Las relaciones de poder existentes en el empleo de hogar han sido abordadas por multitud de trabajos en las últimas décadas (Anderson 2000 Parreñas 2001; Goldstein 2009, OIT 2018) a raíz de la notoria expansión que este nicho de actividad ha experimentado en los países occidentales. Expansión sobresaliente en el caso de España. No obstante, la reciente y fructífera literatura sobre este nicho de empleo, más orientada al cuidado de personas dependientes, se ha enfocado en la exposición y denuncia de la violencia económica o material que padece buena parte de esta fuerza de trabajo. Es decir, en las precarias condiciones contractuales y salariales en las que se desarrollaría el trabajo de las empleadas domésticas y cuidadoras, especialmente de aquellas mujeres de origen extranjero y racializadas (Tizziani 2011, Solé-Puig, Parella y Alarcón 2009, Parella 2003, Anderson 2000). A este respecto, existe en la literatura un amplio consenso en señalar el género, el origen o etnia y la clase social como las tres principales matrices de desigualdad sobre las que descansan las relaciones sociales (de producción) dentro de esta actividad (Martínez-Buján 2014, Parella 2003, Collins 1993). La escasa remuneración, la irregularidad contractual, las extenuantes jornadas de trabajo y la temporalidad serían, entre otras, las principales manifestaciones de la violencia económica o precariedad dentro del empleo de hogar. Aunque las relaciones dentro de este nicho de trabajo son un tema de actualidad, buena parte los estudios que abordan este fenómeno lo hacen desde la perspectiva de los modelos relaciones del empleo de cuidados (Moré 2017, Martínez-Buján 2010, England 2005). Estos estudios plantean que la reconfiguración del empleo de hogar hacia el cuidado de ancianos dependientes, en detrimento de tareas exclusivamente domésticas, generan unos modelos de interacción más horizontales (Santos Pérez y Valencia-Olivero 2013, García-Sainz et al. 2011, Martínez-Buján 2010). No obstante, estos planteamientos, aun sin pretenderlo, restan importancia a la revelación del conflicto y la desigualdad en la cotidianidad de estas trabajadoras.

Esta investigación parte del interrogante de cómo se expresan las relaciones sociales (de producción) en el empleo doméstico y de cuidados realizado por mujeres de origen extranjero; entendiendo que, dentro de este nicho de actividad, su condición de migrantes, y la consiguiente limitación de recursos de todo tipo que ello comporta, las revela como un colectivo “diana” frente a comportamientos denigrantes u ofensivos. A través de entrevistas semiestructuradas, se explorarán aquellas vivencias que entrañan violencia sobre las mujeres entrevistadas y su implicación en la conformación de unos determinados modos relacionales. Posteriormente, y siendo conscientes de que las experiencias detectadas no son uniformes ni homogéneas, se contextualizarán dichas vivencias en un relato profesional (y vital) más amplio, explorando aquellas circunstancias sociales que, dentro de la muestra, han intervenido como elementos de estrés y protección ante la violencia en el empleo de hogar. Las categorías analíticas emergentes utilizadas para analizar estas experiencias se concretan en una conceptualización tradicional de las diferentes formas en las que se expresa la violencia interpersonal: violencia física, violencia verbal, violencia psicológica/emocional y violencia sexual. Por otro lado, se analiza el papel que dimensiones tales como el capital migrante, el capital humano, social y las condiciones familiares, juegan en la mayor o menor exposición a situaciones de violencia dentro del empleo de hogar desempeñado por mujeres migrantes.

Se hablará de relaciones de violencia, o de relaciones violentas, desde el convencimiento ético de que cualquier relación atravesada por la conjunción de diversas matrices de desigualdad y poder genera espacios de conflicto, inseguridad y hostigamiento (Galtung 2003). La vasta distancia social que separa a las partes implicadas en relaciones profundamente asimétricas acaba saldándose con la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de una de las partes, dada la inexistencia de espacios de negociación y la incapacidad de acceso a los recursos de desarrollo humano más básicos (Íbid.).

