Ha sido descrita de una forma negativa. Emily Martin (1987) explica que se piensa como un proceso fallido desde un punto de vista reproductivo. En las definiciones médicas se concibe básicamente como un proceso fisiológico mediado por hormonas, en el que no se considera que estas puedan estar afectadas por diferentes factores como la exposición a contaminantes (Valls 2018: 394-398), el estrés (Valls 2010: 134) u otros. Tampoco se incluyen las concepciones culturales acerca de la menstruación, que en algunos casos se alejan de la biología; así, Els Bransen (1992) entrevistó en los Países Bajos a 21 mujeres para conocer la importancia del ciclo en sus vidas, encontrando que describían la menstruación en sus propios términos, es decir, como un proceso natural que no solo tiene que ver con las hormonas, distanciándose así de los saberes médicos expertos. Miren Guilló (2014), que ha llevado a cabo una investigación sobre políticas alternativas de la menstruación, recoge y analiza concepciones de algunas jóvenes que se alejan de la visión patológica y sucia de la sangre menstrual. Otros estudios muestran que las concepciones negativas y patológicas de la menstruación influyen en la posible decisión de suspender el ciclo menstrual (Martínez, Parera y Rius 2018; Oinas 1998).

Aunque se postule que estos procesos no son enfermedades sino acontecimientos “normales” del cuerpo de las mujeres, esta visión colisiona con lecturas del embarazo que concentran las explicaciones en términos orgánicos que deben ser vigilados para detectar la aparición de riesgos, que lo someten a la realización de pruebas, a un seguimiento médico -aunque sea bajo la mirada de las matronas, junto a la ginecología- o al control sanitario en los hospitales y con tecnología biomédica. Estas acciones manifiestan que se entiende el embarazo más como un proceso médico que sociocultural (Blázquez 2010; 2005). Torres (2014: 162) expone que la lactancia materna también se describe como un proceso que tiene que ver con unos órganos bajo una función hormonal, con un valor nutricional y unos efectos beneficiosos en relación con la salud y la enfermedad.

Tampoco ha escapado de esta mirada médica. Desde los trabajos de Kinsey y Masters y Johnson, determinantes en la visibilización de esta dimensión del cuerpo o de la vida, es entendida más como un proceso neurofisiológico (Zuluaga, Cruz y Meneses 2018: 63) al que habría que incorporar miradas socioculturales (García Dauder y Pérez Sedeño 2017; Freixas y Luque 2009). Otro ejemplo en nuestro país podría ser el cambio en la conceptualización derivada de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, en la que se pasa de hablar de derechos sexuales y reproductivos a salud sexual y reproductiva. Esta ley es un marco fundamental para la defensa de estos derechos, pero la ubicación de la sexualidad dentro de la salud legitima tanto su conceptualización biológica como sus intervenciones sanitarias.

También queda dominada por la biología y alejada de las individualidades y de los contextos. Lock (1993) plantea en su estudio comparativo entre las mujeres japonesas y estadounidenses que lo único común entre ellas es la disminución de los estrógenos y la supresión de la menstruación; el resto de las variaciones, incluso sus manifestaciones, se deben a múltiples factores como los significados culturales que se han atribuido a esta etapa y las estrategias de biomedicalización de cada contexto. Otros trabajos cuestionan la biomedicalización de la misma (Freixas 2007; Delgado et al. 2001; Esteban 2001; Rueda 1997).

Se plantea como un problema por cuanto la maternidad aún es considerada un eje central en las vidas de las mujeres, cuestión largamente tratada y denunciada por la teoría feminista. Además, se atribuyen a ellas las causas de los problemas de fertilidad, por una parte, porque la virilidad no puede ser cuestionada, convirtiéndose así la infertilidad en un tabú social, y, por otra, porque ha sido más estudiada en relación con las mujeres (Bell 2016).

El cuerpo de las mujeres ha sido definido desde un determinado modelo de belleza y perfección, lo que las conduce a que busquen tratamientos de corrección o mejora (Hogle 2005) -aunque los hombres cada vez estén más incluidos en estos mandatos (Coll-Planas, Alfama y Cruells 2013; Liévano 2012; Muñiz 2010)-. Se ha construido la idea de que los cuerpos no delgados constituyen un problema, y la grasa es un problema situado en las mujeres (Wolf 1991: 192), por lo que son consideradas menos femeninas, menos bellas, y menos deseables. La gordura se valora como fuente de insatisfacción y, así, cada vez más niñas a edades más tempranas empiezan a regular su peso y a seguir dietas (Zafra 2015). La antropóloga Mónica Ramos (2017: 172-176) señala que estas visiones suponen un doble rasero para las mujeres mayores, pues quedan fuera de la asociación juventud-salud-belleza.

