El estudio del mal comportamiento en prisión tradicionalmente ha sido tema de interés para sociólogos y criminólogos por dos motivos: por un lado, porque la comprensión de este fenómeno puede ser útil para el mantenimiento del orden y la seguridad dentro de los centros penitenciarios (Bottoms 1999) y, por otro, porque la investigación ha mostrado una relación entre el mal comportamiento intramuros y una mayor probabilidad de reincidencia en el futuro (Cochran et al. 2012). Cuando se habla de mal comportamiento en prisión, se hace referencia a aquellas conductas que alteran o afectan la convivencia y seguridad dentro de los centros penitenciarios y que son objeto de sanción por parte de la propia institución carcelaria. Por lo tanto, el mayor conocimiento acerca de los factores relacionados con la imposición de sanciones resulta relevante para orientar las políticas penitenciarias dirigidas a mejorar la convivencia, la calidad de vida y el respeto de los derechos de las personas que cumplen condena.

La literatura sobre esta cuestión se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos y Reino Unido a partir de investigaciones etnográficas que observaron y analizaron cómo las personas vivían su encierro y cómo el personal imponía orden dentro de las prisiones (Sparks, Bottoms y Hay 1996; Colvin 1992; Jacobs 1977; Sykes 1958; Clemmer 1940). Dichos estudios sentaron las bases para la investigación del desorden en prisión, dando lugar a tres grandes perspectivas: las que ponen sus causas en las características y creencias previas que las personas importan desde la comunidad hacia la cárcel; las que defienden que es una respuesta adaptativa para hacer frente a las privaciones del encierro, y las que ponen el foco en las formas de gestión de los centros y las relaciones que mantienen los internos con el personal y con la institución penitenciaria en sí misma.

En España, sin embargo, existen pocos estudios que hayan abordado esta cuestión. Al respecto, esta investigación aporta dos novedades: por una parte, pretende analizar la imposición de sanciones en prisión a partir de las perspectivas teóricas antes mencionadas y, por otra, no parte de datos administrativos, sino que hace uso de datos de auto informe, haciendo visibles aspectos de la vivencia de los penados tales como el trato recibido y las penalidades que sufren.

Con este punto de partida, el presente artículo tiene por objeto explorar qué elementos de los incluidos en las anteriores perspectivas teóricas se relacionan con una mayor probabilidad de recibir una sanción durante el cumplimiento de la condena. Por lo tanto, nos encontramos ante un estudio de carácter exploratorio que pretende aportar nuevo conocimiento al estudio de un fenómeno poco tratado en el contexto español, la imposición de sanciones en los centros penitenciarios, analizando sus particularidades de modo que los resultados permitan guiar la investigación futura.

Generalmente, el estudio del desorden en prisión se ha explorado mediante dos aproximaciones distintas: por un lado, estudiando las conductas objeto de sanción en sentido amplio y, por otro, estudiando específicamente la violencia en prisión. En inglés, la literatura emplea el término misconduct para referirse a todas las conductas que transgreden las reglas de los centros, tal y como se puede comprobar, por ejemplo, en la revisión empírica de 98 estudios llevada a cabo por Steiner, Butler y Ellison (2014). Sin embargo, aunque es cierto que bajo este término pueden incluirse todo tipo de conductas, desde agresiones o contrabando hasta faltas de respeto (pues todas ellas van en contra de las normas establecidas por la institución), las variables y aproximaciones para su estudio son distintas. Así pues, las investigaciones que se centran específicamente en la violencia intramuros, al tratar de explorar las causas y detonantes de este tipo de comportamientos más graves, analizan tanto variables específicas del encarcelamiento, los espacios de los centros y sus interacciones, como variables a nivel individual que se relacionan con la violencia fuera de la prisión (ver Cunningham y Sorensen 2007). En esta misma línea encontramos algunos de los pocos estudios que se han llevado a cabo en el contexto español (Arbach-Lucioni y Martínez-García 2013; Arbach-Lucioni, Martinez-García y Andrés-Pueyo 2012).

En cambio, los estudios de sanciones no se centran en por qué una persona es más violenta o se comporta de esta forma ante una situación determinada, sino que se interesa en por qué hay personas que no cumplen las normas. Por lo tanto, otros aspectos como la percepción de legitimidad y la vinculación con los profesionales pueden adquirir importancia. En español, el término misconduct se suele traducir como “mal comportamiento”, término no exento de problemas debido a su carácter valorativo. Es por ello que, al hablar de mala conducta en prisión o de desorden, es importante definir a qué tipo de conductas nos estamos refiriendo y la aproximación y medidas que empleará la investigación.

