Numerosos estudios han analizado los efectos de las reformas neoliberales sobre los sindicatos tradicionales. La discusión sobre cómo estos han reaccionado a la precarización del empleo, sin embargo, es más reciente y ha sido poco explorada desde la sociología del trabajo. Este artículo intenta cubrir este vacío a través de la comparación de la industria minera en Chile y Perú, caracterizada por la fortaleza de sus sindicatos durante el siglo XX, y el substancial aumento de la fuerza de trabajo precarizada a través del subcontrato en las últimas dos décadas.

El minero es un sector clave para las economías peruana y chilena. Tradicionalmente, tuvo un nivel de sindicalización mayor al promedio nacional de ambos países. Pero desde 1990, el uso de la subcontratación laboral aumentó y los trabajadores empleados a través de este sistema representan, en la última década, a más del 60 % de la fuerza de trabajo minera (Fundación Chile 2011; Manky 2014). A pesar de sus pobres condiciones de trabajo, los trabajadores subcontratados se han organizado, aunque con diferencias significativas en cada país. En Perú, lo hicieron a través de la Federación Minera del Perú (FMP)1, una organización con más de 40 años de existencia que hoy representa a trabajadores de planta y contratistas. En Chile, en cambio, el carácter excluyente de la tradicional Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) fue respondido a través de la creación de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), una organización nacional autónoma y exclusivamente de contratistas (Nuñez 2009). Paradójicamente, este contraste no evitó que apareciesen tensiones y rupturas en torno a la representación de los trabajadores precarios en ambos casos.

Para entender estas complejas dinámicas de organización y ruptura, es crucial alejarse de las perspectivas que asumen a los sindicatos como organizaciones que reaccionan automáticamente a su entorno. Partiendo de la literatura sobre la revitalización sindical (Ibsen y Tapia 2017), se propone que las identidades sindicales son un concepto crucial para analizar los planes de acción y las rupturas organizativas en América Latina.

Este estudio se basa en más de un año de trabajo de campo en el que se realizaron entrevistas a dirigentes de las federaciones mineras de ambos países, asistiéndose a reuniones y asambleas de trabajadores en distintas minas. En el caso chileno, el trabajo se construye en dialogo con y sobre la base de los varios estudios realizados acerca de los mineros del cobre en la última década (i.e. Aravena y Núñez 2009; Duran-Palma 2011; Muñoz Flores 2014). El enfoque comparativo con Perú ilumina tensiones y dinámicas no siempre explícitas al centrarse únicamente en un país.

El artículo se divide en cuatro secciones. La primera explica el marco analítico. La segunda presenta los casos y métodos de investigación. La tercera analiza las experiencias de cada país, rastreando el rol jugado por las identidades sindicales. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio.

Uno de los efectos más conocidos de las reformas neoliberales ha sido la dualización de los mercados de trabajo, esto es, la división entre trabajadores con condiciones de trabajo estables y adecuadamente remunerados y trabajadores con empleos precarios, inestables y poco protegidos. En la minería latinoamericana, en la que tradicionalmente los trabajadores se beneficiaron de condiciones de trabajo mejores a las del promedio de su país, dada su importancia en economías de exportación, este proceso se ha dado a través de la subcontratación (Klubock 2004).

La subcontratación es una relación laboral “atípica”, consistente en la externalización del control administrativo y la responsabilidad de la fuerza de trabajo a una empresa distinta de la minera (Kalleberg 2000). Las empresas proveedoras de servicios ponen a disposición de la empresa mandante —la minera— trabajadores, por lo general sin mucha capacidad organizativa, en condiciones laborales peores que las de los mineros de planta, contratados directamente por la mandante. Es una relación de trabajo triangular, en la que el control se terciariza formalmente para ahorrar costos laborales (Basualdo y Morales 2014).