El tamaño de los senos también se problematiza bajo una mirada médica que justifica su relación con la baja autoestima y las alteraciones psicosociales. Otro tema silenciado es el tamaño de los labios menores, que el ginecólogo Jorge López-Olmos (2013) indica que se presenta en chicas adolescentes cada vez más jóvenes, de entre 10 y 12 años, fundamentado en molestias. Este autor se interroga si se debe más a cumplir criterios de aceptación social derivados de la industria pornográfica y las modas que a problemas funcionales. Así, el recorte de los labios menores se ha convertido en una cirugía común en EE.UU

Distingo esta primera dimensión de la biomedicalización de otras como la patologización o el uso de los tratamientos porque, como dan cuenta estos ejemplos, implica entender la vida principalmente en términos biológicos. Didier Fassin (2011) refuerza esta idea al indicar que la medicina problematiza de una determinada manera la realidad; por ejemplo, la psicóloga Linda Gannon (1998: 295) señala que el embarazo se conceptualiza como un proceso saludable, mientras que la menopausia se presenta como insalubre o como una enfermedad, perpetuándose así el mandato de que las mujeres sean reproductoras, pues en ello está también en juego su salud. A este respecto, Esteban (2006: 11) habla de la naturalización social de las mujeres, para subrayar la “percepción absolutamente esencialista y biologicista del cuerpo humano”. Marcia Inhorn (2006: 350) se refiere a ella como la esencialización de las vidas de las mujeres, pues estas son definidas con base en esta característica -la posibilidad de embarazarse, dar a luz y reproducirse-, sin tener en cuenta que hoy en día no todas las mujeres serán madres; ni de que, de las que lo serán, no todas tendrán un embarazo, ni un parto, ni quizá darán de lactar.

Belén Nogueiras (2018) señala que pensadoras feministas -desde Mary Wollstonecraft a, en nuestro país, Inés Joyes (Madrid, 1731-1808)- han denunciado la atribución de la subordinación de las mujeres a una biología diferencial y reproductiva; la naturalización o esencialización ha sido uno de los principales mecanismos empleados a lo largo de la historia y que persiste en nuestros días. Afortunadamente, aparecen propuestas -como la de la médica Sara Velasco (2009)- que insisten en entender las vidas de las mujeres y, principalmente, sus malestares, dentro de teorías biopsicosociales y de género que incluyen el contexto social y la subjetividad. Lock (1993), por su parte, propuso hablar de biologías locales, refiriéndose a que los procesos biológicos son el resultado de interacciones con los ambientes en los que las personas han vivido, que se enredan inseparablemente con el tiempo. Por tanto, el desafío sería “apoyarse en lecturas de las propias mujeres y hombres que reflejaran maneras de entender y vivir los padecimientos mucho más diversas y ricas en matices y factores condicionantes (clase social, etnia, edad, experiencia laboral, migración, formas de convivencia, sexualidad...)” (Esteban 2006: 13).

No obstante, hoy estamos ante la construcción de un sí mismo biológico (Rodríguez 2017: 91) particularmente determinado por subcampos como la genética, la inmunología y las neurociencias. Así, la genetización, como refiere la epidemióloga Abby Lippman (1991), se ha convertido en un proceso continuo por el cual las diferencias biológicas y socioculturales entre individuos se reducen a sus códigos de ADN y las tecnologías genéticas se adoptan para dar respuestas ante la vida. Lucien Sfez (2008: 195) sugiere que esta es una de las utopías de la modernidad y nos conduce a la búsqueda de la salud perfecta. En el caso de las mujeres, está muy presente en aquellas que quieren ser madres, para revisar si son portadoras de determinadas enfermedades y, en caso afirmativo, optar por determinadas intervenciones en la reproducción y en los test de screening del embarazo. La genetización también se percibe en el cáncer de mama, en que cada vez se da mayor relevancia al cribado de los genes (Gibbon 2006). Paula Sibilia (2016: 104) indica que esta concepción de la causalidad inscrita en la programación genética -o en los flujos cerebrales- conduce al abandono de una visión holística y a una mirada del cuerpo micromolecular presente en la investigación con células madre, los bancos de sangre de cordón umbilical, la reproducción asistida y la congelación de óvulos. Se trata de bioeconomías (Waldby y Cooper 2008), ya que convierten los cuerpos en bienes dirigidos a la prevención, regeneración y curación, afectando más a los cuerpos reproductivos.

