Es una opinión ampliamente extendida que la intensificación en los últimos años de las migraciones internacionales responde, en gran medida, a los desequilibrios sociales, económicos y demográficos entre las distintas partes del planeta, unas asimetrías que se habrían agravado con el avance de la globalización. Esta percepción encuentra una expresión contundente en la Declaración de Granada sobre la Globalización, suscrita, entre otros, por Jürgen Habermas, Will Kymlicka, David Held y Boaventura de Sousa Santos:

En su fase más reciente, la globalización ha significado la emergencia de un marco compartido de movilidad (Pinyol-Jiménez 2017: 18) que modifica al menos en un triple sentido las condiciones materiales en las que los individuos abordan la aventura migratoria: en primer lugar, y dado el acusado sesgo neoliberal emprendido, el proceso globalizador ha generado un considerable ensanchamiento de la brecha de rentas y salarios entre los diferentes países (Latour 2019: 11); en segundo lugar, en un mundo convertido en aldea global, la gente compara sus vidas con la de los habitantes de los países más ricos del planeta, de modo que las desigualdades se hacen aún más perceptibles (Krastev 2017: 165-166); y, por último, la mejora y el abaratamiento de los medios de transporte facilitan sensiblemente la movilidad. No es difícil deducir que cuanto más reducido se vuelva el mundo en el aspecto comunicativo y mayor sea el contraste entre el nivel de bienestar y el de supervivencia, más probable será que los habitantes de los países más desfavorecidos valoren la opción de migrar como posibilidad real a tener en cuenta.

En términos relativos, las migraciones de finales del siglo XIX y principios del XX fueron mucho más copiosas que las actuales (Livi Bacci 2012). Pese a la intensidad de los procesos de globalización experimentados en las últimas tres décadas y de la creciente integración de países y economías, las migraciones internacionales se mantienen en unas magnitudes relativamente moderadas: un 3’5 % de la población mundial vive en un país diferente de aquel en que nació, unos 272 millones de personas (United Nations Department of Economic and Social Affairs 2019). No obstante, es cierto que los flujos migratorios —incluyendo los protagonizados por los refugiados que huyen de zonas de conflicto— hacia los países desarrollados han experimentado un rápido crecimiento desde el inicio del nuevo milenio (un incremento de un 50 %, unos 99 millones en términos absolutos).

La globalización supone, en la práctica, la puesta en marcha de “procesos que erosionan la importancia social, política y económica de las fronteras nacionales” (Risse 2012: 3). La pujanza de una economía globalizada desdibuja las fronteras, sin llegar, no obstante, a eliminarlas. Las fronteras se abren para dejar paso a diversos tipos de tráfico, pero con una significativa excepción: el ámbito de la movilidad humana, en el que, con frecuencia, se invierte la tendencia. Ante los movimientos de mano de obra, las fronteras recobran todo su vigor y aumentan las medidas para controlar y dificultar su tránsito (Sassen 2001). La eliminación de barreras y la liberalización de flujos, que son consustanciales a los procesos globalizadores, no se han extendido a los movimientos protagonizados por personas, que son tratadas de manera selectiva, cuando no discriminatoria (Mezzadra y Neilson 2017).

Son cada vez más los Estados que en su perímetro fronterizo erigen muros o elevadas vallas, reforzados con artefactos tecnológicos de última generación, de modo que acaban adquiriendo la misma inquietante apariencia tan característica de las cárceles de alta seguridad (Andersson 2014). En un intento ilusorio de blindar las fronteras, los muros se construyen o se consolidan justo cuando las principales amenazas a la seguridad nacional se presentan de forma vaporosa, clandestina, dispersa o en red (Brown 2015). Aunque su valor icónico sea mayor hacia dentro (como acto de reafirmación ante los propios ciudadanos) que hacia fuera, apenas pueden ocultar su función de barreras disuasorias frente a quienes huyen de la miseria, las guerras, las tiranías o las catástrofes naturales.

La creciente integración mundial de las distintas economías nacionales no ha venido acompañada de una integración de los habitantes del planeta. El resultado es una situación paradójica: globalización fronterizada. Esta flagrante contradicción suscita una serie de interrogantes que afectan a los actuales flujos migratorios y que tienen su reflejo en las condiciones onerosas que, con frecuencia, padecen los migrantes en nuestros días. Aunque solamente fuera por ello, el estudio de las migraciones se torna sumamente relevante para rehacer, en el escenario contemporáneo de la globalización, una teoría comprensiva de la justicia social que dé cuenta de las diversas formas de discriminación y estratificación a escala global. Toma así fundamento la sospecha de que, en el contexto de las migraciones internacionales, las fronteras se erigen como dispositivos de reproducción de las desigualdades globales que limitan las oportunidades vitales de los individuos.

Son muchos los habitantes del planeta que, por haber nacido en el lado equivocado de las fronteras, no tienen la más mínima oportunidad de llegar a ser algún día tan adinerados como la gente más pobre de Canadá, Japón, Nueva Zelanda o de Europa Occidental. El grado de disparidad existente lo ilustra con nitidez la siguiente comparación: el 1 % más pobre de la población danesa tiene unos ingresos superiores a los del 95 % de los habitantes de Haití, Chad o Zimbabue. Nacer hoy, por ejemplo, danés o suizo es como tocarle a uno la lotería para toda la vida, pues tendrá su futuro resuelto en gran medida (Shachar 2009). Una lotería global en la que, como en tantos juegos de azar, muchos nunca resultan agraciados (Velasco 2016).

