Las instituciones europeas, en su pretensión de establecer un modelo económico y social común, han venido desarrollando una serie de políticas comunes de empleo creando diferentes vías para ponerlas en marcha (Goetschy 1999). En las cumbres de Ámsterdam (1997) y Lisboa (2000) se fijaron un número de ambiciosos objetivos, a conseguir en diez años, que hicieran de la economía de la UE la más competitiva y dinámica del mundo, siendo capaz de compaginar el crecimiento económico con la mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y todo ello acompañado de una fuerte cohesión social (Comisión Europea 2003). El concepto de flexiguridad se difunde a nivel europeo en el marco de estas iniciativas que se configuran a través de la Estrategia Europea para el Empleo y del Modelo Social Europeo. Se trata de un concepto ambiguo, complejo y polisémico que, sin embargo, se alza como referente o concepto-guía de las actuaciones de los Estados miembros en materia de empleo y protección social.

Las nociones de flexiguridad, empleabilidad, activación y modelo social europeo se establecen como nociones-guía, marcos de referencia de las políticas de empleo y marcos interpretativos de lo social (Serrano 2005) porque, además de contribuir a canalizar el debate político, ejercen su influencia normativa a través del sistema de gobernanza multinivel que constituye el Método Abierto de Coordinación. Esto quiere decir que, si bien el proceso de integración europea es aún un proceso caótico, complejo e inacabado, es también productor de normas (Lefresne 1999).

Curiosamente, estos conceptos se vienen gestando y haciendo populares en un clima de creciente flexibilización del mercado de trabajo y una tendencia a la (des)calificación de los programas de seguros sociales como pasivos. La flexibilidad y la actividad se instituyen como las principales metas y referentes de las políticas públicas y sociales en toda Europa; frente a ellas, la legislación laboral se considera excesivamente rígida y los programas de seguro desincentivadores. En este contexto, la concepción de seguridad que habitaba y daba entidad al marco regulador y asegurador del empleo y el desempleo fordista-keynesiano resulta obsoleta e inoperante.

Por otro lado (y a pesar de los buenos propósitos), la fragilización de las relaciones laborales viene siendo, en los últimos años, un hecho demostrable en las estadísticas nacionales y supranacionales europeas (Comisión Europea 2010), que indican la disminución de los contratos indefinidos, la proliferación de contratos no indefinidos o la pérdida de poder de los sindicatos (Vielle & Walthery 2003). Dicha fragilización está fuertemente asociada a una individualización de las relaciones laborales, esto es, el trabajador queda desprovisto de un marco colectivo de protección tanto en la situación de desempleo (paradigma de la activación) como en la de empleo (individual bargaining).

Algunos autores han puesto de relieve que estas tendencias de exaltación de la activación y la individualización favorecen la psicologización política del trabajo (Crespo, Revilla y Serrano 2005; McLaughlin 2010; Serrano, Martín y Crespo 2013). Siguiendo los mismos parámetros teóricos, autores como Bauman (2000 y 2006), Alonso (1999, 2001 y 2007), Rifkin (1997) o Sennet (2006) vienen señalando una serie de características comunes de una nueva etapa que podríamos denominar capitalismo tardío, entre ellas, el incremento de la presencia y eficacia de los procesos vulnerabilizadores de la fuerza de trabajo, como el aumento de la asimetría en la relación entre empleador y empleado, la precariedad y la fragmentación, entre otros.

Por tanto, en este trabajo abordamos la propuesta de flexiguridad como promotora, portadora y legitimadora de una nueva forma de entender el trabajo y su regulación. Una noción revestida de un carácter ideal acorde con los cambios culturales y productivos de la era post-industrial (Serrano y Keune 2014), que pretende condensar las posibilidades de ser de la organización del trabajo en los estados de bienestar europeos, desde hace algunas décadas adentrados en una crónica situación de crisis y reforma (Burroni y Keune 2011).