Esto conduce a que se hable de healthización (Crawford 1980), saludización (Williams 2001; Armstrong 1995) o sanitarización (Blázquez y Cornejo 2014; Camargo 2013; Fassin 2011), en el sentido de que en toda la experiencia humana prima una definición orgánica -alimentación, ejercicio físico, sueño, sexualidad, entre otros-, de modo que se sanitariza sin patologizar, es decir, se describe en términos biológicos pero no de enfermedad (Rose 2007), y estaríamos ante el imperativo de la salud, como sugirió Deborah Lupton (1995). Flavia Costa (2017: 125) entiende que el vínculo con el cuerpo dispone de un triple objetivo: mejorar e intensificar la vida, estetizar el cuerpo y aumentar su potencial en cuanto capital humano. Se trata de ejercer un control del cuerpo a través de la alimentación, el ejercicio físico y cualquier tipo de autocuidado. La difícil delimitación entre lo que es salud y lo que es enfermedad es debatida por Jenny Hislop y Sara Arber (2003) al interrogarse sobre si el abordaje del sueño en las mujeres es medicalización (pues produce enfermedades y problemas) o salubrización (pues es una condición para la salud); para las autoras, la diferencia radica en que el segundo enfoque está centrado en las decisiones de los sujetos y las estrategias que adoptan para manejar las condiciones sociales que inciden en el sueño.

Definir en términos biológicos cualquier condición puede ser ya una forma de biomedicalización, incluso sin el desarrollo de las otras dimensiones, pero sí es necesaria para que se puedan dar las otras.

Cuando una condición se define como anormal y, por tanto, como patología, hay que establecer cuáles son los síntomas de la desviación de la normalidad. Moynihan, Heath y Henry (2002) señalan que los síntomas se sobredimensionan o se exagera su gravedad, con ejemplos como el síndrome del intestino irritable, la ansiedad o la disfunción eréctil. La médica Teresa Ruiz-Cantero et al. (2019) subrayan que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad que requiere de una mayor investigación incorporando los sesgos de género, pues la prevalencia es dos veces mayor en las mujeres respecto a los varones. En consecuencia, apuntan, habría que incluir muestras con representaciones de ambos sexos y hacer un buen diagnóstico diferencial que mostrase si realmente afecta más a las mujeres, además del cómo y el porqué. Respecto a la ansiedad, Valls (2010: 295-297) plantea el género como un factor de riesgo fundamental para la presentación de sintomatología depresiva con una ratio 2:1 mujer/varón, y sugiere revisar algunos parámetros biológicos (como la anemia o la tiroides) junto a los roles de género como la doble jornada, el trabajo doméstico o el de cuidadoras que intervienen en su aparición.

La tercera de las estrategias de promoción de las enfermedades tiene que ver con la definición de riesgos como enfermedades, aunque estos no lo sean y constituyan solo probabilidades. Uno de los casos más citado es el de la osteoporosis. El médico Roberto Sánchez (2012: 619-621) afirma que el riesgo de fractura en mujeres menopáusicas es mínimo, aunque hayan tenido ya una fractura previa. Este autor apunta que, en lugar de desarrollar estrategias de prevención de caídas, lo que se hace es realizar pruebas como las densitometrías a las mujeres perimenopáusicas y, a partir de un valor establecido, se les pone en tratamiento. Esto le lleva a hablar de los siete mandamientos de la “miedicalización”, coincidiendo con otras propuestas que hablan de la creación del pánico estadístico en cuanto al uso de los números y los datos estadísticos para reforzar la experiencia de riesgo (Woodward 1999), que es la siguiente estrategia.