Aunque la subcontratación se ha extendido también a otros países mineros, como Canadá o Australia, en América Latina adquiere características específicas. Primero, por el carácter débil de sus Estados, por lo general con regulaciones muy flexibles desde 1980 (Cook 2007), pero también con poca capacidad de hacer cumplir la ley (Piore y Schrank 2018). Segundo, por su dependencia de la economía de exportación, en particular de recursos naturales como los minerales en Chile y Perú (Cavero 2017; Vejar 2014). Trabajos previos revelan que, a pesar de ser parte crucial de la economía nacional, los contratistas tienen menores salarios, peores condiciones de seguridad y salud en el trabajo y experimentan una mayor rotación laboral (Echeverría 2010; Hernández et al. 2014).

En estas circunstancias, los sindicatos tradicionales se han visto afectados tanto por la reducción en el número de miembros, dado el nuevo modelo de organización del trabajo, cuanto por la competencia por las ganancias de la empresa minera, que potencialmente podría incluir a los contratistas (Agacino, González, y Rojas 1998). Se abre, entonces, una potencial mirada pesimista, común a los estudios laborales de los noventa: los sindicatos serían incapaces de organizar a los trabajadores precarios. Como discute la literatura sobre la dualización de los mercados de trabajo en Europa (Palier y Thelen 2010), el presupuesto es que los sindicatos pueden aceptar formas de flexibilización laboral a cambio de mantener las condiciones de trabajo de sus miembros.

Al respecto, la perspectiva de revitalización sindical resalta la capacidad estratégica de los sindicatos para aumentar su poder de negociación que, en principio, podrían optar por diferentes arreglos organizativos frente a la emergencia de una nueva fuerza de trabajo (Frege y Kelly 2004; Gumbrell y McCormick 2011; para el caso de América Latina, Senén González y Del Bono 2013). Desde esta perspectiva, Heery (2009) plantea tres reacciones posibles de los sindicatos tradicionales frente al creciente grupo de trabajadores precarios. La primera es la lógica de “exclusión”, que consiste en que los trabajadores tradicionales rechazan la organización de los contratistas, sea porque quieren quitarle legitimidad a este sistema o para evitar confrontaciones con sus empleadores. La segunda es la de “subordinación”, que consiste en la aceptación de las demandas de estos trabajadores, pero sin incluirles como iguales en el interior de los sindicatos. Finalmente, la estrategia de “inclusión” reconoce a la subcontratación como problema e intenta frenar sus peores efectos a través de la organización de los trabajadores contratistas como iguales.

Existen tres razones por las que los sindicatos optarían por una u otra estrategia. Primero está su fortaleza económica. Los sindicatos con mayor poder de negociación no se verían obligados a organizar trabajadores precarios, siempre que logren mantener sus beneficios (Fantasia y Voss 2004). Aquellos con menores recursos, en cambio, se verían obligados a reclutar nuevos miembros para recobrar el poder de negociación perdido. Aunque pertinente para mostrar el contexto económico en el que los sindicatos actúan, la explicación ha sido criticada por ignorar que estos son organizaciones que no solo tienen como fin “natural” beneficiar materialmente a sus miembros, sino que también compiten por recursos simbólicos que es preciso comprender históricamente (Benassi y Dorigatti 2015).

Ante este vacío, la segunda explicación enfatiza la relevancia de la arena política (Levitsky y Mainwaring 2006). Serían los vínculos partidarios los que definirían la respuesta sindical frente a la emergencia de trabajadores precarios. Las organizaciones con lazos hacia el gobierno estarían más abiertas a ignorar las demandas de trabajadores excluidos, si eso asegura la continuidad de ciertos privilegios, mientras que, en los casos en que los sindicatos no poseen dichos canales, encontrarían en la organización de trabajadores precarios un camino para ganar influencia.

Aunque los recursos políticos abren una nueva dimensión en el análisis, es posible que, aun sin cambiar los vínculos hacia el gobierno, se decida por un cambio en la relación con los trabajadores precarios. Para comprender esta posibilidad es crucial recurrir a la tercera explicación, centrada en la identidad de la organización sindical. Esta posición no reemplaza, pero complementa los análisis estructurales. Utilizando la metáfora del campo de Bourdieu, la posición de un sindicato no explicaría por sí sola las estrategias de los actores sociales. Aunque importante, sería crucial conocer sus habitus, es decir, las pautas a través de las que se leen a sí mismos e interpretan la realidad(Bourdieu and Wacquant 1992; Ver también Hyman 2001).

