En contextos similares al analizado, los estudios sobre los perfiles de los PFP son abundantes. Como rasgos característicos se destaca la tendencia al ausentismo (Kittredge 2005), el desapego y la poca participación en el manejo forestal (Ficko et al. 2019), la paulatina desconexión económica, física y emocional de los bosques (Weiss et al. 2018), la disminución del conocimiento forestal de los “nuevos” propietarios (Stoettner y Ní Dhubháin 2019) y la resistencia a participar en redes o grupos de planificación o implementación de la gestión forestal (Sanz-Hernández 2021); de hecho, la cooperación entre PFP en las actividades de gestión más allá de los límites de la propiedad individual es rara (Fischer, Kloostera y Cirhigirib 2019), lo que entorpece la GFS y una verdadera participación en el diseño e implementación de las políticas paisajísticas y territoriales.

Con el objetivo de dar con las estrategias y políticas más adecuadas, están proliferando los estudios centrados en la cuestión de la propiedad, que están marcados por la gran disparidad entre contextos regionales y locales. Así, en grandes regiones del mundo como América Latina, África y Asia con porcentajes de propiedad pública de los bosques que superan el 85 %, la tenencia comunitaria se percibe como una condición previa para contribuir eficientemente a la mitigación del cambio climático y al desarrollo sostenible (Katila et al. 2020; FAO 2018). Por el contrario, en el contexto europeo cualquier iniciativa de ordenación territorial, política paisajística o de desarrollo rural pasa por la consideración de la ineludible implicación de los PFP, ya que estos poseen más del 50 % de los bosques (Stoettner y Ní Dhubháin 2019). En España en particular, la propiedad forestal privada (individual o colectiva) es extremadamente importante, al representar alrededor del 72,7 % (Gobierno de España 2019).

Aquí nos interesa rescatar dos direcciones concretas en la literatura que pone en relación la propiedad y el manejo forestal: los estudios sobre los derechos de propiedad y uso y los estudios sobre el sentido de propiedad. Los primeros parten de la idea de que la distribución de los derechos de propiedad y de uso pueden representar un problema para la gestión de los recursos naturales. Léger-Bosch et al. (2020) , en su estudio sobre el abandono de tierras en Francia, destacan la pasividad de los PFP e introducen una distinción analítica relevante para vislumbrar nuevas formas de aprovechamiento forestal. Distinguen entre los derechos de propiedad relacionados con las decisiones de transferencia y transformación de la explotación, por una parte, y los derechos de uso de la tierra por otra, que incluyen el acceso, el uso, la gestión y la percepción de ingresos. Ambos tipos de derechos pueden coincidir o no en la misma persona o grupo.

La segunda dirección en la literatura al respecto incorpora estudios que se alinean con la teoría psicosociológica de la propiedad, sugiriendo que cuanto mayor es el sentimiento de propiedad de los recursos naturales, mejor y más responsable es su gestión (Matilainen et al. 2017; Lähdesmäki y Matilainen 2014). Estos estudios distinguen tres significados relevantes en la conciencia de propiedad (posesión, continuidad y control de los recursos naturales), que serán analizados en detalle en la sección de resultados.

Las percepciones y visiones de los PFP también han sido ampliamente analizados en la literatura especializada (Feliciano et al. 2017; Blanco, Brown y Rounsevell 2015), poniendo de relieve la necesidad de conocer cómo la gente da sentido al mundo que le rodea para entender sus acciones ambientales (Lowenthal 1987). La teoría de las RS establece que el ser humano construye marcos perceptivos o sistemas de significación que permiten dar sentido a las experiencias y las relaciones sociales. Las RS sirven como guía de acción y se generan a través de los discursos que circulan en el espacio público cuando se dan unas determinadas condiciones para su emergencia (Moscovici 1988; Jodelet 1986).