Las desigualdades socioeconómicas tienen, en general, consecuencias auténticamente letales y más aún si se analizan desde una perspectiva global. No es ninguna hipérbole: la esperanza de vida de una persona nacida en un país rico y desarrollado y la de otra nacida en un país pobre pueden llegar a diferir en más de veinticinco años a favor de la primera (Therborn 2015: 17-28). Por lo demás, las diferencias de renta dentro de cada país, siendo en muchos casos sumamente significativas, palidecen ante la desmesura de las diferencias de renta entre los diversos países, de tal modo que “hoy en día posee mucha mayor importancia, globalmente hablando, haber tenido buena suerte de nacer en un país rico que el hecho de pertenecer a la clase alta, media o baja de ese país rico” (Milanovic 2012: 132).

La desigualdad afecta no solo a individuos, sino a países enteros. Los estragos provocados por las enormes desigualdades socioeconómicas existentes entre las distintas partes del planeta, que, lejos de aminorarse, en muchos casos incluso se agudizan, constituyen una de las caras más patentes con la que la injusticia se presenta en nuestros días. Y aquí resulta completamente apropiado hablar de injusticia y no de calamidad o de infortunio (o cualquier otro sinónimo) porque, en contraste con las diferencias, que vienen dadas o se eligen, las desigualdades se construyen socialmente (Shklar 2010). De ahí que, aunque las desigualdades entre los países puedan ser examinadas desde distintos ángulos, el normativo sea insoslayable (Therborn 2015: 43). Las desigualdades que impiden a millones de personas alcanzar un desarrollo humano satisfactorio han de ser tipificadas como flagrantes violaciones de los derechos humanos y, en particular, de los artículos 25 y 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Pogge 2005).

Pese al impulso moral que se les pueda reconocer, no todas las consideraciones normativas sobre la materia son igual de pertinentes. Así, pretender aliviar la injusticia estructural que representan las desigualdades globales en el acceso a los recursos básicos para la vida mediante el recurso a la ayuda humanitaria implica reducir un deber de justicia a un acto de mera benevolencia (inspirada, quizás, por la caridad o la compasión). Y este es el paso que, de algún modo, da John Rawls (2001), al instalarse en la lógica del «deber de ayuda». Según él, la carencia de un mínimo de bienestar del que adolecen ciertas naciones no obedece a la falta de condiciones equitativas de intercambio y de dominación política en la esfera internacional, sino a la escasez de recursos naturales y, sobre todo, a determinados hábitos políticos idiosincrásicos de algunos pueblos (gobiernos opresivos, malas políticas o élites corruptas, entre otros), así como a la insuficiente laboriosidad, probidad y capacidad de sus miembros (Rawls 2001: 125-139). Las causas determinantes de la pobreza de un país serían, por tanto, básicamente endógenas.

La explicación rawlsiana de las desigualdades globales representa, en realidad, una posición bastante extendida que recuerda, por lo demás, al falaz argumento del liberalismo conservador con el que pretende justificar la desigualdad social en el interior de los Estados: se presupone que todos los individuos comienzan la vida en condiciones iguales y que, por lo tanto, el que algunos tengan menos es algo que se les debe imputar a ellos mismos. Lo habitual es, sin embargo, que los recursos más valiosos se encuentren desde el principio en manos de algunos pocos y que ese acaparamiento repercuta a lo largo del tiempo en las oportunidades efectivas de desarrollo de cada persona y, desde una perspectiva más amplia, también de cada país (Milanovic 2012: 115-128). Los resultados obtenidos por una generación limitan las oportunidades de la siguiente, de modo que los hijos de quienes carecen de patrimonio familiar nacen con un enorme hándicap a la hora de progresar vital, social y económicamente (Piketty 2014).

Aparte del evidente influjo que la geografía, el clima y, en general, los recursos naturales ejercen sobre la generación de riqueza, es empero más que dudoso, al menos desde una perspectiva histórica, que los países pobres sean en realidad los responsables últimos de su mísera situación: en una considerable medida, su postración se deriva más bien de factores institucionales que, mediante una compleja red de incentivos y regulaciones diseñados por los países más prósperos, configuran un orden mundial con enormes desigualdades y estructuralmente injusto (Young 2011). Las desigualdades globales son, en gran parte, resultado de una situación estructural de injusticia: un mundo desequilibrado e injusto, marcado además por relaciones de subordinación de unos países con respecto a otros (algo notorio en las relaciones de dominación Norte-Sur que prolongan, en muchos casos, los efectos de un pasado colonial). Si esto es así, calificar este desigual mundo de injusto es describir en términos morales no un conjunto de acciones particulares imputables a personas concretas, sino la estructura institucional que conforma este mundo.

Que no vivimos en un mundo justo es una afirmación difícilmente rebatible. Y también lo es que las grandes desigualdades económicas entre los distintos países se encuentran entre las mayores injusticias: “El mundo es desigual de una manera muy particular: la mayor parte de la desigualdad, cuando la descomponemos en desigualdad dentro de los países y desigualdad entre los países, se debe a esta última” (Milanovic 2017: 154). Las respuestas no están, sin embargo, a la altura de la gravedad del problema. Así, entre los diversos modos de abordarlo, uno bastante extendido sería el siguiente: “La diferencia de nivel de vida entre las democracias industrializadas y los países subdesarrollados es casi increíble a pesar de lo familiar que resulta; quienes nacen en una economía de subsistencia o en otra peor son víctimas de una increíble mala suerte” (Nagel 1996: 172). ¿Pero es razonable esta actitud fatalista? Y aunque fuera así, ¿no es una obligación moral ayudar a los que salieron perdiendo en la lotería del lugar de nacimiento? (Shachar 2009).