En este sentido, este estudio se centrará en esta última aproximación, el estudio del desorden en prisión a partir de la imposición de sanciones. Esto se debe a que es un aspecto prácticamente inexplorado en nuestro contexto, y al hecho de que el interés de esta investigación se centra en los factores que se relacionan con una mayor probabilidad de transgredir el orden y las reglas de funcionamiento de la prisión y de ser sancionado por ello. Estudiar este fenómeno, además, es importante debido a la dificultad existente en nuestro entorno para acceder a datos que permitan contextualizar este fenómeno. De acuerdo con las cifras publicadas por la Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña —Comunidad Autónoma con competencia en materia penitenciaria—, vemos que en el año 2017, y con una población de aproximadamente 8500 personas cumpliendo condena, se impusieron un total de 10 025 expedientes disciplinarios. Aunque no hay estadísticas semejantes disponibles relativas a la Administración General del Estado, en un estudio de Aguilar, García-España y Becerra (2012) a partir de datos cedidos por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se cifraban en 60 897 las faltas cometidas por los internos en el año 2010, siendo de 67 372 personas la media de población encarcelada en ese mismo año. Por su parte, Navarro et al. (2011), a partir del análisis de datos administrativos, concluyeron que principalmente se imponen sanciones por faltas graves o muy graves (siendo casi inexistentes las leves) y que su número no es homogéneo entre distintos centros. Por lo tanto, vemos que los datos nos alejan de la idea de una prisión sin conflictos intramuros, dando cuenta de la prevalencia de los expedientes disciplinarios como mecanismo para el mantenimiento del orden. En consecuencia, estudiar la imposición de sanciones nos permitirá entender mejor tanto los elementos que se relacionan con el mal comportamiento en prisión como con el uso de las sanciones en nuestro sistema penitenciario, tal y como se tratará de explorar en este trabajo.

En primer lugar, en los resultados del análisis de correlaciones bivariadas (ver el cuadro 3 en el anexo) se observa que las variables independientes propuestas correlacionan significativamente con la variable dependiente, con la excepción del compañerismo entre internos y haber trabajado durante la condena. Además, el sentido de las relaciones es el esperado con base en las tres perspectivas teóricas de partida, con excepción de la participación en el tratamiento, cuya relación no es la esperada. Por otra parte, las correlaciones más fuertes se dan con respecto a la percepción de trato ilegítimo, el consumo previo de drogas y haber sido detenido siendo menor de edad, elementos que se relacionarían con una mayor probabilidad de recibir una sanción.

El cuadro 2 incluye los resultados del análisis de regresión logística realizado. Podemos comprobar que el modelo es significativo, con una R² de ,539 (que es alta para este tipo de estudios), lo que indica que el modelo es capaz de explicar el 53,9 % de la variación en las probabilidades de ser sancionado. El modelo, además, permite clasificar correctamente el 77,8 % de los casos. Por otra parte, estadísticos adicionales indican que el ajuste del modelo es óptimo y tampoco se observan problemas de colinealidad entre las variables independientes. Debido a la pérdida de información en algunas variables, el modelo conjunto finalmente incluye 436 casos.

Si nos fijamos en las variables de control, vemos que el sexo no resulta significativo. Por el contrario, las personas extranjeras tienen más del doble de probabilidades de ser sancionadas respecto de las personas con nacionalidad española (Exp. (B) =2,703), resultado no esperado inicialmente y que se comentará más adelante.

En relación con las variables de privación, el apoyo entre internos, la clasificación inicial y el ambiente negativo en prisión no resultan significativos Si miramos los coeficientes de las variables que sí son significativas y, en concreto, aquellas referidas a la exposición a tensión, se observa que, a medida que se incrementan los meses de condena, también lo hace la probabilidad de ser sancionado, mientras que aquellas personas que han sido victimizadas tienen más del doble de probabilidades de haber recibido, al menos, una sanción. Por su parte, cada incremento en la escala de apoyo familiar durante el encarcelamiento reduce aproximadamente un 30 % las probabilidades de ser sancionado.

