La condicionalidad de la política social como objeto de estudio ha ganado interés desde la presentación del enfoque de las condicionalidades de Clasen y Clegg (2007). El esquema sirve para identificar cambios de tipo cualitativo en el seno de los EB: sin observarse cambios superficiales a nivel cuantitativo (de gasto social), las condiciones para ser beneficiarios pueden cambiar (endureciéndose o suavizándose). Por tanto, implica mover el foco desde el nivel redistributivo hacia el tipo de condicionalidades, observando un nivel más profundo y cualitativo. He ahí su interés y su potencial.

Para estudiar estos cambios, identifican una tipología de tres condiciones de las políticas sociales: categoría, circunstancia y conducta. Las condiciones de categoría se refieren a la pertenencia de un individuo a una categoría de apoyo legalmente definida. Por ejemplo, las condiciones para ser considerado jubilado, desempleado o ciudadano nacional. Las categorías pueden ser redefinidas con parámetros más amplios o más estrechos (por ejemplo, retrasando o adelantando la edad de jubilación). En segundo lugar, aparecen las condiciones de circunstancia, que se refieren al nivel de protección al que tiene acceso el individuo según sus contribuciones pasadas o su situación económica. En último lugar, aparecen las condiciones de conducta, referidas a las obligaciones de los individuos para mantener su condición de beneficiarios.

El enfoque toma especial relevancia en el contexto del debate acerca de si en Europa se está produciendo un giro hacia las políticas de activación laboral e inversión social por parte de los EB. Como apunta Bonoli (2010), las políticas de activación pueden tomar distintas formas, pero el interés actual se basa en el énfasis especial en las condiciones de conducta de los beneficiarios y el apoyo a su empleabilidad. Este acento conlleva una transformación de la distribución de derechos y obligaciones de la acción protectora tradicional de los EB, bajo la idea de que los derechos conllevan deberes (Moreno y Serrano-Pascual 2007). Específicamente, el cambio se materializa con medidas que promueven el empleo como mecanismo de provisión de bienestar social (workfare) a partir del control y las sanciones a los beneficiarios, la limitación de la cobertura, la reducción de las cuantías y la introducción de planes individualizados que hacen la relación contractual (Fletcher y Wright 2018).

Para explicar las actitudes hacia la condicionalidad, el punto de partida de esta investigación son las dos grandes dimensiones explicativas ofrecidas por la literatura: el autointerés, que identifica el modelo antropológico del homo economicus, y la ideología, que refiere un homo sociologicus.

Considerando el autointerés, la literatura destaca el distinto interés que desarrollan los individuos según su posición estructural. El autointerés procede del cálculo racional de las posibilidades de ser beneficiario de uno o varios programas de los programas del EB (de la utilidad esperada). A modo ilustrativo, habitualmente se destacan como factores relevantes la edad, el sexo, el nivel de estudios o de ingresos y constructos como el estatus o la clase social. Desde la mirada del homo economicus, los ubicados en las posiciones estructurales más vulnerables desarrollarán actitudes menos condicionales. Si bien esta es la hipótesis principal, Jeene, van Oorschot y Uunk (2013) han propuesto la llamada “hipótesis de la competitividad por los recursos”. Con ella se pretende explicar el hecho de que algunos individuos más autointeresados muestren actitudes que, a priori, van contra su propio interés. Esto implica que muestren actitudes más condicionales con tal de maximizar sus oportunidades: les interesa mantener limitado el alcance de las prestaciones para reducir las posibilidades de verse desplazados como (potenciales) beneficiarios.