Estudios previos han enfatizado la relevancia de las identidades sindicales, en particular a través del estudio de sindicatos con un carácter “clasista”, esto es, en los que su dirigencia y sus bases ven a la organización como una herramienta en la lucha de clases, privilegiando la contraposición con la empresa frente a estrategias conciliadoras (Connolly y Darlington 2012; Seidman 2011; Stepan-Norris y Zeitlin 2003). Dado que la identidad clasista ve al sindicalismo como una manera de oponerse a la opresión del sistema capitalista (Hyman 2001), puede vincularse a sectores desfavorecidos y buscar, junto a ellos, la movilización sociopolítica de los sectores marginados. Esto en contraste con una orientación “de mercado”, que asume que los sindicatos tienen el papel de luchar por las mejoras de las condiciones de vida de sus agremiados únicamente (Hyman 2001). Esta orientación privilegia la negociación colectiva directa, se resiste a los vínculos con partidos políticos y persigue el compromiso con actores privados.

En el caso chileno, la discusión sobre identidades sindicales ha sido bien explotada para explicar las principales dinámicas de los sindicatos mineros tanto en sociología como en relaciones laborales. Sea a través de la noción de orientaciones sindicales (Duran-Palma 2011), conflictos simbólicos (Muñoz Flores 2014) o procesos de enmarcado (Donoso 2013), estos trabajos, así como aquellos sobre forestales (Baltera y Dussert 2010) y portuarios (Álvarez 2015) abren una serie de temáticas cruciales. En el caso peruano, en cambio, estudios como los de Canessa (1995) muestran las posibilidades del enfoque de mercado en el sector manufacturero.

Es importante hacer dos precisiones al modelo “identitario”. Primero, que no implica que un sindicato tenga solo una orientación. Como en cualquier organización, es posible encontrar diferentes visiones sobre qué debe hacer el sindicato en general y respecto de los trabajadores precarios. Para sortear este problema, en este estudio se entiende por “identidad sindical” los discursos oficiales de los sindicatos y sus dirigentes, pues, al menos formalmente, estos representan a la organización y su campo de acción (Martin 1992). Son quienes, volviendo a Bourdieu, tienen mayor capacidad de nominar (Bourdieu y Wacquant 1992).

De este modo, la noción de “identidad” no ignora la existencia de otras orientaciones hacia los trabajadores precarios. De hecho, en este estudio se encontró que ellas existen y que sus tensiones afectan críticamente la actividad sindical. De ahí que el clasismo pueda convertirse en un límite: si por una parte permite incluir a nuevos sectores, por otra el compromiso de largo plazo puede generar tensiones en sus filas. Esta idea no ha sido del todo explorada en estudios previos que, tanto en su variante norteamericana (Fairbrother 2008) como latinoamericana (Aravena y Núñez 2009) suelen enfatizar menos las tensiones que las ventajas de la identidad de clase.

La segunda precisión es que la identidad sindical no es inmutable. De hecho, un elemento clave de este estudio es comprender sus reacomodamientos en la era neoliberal. Siguiendo a Vejar (2012: 101), “la generación y diversificación de los espacios/formas de explotación han sentado las bases de la articulación de nuevas identidades laborales”. Estos espacios-formas de explotación afectan variables clave, como la generación de la que provienen los cuadros de la organización y las tradiciones de lucha en la que se inscriben.

Este enfoque es de ayuda para lograr una mirada compleja sobre las decisiones sindicales. El punto clave es que estas identidades no dependen exclusivamente de la posición económica del sindicato ni de sus vínculos hacia el gobierno de turno. Estas influyen sobre la identidad colectiva, pero no la determinan. Es crucial notar que la definición previa de cuál es el elemento preponderante es imposible teóricamente, pues depende de las dinámicas concretas de cada espacio histórico (Bourdieu y Wacquant 1992). En el caso de este estudio, se encontró que es crucial comprender la tradición política en la que se inscriben dirigentes y miembros de base. Como se verá, esta tradición, en minería, se ha visto afectada por la presencia del Partido Comunista. Sin embargo, ello no implica que esta sea el principal determinante en otros casos, como en sectores “nuevos” de la economía o en aquellos con trabajadores con perfiles sociodemográficos diferentes.