Otra forma de promover enfermedades es presentar el número de personas a quienes afecta ese riesgo, síntoma o condición patologizada, para generar preocupación en la población sana. Un ejemplo es la disfunción sexual femenina, que, de acuerdo a un estudio en EE.UU afectaba al 43 % de la población femenina en 1999 (Laumann, Paik y Rosen 1999). Leonore Tiefer (2006) indica que, desde la década de 1970, la medicina empieza a publicar diferentes trabajos sobre las deficiencias en la sexualidad de las mujeres, para posteriormente difundir la existencia de productos médicos que los resuelven, como también muestran otros trabajos (Miglioranza 2018; González García 2015). Otros estudios (Zuluaga, Cruz y Meneses 2018: 55-64; Riska 2010: 158) señalan que esta estrategia también se ha desarrollado en la andropausia y en la disfunción sexual masculina, aunque con menor éxito, ya que no iban acompañados de tratamientos médicos, lo que conformaría la siguiente dimensión.

Es entendida como un proceso social ligado al de la biomedicalización, pero con su propia entidad, ya que depende de la creación de unas circunstancias tanto culturales como sociopolíticas que permitan su uso. La cuestión ha sido ampliamente analizada por diferentes autores (Bianchi 2018; Camargo y Reid 2016). La socióloga Tasleem Padamsee (2011) habla del buen trabajo de las corporaciones farmacéuticas en la transmisión de mensajes dirigidos a las mujeres para que controlen mediante fármacos procesos como la fertilidad, la infertilidad y la menopausia, a los que hay que añadir la menstruación. Mención especial requiere la mayor prescripción de psicofármacos a las mujeres (Romo y Gil 2008). Ya el psiquiatra Thomas Szasz ([1970] 1974) había denunciado que diferentes problemas de la vida se trataban como enfermedades mentales. Psicólogas y psiquiatras han defendido que la salud mental de las mujeres no está en relación con una biología diferencial, sino con su discriminación y sus peores condiciones de vida (Pujal, Albertín y Mora 2015; Burin 1990; Sáez 1988). No obstante, se interviene poco sobre estas causas y los fármacos se convierten en la principal respuesta sanitaria. En ello, como subraya Margarita López (s.f.: 4), coordinadora de la Red Caps de Mujeres Profesionales de la Salud, influye que no se hace apenas “investigación no farmacológica, a pesar de que la poca que hay (intervenciones psicológicas, sociocomunitarias…) demuestra con frecuencia ventajas curativas, así como económicas, y con muchos menos efectos secundarios indeseados”.

En ese sentido, es oportuna la propuesta que desarrolla Jessica Shipman (2010: 1331) siguiendo el planteamiento de Nikolas Rose (2007: 700) de huir de marcos dualistas que entiendan estos tratamientos como buenos o malos, beneficiosos o perjudiciales. En su estudio sobre mujeres que decidieron seguir tratamientos de supresión de la menstruación, Shipman apunta que no hay que valorar la agencia de las mismas solo como resistencia o desafío: también implica que el uso de estos fármacos puede ser útil en sus vidas. Las transformaciones, en su opinión, no vienen del cuestionamiento de esta dimensión de la farmacologización, sino de la contestación del significado, donde rompen con la mirada biomédica que entiende la menstruación como un proceso reproductivo y patológico; es decir, en relación con la primera y segunda dimensión planteadas, no con la tercera. De modo que se pueden observar relaciones y contradicciones entre las diferentes dimensiones.

El caso más abordado respecto a la incorporación de la intervención médica en la vida de las mujeres ha sido el parto. Para entender cómo se produce, hay que tener en cuenta el proceso previo de control de los saberes de las sanadoras, quienes históricamente han atendido los partos. A partir del siglo XII se crean en Europa las universidades vinculadas a la Iglesia. La medicina comienza su institucionalización y profesionalización, lo que conlleva la prohibición y persecución de estas practicantes no tituladas, que eran principalmente mujeres y pobres. Ehrenreich y English ([1972] 1981: 25) describen que una de las acusaciones de la caza de brujas era que tenían saberes mágicos y podían curar. En este proceso, los profesionales hombres, procedentes de familias acaudaladas, presionaron contra la posible competencia de las mujeres y recibieron el apoyo de los estamentos privilegiados (la Iglesia y el Estado). En EE.UU fue crucial el Movimiento Popular de la Salud del siglo XIX donde estaban mujeres, hombres de clase baja y negros, quienes sin titulación ejercieron hasta el siglo XIX. El desplazamiento de las mujeres y otros practicantes siguió diferentes estrategias, desde la prohibición y persecución hasta el ofrecimiento de otros tratamientos por parte de los nuevos médicos titulados (fórceps, anestesia, cesárea). Riessman (1983) señala que las mujeres querían librarse no solo del dolor, sino de la posibilidad de la muerte, en un contexto de baja natalidad de las clases altas y elevada mortalidad materna y fetal -lo que suponía una enorme preocupación en los siglos XVIII y XIX-. También se buscaba que el parto fuera más fácil, siendo la clase médica la que ofreció estas seguridades, y no las parteras tradicionales. Judith Leavitt (1980: 153-154) plantea que esta es la ironía, que el control por parte de estos profesionales sirviera para distanciar a las mujeres de sus propios cuerpos. Estos trabajos muestran que algunas de las mujeres que lideraron la incorporación de la clase médica a los partos fueron las sufragistas. Paradójicamente, en los años setenta del siglo pasado, y en otro contexto diferente, otras mujeres, también de la lucha feminista, reclamaron el retorno de los partos a los domicilios, su destecnologización y la participación de las matronas (Colectivo de Boston [1971] 2000).