Por otro lado, la investigación ha mostrado que, si la ideología de un individuo coincide con los valores políticos que inspiran el EB o uno de sus programas, entonces mostrará más apoyo al EB. Si bien es habitual utilizar la autoubicación en el eje izquierda-derecha, huelga decir que su naturaleza multidimensional plantea la necesidad de captar mejor los factores implicados (Weber y Federico 2013). En este sentido, el grado de igualitarismo es uno de los indicadores más pertinentes, mostrando una significatividad recurrente en distintos contextos nacionales (Calzada et al. 2014). Desde la mirada del homo sociologicus, las actitudes hacia la condicionalidad serán una expresión de la ideología de los individuos. Así, los individuos a la izquierda del eje ideológico y los más igualitaristas desarrollaran actitudes menos condicionales, basándose en la creencia sobre la responsabilidad redistributiva del Estado y la solidaridad.

Los criterios de merecimiento son reglas sencillas que utilizan las personas para juzgar el merecimiento de un individuo o de una categoría social. El cumplimiento de estas reglas genera la percepción de merecimiento que, asociada a la predisposición para cooperar o ayudar, se traduce en actitudes más o menos condicionales. Es importante detectar que no solo puede ser relevante la percepción sobre un caso o colectivo determinado, sino el uso, valor o importancia que se les da a los criterios per se.

Los criterios identificados inicialmente por van Oorschot (1998, 2000) son los de control, necesidad, identidad, actitud y reciprocidad. Antes de nada, es interesante detectar que control, actitud y reciprocidad hacen referencia a la conducta del individuo, lo que permite pensar en una versión más sintética del esquema original. De hecho, dentro de un criterio más genérico de conducta se podrían ubicar otros criterios muy cercanos conceptualmente como los de responsabilidad, intencionalidad o esfuerzo estudiados por otros autores (Petersen et al. 2010; Gaeta 2012; Feather 2006; Cosmides y Tooby 2006; Linos y West 2003).

El argumento a favor de esta concepción proviene de la investigación de Feather (2006). Este revela que, en los juicios de merecimiento según conducta, opera una mecánica básica: la relación entre una conducta con el resultado u objetivo que le prosigue. Si hay una coherencia lógica entre conducta y resultado, entonces se percibe merecimiento. Por tanto, lo relevante está en la mecánica común que subyace a la evaluación de la conducta, transversal a los distintos criterios citados.

Además, es posible identificar una motivación prosocial común a la valoración de la conducta: la reciprocidad. La importancia de esta motivación prosocial en el ámbito del EB ha sido especialmente destacada (Stiefken 2014; León 2012; Moreno y Serrano-Pascual 2007), dando lugar a la defensa del modelo antropológico de homo reciprocans (Bowles y Gintis 2000). De hecho, los criterios de merecimiento, tal como la idea del homo reciprocans y las motivaciones prosociales (Noguera et al. 2011), tienen que ver con las reglas que regulan la cooperación: aparte de la reciprocidad asociada al criterio de conducta, la investigación ha detectado la relevancia de la solidaridad (Delton et al. 2018) y el altruismo intragrupal (Reeskens y van Oorschot 2012; Yamagishi et al. 2008), que se pueden asociar al criterio de necesidad e identidad respectivamente.

Las consideraciones anteriores permiten respaldar un esquema más sintético de los criterios de merecimiento, respaldado en las motivaciones prosociales (Cuadro 1).

Como se puede observar, el hecho de que los criterios de merecimiento impliquen reglas que regulan la cooperación proporciona una mirada más amplia, caracterizada por su carácter normativo y moral (relativo a quién ayudar y por qué). En este sentido, es posible integrar los criterios de merecimiento en la perspectiva de la economía moral del EB (Taylor-Gooby et al. 2018; Mau 2003; Arts y Gelissen 2001). Considerando los resultados de esta perspectiva, así como los de Jeene, van Oorschot, y Uunk (2013) acerca de cómo distintos grupos sociales usan distintos criterios, es razonable pensar que los criterios de merecimiento interaccionan con los efectos de la ideología y del autointerés desde su carácter moral.