En resumen, este artículo parte de tres premisas. Primero, en contraste con estudios que asumen que los sindicatos son pasivos frente a la dualización de los mercados de trabajo y que la fragmentación laboral siempre aísla a estas organizaciones, plantea que los sindicatos pueden desarrollar diferentes estrategias. Segundo, que, respecto de los contratistas, estas estrategias pueden tipificarse entre la exclusión, la subordinación y la inclusión. La lista no agota las posibilidades, pero ofrece una guía para entender la relación entre sindicatos de planta y trabajadores precarios. Por último, que, para entender el tipo de estrategia seguida, además de su posición económica y vínculos hacia el gobierno, es necesario considerar las orientaciones identitarias del sindicato, desde las cuales define los planes de acción. En lo que sigue, exploro y expando estas ideas sobre la base de la experiencia de la minería en Chile y Perú.

El artículo se basa en la comparación de la industria minera de dos países, Chile y Perú. La selección está teóricamente motivada, pues esta se presenta como un laboratorio natural para analizar las diferentes orientaciones de los sindicatos ante las demandas de los obreros contratistas, aun en contextos económicos y políticos similares. Ello permite un análisis más fino sobre temas sugeridos en trabajos previos.

Chile y Perú son similares porque en ambos casos la minería fue siempre una de las industrias mejor organizadas a nivel sindical (Sulmont 1980; Zapata 2002), a pesar de que, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, no representa a más del 10 % de la fuerza de trabajo empleada en estos países (Bertranou y Astorga 2017; MTPE 2016). A pesar de ello, el sector enfrentó, durante los últimos veinte años, transformaciones radicales, dado el carácter masivo de la subcontratación. Ambos tienen, además, legislaciones laborales que tienden a beneficiar a las empresas sobre los sindicatos (Cook 2007) y, en contraste con los casos argentino o brasilero, la negociación colectiva ocurre a nivel de empresa, lo que dificulta, en términos legales al menos, la acción organizada de los trabajadores contratistas.

El marco temporal inicia en 1990, cuando comenzó el aumento de la subcontratación, en un contexto de cambio político en ambos países. Termina en 2015. Para este periodo, comparo las trayectorias de las dos federaciones más importantes de cada país —la FMP y la FTC— y su respuesta a las demandas de los trabajadores contratistas. Estas federaciones estuvieron entre las más poderosas entre los años cincuenta y setenta (Angell 1982; Klubock 2004; Kruijt y Vellinga 1979). Ambas sufrieron importantes derrotas en los ochenta, en medio de importantes conflictos políticos y crisis económicas (Araya 2015; Manky 2011).

Los noventa traerían la consolidación de un modelo de desarrollo que privilegiaba la flexibilidad laboral, por lo que la subcontratación ganó popularidad, pasando de representar al 20 % de la fuerza laboral minera en 1990 a más del 60 % a fines de 2003 (Fundación Chile 2011; Manky 2014). A pesar de ello, es importante notar que tanto en Perú como en Chile los trabajadores en el sector minero se encuentran entre los mejor organizados, llegando, en el primer caso, a tener una tasa de sindicalización por encima del 24 %, muy superior al promedio nacional del 5 % (MTPE 2016). Junto a las dos federaciones que agrupan a los trabajadores de planta, en el caso chileno sigo, además, la trayectoria de la CTC, que emergió como una respuesta autónoma de los contratistas frente a la política de exclusión de la FTC.

Respecto del trabajo de campo, realicé entrevistas con dirigentes sindicales y miembros de base de las tres organizaciones. Concretamente, entrevisté a 20 dirigentes nacionales, y mantuve conversaciones informales con 40 dirigentes contratistas de las bases de Casapalca y Marcona, en Perú, y de Rancagua y Andina en Chile. El 100 % de los dirigentes entrevistados eran hombres y, en el caso de los trabajadores de planta, el 75 % eran mayores de 50 años, en contraste con los trabajadores contratistas, en casi todos los casos menores de 40 años. Aunque no se dispone de estadísticas nacionales respecto de las características demográficas del trabajador minero, por estudios anteriores realizados por el autor y otros investigadores, considero que estas entrevistas representan algunas de las principales voces del sector.