En España, Teresa Ortiz (1992: 324), historiadora de la medicina, sitúa la entrada de los cirujanos en los partos en el siglo XVIII; primero en la nobleza, luego en las ciudades y posteriormente en todos los partos, con la prohibición de la actuación de las matronas de forma independiente. Esta prohibición se intensificó a partir de la creación de la Cátedra de Partos en el Real Colegio de Cirugía de San Carlos en 1780 para la formación de las matronas bajo el control de los médicos (Ruiz y Gomis 2017). Además, Mary Nash (2000) y Carmen Colmenares (2009) han estudiado cómo el discurso médico se dirigió a las mujeres, culpabilizándolas de la enfermedad y mortalidad infantiles por su falta de conocimientos sobre la crianza. Los saberes empíricos tradicionales sobre el embarazo, el parto y los cuidados infantiles debían ser ahora sustituidos por el saber científico y patriarcal que la nueva medicina e higiene traía. También se transmitieron, durante el franquismo, enseñanzas de higiene, puericultura y maternología, tanto en las escuelas como en conferencias radiadas y charlas. Se procuró que los cuidados fueran no solo tareas asignadas a las mujeres, sino que estas interiorizaran la necesidad del saber médico, puesto que los saberes para enfrentar el embarazo y la crianza eran técnicos. A partir de ahí, las mujeres -y gran parte de la ciudadanía- fueron colocadas en una situación de incapacidad para sus cuidados (Ortiz 2006: 69-72; Esteban 2001: 35; Juan 1991: 44). La desaparición del parto domiciliario se sitúa también en relación con el Seguro Obligatorio de Maternidad de 1923 (Ruiz y Gomis 2017: 59) con el inicio de los controles por parte de los médicos en el embarazo, a lo que siguieron las políticas pronatalistas en la primera etapa del franquismo, en las que jugó un papel decisivo la afiliación al Seguro Obligatorio de Enfermedad desde finales de la década de 1940 (Ruiz y Gomis 2017). Así, Juan Bosch Marín et al. (1950, citado en Barceló y Montes 2016: 12) estimaban que, de 1947 a 1949, el 94,1 % de los partos fueron atendidos en el domicilio, mientras que en residencias hospitalarias solo se atendió el 5,1 %. No obstante, la cobertura de ocho días de ingreso gratuito para partos normales, la creación de nuevas y modernas clínicas del Seguro y la construcción de nuevas residencias maternales favorecieron la creación de una cultura a favor del control médico, donde también participaron las propias matronas, que aceptaron la supeditación a los médicos. De este modo, en 1969 ya el 44 % de los nacimientos se producía en los hospitales (De Miguel 1980: 39); en 1985, el porcentaje asciende al 82,5 %, y en 1995 ya correspondía al 99,1 % (Llácer 2000: 1).

En España, a diferencia de otros países como EE.UU. (Riessman 1983; Ehrenreich y English [1972] 1981; Leavitt 1980), el control médico de los partos no fue a través de la anestesia epidural. Esta fue poco utilizada en los partos hospitalarios (González, Fernández y Gómez 2015) hasta que en 1998 el ministro de Sanidad anunció su disponibilidad en todos los nacimientos a partir del año 2000, de tal forma que una política pública de igualdad en salud era garantizar el acceso a todas las mujeres que lo solicitaran dentro de la red pública. Apenas unos años después, en la Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad y Consumo (2007), se pronuncia, como una política también de igualdad en salud, la disminución del uso de la anestesia epidural en los partos. En la misma participaron asociaciones de mujeres, profesionales y expertos bajo la dirección del Observatorio de Salud de la Mujer, con la finalidad de diseñar una política para disminuir la medicalización del parto y promover una conceptualización fisiológica del parto, desde un enfoque de género y diversidad.