La demanda científica requiere afinar el todavía obtuso conocimiento sobre los procesos de generación de violencia en aquellos ámbitos en que convergen diversos ejes de poder. A menudo, son descritos los procesos de violencia estructural y material que atraviesan la experiencia de colectivos fuertemente vulnerabilizados, como es el caso de las empleadas de hogar migrantes (Torns 2013, Sarti 2006). Si bien nuestra comprensión de las expresiones cotidianas en las que se traducen estos procesos de desigualdad, y su impacto en la biografía de quienes los padecen, es mucho más superficial. El abordaje de esta problemática remite, ante todo, a la urgencia social de dar visibilidad a un fenómeno potencialmente extendido y peligroso, con dramáticas consecuencias sobre la salud física, psicológica y emocional de las mujeres que lo padecen, tal y como recientemente han expuestos algunos estudios en España (Rivera-Navarro et al. 2019, Ahonen et al. 2009). Pretendemos, por un lado, contribuir a mejorar la comprensión sobre las formas o modos en los que se manifiestan las relaciones de poder dentro del empleo de hogar y, por otro lado, ahondar en la intersección de vulnerabilidades y fortalezas que hacen a esta fuerza de trabajo más o menos susceptible de padecer violencia dentro de este nicho ocupacional.

En el contexto de las migraciones internacionales vinculadas con las cadenas globales de los cuidados (Hochschild 2000) y la internacionalización del trabajo reproductivo (Parreñas 2001), las relaciones sociales generadas en el empleo de hogar suelen enmarcarse en la conjunción de importantes jerarquías sociales. Los cuidados “sustitutivos” tienden a ser patrimonio del género femenino, pero atravesado por el origen territorial o étnico y la clase social (Sarti 2006, Parreñas 2001, Collins 1993). En España, buena parte de la producción científica sobre el servicio doméstico y los cuidados desarrollados por mujeres migrantes ha incorporado el marco teórico y conceptual de las cadenas globales de cuidados. Por ello, se ha tendido a resaltar la fuerte exposición de esta fuerza de trabajo a la violencia económica, definida con base en los bajos salarios, la sistemática transgresión de los derechos laborales fundamentales, el subempleo, la alta incidencia de la informalidad contractual o la temporalidad (García-Sainz et al. 2011, Sarti 2006, Parella 2003, Escrivá 2000). No obstante, cuando hablamos de la dimensión relacional o interpersonal de la violencia, las evidencias son menos contundentes. Uno de los supuestos del que parten estos trabajos es considerar que, al introducirse un nuevo vórtice en la relación laboral -persona receptora de cuidados- y al ampliarse el perfil de las familias contratantes -clases medias y media-baja-, se reconfigurarían las relaciones sociales gestadas dentro de este nicho de empleo típicamente “servil” (Moré 2017, Martínez-Buján 2010). En la actualidad, sería habitual que familias poco solventes demandaran empleo de cuidados, a raíz del apoyo económico familiar o estatal y de los bajos salarios que posibilitan dicha contratación (García-Sainz et al. 2011). De ello se derivaría una compleja relación entre empleadores, receptores de cuidados y trabajadoras que no se entendería únicamente con base en un conflicto latente de intereses antagónicos, sino también como relación ambivalente entre sujetos socialmente vulnerables (Martínez-Buján 2010). Los planteamientos de estos trabajos, aun con sus notorias aportaciones, han tendido a enmascarar el conflicto y la violencia de la cotidianidad de estas trabajadoras, bajo el supuesto de unas nuevas interacciones sociales más simétricas y recíprocas entre sujetos interdependientes (Moré 2017, Martínez-Buján 2010).

Si se tiene en cuenta que las matrices clásicas de desigualdad sobre las que se ha sostenido el empleo de hogar en España -género y clase- han multiplicado su grado de injerencia al encontrar en el origen geográfico (y étnico) un nuevo elemento de reproducción de la desigualdad social, se puede cuestionar un cambio sustancial en los modos relacionales dentro de este nicho de ocupación. La masiva incorporación de mujeres migrantes -sobre todo, procedentes de América Latina- desde finales de los 90 hasta la crisis económica de 2008, ha convertido el empleo de hogar en el nicho más extranjerizado y feminizado de toda la estructura ocupacional española (OIT 2018, Stanek y Veira 2012). La alta incidencia de la economía sumergida, sus escasos niveles de profesionalización y su bajo intervalo salarial (OIT 2018) muestran que los empleos desarrollados por mujeres migrantes son espacios de aguda precariedad y subempleo.

