Las medidas de ajuste que los organismos internacionales impusieron a los gobiernos latinoamericanos en los años noventa reorientaron la política social hacia soluciones monetarias compensatorias de responsabilidad individual, ajenas a la desmercantilización de la provisión y el riesgo compartido keynesianos. El impacto de estas nuevas herramientas en la reducción de la pobreza extrema —entre las que despuntaron programas de transferencias condicionadas (PTC) como «Bolsa Familia» en Brasil o «Progresa» en México— favoreció su extensión y se implementaron en la mayoría de los gobiernos progresistas del giro a la izquierda que vivió la región. A pesar de su éxito, estas transferencias han sido cuestionadas por el uso estratégico, la cooptación clientelar de sus beneficiarios y la institucionalización de la desigualdad.

Para comprobar si la protección de los grupos vulnerables se ve afectada por la dinámica electoral, este trabajo analiza el uso estratégico del gasto social previsional de vocación universal y compensatorio focalizado en la República Dominicana en el periodo 2006-2012. Aunque en estos años el país experimentó un importante crecimiento económico, fueron escasos los avances redistributivos: un coeficiente de Gini similar al de la década de los ochenta y tasas de pobreza e indigencia del 38,7 % y 18,9 %, respectivamente (CEPAL 2012: 87). Las asignaciones monetarias selectivas coexisten con programas de corte universal, por lo que el predominio de estos últimos sobre aquellas es considerado indicador de calidad del gasto público en democracia (Filgueira 1998; Hevia 2010).

Con este objetivo, el artículo se organiza en cuatro secciones. En primer lugar, se examina la literatura sobre patrones de gasto público y política distributiva como estrategia movilizadora y de recompensa para conquistar el voto en escenarios de competición clientelar. En segundo lugar, se presenta el panorama de la protección social en América Latina y las particularidades del caso dominicano. La ejecución mensual del gasto social y la contratación de empleados para implementar los programas asistenciales en la República Dominicana confirman el potencial politizador de las transferencias monetarias en época electoral, así como la bifurcación interesada de los regímenes de protección social. A partir de los hallazgos, en las conclusiones se reflexiona sobre los efectos en la cohesión social de este modelo neoliberal de bienestar fragmentado y residual.

La aparición de los programas de transferencias condicionadas para combatir la pobreza marcó un punto de inflexión en la fisionomía de los “proto estados” del bienestar latinoamericanos de base estatal proteccionista, productivista y familiarista (Martínez 2007; Carrera y Muñoz 2009; Gough y Therborn 2010). Desde entonces, han sido muy diferentes las estrategias para hacer converger estas nuevas herramientas focalizadas compensatorias con las previsionales de vocación universal. Para los más críticos, la institucionalización de los PTC estaría fragmentando el sistema de bienestar, convirtiéndolo en residual y de excepción, entorpeciendo el impulso expansivo de las reformas del año 2000 (Arza 2013; Antía 2013; Fraser 2012; Lavinas 2013). Desde mediados de los noventa, el 40 % de los hogares latinoamericanos ha ascendido de clase socioeconómica gracias a estos subsidios, pero no han pasado a formar parte de la clase media, sino de un nuevo grupo que los analistas denominan “la clase de los vulnerables”. Este grupo constituye la categoría social más numerosa y en la que, en 2012, se ubicaba el 38 % de los latinoamericanos (Ferreira et al. 2013). Los nuevos hogares de “casi pobres” tienen una probabilidad relativamente alta de vivir episodios de pobreza en el futuro, y no están cubiertos frente a los efectos adversos de los ciclos económicos y los riesgos comunes de la vida.