Difícilmente se les puede exigir a las víctimas de las profundas asimetrías que asolan este mundo que salgan por sus propios medios de su lamentable situación. “La pobreza”, y eso es algo en lo que no hay mucha duda, “es una trampa de la que es difícil salir una vez dentro” (Therborn 2015: 51). Para hacerlo se precisa, generalmente, una intervención decidida y concertada que supera en mucho la capacidad de los agentes individuales. Para ello, tan imperativo o más que el deber de acatar un orden institucional justo es el deber de acabar con un orden global injusto que reproduce las desigualdades (Pogge 2005: 174-175). No se trata de aliviar la pobreza mediante ayuda humanitaria, sino de cambiar el actual orden del mundo de modo que no se siga lesionando la dignidad humana. Se trata de un deber de alcance universal cuyo vigor no depende de la proximidad o lejanía que se mantenga con sus acreedores (Pogge 2005: 172).

Condición previa para superar la perspectiva moral de mera benevolencia, que anima la lógica de la «ayuda humanitaria», es admitir que la justicia es un valor cuyo alcance no se circunscribe al interior de los Estados y que su radio de acción no conoce fronteras: es coextensivo con el ámbito efectivo de interconexión e interdependencia entre las distintas partes del planeta. A este argumento se añade, además, el hecho de que determinadas formas de desigualdad están profundamente asentadas en estructuras sociales y constelaciones de poder de alcance global. Su superación, por tanto, requerirá de actuaciones específicas en ese nivel. Abordar en su raíz la injusticia en un contexto globalizado implica atender a los medios institucionales necesarios para cambiar a fondo esa situación, esto es, un cambio estructural y duradero en las instituciones de producción, distribución y toma de decisiones políticas (Forst 2007: 366-375).

Detrás de los procesos y dispositivos que reproducen las desigualdades sociales se encuentra toda una serie de mecanismos causales recurrentes. Las formas más tenaces de desigualdad no dependen tanto de diferencias entre los individuos, sino de la institucionalización de ciertos marcadores sociológicos formalizados como pares categoriales, por ejemplo: blanco/negro o varón/mujer (Tilly 2000). Las desigualdades persistentes son, en gran parte, producto de un determinado orden sociocultural. Y lo mismo cabe decir de las interestatales, en las que las fronteras y la institución formal de la nacionalidad (mediante la que se legitima la distinción ciudadano/extranjero) serían los dos instrumentos más decisivos. Ambos han mutado de función y, en muchos sentidos, han dejado de ser instituciones de igualdad (como eran, al menos, de puertas adentro), hasta el punto que, a nivel global, la división política del planeta en naciones soberanas se encuentra entre los principales mecanismos causales recurrentes que están detrás de la desigualdad más persistente: “Las naciones y las fronteras nacionales siguen manteniendo su importancia bajo la globalización actual, pero ahora se han convertido, en su mayor parte, en instituciones de desigualdad” (Therborn 2015: 181).

No es casual que el significado de las fronteras estatales se intensifique cuando coinciden con el trazado de los grandes bloques o demarcaciones geopolíticas de índole socioeconómica. La frontera entre México y Estados Unidos o la que se extiende entre Marruecos y España son, en este sentido, buenos ejemplos. En ellas se materializa la profunda brecha entre el centro y la periferia del sistema económico mundial, entre el Norte y el Sur. En estas líneas entre bloques los controles se extreman, de tal modo que resulta mucho más difícil traspasarlas. En la medida en que los controles de fronteras impiden que las personas de las sociedades menos favorecidas tengan acceso a las oportunidades disponibles en las más favorecidas, las fronteras contribuyen a concentrar oportunidades en algunas sociedades y limitarlas en otras: marcan “oportunidades espacialmente diferenciadas” (Ypi 2008: 395). La división política del planeta mediante fronteras sirve de decisivo dispositivo funcional capaz de garantizar la perpetuación de las ventajas comparativas que disfrutan los ciudadanos de los países con mayores recursos, al tiempo que convierten en endémicos los perjuicios que padecen los menos afortunados (Cavallero 2006).

La nacionalidad, por su parte, condiciona el conjunto de derechos y oportunidades que cada cual puede disfrutar en la vida. La pertenencia formal a un determinado Estado se adquiere habitualmente al nacer, ya sea por hacerlo dentro de sus fronteras o por nacer de padres que ya son miembros formales del mismo. Sobre alguno de estos dos accidentes se construye el vínculo legal que une a cada individuo con un Estado de manera permanente. Los derechos que puedan o no disfrutar las personas —y las situaciones de autonomía y emancipación o, por el contrario, de servidumbre y sometimiento en las que puedan encontrarse— vienen determinados, en la práctica, por el nacimiento a un lado u otro de una línea cartográfica. En función de su nacionalidad, las personas disfrutan también de unas posibilidades muy diferentes para moverse a lo largo del planeta. Quienes, por ejemplo, poseen un pasaporte italiano, español o surcoreano pueden viajar a 178 países sin tener que solicitar un visado, mientras que, sin visado previo, un colombiano tan solo puede desplazarse a 112 y un afgano a 24 (Henley y Partners 2018). Estas diferencias en las oportunidades de movilidad van de la mano de grandes diferencias en las perspectivas económicas, de modo que son muchos los individuos que ven bloqueada la posibilidad de que su situación económica mejore al trasladar su residencia a un país más próspero o seguro.