Si nos fijamos en las variables de importación, los resultados muestran que la edad, las condenas previas, el consumo previo de drogas y haber sido detenido como menor de edad son significativas, mientras que la vida laboral, el nivel de estudios y las actitudes delictivas no lo son. Atendiendo a los coeficientes, el incremento de un punto en la escala de frecuencia de consumo de drogas aumenta en un 73 % las posibilidades de ser sancionado, mientras que el incremento es del 38 % por cada condena anterior. Siguiendo con la importancia del historial penal, vemos que las personas que fueron detenidas siendo menores de edad tienen un poco más del doble de probabilidades de ser sancionadas (Exp. (B) =2,126). En cuanto a la edad, las personas más jóvenes tienen mayor probabilidad de ser sancionadas.

Finalmente, de entre las variables de gestión tan solo el trato legítimo resulta significativo. Al respecto, un incremento de un punto en la escala de percepción de trato legitimo reduce las probabilidades de ser sancionado en un 13 %. Sin embargo, tener un profesional de referencia, trabajar, o participar en el tratamiento no resultan significativos.

Los resultados de esta investigación apoyan los ya adelantados por la revisión de Steiner, Butler y Ellisson (2014), por cuanto se debe apostar por la integración de las tres perspectivas teóricas presentadas, ya que hay elementos en cada una de ellas que nos permiten explicar las diferencias en la aplicación de sanciones en el medio penitenciario. De forma adicional, se pueden extraer algunas reflexiones acerca de las variables que han aparecido como relevantes en el análisis.

En primer lugar, y respecto a lo relacionado con la vivencia del encarcelamiento, algunos de los elementos ya destacados por la literatura previa, como la duración de la condena o el haber sido victimizado en prisión, son significativos según los resultados que se han presentado. Por otro lado, se confirma la importancia del apoyo familiar en la reducción de la probabilidad de ser sancionado. Aunque este elemento tradicionalmente se ha interpretado bajo el prisma de la teoría del control a través de la importancia de los vínculos, o desde la teoría del apoyo social, en la que la persona cumpliría las normas por el sentimiento de compensación que tiene respecto de su red social familiar (Cid y Martí 2017; Martí y Cid 2015), este trabajo enfatiza otra dimensión del apoyo como factor de protección frente a la tensión (Agnew 1992), dando recursos pronormativos a los internos en su adaptación a la condena, por lo que quizá este apoyo no solo contribuye al mantenimiento del vínculo familiar, sino también a aliviar los estados emocionales negativos durante la condena.

Respecto a la teoría de la importación, los resultados no muestran un vínculo entre variables relativas a la desventaja laboral o formativa con una mayor probabilidad de ser sancionado, mientras que elementos relacionados con el historial delictivo y una historia de consumo de sustancias sí parecen ser relevantes. Según esta perspectiva, estas personas con una trayectoria persistente en la delincuencia —o con presencia de conductas de riesgo que pueden llevar al delito, como es el caso del consumo— son más proclives también a incumplir las normas dentro de prisión. Sin embargo, autores como Sampson y Laub (1997) han interpretado la importancia de un pasado delictivo bajo una lente distinta, proponiendo que cuando las sanciones etiquetan a los individuos, estos incurren en trayectorias de desventaja acumulada que los excluyen de conductas y rutinas pronormativas. Por lo tanto, estos factores de desventaja podrían estar generando procesos de exclusión y etiquetamiento dentro de la propia institución que dificultan la progresión durante la condena, siendo los individuos que son sancionados los que se ven más privados del acceso a los mecanismos de regreso progresivo a la comunidad (Pedrosa 2019). Finalmente, y respecto a las creencias previas que se importan hacia la prisión, nuestro trabajo muestra que este tipo de actitudes no están relacionadas con un peor comportamiento intramuros al tomar en consideración otras dimensiones y características de los individuos.