Si bien existen algunos estudios sobre las RS de los paisajes agrícolas (p. e., Vuillot, Mathevet y Sirami 2020), no se han encontrado contribuciones académicas específicas en el ámbito de las representaciones sociales de paisajes forestales. La mayor parte de los estudios al respecto se han centrado en analizar las percepciones diferenciales de los individuos o grupos sociales en torno a las dinámicas forestales y sus impactos sociales en diferentes países europeos como Irlanda (Dhubháin et al. 2009), Italia (Höchtl et al. 2005), Suiza (Soliva 2007), Letonia (Ruskule et al. 2013) o Francia y España (Frei et. al. 2020). Algunos de estos estudios de caso se han enfocado en la identificación de narrativas sobre la transición del uso de la tierra y las “culturas del abandono” (Frei et al. 2020). Así, los pioneros estudios en la región de los Alpes suizos (Surses) iniciados por Soliva (2007) destacan cuatro narrativas: la narrativa de la vida silvestre y la reconexión con la naturaleza, la narrativa de la modernización y el aprovechamiento económico de los bosques, la narrativa de la subsistencia, que suma al aprovechamiento económico el sostenimiento de la biodiversidad y la riqueza cultural de los bosques y, finalmente, la narrativa del desarrollo endógeno y sostenible, enfocada a fortalecer el potencial socioeconómico de la región desde la participación local (Soliva et al. 2008). Más recientemente, Frei et al. (2020) analizan cómo los diferentes grupos sociales perciben y narran las oportunidades y compensaciones del crecimiento forestal natural vinculado a dinámicas de abandono forestal en Francia y España, distinguiendo tres narrativas: el fatalismo rural, la defensa de la gestión forestal y la narrativa pro-naturaleza.

Frei et al. (2020) incluyen también la percepción de consecuencias positivas vinculadas con el abandono de las tierras y el crecimiento forestal natural, destacando sus efectos positivos para la mejora de la biodiversidad y de la conectividad de los montes. No obstante, una gran parte de la literatura destaca el sentido crítico y negativo de las percepciones sociales sobre el abandono de la tierra (Zagaria et al. 2018; Ruskule et al. 2013), vinculándolo con el declive económico, la falta de viabilidad rural, el riesgo creciente de amenazas naturales y la afectación de la dimensión estética de los paisajes (Bieling 2013; Soliva et al. 2008). A menudo, esas percepciones negativas van unidas a emociones y sentimientos de apego, nostalgia o tristeza por parte de la población local (van der Zanden, Carvalho-Ribeiro y Verburg 2018).

La mayor parte de la literatura analizada tiende a coincidir en los siguientes aspectos: a) la necesidad de comprender la relación sociedad-naturaleza para la especificación de los modelos y políticas de gestión forestal (Frei et al. 2020; Soliva 2007); b) la existencia de cierto consenso en el discurso político, mediático (Sanz-Hernández et al. 2020) y académico (p. ej., Cervera et al. 2019) en cuanto a la defensa de la GFS como el modelo más acertado para incrementar el bienestar social a la vez que se salvaguardan los ecosistemas naturales; c) la importancia de comprender los discursos emergentes y las controversias entre los grupos, por ejemplo, entre los partidarios de conservar en lugar de compartir la tierra (Cervera et al. 2019) o de proteger los paisajes forestales por encima de gestionarlos; en este sentido, cada vez son más frecuentes las posiciones conservacionistas en defensa de una gestión pasiva o rewilding, especialmente entre la comunidad científica y política (Pereira y Navarro 2015); d) la imposibilidad de una estrategia uniforme en las políticas de reconstrucción de paisajes y ordenación territorial, debido a la multiplicidad de percepciones sobre las dinámicas de cambio de los paisajes forestales y las mejores estrategias para afrontarlas (Bauer, Wallner y Hunziker 2009).

Los estudios citados aportan información valiosa para comprender los discursos en los que se plasman las representaciones sociales de los paisajes forestales. Sin embargo, no hay apenas literatura que indague específicamente en las políticas para combatir la degradación y el abandono forestal en zonas despobladas ni en cómo los actores locales (en particular, los PFP) podrían implicarse en ellas. Las escasas contribuciones son recientes y exploran, sobre todo, el marco de la innovación social (Ubels, Haartsen y Bock 2020; Secco et al. 2019; Wilkes-Allemanna y Ludvig 2019; Ludvig et al. 2018), resaltando el papel protagónico de nuevos actores sociales y remarcando la necesidad del establecimiento de nuevas fórmulas de interacción y coordinación entre ellos (Léger-Bosch et al. 2020; Nijnik et al. 2019; Fischer, Kloostera y Cirhigirib 2019).