La nacionalidad del país en que uno se encuentre representa de facto un prerrequisito para el pleno disfrute de los derechos humanos. La posesión de una nacionalidad u otra tiene graves efectos en términos de igualdad: si para algunos es un privilegio que les asegura un futuro prometedor, a otros muchos les determina un escenario vital sumamente limitado (Carens 2013: 226-228). Se confirma así la sentencia de Therborn (2015: 55): “el paquete de probables oportunidades que te corresponden a la hora de nacer es el más importante y duradero”. La suerte del nacimiento restringe en no poca medida, pues, la movilidad social intergeneracional. La nacionalidad, no obstante, es una cualidad conferida por la ley en virtud, en la mayoría de los casos, de un hecho biológico. Como sucede igualmente con el género o la etnia, no es un atributo que corresponda a un criterio de logro moral y que quepa ser esgrimido como argumento para discriminar a nadie ni para determinar lo que merece cada cual, pues las personas solo son responsables de aquello sobre lo que tienen algún tipo de control y está en sus manos cambiar (Dworkin 2003). Nadie, pues, debería ser premiado ni penalizado por nacer en un país o en otro.

El actual estado de cosas resulta favorable, sin duda, para quienes forman parte de los países ricos y disfrutan de los privilegios y ventajas asociados a su estatus nacional. Lejos de ser natural, es un orden modelado y controlado por sus beneficiarios. De cara a quienes habitan en los países pobres, ¿cómo justificar tales prebendas? Es difícil argüir que esta sea una manera justa de organizar el mundo. Es claramente perjudicial para mucha gente. La resistencia a cambiar el statu quo revela una decidida voluntad de mantener las altas cotas de bienestar de los países más desarrollados y, a la postre, de preservar sin cambios un mundo estructuralmente injusto.

Una de las primeras implicaciones de la idea de justicia es la exigencia de poner punto final a las situaciones de injusticia activa, así como la de resarcir a los perjudicados por el mal que se les haya causado (deberes de reparación), una exigencia que no se circunscribe a aquellas situaciones causadas por particulares. Objeto de compensación son todas aquellas injusticias y desigualdades propiciadas no solo por apuestas deliberadas o por comportamientos culpables de los agentes individuales, sino también por circunstancias azarosas sobre las que no poseen control alguno, en la medida en que el componente sistémico o estructural es decisivo.

Dado que la justicia implica dar a cada cual lo que se merece y que “una distribución desigual de los bienes considerados relevantes solo es legítima si puede ser retrotraída a la agencia de los individuos” (Loewe 2018: 246), parece razonable y justo que se implemente algún tipo de reparación compensatoria a favor de quienes son víctimas de una mala suerte bruta que no han provocado ni elegido, tal como argumentan los partidarios del luck egalitarianism (Dworkin 2003; Arneson, 2004). Y si esta idea responde a una más que respetable intuición moral, resulta entonces bastante arbitrario que solo opere en el interior de las fronteras nacionales. Lo coherente —tal como sostiene el llamado global luck egalitarianism (Tan 2012)— sería tener en cuenta sus implicaciones cosmopolitas y extenderlas a las desigualdades de alcance global.

Esta ineludible ampliación espacial de la justicia social contiene, ciertamente, consecuencias de enorme calado práctico: dado que detrás de las desigualdades globales se encuentran situaciones de injusticia sistémica o estructural, no imputables al papel activo de los individuos, que contribuyen a agravar aún más la suerte de los más desfavorecidos del planeta, habría que buscar la forma de erradicar dicha injusticia o, al menos, de compensarla.1 La responsabilidad ante las desigualdades no solo recae sobre sus directos beneficiarios, sino también sobre quienes contribuyen a la creación y funcionamiento del conjunto de normas, instituciones y prácticas que conforman el orden jurídico-económico global que las ampara y reproduce. Al respecto, es indiferente que tales injusticias sean resultado de una explícita voluntad de dañar o de la desidia o del desinterés que mantiene incólumes ciertos procesos y estructuras, lo relevante es si, finalmente, provocan que “las opciones de algunos sean injustamente obstaculizadas y sufran la amenaza de privaciones, mientras que otros obtienen beneficios significativos” (Young 2011: 69). En uno u otro caso, los injustamente beneficiados han de atender a dos deberes básicos: en primer lugar, resarcir a los injustamente perjudicados y, en segundo lugar y no menos importante, rediseñar el orden jurídico-económico internacional para que no sigan generándose tales daños. El primer deber responde a la cuestión de cómo enfrentarse de manera eficaz con las consecuencias negativas de la desigual distribución de la riqueza global. El segundo, al no menos peliagudo problema de cómo asignar los costes de mitigación de tales efectos entre los distintos actores internacionales.

En un mundo con flagrantes desigualdades, en el que millones de personas están excluidas de las ventajas de orden económico, la pregunta es si los países más prósperos que se benefician de ese estado de cosas están obligados o no a contribuir a la redistribución de la riqueza en el mundo y, en caso de respuesta positiva, cómo ha de procederse. A lo primero hay que señalar que no se trata de una mera responsabilidad moral, que también,2 sino de una responsabilidad legal internacional derivada de la asunción integral de los convenios ratificados sobre derechos humanos. Lo suyo sería, entonces, estudiar los posibles modos de satisfacer dicha responsabilidad.