La ausencia de negociación colectiva (Martínez-Buján 2014, Gorban 2012) y la laxa e insuficiente legislación laboral (causa de aquella) la cual, y a pesar de las reformas introducidas con el Real Decreto 1620/2011, sigue sin reconocer derechos laborales fundamentales como la prestación contributiva por desempleo (Gorfinkel 2016), son los elementos institucionales que amparan la vulnerabilidad en el empleo de hogar.

Desde hace varios años, diferentes estudios han reconocido el conflicto como arteria coronaria de las relaciones sociales gestadas dentro del empleo de hogar (Tizziani 2011, Goldstein 2009, Motsei 1990, Rollins 1985). Estas investigaciones suelen presentar la violencia como modo de interacción habitual dentro de esta ocupación, exponiendo los patrones en las que esta se materializa en el día a día de las trabajadoras. A este respecto, Cock (1981), Kofes (2001) y Goldstein (2009), entre otras, advierten que, en el empleo de hogar, la interacción se experimenta en términos profundamente asimétricos. Estas trabajadoras estarían expuestas a prácticas atravesadas por un fuerte paternalismo y sentido de la dominación orientados a reproducir el estatus social de empleadas y empleadores. Una interpretación semejante arroja Gorban (2012) cuando se refiere a los repertorios de demarcación para indicar aquellas prácticas, no necesariamente virulentas, cuyo fin sería explicitar y reproducir la posición social (inferior) de las empleadas respecto a sus “jefes” o “patrones”.

Es por ello que algunas autoras llegan a plantear el trabajo doméstico como una institución total ¹ con rasgos y lógicas semejantes a las cárceles o los hospitales psiquiátricos (Motsei 1990, Dock 1981). Un denominador común de las instituciones totales es la planificación, desde arriba y por una misma autoridad, de todas y cada una de las actividades a desempeñar. En el caso de las empleadas domésticas, estas se expondrían a un férreo control por parte de sus empleadores que no solo determinarían unilateralmente los salarios y los horarios de las tareas, sino que, además, actuarían como férreos vigilantes en la gestión de unas determinadas “maneras de hacer” (Canevaro 2009). Incluso, llegarían a compilar otra serie de reglas que afectarían a la vida privada de sus empleadas, restringiendo la interacción con su entorno social o fomentando el aislamiento físico en el espacio de trabajo (OIT 2018). La explicitación de relaciones de poder profundamente asimétricas también se revela en cómo interactúan las partes a través del lenguaje de control-subordinación, y a través de lo que Goffman (1969) denominó las indignidades del discurso. Insultos, humillaciones, amenazas, acoso sexual e, incluso, agresiones físicas, han sido episodios frecuentemente narrados por empleadas de hogar de muy distintas latitudes (Tizziani 2011, Goldstein 2009, Kofes 2001, Graham 1995, Motsei 1990).

La violencia es un concepto vago y multidimensional, cuya delimitación plantea serios obstáculos al consenso. Por esta razón, existen múltiples acepciones de la violencia. La OMS (Organización Mundial de la Salud) conceptualiza la violencia como “el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte” (OMS 2002: 2). Si bien la utilidad de esta acepción en los estudios sociales es limitada. Primero, porque considera violencia aquellas manifestaciones explícitamente iracundas, ignorando actuaciones más simbólicas y veladas. Segundo, porque considera la violencia el resultado de contingencias previas. Desde diferentes disciplinas sociales, se han propuesto otras conceptualizaciones más integrales en las que la violencia se contempla, ante todo, como una forma de interacción entre sujetos y colectivos cuya posición en las estructuras de poder es asimétrica (Cortina 2017, Giddens y Sutton 2015, Galtung 2003). Gidddens y Sutton (2015: 23) definen la violencia como “aquellas relaciones basadas en el daño, amenazas, o sometimiento grave a un individuo o colectividad”. Esta definición también incluye la violencia emocional o psicológica, entendida esta como “perjuicio en forma de desconfianza o miedo sobre el que se construyen algunas interacciones sociales bajo formas como la polarización, el resentimiento, o el odio” (Ibid.). Un planteamiento similar fue formulado por Johan Galtung (2003) en su famoso triángulo de la violencia, en el cual exponía que la violencia directa (actos explícitamente virulentos), con frecuencia, eran solo la punta del iceberg de conflictos sociales en los que intermediaban otras formas de violencia, como la estructural o la cultural o simbólica.