A las críticas por la eficacia relativa de los PTC se suman aquellas que denuncian que la personalización de su concesión inhibe la acción colectiva, refuerza los roles de género (Cibecchi 2008) y el estigma del “mal pobre” (Baraibar 2015). La condicionalidad de este tipo de ayudas traslada la responsabilidad por la situación individual de necesidad al propio ciudadano que la padece, desconectándola de las desigualdades estructurales del mercado de trabajo o la educación (Stampini y Tornarolli 2012; Lavinas 2013), de los sistemas fiscales regresivos (Amarante y Jiménez 2016) o de la captura extractiva del Estado (Acemoglu y Robinson 2012). Este proceso de asistencialización de la política social, alejado del modelo universalista redistributivo basado en derechos, transitaría del seguro social —colectivización de los riesgos de la vida— a la tarjeta de asignación individualizada; del derecho justiciable a la ayuda o el favor, y del ejercicio ciudadano de derechos y deberes a la condicionalidad con premios y castigos (Andrenacci 2009; Gilbert 2004). El mayor protagonismo de los programas monetarios compensatorios frente a los sistemas previsionales estaría legitimando la desresponsabilización del Estado con el bienestar ciudadano, reconduciéndolo a un acto de voluntarismo no sujeto al control de legalidad o de la justicia social (Adelantado y Scherer 2008). En este modelo de monetarización de la provisión de servicios se otorgan al mercado y al crecimiento económico un rol determinante en la incorporación social de los grupos vulnerables, a pesar de que la mejora en los salarios, la creación de empleo y las políticas universalistas han demostrado ser los factores con mayor impacto en la reducción de la pobreza y la inequidad (Therborn 2011; Lavinas 2012; Huber y Stephens 2012).

Los trabajos sobre la utilización partidista y electoral de los beneficios sociales selectivos en países emergentes (Scott 2001; Calvo y Murillo 2004; Weitz-Shapiro 2014) han diversificado la agenda de investigación acerca de las estrategias distributivas en democracia (Levitt and Snyder 1995; Alesina, Danninger y Rostagno 1999; Berry, Burden y Howell 2010). Si bien algunos autores han calificado de innovación democrática la gestión descentralizada, transversal y participativa de los PTC (De Lima 2017), así como sus efectos redistributivos (Mares y Carnes 2009; Stokes et al. 2013), no faltan voces que cuestionan su impronta populista, clientelar y su efecto en la institucionalización de la desigualdad (Schady 2000; Magaloni 2006; Hevia 2010; Takahashi 2007; Hawkins 2010; Weyland 2013). En la identificación de la manipulación política del gasto público, la clasificación de Dixit y Londregan (1996) permite ubicar los escenarios propicios para la redistribución programática de bienes generales y la redistribución táctica de bienes particulares. La redistribución programática es reflejo de las creencias ideológicas acerca de la igualdad y se lleva a cabo a través de una política impositiva y un estado del bienestar de vocación generalizada o universal. Se caracteriza por su ejecución estable en el tiempo y solo cambia cuando hay algún viraje ideológico en la sociedad. Por el contrario, la redistribución táctica sigue una dinámica propia y autónoma en la asignación de beneficios particulares, motivada por la competición política y la maximización del rédito electoral (Dixit y Londregan 1996:1132).

En escenarios altamente competitivos, ganar o perder puede ser cuestión de un pequeño cambio en la estrategia de distribución de beneficios selectivos (subsidios, patronazgo, exenciones industriales…) a ciertos grupos de interés. El trabajo de De la O (2013) sobre el impacto del subsidio mexicano «Progresa» demuestra que el efecto electoral de las asignaciones selectivas se manifiesta tanto en términos de incremento de la participación como en el respaldo al partido oficialista de turno. En contextos de escasa vinculación ideológica y programática, los grupos con menor nivel de renta cuya utilidad marginal de ingreso es mayor estarán más dispuestos a comprometer sus preferencias políticas si reciben este tipo de beneficios selectivos. Frente a esta estrategia de gasto particularista swing voter, que beneficia a moderados desleales e indecisos, en electorados polarizados y fuertes afinidades partidistas los actores políticos optarán por favorecer a aquellos votantes duros core support cuyos intereses de grupo sea más relevantes en la liza política (Dixit y Longredan 1996: 1144). Ante contextos de competencia clientelar, la academia se encuentra dividida, en la identificación del criterio de selección de beneficiarios, entre quienes argumentan una asignación que premia a los votantes fieles (Nitcher 2008; Ansolabehere y Snyder 2003; De la Calle 2005) y aquellos que apuntan a una asignación para persuadir a votantes opositores e indecisos (Stokes 2005; Weitz-Shapiro 2006). En una posición intermedia, trabajos como el de Kramon y Posner (2013) o Rosas y Hawkins (2008) muestran un modelo de concesión estratégica de beneficios mixto: bienes privados para movilizar a votantes fieles y bienes públicos para persuadir a opositores moderados.