Dado que la desigualdad socioeconómica no es una situación inevitable ni es un producto de fuerzas fuera del control humano, sucumbir a la resignación no es una opción justificada. Pero para combatir dicha desigualdad sin incurrir en un activismo ciego es imprescindible, además de aportar un análisis, disponer de un plan de acción. En esta dirección, y tras la última gran crisis sistémica, los mecanismos de transmisión intergeneracional de la riqueza, concebidos como factores discriminadores de oportunidades futuras, han vuelto a ser objeto de particular examen. Así, y aunque ello suponga situarse fuera del trillado ideario neoliberal y de su mixtificadora retórica de la responsabilidad personal, de nuevo se plantea cómo disminuir el peso acumulativo de los factores heredados. En esa línea se encontraría, por ejemplo, la idea de Piketty (2014) de someter a imposición tributaria este tipo de transmisión, una propuesta congruente con su planteamiento, mucho más genérico, encaminado a eliminar cualquier diferencia en el punto de partida mediante la imposición progresiva de la riqueza en todos sus tramos. En contra de esta idea y de otras similares (Atkinson 2016: 251-284; Pogge 2005: 249-271), podría argüirse que afrontar la pobreza y las desigualdades globales mediante un fondo nutrido con las contribuciones impositivas de los países más prósperos representa un enfoque de la cuestión corto de miras (Estévez 2014: 158-169). Una visión integral —como sería aquella basada en un derecho al desarrollo— reclamaría, más bien, cambios estructurales, de manera que impida la reproducción sistémica de la injusticia global.

En todo caso, para que la reclamación de medidas interestatales de compensación redistributiva esté justificada tienen que satisfacerse algunas condiciones mínimas. Entre ellas, siguiendo el modelo rawlsiano, dos serían las más señaladas: que la situación de los más desfavorecidos provenga de circunstancias que escapan a su propio control y que exista un esquema de cooperación social (Beitz 1999: 136-153). Dos requisitos que se cumplen sobradamente en nuestro mundo. Que la primera condición se satisface resulta evidente tan pronto como se repara en que la situación en la que se encuentran los menos aventajados del planeta es, en una medida nada despreciable, producto de la lotería de haber nacido en determinados países. En cuanto al segundo requisito, se insiste en que la ampliación del marco de las relaciones de justicia más allá de las fronteras nacionales precisa un entramado institucional que vincule a todas las partes implicadas (Nagel 2008). Si esta condición no se entiende como una mera coartada para resistirse teóricamente a la necesaria ampliación del círculo de la justicia, la participación real de las distintas partes del planeta, no tanto en estructuras políticas comunes como en estructuras de interdependencia de carácter fundamentalmente económico, debería ser suficiente para dar por satisfecho este requisito. No obstante, el hándicap con el que nos encontramos es que, mientras que los procesos de producción y distribución en los diferentes países están, en realidad, estrechamente interconectados y actúan conjuntamente bajo la cobertura de la globalización, no existen a escala global estructuras institucionales que sirvan de marco permanente a la concertación interestatal y garanticen la operatividad de las medidas redistributivas que se pudieran adoptar.

Con independencia de que se den las condiciones expresadas para extender globalmente los principios de justicia, la resistencia teórica y práctica sigue siendo tenaz. Ya sea de manera expresa o tácita, se sigue entendiendo comúnmente que el ámbito de aplicación de los principios políticos fundamentales —y, en concreto, de los principios de la justicia— se circunscribe a unos límites espaciales muy precisos: las fronteras estatales. En su interior se hace concreto el primado de la lógica estatal, una lógica incompatible con las exigencias universalistas de la justicia. Ahí adquieren plena primacía los particulares intereses nacionales y apenas hay miramiento alguno para cualquier otra consideración, incluso aunque aquello que coyunturalmente pueda favorecer al propio país vaya en detrimento del resto de la humanidad. Pese a lo arraigado de estas presunciones, no es aceptable, sin embargo, que un asunto tan azaroso como el trazado de las fronteras se tome como una circunstancia moralmente relevante a la hora de definir y aplicar principios de justicia. Para modificar este inadecuado escenario de diseño estadocéntrico se requieren no solo marcos conceptuales distintos, sino también nuevas estructuras político-institucionales con las que desarrollar un modelo de convivencia en el que “los accidentes de nacimiento y origen nacional no viciaran desde el principio y en todos los sentidos las opciones vitales de las personas” (Nussbaum 2007: 22).

Tras la pérdida de poder real generada por el avance de los procesos globalizadores, gran parte de los Estados contemporáneos han reaccionado esforzándose por extraer “el máximo partido a lo que queda de la política cuasilocal y de la prerrogativa estatal monopolista antaño celosamente protegida e inalienable de establecer una separación entre el «nosotros» y el «ellos»” (Bauman 2017: 67). En la práctica, los Estados —incluso los más democráticos— tienen de su territorio de soberanía una concepción patrimonialista y excluyente que se traduce en la pretensión de ejercer un control total del tránsito fronterizo. Según el orden internacional vigente, ningún individuo tiene, en principio, derecho a entrar sin más en un país del que es extranjero. Mientras que para salir los obstáculos suelen ser inexistentes, excepto en los regímenes autoritarios, poder entrar constituye una gracia —y el uso de este término de origen teológico en absoluto es caprichoso— que se otorga al extranjero y que, igual que se concede, puede ser denegada de manera arbitraria por parte de las autoridades estatales.

Esta faceta excluyente y defensiva de las fronteras se ve reforzada, en algunos casos, con el levantamiento de vallas y muros, una práctica común en los últimos tiempos no tanto para proteger el territorio ante un posible enemigo como para impedir pacíficos movimientos migratorios. Son cada vez más los gobiernos que encaran la cuestión migratoria como un problema de seguridad o de riesgo para la soberanía nacional. En esta misma línea se sitúa no solo el sellamiento preventivo de las fronteras o el patrullaje de las aguas territoriales, sino también la política de expulsión de los migrantes y refugiados que han ingresado en el territorio estatal sin la documentación exigida. Poco parece importar que estas acciones resulten finalmente ineficaces en relación con su objetivo expreso y que solo sirvan para nutrir la migración irregular. En todo caso, lo que subyace es una determinada manera de entender las fronteras, según la cual su misión básica sería separar poblaciones y parcelar el espacio planetario. No entra nunca en consideración el hecho de que ese espacio constituye el domicilio compartido de toda la humanidad. La afirmación de esa concepción de las fronteras supone, sin duda, la negación frontal de esta otra convicción básica del cosmopolitismo.