Estas entrevistas me dieron diferentes perspectivas sobre el trabajo realizado por cada federación, especialmente en la última década y media. El análisis del material recabado consistió en examinar la data tanto a nivel interno, a través de la evolución de cada organización en el tiempo, como comparativo, a través del contraste de las dinámicas de cada caso.

Complementariamente, realicé trabajo de archivo, que involucró revisar diarios nacionales (El Comercio y El Mercurio) para triangular la historia de cada organización, en particular en el periodo 1990-2000. En ambos casos, además, se dialoga con una rica tradición de estudios sobre los mineros del cobre, uno de los más analizados en la última década, dadas sus importantes movilizaciones (Donoso 2013; Muñoz Flores 2014; Nuñez 2009).

Sobre la base de una comparación sistemática, este artículo ha explorado dos paradojas. La primera consiste en que, a pesar de enfrentar problemas similares, vinculados al aumento de la subcontratación en la industria minera, las estrategias de las federaciones nacionales en Perú y Chile fueron bien distintas. En Perú, tras diez años de una política de exclusión, se pasó a una estrategia de incorporación subordinada. En Chile, la continua exclusión por parte de la FTC generó una respuesta autónoma de los sindicatos contratistas que, con el soporte del Partido Comunista, apostaron por una organización propia inclusiva. La segunda paradoja se vincula a cómo, a pesar de lo divergente de estas estrategias, en ambos casos aparecieron fuertes tensiones respecto de la representación de los mineros que acabaron en la formación de organizaciones paralelas.

El estudio comparativo permite mostrar que variables vinculadas a la fuerza política y económica de cada organización no explican estos hechos. Esto es claro en el caso de la FMP, que pasó de una postura de exclusión en los noventa a una de subordinación en 2003. Entre uno y otro momento, más que perder, la organización aumentó su poder de negociación en un contexto de crecimiento económico y democratización política. La FTC, por otro lado, continuó su estrategia de exclusión aun cuando sus redes hacia el gobierno se vieron muy debilitadas durante el gobierno de Piñera desde 2010. Comprender las tensiones entre grupos de contratistas en cada espacio es imposible si no se toma en consideración, junto al contexto en que se encuentran, la manera en que desarrollan disposiciones específicas sobre el mismo.

De ahí la necesidad de entender la identidad de los sindicatos, pues ella media entre el poder de negociación que estos tienen y sus estrategias. Específicamente, argumenté que una disposición clasista influye en la aceptación de la incorporación de los contratistas. En el caso peruano, más que la democratización del país o el crecimiento económico, fue cuando un grupo de dirigentes del Partido Comunista Peruano llegaron al poder en 2003 que se apostó por un trabajo más activo con los contratistas. De forma similar en Chile, ante la incapacidad de la FTC para organizar a los contratistas, dada su debilidad, el Partido Comunista apostó por apoyar la organización autónoma de los mismos.

Esto no necesariamente implica que la identidad sindical sea exclusivamente una función de la militancia política de los dirigentes. Pero este estudio ha encontrado que, al margen de las edades de los dirigentes —más jóvenes en Chile que en Perú—, fue crucial el discurso que estos articularon en torno al sindicato y la lucha de clases. Por otro lado, ello tampoco implica que todos los miembros de la FMP o la CTC fuesen comunistas. De hecho, el trabajo de campo que realicé me hace pensar que estos son una minoría, pero con mayores recursos para empujar sus luchas en el interior de cada organización.

