mostraron que una variable política destacada por otros estudios -los niveles de desaprobación del gobierno- es consistentemente significativa para interpretar estas olas y tendencias de conflictividad.

Vistos en su conjunto, estos resultados permiten profundizar en el entendimiento y comprensión del movimiento estudiantil chileno en específico y de los movimientos sociales en general, a lo menos en tres elementos. En primer lugar, el efecto negativo de la variación del gasto público destinado a educación superior y de las ayudas estudiantiles podría estar mostrando la vigencia de una de las tesis centrales de la teoría de la privación relativa: que la disminución de los recursos que el Estado entrega al sistema educativo o a los sujetos afectaría las percepciones que las personas tienen del sistema, lo que generaría, a su vez, cambios en las dinámicas de protestas universitarias. En el caso de estudio, esto ha sido remarcado conceptualmente por otros investigadores (Cummings 2015; Bellei, Cabalin y Orellana 2014) que han tendido a visualizar el ciclo de protestas estudiantil como parte de un proceso de “ajuste” o “acomodo de expectativas”, producto del proceso de masificación de la educación superior. Visto de esta forma, estos resultados permiten destacar dos cuestiones. Por una parte, la relevancia de aspectos materiales -en este caso, el gasto del gobierno y los niveles de ayuda estudiantil- como variantes relevantes para entender las protestas, aún en espacios politizados como lo es el movimiento estudiantil chileno (Thielemann 2016). Por otra parte, los resultados sugieren que las expectativas son clave para entender los ciclos de protestas, pues los datos muestran que estas aumentan cuando los grupos con expectativas altas (en este caso, los estudiantes universitarios de la postdictadura) se enfrentan a una merma o percepción de merma de sus oportunidades de vida (en este caso, oportunidades para acceder a la educación superior) que amenaza la realización de sus aspiraciones (Gurr 1970b).

En segundo término, los resultados mostraron que el crecimiento económico del país (medido como variación del PIB) tiene un efecto rezagado (en dos años) sobre el número de protestas universitarias anuales. Desde la óptica de la teoría de la privación relativa, se podría proponer que esto evidencia una reacción ante la frustración de expectativas generada por la caída del desempeño económico del país y por la amenaza que esta situación puede tener para los intereses y aspiraciones de los estudiantes. En esta línea, este resultado permite reincorporar la necesidad de considerar los rezagos y las interrupciones históricas como parte central de las explicaciones sociológicas de los movimientos sociales. Tal como han destacado Amenta, Andrews y Caren (2018), la capacidad que tienen los distintos actores (hacedores de política, movimientos sociales, sociedad civil) de evaluar las políticas es distinta, por lo que no es lógico esperar que los movimientos sociales reaccionen inmediatamente a políticas que no son directa ni fácilmente traducibles en la arena pública. Por lo mismo, el impacto de ciertos cambios materiales podría visualizarse como riesgoso solo en el mediano plazo, lo que lleva a rediscutir las nociones de impacto y respuestas de los movimientos sociales.

Finalmente, otras variables tales como la proporción de estudiantes de estratos medios y la variación de la matrícula de educación superior no resultaron significativas en el análisis. Por el contrario, la desaprobación del gobierno se mostró como una variable crítica para explicar el ciclo de tendencias del movimiento estudiantil. Más que implicar una irrelevancia de estas variables, estos resultados permiten reconocer que las distintas teorías que existen para explicar los ciclos de protesta constituyen -casi inevitablemente- teorías parciales y contextuales de los movimientos sociales contemporáneos. Tal como indica Strijbis (2015), este eclecticismo conceptual no implica que todas las hipótesis sean igualmente válidas ni tampoco que ninguna lo sea, sino que cada una de estas debe ser puesta en discusión considerando las trayectorias, contextos sociales y características históricas de los movimientos estudiados. En nuestro caso, la discusión sobre los factores que explican el movimiento universitario ha incorporado muy débilmente las variables relacionadas con los factores materiales y las dinámicas de privación relativa, cuestión que este estudio busca subsanar.

A pesar de este aporte, el estudio cuenta con una serie de limitaciones que es importante reconocer. En primer lugar, los resultados obtenidos muestran que hemos estimado modelos incompletos, lo cual refuerza la idea de que la acción de protesta se genera por una multiplicidad de procesos interrelacionados, incluyendo fenómenos de larga data y variables coyunturales, muchos de los cuales no fue posible incorporar en este trabajo, pues son difíciles de cuantificar o bien no se dispone de indicadores de ellos a lo largo del período estudiado. Así, el estudio no ha incorporado variables para estudiar el factor cultural-generacional destacado por otros investigadores (Cummings 2015; Aguilera 2016), otras variables sobre la maduración organizacional de las organizaciones estudiantiles o indicadores más finos de ciertos hitos políticos. Aunque estos elementos podrían aumentar la complejidad de la interpretación, le restarían parsimonia al análisis y habría implicado disminuir la capacidad interpretativa de las teorías de las grievances, tal como ha resaltado Strijbis (2015). Por otro lado, el estudio se ha focalizado en analizar el conjunto de la serie de tiempo (1990-2019) y controlando por el año de la protesta, pero sin profundizar en las tendencias endógenas del ciclo estudiado. Estas tendencias parecen ser parte del ciclo de protestas universitario chileno (Villalobos y Ortiz-Inostroza 2019), por lo que deberían ser parte importante de la agenda de investigación futura, permitiendo así una comprensión cada vez más compleja de este fenómeno social.