El repudio del cosmopolitismo y el de la inmigración van de la mano, tanto en los antiguos nacionalismos excluyentes como en los nuevos populismos emergentes que instrumentalizan para sus propios intereses un fenómeno consustancial a la historia de la especie humana. En nombre de una parcialidad patriótica, la desaprobación no se verbaliza en términos de lucha de clases, sino culturales y axiológicos, como repliegue identitario y nacionalista ante cualquier atisbo de apertura cosmopolita hacia la migración (Tan 2005; Miller 2013). Detrás de esa parcialidad por los autóctonos hay obviamente móviles de carácter económico, pues no es sino expresión fehaciente de un arraigado chovinismo del bienestar (Habermas 1998: 636-643).

Pese a lo dicho, la comprensión de las fronteras como un dispositivo esencialmente obstructivo —tal como se compendia en la imagen de los muros— representa tan solo una percepción simplificadora. El complejo fenómeno de las fronteras admite lecturas más integradoras que no quedan atrapadas por la generalización de determinadas prácticas de exclusión, por muy extendidas que estas se encuentren. En apoyo de una visión de las fronteras distinta a la dominante, resulta instructivo remitirse al tipo de reflexiones formuladas por autores tan heterogéneos como Régis Debray (2016), Rainer Bauböck (2015) o Sandro Mezzadra y Brett Neilson (2017).

Para el primero de estos autores, la función comúnmente atribuida a la frontera está teñida de ambigüedad, pues a la vez que “inhibe la violencia, puede justificarla. Sella la paz y desencadena la guerra. Humilla y libera. Disocia y reúne” (Debray 2016: 32). Esa versatilidad no es accidental, sino constitutiva: las fronteras no son solo coordenadas de separación, sino también dispositivos interactivos que posibilitan los flujos de comunicación: separan y unen.3 De ahí que quienes están a uno u otro lado de un trazado fronterizo tienen esa equívoca percepción de estar a la vez lejos y cerca. De manera similar a como la piel que recubre un organismo vivo, las fronteras han desempeñado a lo largo de la historia también la misión de conectar: “la piel está lejos del telón hermético como la frontera digna de ese nombre lo está del muro. […] Decir de una frontera que es un colador es hacerle justicia: la frontera está ahí para filtrar” (Debray 2016: 43). Las fronteras, en realidad, no son impenetrables, sino porosas, de modo que a sus márgenes se generan con frecuencia sociedades y culturas transfronterizas profundamente interactivas. Con acentos propios, esta idea también es defendida por Bauböck (2015: 172): “las fronteras estatales no tienen que construirse ni como barricadas móviles ni como muros rígidos. Una tercera posibilidad es pensarlas como membranas, esto es, como estables, pero al mismo tiempo permeables”.

De hecho, en el marco de la actual división internacional de la mano de obra, la función primordial de las fronteras, a diferencia de los muros, no es impedir los intercambios, sino la de posibilitarlos mediante una peculiar regulación del tránsito: “las fronteras, lejos de servir simplemente para bloquear u obstruir los flujos globales, han devenido dispositivos esenciales para su articulación” (Mezzadra y Neilson 2017: 21). Según estos dos autores, esta ambigüedad funcional estaría, en realidad, inducida por la lógica del capital transnacional: los sistemas de control fronterizo constituyen instrumentos esenciales para el filtrado y la selección de la fuerza laboral que proporcionan los movimientos migratorios.4 Las fronteras serían, pues, dispositivos orientados por objetivos de explotación, desposesión y dominación. Un uso muy extendido, pero sobre el que cabría convenir en que no sería precisamente el más recomendable, al menos desde una visión anclada en los derechos humanos.

Sin duda, para poder enderezar esta frecuente deriva se requiere un radical cambio de enfoque que propicie una actitud abiertamente cooperativa. Ese necesario cambio no puede imponerse sin más. Solo será posible mediante un acuerdo entre todas las partes que atienda a los diferentes intereses: una regulación que se atenga a criterios de justicia y equidad. A partir de una regulación que no solo deberá ser ética, sino también jurídica, sería factible afrontar de otra manera los flujos migratorios y pensar en la posibilidad no tanto de eliminar las fronteras como de mantenerlas habitualmente abiertas. De este modo, las fronteras, en lugar de separar, impulsarían más bien la comunicación y la interacción entre las distintas partes de la humanidad.

Entre las condiciones previas para avanzar en esa dirección y adoptar una concepción global de la justicia distributiva se encuentra la ampliación de la escala de análisis y el abandono del «nacionalismo metodológico» y su injustificada presuposición del Estado nacional como la forma natural de organización social. En realidad, ningún fenómeno social puede ser descrito o explicado únicamente a partir del Estado si sus causas no radican exclusivamente en el interior de su territorio y sus implicaciones sobrepasan sus límites. Y, pese a que los procesos migratorios internacionales caen claramente fuera de este terreno, lo cierto es que ese restrictivo enfoque metodológico —y su miope sobredimensionamiento del «interés nacional»— es precisamente el que se encuentra detrás de la mayoría de las políticas migratorias actualmente desplegadas (Sager 2016). Y los efectos no se quedan ahí, pues, mediante las anteojeras proporcionadas por esta forma «nacionalista» de ver el mundo, se torna legítimo, e incluso loable, preocuparse de manera preferente por preservar o ampliar la riqueza y el desarrollo del propio país y de sus conciudadanos e ignorar la suerte de los demás (Bauman 2017: 66).