Partiendo del enfoque de las instituciones totales y del concepto multidimensional de la violencia, se identificarán como prácticas o comportamientos violentos todas aquellas conductas y actitudes a las que hagan alusión las entrevistadas y en las que se las fiscalice, coaccione, someta, agreda, amenace o incapacite.

El análisis de las experiencias de violencia de las trabajadoras domésticas y cuidadoras migrantes se llevó a cabo a partir de la información extraída de 34 entrevistas semiestructuradas realizadas a mujeres de origen extranjero, cuyas trayectorias profesionales en España se concentraban en el empleo de hogar. El diseño de la muestra, teórico-intencional, se realizó con el ánimo de captar diferentes perfiles sociodemográficos, migratorios y familiares. Los únicos criterios de exclusión utilizados en el diseño muestral fueron: ser menor de edad, ser de origen nativo o no residir de forma permanente en España; los criterios de inclusión se orientaron a captar perfiles de mujeres de origen extranjero, trabajadoras domésticas y cuidadoras. Fueron tres las regiones escogidas para conformar la muestra, acorde con las nacionalidades más presentes en la población de referencia: América Latina y el Caribe, Europa del Este y África. No obstante, la distribución no es uniforme, existiendo una clara preeminencia de las entrevistadas procedentes de América (26) frente a las originarias de Europa del Este (5) y África (3). En cuanto a la modalidad de empleo doméstico desempeñada a lo largo de su trayectoria, la mayoría (22), trabajaron tanto de internas como de externas; seis trabajaron solo como empleadas domésticas internas, y seis se ocuparon exclusivamente dentro del régimen externo a jornada completa y por horas.

El proceso de captación de la muestra fue posible gracias a la colaboración de ONG, instituciones religiosas y empresas de ayuda a domicilio; entidades de asiduo contacto con el colectivo de inmigrantes en la provincia de Salamanca, lugar donde se llevó a cabo el trabajo de campo entre los años 2015 y 2016.

La entrevista semiestructurada se diseñó con base en la definición de diferentes ejes temáticos sobre los que reconstruir y analizar la trayectoria laboral y familiar de las entrevistadas. Tales ejes temáticos fueron: gestión del proceso migratorio, llegada a España, momento de la inserción, movilidad ocupacional, trayectoria familiar e impacto de la crisis económica de 2008. La dimensión relacionada con la movilidad ocupacional, en la cual se interpelaba por las experiencias que nos ocupan, ha sido la principal dimensión analítica de la que hemos extraído la información necesaria para desarrollar el presente texto. Tras las entrevistas piloto, en los siguientes encuentros se interpeló de manera directa a las participantes por posibles experiencias de violencia en el ámbito laboral. En concreto, se realizaron dos preguntas con relación a esta problemática: “¿Ha tenido alguna vez algún conflicto o altercado en los empleos que ha desempeñado como trabajadora doméstica y cuidadora?” y “¿siente que la han tratado bien en aquellas casas donde se ha empleado?”. Si las respuestas de las participantes indicaban o dejaban entrever episodios que podían remitir a experiencias violentas, los entrevistadores formulaban preguntas más específicas sobre los hechos referidos. No obstante, en todos los encuentros se respetaron escrupulosamente los límites que marcaban las entrevistadas. En todo momento, se evitó realizar preguntas que pudieran importunar a estas. El tono y las formas de interpelación fueron pensadas para evitar cualquier tipo de revictimización y, cuando se percibía por el lenguaje verbal y no verbal de las entrevistadas, incomodidad, o agitación, los entrevistadores trataban de restar tensión cambiando la temática de las preguntas.