Por el lado de la ideología, los juicios de merecimiento según conducta pueden fundamentar el efecto del igualitarismo y la ética del trabajo (responsabilidad pública o individual, valor del esfuerzo) y los juicios según necesidad, el efecto del universalismo (cobertura selectiva o universal). Por el lado del autointerés, la posición desde la que un individuo realiza su juicio puede hacerle más o menos propenso a dar valor a la conducta y la necesidad según su propia experiencia de las fuerzas sociales. Además, en ambos casos los criterios de merecimiento aportan una fuente de variabilidad de naturaleza distinta: no solo es posible que fundamenten los efectos del autointerés y la ideología, sino que interfieran con ellos, distorsionando sus predicciones. Es decir, pueden ser transversales a distintos grupos sociales.

De cualquier modo, la concurrencia de distintas dimensiones explicativas de las actitudes hacia la condicionalidad permite pensar en el poder del encuadramiento o framing (priming) discursivo de la política social. Así, con tal de influenciar el proceso de formación de actitudes, el encuadramiento puede primar las bases ideológicas, los beneficios materiales para distintos grupos o los criterios de merecimiento en pugna, haciendo que las personas se inclinen más por una u otra dimensión (Petersen, Slothuus y Togeby 2010; Petersen et al. 2010; Chong y Druckman 2007; Slothuus 2007; Chong, Citrin y Conley 2001).

Por último, es necesario destacar que el potencial explicativo de los criterios de merecimiento solo tiene sentido considerando, como apunta Conybeare (2007), que las dimensiones del merecimiento y la condicionalidad son analíticamente distintas, siendo la primera causalmente anterior. Hay razones tanto teóricas como metodológicas que lo fundamentan, y atenderlas convierte la estrategia de investigación aquí adoptada en novedosa.

Las investigaciones demoscópicas previas, incluso las más recientes, solapan las dimensiones de merecimiento y condicionalidad (Meuleman et al. 2018; Calzada y Del Pino 2016; van Oorschot y Roosma 2015). Este solapamiento, que puede inducir a equívocos, ocurre al estudiar qué programas del EB son más populares (o a qué categorías debe condicionarse la política social: jubilados, jóvenes, parados, inmigrantes, mujeres…), para deducir de ello la legitimidad social del EB o sus programas. En estos estudios, los criterios de merecimiento son el elemento teórico que permite interpretar el distinto apoyo observado empíricamente, pero no forman parte del aparato estadístico como causas de las supuestas actitudes hacia la condicionalidad. Dada la reciente popularidad de este tipo de estudios, es necesario clarificar el lugar y la naturaleza de cada dimensión y recalcar que, en esta investigación, la estrategia empírica es diferente.

A nivel teórico, una apreciación central para la distinción es que las actitudes hacia la condicionalidad se refieren a un objeto concreto, son de dominio específico. Parafraseando a Feather (2003), las actitudes hacia la condicionalidad se definen en relación con un contexto de referencia externo a la personas, que tiene que ver con normas y principios legales acerca del acceso y mantenimiento de la condición de beneficiario a través de condiciones de categoría, circunstancia y conducta como las descritas anteriormente.

Los criterios de merecimiento, en cambio, son de dominio transversal y, más allá de la política social, existen en otros ámbitos como la justicia criminal (Cosmides y Tooby 2006) o las interacciones sociales que plantean el problema del polizón (Delton et al. 2012). Según la caracterización de Schwartz (2006), los criterios de merecimiento pueden ser entendidos como “valores básicos”. Es decir, como valores que atienden a cuestiones que operan más profundamente y son relevantes en distintas dimensiones, mientras las actitudes pueden cambiar mucho más rápido y son de dominio específico. Esta distinción teórica entre valores y actitudes tiene, a su vez, implicaciones metodológicas: como también ha defendido Sundberg (2014), puede conllevar endogeneidad en los modelos, explicando actitudes con actitudes.