La selección de beneficiarios que disfrutarán de los bienes controlados por el partido del gobierno es posible gracias al poder de decisión y manipulación del agente (Dowding 1994; Piattoni 2001; Maiz 2005) y a un escenario de oportunidad regido por la flexibilidad presupuestaria y la debilidad de la accountability horizontal que caracteriza las democracias delegativas (O´Donnell 1994). Como demostraran Medina y Stokes (2007), en ausencia de políticas fiscales redistributivas y cuando el partido oficialista controla el acceso a los recursos, los partidos opositores que oferten bienes universales tienen pocas opciones de llegar al poder, a pesar de ser la opción más inclusiva y óptima en el largo plazo. La desconfianza y la desigualdad en el acceso a los recursos desincentivan la cooperación, en una interacción similar al “dilema del prisionero”, por lo que el bien individual será el ofrecido por los agentes y el preferido por el principal (Gambetta 1988; Shefner 2001). La implementación de políticas universales conllevaría un aumento de impuestos para financiar los bienes antes distribuidos y disfrutados de manera selectiva. Por esta razón, el partido oficialista se mostrará contrario a la subida de impuestos, no por un componente ideológico, sino porque no conseguirá la reelección (Medina y Stokes 2007: 75).

En el caso de los clientes, la mejor opción es votar al partido del patrón, ya que tendrían asegurado el disfrute del bien universal ofertado por el partido programático si este alcanzara el poder. Pero si el partido del patrón gana, quedarían excluidos del disfrute del bien cuando la red de monitoreo constate su deslealtad. En contextos de desarrollo económico alto, como Japón (Scheiner 2007) e intermedio, como Argentina (Levitsky 2007), los políticos optan por un menú diversificado de políticas particularistas y programáticas, condicionados por las limitaciones presupuestarias y el mayor rechazo de las rentas medias a las prácticas clientelares. En los países de bajo nivel de desarrollo, la política clientelar es la mejor opción, dado el bajo coste de los votantes marginales o “clientes pobres pero ricos en votos” (Kitschelt y Wilkinson 2007).

El objetivo de este artículo es identificar los patrones de distribución del gasto social en la República Dominicana y evidenciar su uso estratégico en el marco de las teorías sobre la manipulación política del gasto público. Las transferencias monetarias condicionadas se implementaron en el país bajo la administración de Leonel Fernández (2004-2008). En 2004, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) conquistaba el Ejecutivo a Hipólito Mejía, del opositor Partido de la Revolucionario Dominicano (PRD), un año después de la crisis financiera que colapsó la economía y elevó de forma dramática los niveles de pobreza del país1. En 2006, el PLD revalidaba su victoria en las congresuales, consiguiendo por primera vez en su historia la mayoría en el Legislativo. Desde entonces, el PLD se ha consolidado como partido predominante y ha logrado cooptar en 2016 al principal partido de la oposición como socio de gobierno. La competitividad entre las dos principales fuerzas políticas en estos años ha pasado de un 15,3 % en 2006 a un escaso 3,2 % en 2010, alcanzando los 4,4 puntos porcentuales en las presidenciales de 2012. La volatilidad media agregada —votantes que cambiaron en sentido de su voto en términos absolutos— en el periodo objeto de estudio fue del 18,6 % en la liza legislativa y del 15 % en la presidencial (PELA 2010-2012).

Para verificar si las asignaciones se realizan con el propósito de movilizar o recompensar el apoyo al partido oficialista de turno, se analiza la ejecución presupuestaria de los rubros “seguridad social” y “asistencia social” de la partida de Servicios Sociales2 del gobierno central de la República Dominicana en 2006-2012. Desde que en 2005 se implementara el PTC «Solidaridad», se han celebrado dos contiendas legislativas y una presidencial. La cuantía y regularidad del gasto en “seguridad social” y “asistencia social” son indicadores del peso de la redistribución programática y táctica en el país que permiten responder a la pregunta: ¿cuándo domina una sobre otra?

Se sostiene como hipótesis que las oscilaciones en la ejecución del gasto focalizado están determinadas por la cercanía de las elecciones, en una estrategia ex ante de redistribución táctica que prioriza la atención a los grupos vulnerables con fines movilizadores propia de escenarios desideologizados competitivos. La débil profesionalización de la Administración dominicana permite a las agencias encargadas de ejecutar este tipo de asistencia social selectiva utilizar el patronazgo ex post para recompensar y mantener las lealtades.