La hermenéutica interpretativa (Silverman 1993, Dilthey 1990) ha constituido el marco analítico para examinar los discursos extraídos de las entrevistas. La elección de este marco se justifica en la reflexividad e intuición necesarias para describir y clarificar la experiencia, tal como ella es vivida y narrada por los sujetos de estudios. Pero con una marcada diferencia respecto a otros paradigmas: la interpretación y reflexión de la realidad y experiencia del otro se realiza a partir del background de la persona. Es decir, con base en la posición que esta ocupa dentro del espacio social que nos interesa analizar, buscando estructurar una interpretación coherente con el todo.

Los miembros del equipo de investigación leyeron sistemáticamente todas las transcripciones y analizaron dichos textos utilizando el método de discurso cualitativo secuencial, fundamentado en tres pasos (Hsieh y Shannon 2005: 1) codificación: las palabras o frases que expresan la esencia del discurso son resaltadas, revisando renglón por renglón; 2) subcategorización: una vez que se ha efectuado la codificación, los códigos son reagrupados en nuevas estructuras, dando lugar a un código conceptual o subcategoría con un mayor nivel de abstracción; 3) categorización: se reagrupan las subcategorías en nuevas fórmulas conceptuales de mayor nivel de abstracción, las categorías. En este análisis, las categorías analíticas implementadas devienen de un proceso de inducción coherente con la acepción multidimensional de la violencia interpersonal referida en las anteriores páginas. Del análisis de los discursos, se han inferido cuatro formas en las que se manifiesta la violencia interpersonal en el empleo de hogar migrante: violencia física, violencia verbal, violencia emocional o psicológica y violencia sexual.

Posteriormente, se discutirán aquellas circunstancias de las entrevistadas que se han manifestado como elementos estresores o de riesgo y protección ante la exposición a la violencia, concretamente en la cronificación o reiteración de situaciones de violencia a lo largo del tiempo. En particular, vamos a analizar el papel de cuatro factores que han sido descritos por estudios previos como los elementos de mayor transcendencia en la inserción y trayectoria laboral de las mujeres migrantes en España (Paniagua 2019, Vidal-Coso y Miret 2013, Oso y Parella 2012): el capital humano, en cuanto nivel formativo y expectativas laborales en España; el capital social, como densidad de redes de apoyo; las necesidades familiares, en cuanto demanda de cuidados y recursos materiales desde el ámbito familiar, y, finalmente, analizaremos el llamado ‘capital migrante’, referenciando la situación administrativa, el tiempo de residencia en España y el proyecto migratorio. La identificación de estos elementos, en ningún caso tiene el ánimo de descubrir patrones generalizables al conjunto de la población de referencia, pero sí tiene el propósito de contribuir a la mejor comprensión sobre cómo se gesta y reproduce la violencia contra las trabajadoras migrantes vulnerabilizadas.

Tras cada uno de los verbatims incluidos, aparece una breve descripción del perfil de la entrevistada en el momento que refiere los episodios narrados, incluyendo la siguiente información: edad, país de origen, régimen de trabajo, tiempo de estancia en España, estatus administrativo, estado civil y existencia o no de cargas familiares, entendidas estas como hijos menores de edad o responsabilidades materiales asumidas con la familia de origen.

Aunque la génesis de la violencia en los empleos típicamente serviles tenga innegablemente una base material -producir y reproducir las condiciones económicas de las clases favorecidas y subordinadas (Torns 2013)-, a menudo el despliegue de la violencia en estas ocupaciones excede las fronteras de lo material y tangible. Cabe matizar que las vivencias analizadas remiten a empleadas domésticas migrantes internas y externas. No obstante, la cohabitación y el aislamiento en la casa de familia que, con frecuencia, conlleva el régimen interno, junto con otros elementos que serán analizados posteriormente, hace que la inmensa mayoría de las experiencias analizadas se concentren en la trayectoria de las empleadas internas. De igual modo, con asiduidad se han observado interferencias entre diferentes tipos de violencia.