Por tanto, los objetivos de una agenda feminista en la salud para el control de sus cuerpos se concretan en función de diferentes aspectos: según los contextos históricos, los países, las características de las propias mujeres (nivel de ingresos, de estudios, edad y ocupación) y los significados ante una misma intervención médica, como la anestesia epidural (Biedma, García y Serrano 2010: 6).

La lactancia materna también está afectada por esta dimensión al incorporarse toda una serie de tecnologías (extractores de leche, protectores de pezón, jeringas de alimentación y productos farmacéuticos que estimulan la producción), aunque se considere como un proceso fisiológico y su gestión sea con leche materna (Torres 2014). Carmen Romero y Pablo Santoro (2018), en su estudio de las diferentes tecnologías que se incorporan en la gestión de la lactancia, ponen el foco en los bancos de leche materna. En este análisis indican que la leche se entiende como un alimento, un fluido, un tejido corporal y un medicamento, y, en función de su definición, estaríamos más próximos a la desmedicalización.

Paula Rodríguez Zoya (2017) habla del concepto de medicamentalización alimentaria como fenómeno que articula la medicalización de los alimentos y de la alimentación. El primero concibe a los alimentos desde sus propiedades nutricionales, es decir, desde la biología y como medios para la optimización de la vida (primera dimensión). El segundo conlleva la patologización de diversas condiciones (segunda dimensión) ante los que se plantea intervenir (tercera dimensión) a través de la regulación no solo de qué se come, sino de cómo se come (Gracia 2007).

Sánchez (2012) desarrolla varios ejemplos referidos tanto a tratamientos médicos como a los controles sanitarios que una mujer no necesita, entre los que se encuentran los cribados de cáncer de mama y de cérvix, el tratamiento de la osteoporosis, la vacuna del VPH y la terapia hormonal sustitutiva (THS). Respecto a este último tratamiento, la médica Carmen Mosquera (2009) indica que antes del comunicado de la Agencia Española del Medicamento en el 2004, que recogía los resultados de las investigaciones científicas que alertaban de las enfermedades que generaba este tratamiento (cáncer de mama, cáncer de endometrio, infarto de miocardio, enfermedad vascular cerebral y tromboembolia venosa), se estimaba que un 17 % de las mujeres asturianas usaban estos compuestos hormonales. Posteriormente, con la iniciativa de difundir este comunicado tanto entre profesionales como mujeres, se observó un descenso del 73,6 %. Cabría preguntarse acerca de si este descenso tan alto era debido a que no todas las mujeres a quienes les prescribieron este fármaco lo necesitaban.

Clarke et al. (2010) señalan que los cambios en la biopolítica planteada por Foucault se relacionan con dos hechos: uno, el Estado ya no es el único agente en el control de la normalidad de las poblaciones; y dos, las industrias farmacéuticas, las aseguradoras, la academia, los grupos de defensa de los derechos de pacientes, los medios masivos de comunicación, los complejos médico-industriales y sus capitales de inversión son quienes “ahora se disputan el campo de la definición de la salud y la enfermedad y la organización de los cuidados” (Murguía, Ordorika y Guerrero 2016: 105). No obstante, quisiera cuestionar la homogeneidad de este proceso en cualquier sociedad; en España, el Estado se fue haciendo cargo de la salud poco a poco a lo largo del siglo pasado, pero la creación de un sistema de salud universal, público y estatal no acontece hasta el año 1977. Posteriormente se desarrolló la Atención Primaria, las transferencias a las Comunidades Autónomas, la coordinación sanitaria y, como apunta el médico Javier Segura (2018), hasta el año 1995 no llegó el proceso de liberalismo sanitario, es decir, la participación de entidades privadas en la atención a la salud. Además, conviene subrayar que este proceso ha sido desigual y diferente según los territorios, iniciándose en las comunidades de Madrid y Valencia. Por tanto, no conviene hacer extrapolaciones acerca del desarrollo de las biopolíticas de otros contextos al nuestro. Y, en nuestro país, el movimiento de consumidores surge a finales de la década de 1970 (Llovet 1991) sin la relevancia que ha tenido en otros países, como EE.UU, respecto a la salud, por ejemplo, en la denuncia de la seguridad y los impuestos de los productos sanitarios de la menstruación (Felitti 2016; Bobel 2009).