El abandono de las tierras que se viene padeciendo en España desde finales del siglo XIX sigue un patrón similar a otros contextos europeos de montaña (MacDonald et al. 2000). La despoblación y la escasa competitividad y productividad de los suelos están tras la pérdida de la centralidad y funcionalidad de los bosques. En los últimos años, los cambios en los usos de las tierras y el abandono forestal y rural han contribuido al reconocimiento de que la falta de una gestión forestal activa representa un grave problema (Tolosana 2016) y a la aparición de algunos movimientos sociales y asociacionismo reivindicativo para exigir políticas forestales y de desarrollo sostenible eficaces (Sanz-Hernández et al. 2020).

La legislación nacional en materia de política forestal (Ley 21/2015, de 20 de julio de Montes, que modificó la Ley 43/2003, de 21 de noviembre) remarca la interdependencia de los espacios forestales y el mundo rural y la necesidad de equilibrio entre los tres pilares esenciales de una GFS (económico, social y ecológico), basada en la noción de multifuncionalidad. Dicha ley clasifica los montes atendiendo al tipo de propiedad, promueve la planificación y valora la certificación forestal, pero otorga las competencias en materia de regulación de las dinámicas forestales, ordenación territorial y regulación paisajística a las comunidades autónomas, con el objetivo de que establezcan los modelos de protección, gestión y planificación territorial más adecuados en función de las características de sus montes y contextos locales.

El caso analizado se ubica en la comunidad autónoma de Aragón, que se rige por la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, del Monte de Aragón y sus modificaciones posteriores. Asimismo, la legislación autonómica aragonesa integra las disposiciones particulares sobre el paisaje en el plan autonómico de la ordenación del territorio (Estrategia de ordenación del territorio de Aragón, de 2 de diciembre de 2014) y en las leyes regionales de conservación de espacios naturales (Texto refundido de Ley de Espacios Protegidos de Aragón de 6 de agosto de 2015). La protección de la biodiversidad aragonesa se concreta esencialmente en la regulación de las denominadas áreas naturales singulares y los montes de utilidad pública incorporados en la Red Natural de Aragón (Espacios protegidos de la Red Natura 2000). Aunque un amplio desarrollo legislativo regional recoge el marco de actuación, sancionador y procedimental para la planificación y gestión forestal, la capacidad de decisión de los PFP es amplia.

Aragón carece de Plan Forestal (actualmente en proceso de elaboración), a pesar de tener la mayor superficie forestal por habitante del conjunto nacional. Su superficie forestal está caracterizada por la propiedad fragmentada (minifundismo), ya sea por la subdivisión de la tierra o por la propiedad conjunta, y por el elevado número tanto de propiedades privadas como de propietarios desconocidos. Asimismo, la complejidad administrativa se incrementa por las lagunas legales que ha arrastrado el proceso histórico de reemplazamiento de la propiedad tradicional comunitaria-colectiva a otras formas de propiedad de la tierra (Guadilla-Sáez, Pardo de Santayana y Reyes-García 2020) (figura 2).

Este estudio se ha desarrollado en dos comarcas forestales de la provincia de Teruel, la de la Sierra de Albarracín y la de Gúdar-Javalambre (figura 3).

Ambas se caracterizan por tener pocas infraestructuras y un acceso complicado a servicios básicos; se encuentran en un área con condiciones climáticas y morfológicas severas y tienen una muy baja densidad de población (5,5 hab/km²). Entre las dos suman 48 municipios forestales y tienen una superficie forestal por habitante que supera las 25 ha (cuando la media española es de 0,40). Los municipios cuentan con porcentajes bajos de tierras de cultivo y altos de espacios forestales, ocupados por bosques no planificados ni sometidos a certificación, que en un 64 % son propiedades privadas (individuales o colectivas); el resto es gestionado directamente por el gobierno regional (figura 3). La zona produce más madera que otras comarcas, al ubicarse en la denominada área biogeográfica mediterránea de montaña, que combina bosques mediterráneos continentales (encinas, robles y pino silvestre) con vegetación de montaña (pinos, abetos, abedules o herbáceas y maleza rastrera). Otros aprovechamientos forestales junto con su valoración económica se muestran en la figura 4.