Dada esta potencialidad de transformación política que representa el concepto de flexiguridad europeo en un contexto de vulnerabilización de los trabajadores, resulta de particular interés indagar el tipo de equilibrio entre flexibilidad y seguridad que esta noción alberga y el significado de la noción de seguridad en su seno. En pos de esta indagación, en este trabajo, en primer lugar, nos aproximamos al contexto de emergencia del concepto de flexiguridad en el ámbito europeo y a alguno de sus referentes teóricos, como el paradigma de la activación y las teorías sobre los mercados de trabajo transicionales (entre otras) y prácticos, como la flexiguridad danesa, señalada como ejemplo de buenas prácticas en los documentos de la Comisión. Con ello pretendemos destacar la importancia de localizar los conceptos en su contexto a la hora de determinar su alcance práctico y significado y, por tanto, destacamos también la particularidad de la producción de políticas sociales europeas, tan vinculada a los procesos de justificación experta. Es fundamental considerar la especificidad y la historicidad de las categorías de análisis desde su contexto de producción (Maurice 1998). Así, tratamos de llegar a conocer el tipo de equilibrios o desequilibrios institucionales y las relaciones de fuerza que marcan, en su base, la propuesta política de la flexiguridad. En segundo lugar, analizamos la propuesta política de la flexiguridad en sí misma, aplicando el análisis crítico del discurso a los primeros textos europeos que la integran y desarrollan con mayor amplitud: las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2008-2010) (11.12.07) y la Comunicación de la Comisión para la propuesta de unos principios comunes de la flexiguridad (27.06.07). Tratamos de entender las relaciones de fuerza y los espacios semánticos que configuran estos textos y que, por tanto, remiten a un determinado tipo de equilibrio entre seguridad y flexibilidad. A la hora de aplicar este análisis, seguimos a autores como Foucault (1992), Bourdieu (2001) o Wodak y Meyer (2003), entre otros.

Finalmente, esbozamos unas conclusiones que resumen los principales hallazgos sobre la función reguladora de las políticas socio-laborales que emana de estos texto, en las cuales se aboga por favorecer la emergencia de alternativas al concepto y recuperar el significado genuino de seguridad en el ámbito de las políticas laborales.

Los orígenes del término flexiguridad son, aún a día de hoy, discutidos. La primera publicación académica sobre flexiguridad aparece a finales de los años 90 (la de T. Wilthagen en 1998). En 1999, P. K. Madsen, economista danés, lo utiliza en una publicación para la OIT (Denmark: Flexibility, security and labour market success), refiriéndose a Dinamarca, cuyo caso siempre se ha considerado como el ejemplo ideal de aplicación, a pesar de las evidencias que cuestionan su transferibilidad a otros contextos (Mouriki 2009) . Después, en el ámbito político danés, se considera que fue a partir de su mención por Rasmussen, líder del Partido Socialista danés, en un mitin en 2004, cuando la noción de flexiguridad comienza a ser más conocida popularmente (Bredgaard, Larsen y Madsen 2008).

A pesar de la diversidad de estudios y reflexiones en torno a la flexiguridad, podríamos concretar tres formas de aproximación al concepto: como estrategia política, como situación particular del mercado de trabajo y como concepto analítico (Bredgaard, Larsen y Madsen 2008).

En tanto que estrategia política, la flexiguridad ha sido ensalzada como una herramienta eficaz para combatir la segmentación del mercado de trabajo. Desde este punto de vista, consiste en la puesta en marcha de una serie de medidas que reducirían la distancia entre outsiders e insiders, A este respecto, Gallie (2007) ha elaborado una clasificación según la cual existen países con sistemas inclusivos, con sistemas dualistas y con sistemas de mercado. Los sistemas inclusivos son aquéllos con políticas tendentes a maximizar y ampliar los derechos de empleo a través de la fuerza de trabajo. En segundo lugar, encontramos los sistemas dualistas, en los que las políticas de empleo se balancean entre políticas de corte bajo para el empleo en general y políticas de protección fuertes para aquellos trabajadores en puestos considerados clave. Por último, los sistemas del mercado apuestan por un mínimo de protección de los empleados. Siguiendo a Heyes (2013) la flexiguridad es aplicada de dos maneras distintas según el tipo de sistemas que acabamos de describir. En el caso de los sistemas de mercado, se apuesta por una flexiguridad centrada en la segmentación externa (la que facilita las transiciones de los trabajadores en el mercado de trabajo), dando a los empleadores libertad para el despido. Por otro lado, en el caso de los sistemas inclusivos y dualistas se apuesta, sobre todo de la mano de los sindicatos, por una fuerte protección hacia el empleo para que los empresarios desarrollen una flexiguridad centrada en la segmentación interna como forma de controlar los costes laborales.