Más de la mitad de los latinoamericanos no están cubiertos por sistemas previsionales frente a contingencias como la maternidad, el desempleo, la enfermedad o los accidentes. La mayor cobertura de las clases medias y altas contrasta con la desprotección de las rentas bajas. En 2012, solo el 21,6 % de los latinoamericanos más vulnerables estaban afiliados a la Seguridad Social, lejos del 78,2 % de los más pudientes (CEPAL 2012).

En el caso de la jubilación, apenas el 6 % de los adultos mayores hondureños tenían derecho a una pensión contributiva, al igual que el 16 % de los dominicanos o el 33 % de los ecuatorianos. Estas cifras contrastan con la vocación universal de sistemas previsionales más consolidados como el chileno o el uruguayo, en los que el 80 % de la población de más de 65 años recibía en 2011 una pensión tras el cese de su vida activa (Abramo 2016: 26). El análisis desagregado por países muestra una fotografía con escenarios de vocación universalista en el Cono Sur, intermedios en Venezuela y Ecuador y otros regresivos en Colombia, El Salvador o Guatemala. En este país, solo el 0,6 % de los guatemaltecos ubicados en el quintil bajo estaban afiliados a la seguridad social, frente al 58,1 % de los uruguayos en similares condiciones económicas. En el nivel medio de ingresos, el 66,1 % de los brasileños asalariados cotizaba al sistema, mientras que solo lo hacía el 14,5 % de los paraguayos.

Por el contrario, el porcentaje de receptores de PTC ha aumentado en un 73 % desde la pasada década3. En 2012, cerca de 130 millones de latinoamericanos eran beneficiarios de algún PTC, frente a los 29 millones del año 2002. Su amplia cobertura contrasta con su naturaleza poco gravosa, ya que los recursos que destinaron los gobiernos representaron el 0,4 % del PIB regional, oscilando entre el 0,51 % de México y el 0,02 % del PIB de El Salvador (CEPAL 2012: 7). Ecuador lideraba en 2010 el ranking con un 44,3 % de receptores; en posiciones intermedias se ubicaban Guatemala (22,6 %) y República Dominicana (21,2 %), y cerraba la lista Costa Rica con un 3,3% total de población beneficiaria. A nivel desagregado, la cobertura evidencia la dispar incidencia absoluta de los PTC. En Paraguay, el 13,9 % de la población pobre recibía la transferencia, al igual que el 46,3 % y el 17,4 % en similares condiciones económicas en Dominicana y Costa Rica, respectivamente; mientras que el 100 % de los indigentes y el 84,6 % de los pobres estaban adscritos, en 2010, al «Bolsa Familia» en Brasil. Con respecto al impacto en el ingreso, el promedio regional de la cuantía mínima de las transferencias cubría el 29,3 % del déficit mensual medio de recursos de la población indigente y el 15,2 % de la población pobre (Cecchini y Madariaga 2011: 125).

Durante tres décadas (1966-1998), la política dominicana estuvo regida por la competencia carismática alrededor del cleavage autoritarismo-democracia entre los caudillos Joaquín Balaguer del Reformista Social Cristiano (PRSC), Juan Bosch del PLD y Francisco Peña Gómez del PRD. Tras su desaparición, los partidos dominicanos se han adaptado al escenario de la democratización conservando el viejo estilo de la política de clientela y manejo patrimonial del Estado, en una competencia “atrapalotodo” en el espectro del centro derecha9. Como han demostrado algunos trabajos, aunque la escala izquierda-derecha funciona como atajo informativo en el país, esta carece de contenido programático (Carlin, Singer y Zechmeister 2015) y de incidencia alguna en la decisión de voto de los dominicanos (Rico y Torcal 2018: 122). Su función movilizadora no programática gira en torno a su efectividad para distribuir bienes y la alternancia está marcada por el ritmo del desempeño macroeconómico (Singer y Carlin 2013; Benito 2018). Por el contrario, la identificación partidaria —vínculo afectivo entre político y elector— es alta y estable, mayor entre los votantes menos educados y asienta sus raíces en el personalismo y el contacto directo con partidos y candidatos (Torcal, Maldonado y Rodríguez 2018: 213). Las percepciones de los legisladores dominicanos sobre las razones que fundamentaron su elección muestran que la simpatía ha sido la motivación principal del voto, así como el exiguo peso del programa en la competición interpartidista en el periodo objeto de estudio:

Este escenario de escasa vinculación ideológico-programática se asemeja al identificado por Dixit y Londregan (1996) como propicio para la redistribución táctica y la atracción de votantes dispuestos a cambiar la orientación de su voto. Para conseguir la reelección, los diputados entrevistados consideraron que “atender a los electores del distrito” (36,5 %) y “tener presencia permanente” (33,2 %) resultaban claves para el éxito electoral, frente a tener un programa (2,8 %) o el apoyo del líder del partido (0 %) (PELA 2010-2012). Esta independencia en el estilo de la representación y la naturaleza personalista del voto —alentada por un sistema de listas abiertas y circunscripciones pequeñas (Allen 2015; Jacobs y Spierings 2010) — revelan la interacción en el país de los llamados “servidores del distrito” y “empresarios políticos” (Siavelis y Morgenstern, 2008: 105). En esa búsqueda de votos personales, el efecto movilizador del clientelismo se activa durante la campaña y se gestan las expectativas de reciprocidad. En 2010, la República Dominicana ocupaba el primer lugar en la escala de clientelismo, según El Barómetro de Las Américas (LAPOP 2010), en reparto de prebendas en campaña electoral por parte de los legisladores (PELA 2010-2012) y se situaba en la comparación mundial entre los tres países más clientelares, junto a Senegal y Mongolia (Kitschelt y Kselman 2011: 33). La República Dominicana lidera la comparativa regional en reparto de prebendas, empleos y atención a los intereses parroquiales del distrito como incentivo para obtener votos. El 68 % de los diputados dominicanos entrevistados dijo prometer con mucha frecuencia acceso al empleo público, frente al 14,4 % de los legisladores uruguayos (PELA 2010-2012).

Las ayudas asistenciales también forman parte de la oferta de campaña en esta competencia por la efectividad en la distribución de bienes selectivos. En las legislativas y municipales de 2010, la oposición denunció el uso de los recursos públicos que hacían los candidatos oficialistas en el programa «Comedores Económicos Móviles del Estado» o el reparto de electrodomésticos de la Administración de Lotería a los beneficiarios del PTC «Solidaridad»10. Ante tales denuncias, la Junta Central Electoral (JCE) decretó la suspensión de los planes sociales del gobierno como medida cautelar desde el día 14 al 17 de mayo11, circunstancia que fue aprovechada por el partido oficialista, que lanzó a los medios el eslogan radiofónico: “El PRD no quiere que la gente pobre coma”. A esta prohibición se sumó la recomendación de la JCE de retener la ejecución del «Fondo de Gestión Social Legislativa», por ser un medio inapropiado de financiamiento de las actividades proselitistas de los legisladores que aspiraban a su reelección. Este uso de recursos públicos en la campaña —que incluye desde el reparto de raciones de comida a la asignación selectiva de pensiones por la vía del decreto presidencial— fue una de las observaciones del Informe Final de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la contienda de 2012.

Las 900.618 familias beneficiarias de la «Tarjeta Solidaridad» representaban el 9 % de la población y el 14 % del censo electoral en 2012. Según el Barómetro de Las Américas, en ese mismo año el 31,3 % de los entrevistados dijo tener la tarjeta y el país ocupaba el segundo puesto en receptores de este tipo de asistencia pública (22,6 %), por debajo de Bolivia (54,9 %), que ocupaba el primer lugar y lejos de Honduras (4,9 %), en el último puesto (LAPOP 2012: 31). El análisis de regresión realizado por los autores revelaba que las personas con mayor probabilidad de ser beneficiarias eran las que simpatizaban con el oficialista PLD, las de menor riqueza y nivel educativo y de menos edad (Espinal, Morgan y Seligson 2013: 33). Estos resultados confirmarían la preferencia de asignación a los grupos con menor nivel de renta y mayor utilidad marginal del ingreso en el modelo estratégico swing voter de Dixit y Londregan (1996). Una de las condicionalidades de este PTC es haber iniciado la tramitación para la obtención de la cédula de identidad necesaria para ejercer el derecho al sufragio. Teniendo en cuenta que el 3,9 % de la población dominicana carecía de registro civil (ONE 2011), el programa es un incentivo para incrementar la participación de sectores hasta entonces excluidos del derecho al sufragio.