Se han identificado tres grupos de PFP, cuya diferenciación está mediada por el tamaño de las propiedades y su tipología de propiedad (individual o colectiva). El primer grupo (G1) lo integran los propietarios individuales de explotaciones de reducido tamaño, el segundo (G2), el resto de propietarios individuales cuyas explotaciones tienen un tamaño superior al promedio aragonés (12 ha) e inferior a las 100 ha, y el tercero (G3) aglutina a PFP de propiedades individuales, familiares, comunales o colectivas de tamaño superior a 500 ha.

La primera de las diferencias perceptivas entre los tres grupos de PFP la encontramos en el significado atribuido a la idea de posesión de la tierra. La posesión se vincula con la adopción de decisiones referidas a la transferibilidad y transformación de las propiedades. La mayor diferencia intergrupal la define el G1, integrado por propietarios jubilados, residentes o no en las localidades, que mayoritariamente adquirieron las tierras por herencia. Son explotaciones sin uso específico ni ingresos desde hace décadas. Muchos de estos PFP han renunciado a los derechos de propiedad y uso; suelen recordar dónde se encuentran sus tierras, pero ni las visitan ni en muchos casos tienen escrituras de propiedad. Por el contrario, los propietarios de G2 y G3 expresan su deseo de preservar sus derechos de propiedad y garantizar la tenencia y la herencia, sobre todo, cuando se hallan incursos en históricos litigios por cuestiones de lindes con las administraciones locales u otros propietarios. En muchos casos, ceden a las siguientes generaciones la toma de decisiones sobre su uso.

El segundo significado diferenciador es la continuidad, que hace referencia al deseo de los PFP de garantizar la pervivencia de las propiedades, al considerar que, ante todo, son un legado patrimonial. Este deseo puede prevalecer al sentimiento de posesión, lo que conllevaría la aceptación de la pérdida de derechos de propiedad o uso y, consecuentemente, la cesión de la titularidad y el control a nuevos actores: descendientes, Administración local o regional, recién llegados o propietarios no vinculados con el territorio.

La continuidad como prioridad se ha verbalizado en G2 y G3 en ciertos PFP que anteponen el valor afectivo y cultural al económico o ecológico, aunque la principal diferencia la marcan los dueños de las propiedades colectivas, muchas de las cuales se venían rigiendo por marcos normativos históricos y modelos de gestión caracterizados por tres principios básicos: inmovilidad, proteccionismo y cooperación. El modelo era inmovilista porque reproducía una forma de gestión forestal de siglos que se transmitía a las nuevas generaciones junto con la enseñanza del respeto a la norma. Era proteccionista porque planteaba un modelo de explotación de subsistencia para la preservación del medio natural, al servicio de la comunidad. Se caracterizaba por un alto aprovechamiento ganadero, pero, además de los pastos, la localidad se beneficiaba de las leñas, la madera y otros recursos que aportaban mayor bienestar a toda la población local. Finalmente, requería de la cooperación y compromiso de todos los socios en la conservación del monte.

La desconexión espacial o generacional motivada por la emigración, el fallecimiento o el desinterés de los propietarios, es la dimensión rupturista que marca la discontinuidad de los modelos de gestión tradicionales (de subsistencia en el caso de pequeños propietarios o patrimonial en el caso de propietarios de explotaciones de mayor tamaño o colectivas). La evolución es percibida siempre como negativa por los PFP.