La relevancia de los hallazgos en torno a las experiencias de violencia excede lo voluminoso de los relatos. La cronificación de estas en el tiempo y su reiteración a lo largo de la trayectoria de las entrevistadas son aspectos que merecen especial atención, puesto que marcan diferencias n el perfil de las trabajadoras más vulnerables.

Con frecuencia, el relato de estas vivencias se concentra en las primeras etapas tras la llegada al país, al inicio de la trayectoria laboral en España, cuando los recursos y capitales disponibles de las mujeres migrantes (económicos, jurídicos, sociales, etc.) son más limitados (Paniagua 2019). Hay que destacar que, salvo la violencia física percibida, el resto de las formas de violencia encontradas operan bajo las mismas condiciones de vulnerabilidad y se exacerban en la medida en que lo hacen estas condiciones. La violencia física (percibida), como ya se comentó, está relacionada con la capacitación específica en trabajo de cuidados, lo que, a su vez, suele vincularse con la experiencia dentro del empleo doméstico y con el tiempo de estancia en el país.

En el resto de las violencias observadas, habría que destacar al estatus administrativo -irregular- (parejo con el tiempo de estancia en el país) como primera condición que extraña un elevado riesgo de padecer violencia en el espacio de trabajo. Un estatus administrativo irregular conlleva un fuerte desamparo institucional, ante la falta de reconocimiento de derechos cívico-políticos fundamentales (Solé-Puig, Parella y Alarcón 2009) y ante la percepción de impunidad de los agresores (Ibid.). Este riesgo o susceptibilidad es exponencial entre aquellas mujeres migrantes que se ocupan como internas durante las primeras etapas de asentamiento en España, que constituyen la mayoría de la muestra (y de la población de referencia). El trabajar de internas durante los primeros meses o años tras la llegada proporciona una serie de ventajas que son especialmente valoradas entre quienes se encuentran en situación irregular, carecen de redes sociales, desconocen el idioma o necesitan ahorrar. El régimen interno proporciona una mayor sensación de seguridad cuando estas mujeres están irregulares, dada la menor exposición a la vigilancia gubernamental. Si bien, como se puede ver en estas páginas a menudo este inicial espacio de protección acaba convirtiéndose en un ámbito de férreo control. También permite ahorrar mayor cantidad de dinero, puesto que no es necesario costear una vivienda; y entre aquellas con escaso conocimiento del idioma o de las costumbres del país, permite que se imbuyan más intensamente en la idiosincrasia de la sociedad receptora (Paniagua 2019, Parella 2003).

El desconocimiento del idioma y la falta de experiencia en el sector operan en un sentido semejante a la irregularidad administrativa. Por un lado, deprecian el capital humano -en tanto competencias específicas del empleo de hogar- que las entrevistadas pueden poner en valor a la hora de solicitar un empleo y negociar sus condiciones de trabajo, siendo confinadas a los puestos más devaluados de una actividad, de por sí, fuertemente precarizada (Vidal-Coso y Miret 2013, Parella 2003). A su vez, estos atributos también son exponentes de la posición socialmente subordinada que ostentan estas mujeres en su condición de mujeres trabajadoras y extranjeras y, por ende, de su mayor tolerancia a cotas de fuerte dominación (Torns 2013).

Se ha detectado que aquellas mujeres con alta cualificación (estudios superiores), cuyo proyecto migratorio gira en torno a la promoción profesional y no a la necesidad material o a un proyecto de reagrupación familiar, son menos tolerantes ante el mal trato en su espacio de trabajo. Su umbral de aceptabilidad de las condiciones de empleo es superior y, por tanto, finalizan prontamente aquellas relaciones contractuales percibidas como denigrantes. De igual modo, muestran mayor capacidad para (re)negociar sus condiciones de empleo. No obstante, por sí mismo, un alto nivel de cualificación solo parece inducir mejores expectativas laborales cuando no se han asumido cargas económicas familiares o cuando, aun existiendo estas, se cuenta con sólidas redes de apoyo que agilizan los procesos de inserción y cambio ocupacional.