En España, el control de los partos y otros procesos de las mujeres no solo ha estado bajo el gobierno de los médicos -pues hasta fecha reciente eran solo varones y, hoy en día, el androcentrismo es central en la ginecología y obstetricia, aunque haya mayor presencia de mujeres-, sino también de la Iglesia, quien, al servicio del Estado y junto al propio Estado -con las políticas pronatalistas franquistas- no han permitido a las mujeres pensar -ni elegir- sobre la maternidad y sus cuerpos. Además, a diferencia de otros países, la legalización de los anticonceptivos no llega hasta 1978 (Ortiz e Ignaciuk 2018) y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no lo hace hasta 2010 (Nogueiras 2018), hechos que han marcado la relación de las mujeres con sus cuerpos y su autonomía.

La antropóloga Inhorn (2006: 356) afirma que toda esta gestión médica, que se da también en otros contextos, realmente no está mejorando las vidas de las mujeres, sino que más bien lo que está produciendo es una vigilancia continua sobre sus vidas. Por consiguiente, corresponde plantearse, como hizo Illich (1975), la iatrogenia que produce la biomedicalización, teniendo en cuenta que se dan efectos positivos y negativos, derivados tanto del buen hacer como de la falta de conocimientos o práctica, tanto de los efectos actuales como de los futuros previsibles e imprevisibles, pero que sugieren que indudablemente el control biomédico no es neutral ni inocuo. Algunos efectos son conocidos y deberían ser informados a las mujeres para tomar decisiones, como plantea López (2002) respecto a las donaciones de óvulos (síndrome de hiperestimulación ovárica, infertilidad, menopausia prematura o cáncer de mama y ovario). Otro ejemplo serían las campañas del cáncer de mama que, como apunta Ana Porroche (2017), transmiten una información sesgada, confusa y estereotipada.

Otros efectos no son tan tangibles, como indica la socióloga Paige Sweet (2014) respecto a la violencia de pareja contra las mujeres. En nuestro país, se realizó un protocolo sanitario con una participación interdisciplinar que empezó a reconocer la violencia, a detectar los casos de mujeres maltratadas, a acompañarlas y a tratar sus problemas desde el ámbito sanitario, ya que previamente no había ni reconocimiento del problema ni atención, aunque se habían desarrollado casas de acogida y una asistencia no institucionalizada (Nogueiras 2018: 248). Sweet se interroga acerca de las consecuencias de introducir esta condición bajo el control sanitario. El hecho de que estas mujeres hayan quedado registradas y su historia clínica siempre muestre este episodio hace que sea un marcador eterno que las sujeta tanto a una vigilancia biomédica no deseada como a una asociación constante de sus vivencias con esta experiencia, es decir, todas sus dolencias actuales y futuras quedarán vinculadas con el maltrato recibido, incluso cuando hayan dejado la relación o haya pasado tiempo. De este modo, debemos prestar atención a los efectos a medio y largo plazo de condiciones como la violencia -o los derechos sexuales que he planteado anteriormente- que, por diferentes razones, han sido biomedicalizadas.

De las cuatro dimensiones de la biomedicalización abordadas, considero que las dos primeras -la definición de las condiciones de vida de las mujeres en términos biológicos y la patologización de estas condiciones con la construcción de riesgos o desviaciones de la normalidad- conducen a las otras dos -al uso de tratamientos y tecnologías médicas y al control sanitario de sus cuerpos-. Así, la gestión de cada vez más aspectos de sus vidas se convierte en asunto de las disciplinas biomédicas (medicina, psicología, enfermería) y de sus tecnologías y tratamientos. Este proceso, que podríamos decir que se inició con el control del parto, ha continuado en otras condiciones como el embarazo, la lactancia, la fertilidad, la menstruación, la sexualidad, la menopausia, el peso, la belleza, el tamaño de los pechos y los genitales, el malestar, la alimentación y la violencia, como ejemplos abordados en el texto.