En tercer lugar, la percepción de legitimidad por parte de los internos se establece como una variable a tener en cuenta, ya que, si las personas presas perciben que son tratadas de forma justa, se reforzará el cumplimiento de la norma y el compromiso con el cumplimiento de la condena. Esto se suma a la reciente evidencia que ha vinculado la percepción de trato legitimo por parte del personal y el comportamiento en prisión, mostrándose aquí resultados en una línea similar a los estudios de Steiner y Wooldredge (2018), Beijersbergen et al. (2015) y Reisig y Mesko (2009). A su vez, este estudio también coincide con los resultados de Rodríguez Menés, Larrauri Pijoan y Güerri Ferrández (2018), quienes vinculan la percepción de un trato justo con una mejor percepción de la calidad de vida dentro de prisión. Sin embargo, y contrariamente a lo esperado, otros aspectos que de acuerdo al modelo de gestión deberían ser relevantes —como el apoyo profesional, la participación en el tratamiento y el trabajo en prisión— no resultan serlo para entender la mala conducta en prisión. Esto resulta sorprendente, pues la relación con los profesionales sí parece ser importante para entender la calidad de vida (Rodríguez Menés, Larrauri Pijoan y Güerri Ferrández 2018), así como la progresión penitenciaria (Pedrosa 2019). Esto puede deberse a que los conflictos que pueden llevar a ser sancionados involucran a otros actores además de los profesionales, especialmente al resto de los internos. Sin embargo, esto no explica por qué la legitimidad, que sí depende directamente de los profesionales, sigue siendo relevante, por lo que estas cuestiones deben ser objeto de un análisis en mayor profundidad en el futuro.

Finalmente, este estudio tenía como objetivo aportar conocimiento sobre las particularidades del sistema penitenciario español respecto de las infracciones disciplinarias. En este sentido, hay tres aspectos relevantes que se relacionan con los resultados obtenidos: en primera instancia, el elemento fundamental que caracteriza al sistema penitenciario en España es la persecución de la rehabilitación y la reinserción social a través del tratamiento, objetivos recogidos constitucionalmente y en la normativa que regula la acción penitenciaria. Al respecto, todo el sistema progresivo, que tiene como objetivo que la persona vaya retornando poco a poco a la comunidad, se estructura alrededor del tratamiento y las necesidades criminógenas de los individuos, con lo que sería esperable que la vinculación al tratamiento se tradujera en un mejor comportamiento y evolución durante el cumplimiento de la pena. Sin embargo, nuestros resultados no indican que el hecho de trabajar o realizar actividades de tratamiento disminuyan las probabilidades de ser sancionado. Si miramos con atención los datos de nuestra muestra, vemos que un 96 % de los internos han participado en alguna actividad de tratamiento o formativa a lo largo de su condena. Con una cifra tan alta, es lógico pensar que la mera participación difícilmente será una variable que discrimine entre las personas que han sido sancionadas y las que no. Esto, además, genera algunas reflexiones más profundas. Por un lado, parece que el sistema penitenciario logra su objetivo de que prácticamente todos los internos realicen actividades de tratamiento, pero esto nos da poca información sobre la motivación de los internos para participar en estas, o si las llegan a completar. De hecho, si pensamos en las dificultades para terminar una condena en régimen abierto o libertad condicional (Pedrosa 2019), es probable que esta cifra no sea tan positiva como parece a priori. Por lo tanto, investigadores y profesionales debemos intentar encontrar nuevas y mejores formas de medir la vinculación y los aprendizajes derivados del tratamiento. Así pues, que el tratamiento no tenga un impacto directo en la prevención de conflictos surgidos de la convivencia en prisión tiene sentido en cuanto los programas se enfocan a la vida en libertad en el exterior, y no tanto en el día a día en el centro; pero a su vez es problemático si tenemos en cuenta que el tratamiento es el eje alrededor del cual aparentemente se estructura el sistema de progresión penitenciaria.

Otro aspecto clave del sistema penitenciario español es la relevancia del apoyo social, en tanto la literatura previa ha destacado el papel relevante y activo de las familias en la provisión de apoyo durante todas las fases del encarcelamiento, hecho promovido y acentuado por el carácter familiarista de la sociedad española (Ibàñez y Pedrosa 2018a; 2018b). Cabe reflexionar, pues, como actuar respecto de aquellas personas y colectivos (p. ej., mujeres y personas extranjeras) que carecen de dicho apoyo, y promover que la institución pueda ofrecerlo a través del tratamiento y los profesionales, en la línea de lo propuesto por Colvin (2007).