Aquellas entrevistadas con redes sociales extensas también han mostrado ser menos transigentes a actitudes violentas. En la muestra, el contar con redes sociales, no necesariamente directas, también se manifiesta como un elemento de protección ante la cronificación de la violencia, aun con una situación de irregularidad administrativa, escasa experiencia en el empleo de hogar o poco tiempo de residencia en España. Esto se relaciona con el planteamiento de que las redes sociales de las personas migrantes suelen actuar como importantes canales de búsqueda y obtención de empleo (Paniagua 2019, De Miguel y Tranmer 2010). Aunque las redes sociales no eviten la inserción en los puestos abusivos, sí pueden impedir que estas relaciones se prolonguen en el tiempo, al facilitar la obtención de un nuevo puesto de trabajo. Ejemplo de ello es la entrevistada E-1, colombiana de 31 años, con seis de residencia en España, empleada como externa por horas y en situación regular. Aunque reconoce haber pasado por varios empleos en los que no le trataban bien, afirma haber durado muy poco tiempo en estos, puesto que la amplia red social con la que cuenta, integrada en su mayoría por amigos y conocidos, le permite cambiar de empleo con rapidez si las condiciones del trabajo no le satisfacen.

A medida que las entrevistadas se van asentando en la sociedad receptora y ampliando su experiencia laboral, hay condiciones que, como factor de riesgo, se van desfigurando. Con el paso del tiempo, la mayor parte de las entrevistadas adquieren un estatus administrativo regular, nociones básicas del castellano entre las que no lo tienen como lengua materna y experiencia como empleadas domésticas capitalizable dentro del sector a la hora de negociar las condiciones de trabajo. Si bien existe un triada que, en sí misma, se ha erigido como un importante estresor en las experiencias de violencia analizadas: la conjunción de un bajo nivel de capital humano (niveles educativos por debajo de la secundaria obligatoria), un proyecto migratorio orientado a la (urgente) cobertura de necesidades materiales y la asunción del rol de principales procuradoras económicas de la familia, resida esta en el país de origen o en España. Por un lado, un bajo nivel de cualificación induce peores expectativas laborales, lo que, a su vez, favorece la inserción en empleos informales, precarios, con mayor rango de abusos y explotación, obstaculizando el tránsito hacia ocupaciones más estables (Vidal-Coso y Miret 2013, Solé-Puig, Parella y Alarcón 2009). Por otro lado, una situación de apuro económico -razón sobre la que se asientan buen parte de los proyectos migratorios de las entrevistadas- favorece una precipitada inserción en aquellas actividades en que es “fácil” obtener un empleo, aun a costa de las condiciones de este (Paniagua 2019, Carrasco 1992). En estos casos, las entrevistadas priorizan la consecución urgente de una fuente de ingresos o el mantenimiento de esta, en detrimento de otras condiciones laborales, como la disposición de contrato o el servilismo que atraviesa las relaciones laborales.

A raíz de la crisis de 2008, son varias las entrevistadas que hubieron de asumir un rol económico más activo, dada la pérdida de poder adquisitivo de sus hogares. Si bien, esta mayor participación económica de las entrevistadas se ha saldado reduciendo, aún más, el umbral de aceptabilidad de sus condiciones de empleo. En este punto, es necesario destacar el gran perjuicio que supone para las empleadas de hogar no tener reconocido el derecho a la prestación contributiva por desempleo ² . Esto entraña un gran riesgo de padecer procesos violentos y de explotación, pues el carecer de este seguro priva a las trabajadoras de un soporte económico necesario para poder aspirar a mejores empleos. Los bajos sueldos del sector tampoco posibilitan el ahorro, y aunque muchas tengan soportes sociales (otros migrantes, normalmente), la situación monetaria de estos tampoco es suficientemente holgada para proveer de sustento económico a las entrevistadas. Ante una situación de desempleo, la falta de cualquier tipo de amparo económico precipita la urgente inserción laboral, aun sacrificando un horizonte de posibles más seguro y estable (Carrasco 1992).