El tercer elemento diferenciador es el significado atribuido al control. Este se expresa en alto grado en los PFP que realizan algún tipo de aprovechamiento forestal (G2 y G3). Son propietarios tanto de propiedades individuales como colectivas que se reservan para sí (y sus descendientes) tanto los derechos de propiedad como los de uso, es decir, no cederían ni la titularidad de sus propiedades ni el control de los recursos forestales, ni tampoco delegarían la toma de decisiones. En general, admiten su escasa capacidad de mejora en el aprovechamiento forestal y la ausencia de intención real de cambio en la gobernanza o desempeño económico. De modo que la mayoría no ejerce la responsabilidad derivada de sus derechos de propiedad, pero, por diferentes motivos, tampoco confían en el papel que pueden jugar otros actores: los propios descendientes por su falta de preparación, conocimiento e interés por el monte; la Administración por su tendencia enajenadora y devoradora los inversores externos por su desapego al lugar, y la sociedad en general por su tendencia invasiva y poco respetuosa con el bosque. Ahora bien, también hay propietarios que, sin renunciar a su agencia, se muestran más aperturistas y confiados en el rol de tutela que puede jugar la Administración regional y en el acompañamiento necesario de los gestores expertos.

El último elemento de diferenciación relevante es la identidad. Los paisajes forestales (sobre todo en el caso de los montes familiares y comunitarios) han sido un dispositivo identitario importante, generador de vínculos emocionales que pueden llegar a dificultar la cesión de uso, la compartición de la titularidad o la venta (ver, p. e., Grubbström 2011). En G1, hay más bien un componente identitario residual, solo cristalizado en los recuerdos de las experiencias familiares o comunitarias vividas en la niñez. En general, la redefinición identitaria está obstaculizada por la falta de visión del alto valor y futura contribución de sus propiedades forestales al bienestar comunitario.

Finalmente, cabe añadir que, al poner en relación el sentido de propiedad con el cambio en los usos y el comportamiento de manejo forestal, se evidencia que se ha producido un cambio en la conciencia de propiedad de los PFP, especialmente en G1. El cambio implica pérdida de conciencia y va pareja al abandono de las tierras forestales; además, se expresa en un contexto narrativo de abandono y de reducción de vitalidad colectiva de las comunidades rurales. Estos propietarios muestran una dejadez absoluta” y pérdida de interés por gestionar activamente, de modo que todavía mantienen los derechos de propiedad y uso, aunque renuncian a su interacción y ceden el control al propio monte.

En cambio, la conciencia de propiedad se ha venido sosteniendo en el caso de propietarios de explotaciones de tamaño mediano y grande que no renuncian a mejorar su gestión (G2) y, sobre todo, en aquellas explotaciones colectivas (G3) y sociedades de montes, con un escenario más incierto ante la desaparición de los propietarios y la falta de relevo generacional. Estos propietarios muestran, en general, una cultura de gestión deficiente con objetivos tendentes, o bien a equilibrar los costes de su mantenimiento básico (especialmente, en el caso de los montes colectivos), o bien a obtener un alto rendimiento económico en poco tiempo (comercialización de la madera sin planificación en propiedades individuales). Mención aparte merece el rápido cambio en las cubiertas, los usos y el valor del suelo que la truficultura está propiciando en la zona (una de las mayores productoras de trufa negra del mundo). La agroforestería, centrada en la plantación de carrascas para la producción de trufa negra, se está extendiendo por las tierras abandonadas y concentra el mayor esfuerzo inversor de los propietarios privados más emprendedores.

Los contrastes intra e intergrupales desvelan cuatro discursos, a modo de tipos ideales. Tres de ellos se corresponden con las narrativas descritas por Frei et al. (2020) (fatalismo rural, pro-gestión y pro-naturaleza); a ellas se suma otra que podemos denominar ‘pro-cultura’.

La visión fatalista refleja la marginalización, la falta de reconocimiento, la lejanía de las instituciones políticas y la escasa confianza en el futuro (Frei et al. 2020); a veces, incorpora un componente de autocrítica por la dejadez generalizada, acompañada de autojustificaciones victimistas. Este discurso destaca en propietarios de minifundios que consienten resignadamente el crecimiento forestal natural en sus propiedades, caracterizadas por un manejo forestal mínimo o inexistente.