Este mismo autor nos presenta cuál ha sido la aplicación de la flexiguridad en cuatro países de la Unión Europea en el contexto de la crisis económica que se inicia en 2008, mostrando las divergencias de aplicación en función de las características particulares de cada uno (Heyes 2013). En el caso de Irlanda, ejemplo de país con un sistema político híbrido entre los sistemas descritos anteriormente, la flexiguridad se ha aplicado en mucha mayor medida en lo que hemos denominado el sector externo, a través de inversiones muy fuertes en formación continua (life long learning) para la población desempleada1, pero con medidas mínimas respecto a la prevención de pérdida de trabajo y apoyo a los trabajadores en situaciones precarias. En esa línea, la política de flexiguridad en el Reino Unido, en el contexto de la crisis, se ha centrado más en las personas sin empleo que en poner freno a la pérdida de empleo. En concreto, las medidas han ido destinadas a los jóvenes entre 18 y 24 años, incentivando su formación y su incorporación al mundo del trabajo en puestos séniores, a través de incentivos a las empresas. De otro lado, el sistema de protección social ha sufrido un adelgazamiento a través del aumento de la condicionalidad para el acceso a bajas laborales e incapacidades; o mediante la pérdida de derechos para aquellos desempleados que no acepten el primer empleo que se les ofrezca. Se trata de una política de empleo que entiende que una fuerte protección social limita y pone barreras a la creación de empleo y a la competitividad del país. En países como España, que ha fraguado un sistema laboral dualista en un contexto de fuerte desequilibrio de fuerzas y debilitamiento progresivo de los agentes sociales (Häusermann y Schwander 2010; Artiaga, Martín y Tovar 2014; Fernández 2014).

La noción de flexiguridad integraría diferentes tipos de seguridad y flexibilidad que se combinarían de formas distintas en función de las características del mercado de trabajo y los sistemas de protección de cada Estado. Desde este punto de vista, la flexiguridad constituiría más bien una herramienta capaz de baremar y, por tanto, evaluar tipos y grados de flexiguridad. La conocida matriz de Wilthagen es emblemática de esta aproximación (Wilthagen y Tros 2004).

Desde el propio nacimiento de la Europa social (Compromiso de Luxemburgo de 1997) se viene haciendo referencia a las presuntas bondades de aunar flexibilidad del mercado de trabajo con seguridad para los colectivos más desfavorecidos. Así, por ejemplo, aparece en el Libro Verde de la Comisión de 1997: Partenariado para una nueva organización del Trabajo la necesidad de compaginar flexibilidad y seguridad. Posteriormente, la palabra ‘flexiguridad’ se hace frecuente en los textos de las líneas directrices de 2005-2008. Es en enero de 2006 cuando, por primera vez, se hace una referencia más exclusiva y explícita al término en el Consejo Ministerial informal celebrado en Austria, quedando constancia de ello en el discurso del Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades. En marzo de este mismo año, la Presidencia anima a la reforma del mercado de trabajo y las políticas sociales desde la perspectiva integrada de la flexiguridad y al establecimiento de un acuerdo sobre principios comunes. Desde este momento, se suceden distintas conferencias centradas en el debate sobre este concepto. En ellas, la participación del Grupo de Expertos sobre Flexiguridad, constituido al efecto de acordar estos principios comunes y conducir a la UE en estos términos, está siempre presentes y es crucial. Finalmente, tras la Comunicación oficial de la Comisión sobre Flexiguridad, en junio de 2007, se aprueban los principios comunes sobre flexiguridad en diciembre del mismo año.

Las nociones de empleo y desempleo, seguridad y flexibilidad, exclusión e inserción, etc. adquieren significado y activan marcos de pensamiento distintos en función de los procesos históricos a partir de los cuáles han surgido y han sufrido desplazamientos de sentido. Aspectos culturales, relaciones de fuerza entre distintos actores y circunstancias materiales componen este contexto y estos procesos históricos. En definitiva, podríamos entender las políticas de empleo como discursos de verdad que son resultado de disputas insertas en procesos histórico-culturales concretos, que expresan relaciones de poder, distribuyen responsabilidades y producen sujetos (Martín 2013). Partiendo de este enfoque analítico, podríamos decir que la UE se instituye, a través del Método Abierto de Coordinación (MAC), como instancia de regulación laxa del empleo desde un vacío contextual (histórico y cultural) y hacia una diversidad de situaciones, historias y menciones relativas a la regulación del empleo, es decir, hacia una pluralidad de mundos del trabajo (Martín 2013).