De esta forma, entender adecuadamente la naturaleza distinta de cada dimensión, así como las interferencias que pueden producir los juicios de merecimiento respecto de la ideología y el autointerés, puede contribuir a reducir y comprender el grado de desajuste entre datos y teoría existente en los estudios; una cuestión que ha sido objeto de debate por autores como Petersen y Aarøe (2012), Jæger (2008) y Noya (2004).

Considerando todo lo anterior, en primer lugar se deriva una hipótesis acerca de los criterios de conducta:

En segundo lugar, en relación con las interacciones:

En tercer lugar, en relación con el uso de distintos criterios por distintos grupos sociales:

Finalmente, en relación con las actitudes hacia la condicionalidad:

Considerando la hipótesis relativa a las interacciones entre las dimensiones explicativas (H2), se pueden plantear tres modelos de vías (figura 1):

Los datos usados provienen de una base de datos construida en el 2010 con una muestra representativa de la población de 16 años y más del principado de Cataluña (N=1900; más información al final del documento1).

Dado que el interés reside en el proceso de generación causal y en las relaciones que se establecen entre las dimensiones explicativas, independientemente de los niveles de las variables y su inferencia poblacional (el objetivo no tiene que ver con la legitimidad social de las prestaciones), el potencial de los datos sigue siendo válido y atractivo, a pesar de sus características geográficas (Cataluña, que podría no ser representativa de otros conjuntos de población) y temporales (período de crisis económica, dado que el contexto ejerce una presión).

Para contrastar la posibilidad de disponer de una sola variable que englobe los distintos criterios de conducta (H1), se construye una escala a partir de distintos ítems y se somete a un análisis de confiabilidad. Para ello, se usan los métodos de Análisis Factorial Exploratorio y Confirmatorio para obtener medidas de distintas propiedades relativas a la carga de un factor general.

La estrategia de construir escalas da consistencia a la operativización, por eso se utilizará también en la fase de construcción de variables para los casos en que sea posible. En estos supuestos, para el análisis de confiabilidad es suficiente el uso de alfa ordinal, medida más popular en la ciencia social. En todos ellos se sigue el mismo procedimiento: dicotomizar los ítems entre 0 (desacuerdo) y 1 (acuerdo), analizar la confiabilidad a través de la matriz de correlaciones tetracóricas, construir la nueva variable sumando las distintas variables y reescalar los valores entre 0 y 1 de nuevo.

Los sistemas de ecuaciones estructurales permiten hacer frente al resto de necesidades expresadas por las hipótesis. Primero, para comparar los distintos modelos de vías para ver cuál muestra mejor ajuste a los datos y cómo interaccionan las distintas dimensiones explicativas (H2). Segundo, para contrastar el peso explicativo de las distintas variables (Hipótesis 3 a 8).

La selección y construcción de variables se realiza de acuerdo con las necesidades teóricas y metodológicas de la investigación. En esta sección se presenta la información indispensable para la lectura de los resultados, que se amplía en el anexo 1 con valores, etiquetas y frecuencias de cada variable, y en el anexo 2 con los estadísticos descriptivos correspondientes.

En relación con la dimensión del merecimiento, los datos son de gran interés porque permiten capturar la importancia o uso de la conducta y la necesidad como criterios de merecimiento (aunque no el de identidad). Siguiendo las aportaciones realizadas en el marco teórico, las variables utilizadas para hacer operativos los criterios de merecimiento se refieren a situaciones generales, y no a preguntas del dominio específico de una política social. Esto último sí se realiza para la variable dependiente principal (las actitudes hacia la condicionalidad).

Un total de ocho ítems captan cuestiones relativas al valor que se le da a la conducta para juzgar a quien se debe ayudar (tres relativas al esfuerzo, dos a la reciprocidad, dos a la responsabilidad y uno a la intencionalidad). Con estos se forma una escala en la que puntuar alto identifica un individuo para el que la conducta es un criterio importante de merecimiento, considerando que los individuos son responsables de su situación, que tienen que ser recíprocos, que el esfuerzo debe ponerse en valor y que la gente tratará de sacar ventaja indebidamente, si puede (el análisis de confiabilidad indica un valor de alfa ordinal de 0,64 y, en el apartado de resultados, esta escala se somete a un análisis más complejo en relación con la H1).