Frente a ello, la adopción de un «cosmopolitismo metodológico» —que evalúe los procesos sociales en relación con los derechos, recursos y oportunidades imputables a los individuos con independencia de cuál sea su origen o adscripción nacional— aparece como una perspectiva cognitiva, a la vez que estratégica, más ajustada a las necesidades de análisis de una nueva realidad histórica y social; apta, pues, para un mundo que es cada vez más el nuestro, en el que los individuos comparten y son conscientes de compartir, directa o indirectamente, un mismo entorno natural finito (Arnsperger y Van Parijs 2002: 105). En un marco global, en el que se hacen presentes cada vez con más fuerza problemas sistémicos y medioambientales de alcance planetario,5 se requiere que todos los Estados pongan en común recursos, tecnología, servicios de información y también su autoridad, esto es, se precisa una respuesta necesariamente multilateral y coordinada que haga posible “reestructurar radicalmente el sistema económico mundial” de acuerdo con criterios de justicia (Beitz 1999: 127) y, como consecuencia de ello, modificar también las condiciones de la movilidad humana.

Contemplados los actuales procesos migratorios desde una perspectiva global, el escenario óptimo sería aquel en el que todas las personas pudieran satisfacer sus necesidades básicas en su lugar habitual de residencia y no se vieran impelidas a tener que emigrar (Risse 2012: 153). Al fin y al cabo, tan básico como el derecho a poder emigrar es el derecho a no tener que emigrar y poder permanecer en el propio país (Oberman 2011). Pero la realidad de nuestro mundo se parece poco a ese escenario ideal. Son muchas, demasiadas, las personas que no pueden atender las necesidades más primarias en su propio país y, menos aún, seguir dignamente sus planes de vida. Para muchos parias de la Tierra, la utopía más atractiva ya no es cambiar de régimen político, sino cruzar las fronteras y cambiar de país (Krastev 2017: 166). La migración sería, entonces, la vía rápida que se les presenta a los desheredados para acceder a los prometidos beneficios de la globalización. De hecho, algunos de ellos, unos cuantos millones todos los años, intentan desplazarse a otro país en búsqueda de un nivel de vida decente para ellos y sus familias. En no pocos casos, afrontan cualquier peligro y sacrifican lo poco que tienen con tal de poder acceder como sea al territorio de sus sueños. Lo que suelen encontrar son puertas cerradas, además de incomprensión y rechazo. Ante ese panorama, cabe preguntarse si los Estados más prósperos y seguros están legitimados a restringir la libertad migratoria que le asiste a cualquier ser humano. Al menos desde un ideario democrático consecuente, no es evidente que exista un legítimo derecho a controlar de manera unilateral las fronteras estatales (Abizadeh 2008).

La desigualdad entre los diversos pueblos del planeta forma parte sustancial del substrato del que se nutren las intensas migraciones internacionales de nuestros días. Y si el desigual reparto de la riqueza encuentra en las migraciones internacionales una vía de escape, aunque sea parcial, no se pueden mantener cerrados los ojos y negar que, al menos en los países comparativamente más opulentos, la cuestión del acceso a su territorio y de las condiciones de permanencia en él ha de ser abordada desde la perspectiva de la justicia global (Milanovic 2017: 170-178).

Una influyente corriente estatista en la teoría de la justicia sostiene, sin embargo, que el Estado soberano territorial es el mejor instrumento para llevar a cabo las exigencias de la justicia distributiva (Nagel 2008). Si esto es así, el control sobre las fronteras sería indispensable para poder disponer de los bienes y servicios públicos necesarios para cumplir las obligaciones de justicia con los conciudadanos (Miller 2016). Es más, en nombre del derecho de autodeterminación política, las sociedades estarían autorizadas igualmente a excluir a los no miembros (Miller 2013; Wellman 2019; Walzer 1993: 44-74). Desde el igualitarismo cosmopolita, por el contrario, se argumenta que las estrategias de exclusión relacionadas con el estricto control territorial generan deberes frente a los que están al otro lado de las fronteras (responsabilidades extra republicam), por lo que resultaría imprescindible mantener canales legales de entrada. Con todo, incluso los cosmopolitas admiten que el derecho a inmigrar puede restringirse en ciertas circunstancias bien tasadas, pero insisten en que las restricciones de inmigración son injustas en los demás casos.