Por tanto, la mayor tolerancia a la violencia entre las mujeres entrevistadas responde al balance (disfuncional) entre los recursos disponibles en el mercado de trabajo y sus necesidades económicas familiares, determinadas por las demandas financieras del hogar. La intersección de situaciones de vulnerabilidad institucional, social y económica habituales entre las trabajadoras migrantes engendra, un horizonte de posibilidades laborales, mermado que, no solo conlleva mayor precariedad económica, sino también mayor tolerancia a relaciones laborales basadas en la explotación, el abuso y el sometimiento. Ante el desamparo institucional, solo se cuenta con los soportes sociales. Tal y como señala Adela Cortina (2017:128), en estos casos “la pobreza no es solo la carencia de recursos económicos para sobrevivir, sino la falta de libertad para que las personas puedan ser agentes de sus propias vidas”.

Las expresiones de violencia analizadas reflejan la fuerte desigualdad estructural que puede vertebrar las relaciones sociales dentro del empleo de hogar desempeñado por mujeres migrantes. El hecho de que en nuestra muestra la violencia se materialice en comportamientos que intentan subordinar la posición social de las empleadas a través de conductas marcada o veladamente racistas, xenófobas y clasistas da cuenta del servilismo que, aún hoy en día, acompaña las relaciones sociales en este nicho de trabajo. Estos hallazgos no vienen a contradecir el planteamiento sobre la generación de vínculos sociales más simétricos e igualitarios reconocidos en el empleo de cuidado, pero sí revela la necesidad de mejorar la comprensión sobre la ambivalencia relacional que caracteriza a este nicho de trabajo (Moré 2017, García-Sainz, Santos-Pérez y Valencia-Olivero 2013). Es necesario seguir profundizando en la dialéctica interseccional de múltiples experiencias de poder, desigualdad, confianza y reciprocidad, y en cómo estas se traducen en la práctica diaria de las empleadas de hogar y cuidadoras.

Así mismo, consideramos insuficiente la producción científica con relación a los modos en que la violencia estructural se transforma, permuta y (re)produce en la cotidianidad de colectivos fuertemente victimizados, y en cómo estos la experimentan, perciben y otorgan significado. El hecho de que las experiencias analizadas se concentren en aquellas etapas biográficas en las que las entrevistadas disponen de menores recursos y capitales soporta el planteamiento de la fuerte desigualdad estructural sobre la que se erige este nicho de actividad. Son las entrevistadas que aúnan diversas matrices de vulnerabilidad -estatus administrativo irregular, menor capital humano, mayor precariedad económica familiar- las más expuestas a diferentes formas de violencia en su espacio de trabajo.

La investigación de corte etnográfico, enfocada en las vivencias y significados en torno a la violencia, puede ser un medio idóneo de obtención de un conocimiento más detallado sobre esta realidad y sus implicaciones psicosociales en el corto y largo plazo. Así mismo, se considera capital realizar análisis de impacto para medir el alcance de este fenómeno en el conjunto de la población de referencia, especialmente en contextos de crisis, cuando la vulnerabilidad de los colectivos más desamparados tiende a exacerbarse. La reciente crisis sociosanitaria devenida de la pandemia por COVID-19 es ejemplo de ello. Vivir bajo formas de violencia u hostigamiento puede acarrear efectos devastadores en la salud y bienestar de este colectivo, tal y como ya han indicado estudios previos (Rivera-Navarro et al. 2019, Ahonen et al. 2009).

El fenómeno de la violencia, en todas sus formas, ha de ocupar un espacio preferente en cualquier debate sobre la modificación de la legislación laboral del empleo de hogar. En la actualidad, la mayoría de las reivindicaciones en torno a esta normativa se plantean en clave material: ratificación del convenio 189 de la OIT e incorporación al Régimen General de la Seguridad Social. Sin embargo, y entendiendo lo pertinente de esas demandas, también es trascendental ampliar el marco de debate hacia la organización social del cuidado y cómo este ha de revertir en la generación de hojas de ruta garantistas con el respeto a los derechos fundamentales de las empleadas de hogar y las cuidadoras.