Hablamos de un vacío histórico (en el sentido de historia extensa) y cultural porque no existe una historia de lo social común europea y lo cultural, a este respecto, se ha fraguado de manera particular en cada país. Sin embargo, la UE no es un espacio vacío ideológicamente o libre de cargas políticas, muy al contrario, es terreno de batallas de ideas (Serrano 2006) y búsqueda de distintas fuentes de legitimación para hacerlas valer, a través de la constitución de comités de expertos (comitología), en el espacio más amplio de la gobernanza global.

La creación de un proyecto social o de intervención en lo social en Europa comenzó siendo un objetivo más que secundario en las primeras evoluciones de la Comunidad Económica Europea. En la segunda mitad de los años noventa, siguiendo el impulso del Tratado de Maastricht, se produce una ampliación de las competencias sociales de las instituciones europeas y se establece el MAC. La institucionalización de la Estrategia Europea para el Empleo es el resultado de este proceso, que más tarde se extiende a otros dominios sociales como la inclusión social (2000), las pensiones (2001), la educación y la formación (2002) (Goetschy 2005).

El Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000) institucionaliza una regulación suave (soft governance) sobre el cumplimiento de las líneas directrices en los Estados miembros, el Método Abierto de Coordinación. En el seno de esta regulación suave es fundamental el papel que juegan las llamadas “comunidades epistémicas” (Verdun 1999; Jepsen y Serrano 2005) lanzando nuevas propuestas, iniciativas y conceptos (Serrano 2006). En el caso de la flexiguridad europea, éstas se elaboran y re-elaboran en los comités de expertos, se difunden a través del MAC y encuentran su base teórica en los paradigmas de la activación y las teorías de los mercados de trabajo transicionales. Son aproximaciones teóricas susceptibles de adquirir una orientación particular acorde con una determinada constelación de actores y relaciones de fuerza.

El paradigma de la activación implica una innovación en el ámbito de las políticas sociales, pues entraña más un mecanismo de intervención en y sobre el individuo que para el individuo. Serrano (2007) identifica en la base del paradigma de la activación tres factores fundamentales que marcan la diferencia con respecto al modelo anterior: una aproximación individualizada al problema, psicologicista, centrada en la modelación del comportamiento, de las actitudes y la motivación de los trabajadores; un énfasis en el empleo, esto es, en los aspectos económicos de la ciudadanía, antes que en los políticos y sociales, y un reforzamiento de la moral del contrato, en el sentido de contrato privado-liberal, asentada sobre los criterios de la reciprocidad y el mérito.

Serrano (2007) ha llegado a identificar dos vertientes axiológica y metodológicamente diferenciadas en el paradigma de la activación: la gestión terapéutica-moral y la gestión adaptadora de habilidades y cualificaciones (matching). La terapéutica-moral se guía, principalmente, por criterios de merecimiento y programas dedicados a la modelación de la personalidad, de modo que se torne en una ‘personalidad’ lo más activa posible, para que el individuo pueda auto-garantizarse la colocación o el mantenimiento del empleo y adecuada a las necesidades que demanda el trabajo. La gestión adaptadora de las habilidades, por su parte, mantiene una visión más relacional y social del individuo. Su preocupación no es tanto la disciplina moral como la adecuación y explotación de las capacidades y el potencial humano de los individuos según las demandas del mercado.

Las teorías de los mercados de trabajo transicionales comienzan a desarrollarse en Europa a partir de 1995. Su principal exponente es Günter Schmid, quien, junto a Gazier o M.J. Rodríguez, realiza trabajos en la misma línea que sirven a las propuestas institucionales internacionales, particularmente las de la UE, promoviendo y apoyando sus ideales de “movilidad protegida y trabajo decente”. Se refieren a ‘transiciones’ como “trayectorias individuales”, comprendidas en alguno de los siguientes tipos: de la educación al empleo; del trabajo doméstico al empleo; del desempleo al empleo y viceversa; de un empleo a otro; del empleo a la jubilación, otorgándole al individuo la ventaja de ciertos derechos dentro del mercado de trabajo, convirtiéndolas en “buenas transiciones” (Gazier 2008). Schmid (1995) realiza una aportación teórica fundamental en la transformación de la noción de lo que debe ser un mercado de trabajo que, si antes estaba compuesto de posiciones estables y duraderas, ahora se reviste de múltiples modalidades de transición, aparentemente, ajustadas a los ciclos de vida particulares.