El discurso más gerencialista se manifiesta claramente a favor de la gestión forestal activa. Es compartido por PFP de explotaciones de tamaño mayor (G2 y G3) y con mayor conciencia de propiedad, y por representantes de administraciones y profesionales. Se trata de grupos que reconocen y enfatizan los riesgos y efectos negativos del abandono forestal y el ausentismo y desapego de los propietarios. Es la visión que muestra más confianza en la posibilidad de proyectar escenarios futuros en torno a los bosques. En este discurso, se reconocen dos subnarrativas diferenciadas: una más centrada en la obtención de rendimiento económico y otra que se posiciona a favor de una gestión sostenible.

El tercer discurso, que denominamos ‘naturalismo’, es minoritario y se muestra complacido por el crecimiento espontáneo y natural de los bosques. En nuestro estudio solo se ha desvelado en algunos propietarios no residentes en la zona y en algunos de sus descendientes. Es una visión que invisibiliza las consecuencias negativas del abandono y ve favorablemente algunos efectos positivos de una gestión pasiva, como la mejora de la biodiversidad y la conectividad de los bosques.

El cuarto o ‘culturalismo’ se ha manifestado con fuerza en los propietarios colectivos, especialmente en sociedades de montes (privadas o comunales). Refuerza el valor patrimonial del bosque y antepone el objetivo de salvaguardar los valores culturales y estéticos de los paisajes. Defiende un modelo patrimonial histórico basado en la tenencia comunitaria de las tierras por parte de la población local. Las dos subnarrativas halladas se diferencian en la actitud ante el cambio, los objetivos y los modelos de gestión; la primera es inmovilista y pasiva, la segunda es activa y está abierta a la innovación social.

Los cuatro discursos ilustran las discrepancias de los diferentes grupos de propietarios y actores locales en función de diferentes criterios que se resumen en la tabla 2.

Los grupos discrepan en los objetivos perseguidos, la orientación temporal, sus visiones estratégicas y el grado de aceptación del cambio. La posibilidad de cambio se expresa en dos ámbitos: en los modos y sentido de la gestión (mayoritariamente caracterizada por la pasividad y la falta de enfoque estratégico, como hemos visto) y en las ideas sobre la posibilidad de relevo generacional o actoral (asentada en la desconfianza como actitud predominante). El primer ámbito de cambio se vincula, además, con las diversas conceptualizaciones acerca de la noción de sostenibilidad de los paisajes forestales. Dejando de lado al G1, los propietarios con una gestión menos activa visibilizan un escenario de gestión al menos “soportable”, es decir con un equilibrio entre la protección ambiental del bosque y la rentabilidad social; mientras que la visión conjunta del resto de actores con expectativas aporta algunas claves para orientarse hacia una gestión realmente sostenible que incorpore la visión tridimensional de la sostenibilidad económica, social y medioambiental (soportable, viable y equitativa).

El segundo ámbito de cambio, el relevo generacional o actoral, se percibe crítica en general, por la falta de confianza de los PFP y la inexistencia de una visión compartida entre los PFP y sus descendientes. Los descendientes expresan rasgos de los tipos de discursos descritos, pero predominan dos tendencias extremas, la desconexión y el aperturismo. Esta última es minoritaria, se manifiesta favorable a nuevas formas de gestión, nuevos actores y nuevas relaciones y expresa confianza en el soporte exterior técnico y profesional, en el papel de la Administración regional (muy criticado tanto por PFP como por gestores de empresas por su intervencionismo). Como vemos, el relevo actoral se complica por el peso del individualismo, la preferencia por la autonomía en el ejercicio de sus derechos de propiedad y uso y el temor a la pérdida de control sobre los recursos.

Además de todas las discrepancias descritas, pueden observarse también tres rasgos casi generalizados que pueden actuar como condiciones facilitadoras del cambio: la aceptación de la necesidad de gestión forestal, una actitud no paternalista ni sobreprotectora de los bosques (tendencia generalizada a nivel social) y la idea de que el paisaje forestal es un legado patrimonial.