Entonces, otro elemento que debe considerarse es que esta identidad sindical no es necesariamente homogénea. De hecho, integrar las orientaciones de cada sindicato permite también comprender las tensiones que cada estilo de incorporación enfrenta. En el caso peruano, la Federación no fue capaz de integrar los reclamos de los contratistas de forma activa. Aunque con un discurso clasista, la ausencia de militantes comunistas en las bases acabó debilitando los lazos entre dirigentes nacionales y locales. En este contexto, cuando los mineros contratistas no lograron acceder a puestos de mando en la Federación, apostaron por organizaciones autónomas y críticas de la tradicional dirigencia de obreros, acusando a los comunistas de sobre-politizar la dirigencia. De forma parecida, los dirigentes comunistas chilenos, que habían logrado organizar a cientos de trabajadores en el periodo 2000-2008, enfrentaron serios problemas cuando el Partido Comunista comenzó su ruta hacia la institucionalización. Tanto los trabajadores que sentían que la CTC estaba muy politizada cuanto aquellos para los que esta se alejaba de sus ideales de clase rompieron y crearon organizaciones paralelas. En ambos casos se muestran las dificultades que existen para lograr una efectiva representación de los trabajadores precarios.

En síntesis, este artículo tiene tres contribuciones, cada una de las cuales abre preguntas que esperamos nuevos estudios enfrenten. Primero, el texto es un esfuerzo por analizar los vínculos entre trabajadores de planta y sus respuestas a las demandas de trabajadores precarios. A pesar de lo extendido de la flexibilización en los mercados de trabajo en América Latina, pocos estudios han ido más allá del análisis de las relaciones entre sindicatos y actores tradicionales como el Estado, los empleadores y sus miembros en el interior de la empresa. En contraste, se ha resaltado la necesidad de problematizar los vínculos en el interior de la clase trabajadora. Es conveniente, sin embargo, recordar que la de los contratistas mineros es un tipo específico de situación de precariedad. Considero que futuros debates deberían ver las particularidades de la subcontratación en otros sectores y bajo otras legislaciones —por ejemplo, esta es muy extendida en el sector automotriz español y alemán— para obtener una imagen completa de sus dinámicas. Futuros estudios a nivel global también deberían analizar otras formas, como las de los trabajadores migrantes, independientes y de planta, pero a tiempo parcial. En lugar de prescribir la necesidad de que estos grupos se unan en su lucha, es necesario analizar sus dinámicas internas.

En segundo lugar, se ha enfatizado la relevancia de ir más allá de enfoques que reducen la agencia sindical. En contraste, se llama la atención sobre la necesidad de ver las posibilidades de renovar estrategias incluso en un contexto adverso. Se ha argumentado que no basta con poner estas estrategias en su contexto económico y político, sino que es crucial identificar las orientaciones sindicales, que definen la manera en que se lee la realidad dentro y fuera de la organización. Por el tipo de comparación y casos estudiados, se ha encontrado que estas orientaciones provinieron, en primer lugar, de la militancia de los dirigentes y de la manera en que las bases reproducen cierta lectura de la misma. Pero esta militancia no necesariamente explicaría otros casos. De hecho, si uno piensa en la organización del sector retail en Perú, la identidad sindical es de mercado y pasa por una crítica radical a los partidos (Saravia 2015); en el caso chileno, el trabajo de Gutierrez Crocco (2016) da cuenta también de formas de pensar la estrategia sindical que no siempre son dependientes de la militancia partidaria. Futuros trabajos deberían ahondar en la emergencia de nuevas orientaciones organizativas y sus efectos sobre la revitalización sindical en América Latina.

Finalmente, a nivel metodológico he mostrado la utilidad de analizar las orientaciones sindicales desde una perspectiva comparada. Al respecto, aunque algunos estudios en Argentina (Senén González y Del Bono 2013) y Brasil (Anner 2003) dan cuenta de la emergencia de identidades de clase y de mercado, menos trabajos han comparado su evolución en la región. El cotejo de Chile y Perú, desde este punto de vista, muestra que, a pesar de las diferentes trayectorias de cada país, existen similitudes llamativas, vinculadas a las tensiones entre distintas orientaciones y el impacto que tienen los partidos políticos en las mismas. Futuras investigaciones podrían continuar con la metodología de casos pareados para investigar las dinámicas en otros sectores en los que la dualización de los mercados de trabajo se ha vuelto también común, como el educativo, el petrolero o el de las telecomunicaciones.