Aunque migrar constituya uno de los pocos recursos disponibles que los más desfavorecidos tienen en sus propias manos para la mejora de sus condiciones de vida (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2009), es una cuestión ciertamente disputada si la apertura de las fronteras de los países más ricos, que permita la entrada de migrantes procedentes de los países pobres, es o no un mecanismo idóneo para la consecución de la justicia distributiva global (Cassee 2016: 187-198). Por un lado, habría que subrayar que, pese a los extendidos prejuicios, no hay constatación empírica alguna de que la afluencia de inmigrantes erosione los sistemas de protección social en los países receptores (Rodrik 2011: 289-290). Por otro lado, aunque cabe pensar que la eliminación de las barreras a la inmigración conduce a la equiparación del bienestar entre los países, no hay evidencia de que una emigración libre hacia los países más ricos sirva para mejorar estructuralmente la situación económica de los países de origen.6 Apoyándose en esto último, incluso Pogge (2010), uno de lo más acreditados defensores de la justicia global, considera inadecuada la apertura de frontera con el fin de eliminar la pobreza extrema, pues con ello tan solo se salvaría, según él, la situación de unos pocos. Es cierto que este autor desestima por completo la relevancia económica de las remesas que los inmigrantes envían a sus familiares residentes en los países de origen y su significado como forma directa de redistribución (Cheneval 2013), pero es muy probable que tenga razón en que lo único que, de alguna manera, puede frenar el constante y masivo movimiento de migrantes sea una mejora sustancial de sus condiciones de vida en los países de origen. Mientras eso no se logre, urge plantear otras opciones que permitan avanzar hacia el objetivo de un mundo en el que todos puedan vivir con dignidad. Con todo, y a diferencia de cómo es presentada por Pogge, la apertura de fronteras adquiere un sentido mucho más pleno si se piensa en conexión con otras medidas, tales como la cancelación de la deuda externa de los países más pobres, las ayudas al desarrollo o las reformas del sistema del comercio mundial (Cassee 2016: 195).

En un mundo estructuralmente interdependiente, pero cuyos habitantes disfrutan de manera desigual de los bienes comunes, los ciudadanos de los países ricos poseen responsabilidades frente a los países más desfavorecidos que han de traducirse en medidas efectivas de compensación redistributiva. Y, aparte de las ya señaladas, para conseguir ese mismo objetivo pueden considerarse también otras relacionadas con el control de las fronteras estatales, aunque ello suponga limitar la soberanía estatal. En un contexto en el que la brecha entre los niveles de riqueza de los diferentes países es descomunal, los Estados más ricos (o relativamente más prósperos) no poseen la legitimidad requerida para impedir el tránsito fronterizo de personas atendiendo tan solo a su propio interés. El mantenimiento de esa facultad soberana estaría condicionado a su contribución, en la medida de las posibilidades de cada país, a la reducción significativa de las desigualdades globales y al establecimiento de la justicia distributiva entre las distintas partes del planeta (Kymlicka 2006: 76-78). Esta contribución se concretaría, entre otras posibles medidas, en la eliminación de las barreras al comercio para los países más desfavorecidos, en la reforma de las instituciones económicas internacionales existentes o en la articulación de alguna suerte de impuesto redistributivo que favorezca una participación más justa de todos en los recursos planetarios.

Dicho de otro modo, una primera opción para cumplir con esos deberes de justicia sería, pues, desplazar recursos, empezando por el dinero, allá donde están las personas más necesitadas. Si, como cabe observar, no existe voluntad de poner en marcha esta opción, excepto en casos aislados y de limitada efectividad, una segunda opción sería permitir que las personas puedan desplazarse allá donde están los recursos y el dinero (Goodin 1992: 8; Cavallero 2006: 98). Si se considera que suturar las «cicatrices de la historia» es un objetivo deseable, explorar la posibilidad de eliminar las restricciones a la inmigración no es una opción que pueda ser desechada sin más explicaciones. Es un hecho que la mayoría de los países desarrollados no ponen en marcha medidas del primer tipo ni tampoco abren sus fronteras. Los Estados, sin embargo, tienen que elegir y lo cierto es que, una vez desechada la primera opción, la apertura de fronteras —que, adviértase, no es lo mismo que su supresión, pues las fronteras podrían seguir persistiendo en cuanto demarcaciones jurisdicionales de entidades estatales independientes— se presenta como un modo efectivo de asumir las responsabilidades ante los más desfavorecidos del planeta.

Un escenario de fronteras abiertas —un mundo en el que, aunque cupieran excepciones tasadas, las fronteras fueran, como norma habitual, un dispositivo irrelevante en términos de movilidad humana— supondría una ruptura en la reproducción de la injusticia estructural y, de algún modo, podría contribuir a su reducción. Aunque no se lograra alcanzar plenamente la meta deseada, del mismo hecho de introducir este elemento disruptivo en el discurso hegemónico se extraería ya un rendimiento práctico más que notable: “El objetivo del argumento de las fronteras abiertas es desafiar la complacencia, hacernos conscientes de cómo las prácticas democráticas rutinarias en inmigración niegan la libertad y ayudan a mantener la desigualdad injusta” (Carens 2013: 296).

Cuando, hace algo más de treinta años, Joseph Carens publicó su archicitado artículo “Aliens and Citizens. The Case for Open Borders” (1987), la migración constituía un espacio filosóficamente deshabitado. Si por aquel entonces tres renombradas revistas especializadas en filosofía política y teoría social coincidieron en rechazar su publicación, entretanto el paisaje académico ha mutado sensiblemente: la propuesta de abrir las fronteras se ha convertido en una respetable posición plenamente integrada en los debates académicos. Incluso aquellos que argumentan en contra, reconocen que el derecho a la exclusión no es algo evidente de por sí, sino algo que requiere justificación.

No obstante, el pensamiento hegemónico —impregnado de realpolitik— sigue troquelado por una presunción ideológica que entiende como agresión todo aquello que desnaturalice lo que nunca debió naturalizarse. De ahí que siga siendo habitual oponer una recia resistencia ante cualquier cuestionamiento de la división del planeta por medio de fronteras. Práctica habitual, ciertamente, pero no por ello fundada: como se ha intentado mostrar lo largo del presente artículo, replantear las funciones atribuidas a las fronteras y el modo en que las personas, con independencia de su nacionalidad, están autorizadas a franquearlas representa una fórmula legítima y argumentada de introducir cierta dosis de justicia distributiva en el mundo de las relaciones internacionales, esto es, en un injusto entramado que concede ventajas a algunos a costa de muchos.