Existe un consenso sobre los principios de gestión de estas transiciones (buenas transiciones):

Se realiza un ejercicio de naturalización y legitimación de las transiciones sobre el que se sustentan los discursos de la UE. Schmid (2008), establece las claves de una “empleabilidad avanzada” dentro de la flexiguridad cuando se refiere a la movilidad en el espacio, en el tiempo y entre distintos regímenes de trabajo; al mantenimiento de la relación de empleo o su restablecimiento lo antes posible, y al ‘empoderamiento’, que define como “el potencial para adaptarse’ o ‘la capacidad de los individuos para hacer frente al riesgo”. La seguridad puede, entonces, convertirse en un instrumento de activación y la empleabilidad en una exigencia extensiva a toda la población y en todo momento de su vida, no sólo concerniente al desempleado. Estos paradigmas de intervención confirman el desplome de los pilares del sistema de empleo moderno, con su concepción de trabajo estable y permanente. Algunos autores establecen la crítica a este respecto en términos de re-mercantilización del trabajo (Gautié 2004; Serrano 2005; Palier 2002; Alonso 2007; Boltanski y Chiapello, 2002).

Pero también son muchos los autores que defienden esta visión dinámica de los Mercados de Trabajo Transicionales (MTT), proponiendo una reinstitucionalización flexible de los mercados clásicos de trabajo que, de alguna manera, amortiguaría las incertidumbres de las sociedades actuales, generando espacios de confianza a través de transiciones, negociaciones y reglamentaciones de las que participan los distintos actores implicados (Schömann et al. 2000). Los MTT tendrían en la flexiguridad su complemento normativo, formando un tándem en la visión de la política social y económica, posibilitando un equilibrio de intereses de todas las partes en busca del beneficio común a través de herramientas válidas para la resolución de los conflictos. Schmid y Schömann (2006) muestran cómo la intención final de las políticas de flexiguridad es dotarse de nuevos mecanismos institucionales que permitan la mejora de la empleabilidad y la flexibilidad de la población activa, posibilitando que “las transiciones compensen”. Los MTT representarían la última propuesta europea para afrontar los desafíos e incertidumbres de la sociedad postindustrial, entendiéndose como el último mecanismo institucional dentro de la gestión de los riesgos sociales (Pérez del Prado, 2009).

Las instituciones europeas inician una dinámica de constante apropiación e importación, redefinición y exportación de términos que vierten sobre las agendas de los Estados miembros. Así ha venido ocurriendo, por ejemplo, con ‘activación’ y ‘empleabilidad’, antes que con ‘flexiguridad’. En este sentido, algunos autores llegan a puntualizar que “la naturaleza reguladora de la UE radica en su capacidad de armonización de ideas, representaciones y metas políticas” (Palier 2002), detectando “un incremento de la influencia sociocognitiva de los discursos de las instituciones europeas” (Crespo, Revilla y Serrano 2002). No obstante, esta influencia no se hace sentir con la misma fuerza en todos los Estados miembros ni tiene las mismas consecuencias para cada uno de ellos, como ya hemos visto que señala Heyes (2013). De hecho, las instituciones europeas insisten en que no existe un único modelo de flexiguridad, sino que varia según el contexto institucional, social y económico de los países miembros. Sin embargo, en este marco de difusión y ensalzamiento del concepto, las instituciones europeas señalan el sistema de protección social y mercado de trabajo danés como el mejor ejemplo (Comisión europea 2003; 2007a; 2010). Las referencias al “triángulo de oro danés” como virtuosa combinación de contratos laborales flexibles, generosas prestaciones por desempleo y eficaces políticas activas del mercado de trabajo, han sido numerosas. Pero es interesante observar cómo, en el momento en que se ensalzan las características del modelo danés, este empieza a acusar desequilibrios entre estos tres pilares en favor de una versión más coactiva y workfarista de políticas activas2.