Para el caso del criterio según necesidad, se consideran tres ítems con los que se capta si para el individuo es importante la situación de necesidad como criterio de merecimiento. Para el caso, la escala reúne las respuestas a la pregunta de si se debe ayudar de forma preferente a menores de edad, a mayores de 65 años o a todo ciudadano (el valor de alfa ordinal asciende a 0,83). Las respuestas en la construcción de la escala se organizan de manera que alguien que puntúa alto es alguien que considera que solo merece ayuda quien está en situación de mayor vulnerabilidad. Al contrario, puntuar bajo identifica a un individuo para el que no es relevante la necesidad para discriminar entre merecedores y no merecedores, sino que toda persona lo es.

El análisis confirma que ambos criterios conforman escalas no correlacionadas. A nivel teórico, esto es importante porque pone de manifiesto la diversidad de criterios para juzgar el merecimiento; y, a nivel metodológico, indica que no son reducibles entre sí.

Con relación a las actitudes hacia la condicionalidad, la encuesta permite captarlas construyendo una escala de apoyo a distintos grados de condicionalidad (un valor de alfa ordinal de 0,73, que indica buena consistencia) a partir de ocho ítems. Los ítems que forman la escala reúnen la opinión acerca de las condiciones que deben exigirse en el caso de prestaciones por desempleo (cuatro ítems), rentas mínimas (dos ítems) y pensiones de jubilación (dos ítems). Siguiendo la conceptualización del enfoque de las condicionalidades, las categorías de respuesta dicotómica posibles son o bien ninguna condición, o bien algún tipo de condición relativa a las contribuciones pasadas y a la situación de necesidad (condiciones de circunstancia) o a las obligaciones como beneficiario (condiciones de conducta). La escala engloba todos los resultados, sin atender al distinto apoyo que pueda recibir cada programa: el interés reside en las condiciones, independientemente de los programas (que tienen en común que son transferencias monetarias y no servicios). A mayor puntuación, actitud más condicional.

En cuanto a la dimensión ideológica, siguiendo las indicaciones realizadas en el marco teórico, se utiliza tanto el autoposicionamiento en el eje izquierda-derecha como el grado de igualitarismo. El eje izquierda-derecha se hace operativo de forma ordinal, considerando las tres posiciones básicas de izquierda, centro y derecha (en este orden, de menos a más). Con relación al grado de igualitarismo, se forma una escala (el análisis de confiabilidad indica un valor de alfa ordinal de 0,67) que reduce las respuestas dicotómicas a cinco indicadores relativos al repartimiento de la riqueza en una sola variable, de menor a mayor igualitarismo.

Finalmente, en el caso del autointerés se construyen un total de seis variables ordinales. Las categorías están ordenadas de menor a mayor autointerés hipotético hacia un grado bajo de condicionalidad de la política social. En esta dimensión, en primer lugar, se captan distintas variables que cubren situaciones laborales o económicas que hipotéticamente provocan mayor autointerés. Se capta el nivel de estudios (siendo la categoría “sin estudios” la de los más autointeresados; es decir, la categoría más alta), la posición en el mercado laboral del individuo (siendo los parados los más autointeresados), las prestaciones que recibe el encuestado (identificando los más dependientes como más autointeresados) y, finalmente, el nivel de ingresos netos del hogar (siendo los que viven en hogares con menos de 1000 euros al mes los más autointeresados). En segundo lugar, como variables del autointerés también se utilizan las sociodemográficas de sexo y edad, siendo las mujeres y los individuos de mayor edad categorizados como los más autointeresados, por sus posiciones de mayor vulnerabilidad estructural.