Con respecto a la supervisión de la lealtad en el intercambio clientelar, en la República Dominicana el monitoreo se apoya en una red informal de activistas que se sitúan en las puertas de los centros de votación. Puesto que el censo incluye la foto de los electores, los activistas pueden cotejar quién vota. Como reconocía uno de ellos: “nuestra misión es ir viendo quién viene a votar y, si a las tres de la tarde no se han presentado, entonces vamos a buscarlos a casa” (Benito 2011: 400). En las elecciones de 2012, la JCE prohibió el uso de teléfonos móviles en los colegios electorales dominicanos para evitar que los partidos recompensaran a aquellos que enseñaran la foto que confirmara su elección en las urnas. Este tipo de movilización para premiar a los leales y persuadir a los indecisos es utilizada por todos los partidos dominicanos. Sirva como ejemplo la campaña presidencial de 2012, cuando, ante el temor de que un cambio de gobierno diese fin a la «Tarjeta Solidaridad», el candidato por el PRD anunciaba: “Si vuelvo al Palacio lo único que haré será cambiar el color a las tarjetas (…) Si llego al poder habrá una rosadita para los compatriotas, la verdecita para ustedes [los seguidores del partido MODA, aliado] y la morena para el PRD”12.

En el año 2001 la República Dominicana se sumaba a la fase de reformas transformadoras que experimentaron los regímenes de bienestar latinoamericanos en la pasada década, con la creación de la Seguridad Social y la implementación de subsidios condicionados en 2005. Puesto que la mitad de los dominicanos no tiene acceso al régimen previsional contributivo de capitalización individual, depende de los subsidios compensatorios para interrumpir el ciclo de la pobreza. Para atender a estos sectores de la población, desde el año 2004 los gobiernos del PLD han optado por una estrategia de clase distributiva y compensatoria, con gran protagonismo de las transferencias monetarias para conquistar y mantener su base de apoyo social, aunque —como revelan las tasas de pobreza y desigualdad— con escaso poder redistributivo.

Los datos presentados en este trabajo muestran que la dinámica electoral afecta a las decisiones de gasto de la política social en la República Dominicana, a través de una estrategia diversificada que combina políticas particularistas —dirigidas a los sectores económicamente más vulnerables beneficiarios de los programas compensatorios— y políticas programáticas previsionales de carácter contributivo. La débil vinculación ideológica entre ciudadanos y políticos en República Dominicana es el escenario de oportunidad de una redistribución táctica ex ante de transferencias que aseguran un consumo básico, que podría tener por objeto atraer a moderados e indecisos los meses previos a la cita con las urnas. Comida y cheques para movilizar y empleo público para recompensar a los votantes duros que forman parte de la maquinaria del partido, a quienes se recompensa ex post. Esta instrumentalización de las asignaciones monetarias y las ayudas sociales menoscaba los principios de previsibilidad, estabilidad y eficacia que han de guiar laplanificación e implementación de las políticas públicas. El patronazgo en la Administración dominicana podría afectar a la imparcialidad de la gestión pública, ya que el interés general puede verse condicionado por los intereses proselitistas del partido oficialista de turno.

El resultado de esta estrategia combinada es un régimen dual de protección social con gran disparidad en la suficiencia y regularidad de las prestaciones que desvirtúa los principios de ciudadanía, solidaridad y equidad. Esta bifurcación entre las políticas del bienestar de excepción —que aseguran un mínimo de subsistencia— y las de seguridad e inserción —que protegen frente a los riesgos comunes de la vida— podría generar una brecha entre dominicanos de primera y segunda clase que dificulte la cohesión social en el país. Esta dinámica no convergente de los mecanismos previsionales y compensatorios de protección social, confirmaría en el país la deriva neoliberal hacia la capitalización individual de los esfuerzos del bienestar latinoamericanos y el auge de la micro financiación de los pobres para asegurar un consumo básico, en el que el objetivo universalista ha dejado de ser el de “ciudadanos iguales” para convertirse en “consumidores iguales” (Lavinas 2013: 13).

Este trabajo contribuye a identificar, a la luz del caso dominicano, la variedad de estrategias de manipulación y favoritismo en la distribución del gasto público en las democracias emergentes. El peso del calendario electoral en la regularidad y cuantía de las asignaciones selectivas evidencia que, si bien pueden ser mecanismos eficaces para la consecución de los objetivos de desarrollo humano, también son herramientas atractivas para los buscadores de rentas.