Por último, resulta relevante que los resultados indiquen que las personas extranjeras tienen una mayor probabilidad de ser sancionadas, y lo es por el hecho de que España tiene un porcentaje de personas extranjeras en prisión muy elevado, cifra que en Cataluña se sitúa en el 43,1 % para el año 2018, según datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña. Por lo tanto, es importante analizar nuestros datos para explorar en profundidad la situación de este colectivo. El análisis previo de los modelos no mostraba una correlación a nivel bivariado entre ser extranjero y el hecho de ser sancionado, pero, al incorporar el resto de variables en el modelo, esta variable se torna significativa. Si seguimos observando los resultados a nivel bivariado, las personas extranjeras no muestran correlaciones positivas respecto de algunas variables de riesgo como el historial de consumo y delictivo previo, más bien al contrario. En cambio, las personas extranjeras se identifican menos con figuras de referencia entre el personal y, como ha destacado la literatura previa, tienen mayores dificultades para acceder a una salida progresiva (Pedrosa 2019). La relevancia de la variable de extranjería abre dos posibilidades interpretativas: que los extranjeros efectivamente tengan una mayor tendencia a la comisión de infracciones disciplinarias, quizás por problemas de comunicación con el personal o por el choque cultural con la institución; o que tengan mayor probabilidad de ser sancionados por el hecho de ser extranjeros, lo cual supondría un fenómeno discriminatorio. Los resultados de este estudio no permiten confirmar o refutar ninguna de estas dos hipótesis y tampoco contamos, a conocimiento del autor, con estudios realizados en el contexto español que traten estas cuestiones de forma empírica, por lo que debemos limitarnos a plantear estas dos hipótesis para que sean tratadas específicamente en el futuro.

Este articulo ha tratado de explorar qué factores influyen en el contexto penitenciario español para que algunas personas sean sancionadas dentro de prisión y otras no. Al respecto, se ha analizado la importancia de algunas de las perspectivas teóricas que gozan de mayor contrastación empírica en la literatura internacional: el modelo de privación, que pone el foco en los males del encarcelamiento y su influencia en el comportamiento adaptativo de los individuos; el modelo de importación, que se centra en características previamente existentes que pueden llevar a cometer conductas desviadas intramuros, y el modelo de gestión, que destaca la importancia de los profesionales en prisión y su interacción y relación con los internos. Los resultados han mostrado que las tres perspectivas son relevantes para el estudio de este fenómeno, por lo que la investigación futura al respecto debería apostar por su integración.

Sin embargo, este trabajo no está exento de limitaciones, destacando especialmente el hecho de que la investigación parte de datos transversales, por lo que no podemos inferir causalidad en nuestros resultados. Así, aunque podemos decir que aquellas personas que se sienten tratadas ilegítimamente tienen mayor probabilidad de ser sancionadas, no sabemos si la percepción de ilegitimidad lleva a ser sancionado, o si quienes han sido sancionados se sienten peor tratados. Aunque esta es una limitación compartida en la mayoría de los estudios previos (ver Rocheleau 2013), debe ser tenida en cuenta para la interpretación de los resultados. En segundo lugar, este trabajo no cuenta con variables relativas a las características de los distintos centros. Esto es una limitación por el hecho de que, dentro de un mismo centro, las condiciones de vida y las dinámicas relacionales no son las mismas en los distintos módulos o unidades, con lo que el presente estudio aporta una mirada más general, no tan específica. Por último, una limitación también compartida por otros estudios es que no debe equipararse de forma automática el hecho de recibir una sanción con la presencia de mal comportamiento dentro de prisión. La discrecionalidad del personal a la hora de imponer o no una sanción ante una conducta seguirá siendo difícil de conocer y medir, pero no es descartable teorizar que, en ocasiones, cuando hablamos de variables que llevan a ser sancionado, en realidad estemos hablando de elementos que llevan al personal a sancionar más.

Aún con estas limitaciones, el presente estudio también presenta algunas fortalezas respecto de la literatura previa de nuestro contexto, destacando dos: por un lado, el uso de datos de auto reporte, lo que nos permite conocer las vivencias e información de primera mano de los individuos; y por otro, que usa una muestra que integra a personas en todo tipo de régimen penitenciario. Sobre esto, muchos estudios emplean únicamente muestras de personas en segundo grado. Incluir datos de personas en régimen abierto y libertad condicional es útil para captar de modo general la experiencia de todas las personas que cumplen condena, y es positivo en estudios de carácter exploratorio como este, sin que ello implique que el estudio con muestras y módulos específicos no pueda ser muy interesante en el futuro. De los resultados presentados se pueden extraer diversas implicaciones para la mejora de la práctica penitenciaria:

En primer lugar, esta investigación apoya la idea de aplicar elementos de la teoría de la tensión al estudio del comportamiento en prisión en la línea de Blevins et al. (2010), y plantea a su vez interrogantes para la investigación futura, que deberá examinar la relevancia de nuevos males del encarcelamiento (Crewe 2011) y cómo estos pueden afectar de forma distinta a los diversos colectivos que pasan por prisión, especialmente aquellos más vulnerables, como las mujeres o las personas extranjeras (Crewe, Hulley y Wright 2017; Warr 2016). En este sentido, medidas que den apoyo y recursos a las personas para afrontar prosocialmente los efectos negativos del encierro podrán evitar el mal comportamiento, por lo que las medidas preventivas serían más eficaces que simplemente recurrir a las sanciones (Rocheleau 2014). Esto es especialmente relevante en cuanto a la victimización, puesto que los resultados apuntan a una relación entre esta y la imposición de sanciones. Es importante entender y explorar con mayor profundidad la relación situacional y contextual entre las faltas disciplinarias y ser victimizado, entendiendo que estas personas se encuentran en una situación vulnerable y sujetas a tensión, lo que hace necesario tratar de forma individualizada la prevención de conflictos en el futuro.

En segundo lugar, se ha comprobado que el pasado de los individuos tiene un peso relevante para entender la mayor probabilidad de ser sancionado, pero, contrariamente a lo esperado, esto se refiere más al historial penal y no tanto a la situación socioeconómica previa. Sin embargo, no debemos olvidar que categorías como “reincidente” o “toxicómano” pueden ser un reflejo de una situación de desventaja social previa (Sampson y Laub, 1997), en tanto estas etiquetas generarán procesos de exclusión ulterior. Cuando hablamos de la importancia del historial delictivo no estamos, pues, ante los ecos de un pasado perdido, sino más bien ante marcas y realidades que envuelven y acompañan a las personas a lo largo de su vida, y también en su trayectoria mientras cumplen condena. Precisamente, un sistema penitenciario que sea justo y orientado al futuro debe focalizarse en la situación de vulnerabilidad de estas personas y en prestarles apoyo para que el encarcelamiento no sea una nueva losa en su camino.

En tercer lugar, los resultados apoyan las ideas de aquellos autores que han destacado la importancia de la justicia procedimental para el mantenimiento del orden en prisión (Liebling 2004; Sparks, Bottoms y Hay 1996, Sparks y Bottoms 1995). En este sentido, las implicaciones derivadas de este trabajo van en la línea de las propuestas por Steiner y Wooldredge (2018) cuando afirman que la formación de los profesionales para que estos den un trato justo y respetuoso a los internos puede favorecer la reducción de los niveles de violencia en prisión. Sin embargo, y contra lo esperado, el hecho que el tratamiento, el trabajo o el apoyo profesional no resulten relevantes debería generar algunas reflexiones de futuro, entre ellas cómo conceptualizar la importancia de estos elementos, o si el rol de los profesionales cobra más importancia en la legitimidad que generan en su trato con ellos y en las buenas prácticas en los procedimientos llevados a cabo, más que en el contenido de los programas y las acciones en sí mismas.

Finalmente, los resultados del presente estudio también muestran una mayor probabilidad por parte de las personas extranjeras de ser sancionadas. Anteriores investigaciones han mostrado las dificultades de las personas extranjeras para acceder a mecanismos de salida progresiva a la comunidad (Pedrosa, 2019), hecho también destacado por los profesionales del medio penitenciario (Ibàñez y Cid, 2016). En el futuro debemos contar con investigaciones empíricas que aborden las dificultades específicas de este colectivo en prisión (Warr 2016) y cómo los profesionales abordan los conflictos que puedan surgir en relación con este colectivo. Al respecto, se propone apostar de manera firme por la figura de los mediadores interculturales dentro de la prisión, para contar con una vía de comunicación y comprensión respecto de las personas extranjeras presas que ayude a prevenir y solucionar conflictos, salvando obstáculos como las dificultades con el idioma y fomentando el apoyo social e institucional hacia este colectivo.

Este trabajo ha tratado de explorar qué elementos pueden ser útiles para conocer a quién sancionamos en nuestras prisiones, con el objetivo de generar conocimiento que guíe la investigación futura. Como se ha mostrado, existen personas y colectivos que, ya sea por sus características previas, su mala experiencia en prisión o su falta de apoyo, son más vulnerables ante la posibilidad de ser sancionadas. Al respecto, este trabajo sugiere que las medidas que tengan por objeto incrementar el trato legítimo de los profesionales, el contacto familiar y la atención de las necesidades de aquellas personas con historiales delictivos y de consumo que han sido victimizadas en prisión, o al colectivo de personas extranjeras, pueden ser útiles para la prevención del mal comportamiento y el menor uso de las sanciones como mecanismo para preservar el orden.