La mayoría de los autores señalan el inicio del deterioro de los programas de políticas activas y el recorte de los presupuestos sociales en 2001, cuando la derecha danesa llega al poder (Jorgensen 2009, Larsen y Andersen 2009), indicando además que, en 2007, el proceso de desmantelamiento de la flexiguridad danesa se intensifica con la descentralización de los servicios de empleo, pasando de regionales a locales. Esto supone un debilitamiento del poder de los sindicatos, en términos de su capacidad de intervención, ya que su foro de participación en la configuración de las políticas de empleo se localiza en el nivel regional. Algunos autores han calificado este proceso de “descentralización centralizada”, ya que la gestión local supuso, paradójicamente, mayores cotas de poder para el gobierno central sobre asuntos que antes estaban en manos de las organizaciones sindicales (Larsen 2009). Así, se institucionaliza el antagonismo entre las políticas activas y las prestaciones por desempleo, en términos de oposición entre lo activo (positivo) y lo pasivo (negativo).

Teniendo en cuenta la particularidad de la gobernanza social europea detallada en esta sección, es decir, la ausencia de tradición socio-histórica e institucional de lo social a nivel de la UE, la naturaleza ideológica de la gobernanza a través del MAC, el protagonismo de las comisiones de expertos, de las relaciones de fuerza entre actores en el seno de las instituciones europeas, así como de los países miembros con mayor influencia dentro de ellas o que se establecen como referentes (Dinamarca, en este caso), se alzan las cuestiones acerca de los aspectos a los que los textos fundacionales europeos sobre flexiguridad conceden más atención, sobre qué clase de (des)equilibrios entre flexibilidad y seguridad promueven estos textos.

A continuación, tratamos de responder a estas cuestiones profundizando en el análisis de la flexiguridad europea según se plantea en los principios comunes del 27 de junio de 2007 y en las Directrices para el crecimiento y el empleo (2008-2010). Específicamente, indagamos el significado de seguridad, por ser el elemento en disputa en un ambiente laboral pautado por conseguir la mayor flexibilidad posible. Una de las principales características de estos textos es su carácter especialmente retórico, hasta cierto punto abstracto y, al mismo tiempo, propagandístico, con metáforas y argumentaciones legitimadoras que inciden en el surgimiento efectivo de una realidad diferente e irrevocable, razón por la cual son especialmente significativos en términos de análisis normativo.

El objetivo de esta sección es ahondar en el sentido de las transformaciones que se promueven desde la propuesta europea de flexiguridad. Concretamente, se explora la relación entre empleo y desempleo y seguridad y protección social3, entendida como gestión de los riesgos sociales.

El análisis de los documentos Comunicación de la Comisión para la propuesta de unos principios comunes de la flexiguridad (COM(2007) 359final) y las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2008-2010) (COM(2007) 803final) se estructura en cuatro aspectos centrales para la estrategia política que describen y promueven. Nos referimos a: a) descripción y definición del contexto, metas y objetivos de la flexiguridad, desde los que ésta se legitima y se hace incluso necesaria; b) descripción y atribuciones de la noción de ‘seguridad’ y sus nuevos componentes cognitivo-normativos (flexibilidad y seguridad son intercambiables en el marco de la flexiguridad); c) representación de la relación entre trabajador y empresario, y d) términos y naturaleza de la relación (contrato) entre Estado y ciudadano. La construcción de un sentido de seguridad en relación con el empleo y el desempleo está ligada a los valores y elementos cognitivos que dan contenido a estos aspectos.

Una definición de la realidad como “economía-sociedad del conocimiento” en la “era de la globalización” es el escenario en que estos factores se enclavan y al que seguidamente nos referimos. En este escenario, empresario y trabajador se presentan sometidos a las mismas presiones, en lugar de estar implicados en relaciones de poder asimétricas; la seguridad ya no es estabilidad y permanencia sino movimiento y esfuerzo personal y, por tanto, desde el Estado, el trabajador debe ser más bien incentivado y vigilado que protegido.

La producción de documentos oficiales sobre empleo y protección social por parte de la UE constituye una tentativa de regulación internacional de la cuestión social. Este tipo de producción política, carente de la legitimidad de los procedimientos democráticos estatales, se hace efectiva a través de la llamada gobernanza suave (soft governance).

La desequilibrada carga semántica de flexibilidad y seguridad en el concepto de flexiguridad, que no pocos autores han señalado en los últimos años, se pone de relieve en el presente trabajo: (i) a través de una aproximación a la propuesta europea de flexiguridad desde su anclaje social, es decir, de una aproximación a la especificidad e historicidad de esta categoría en su contexto de emergencia y (ii) a través del análisis crítico del discurso de algunos de los documentos europeos clave sobre flexiguridad.

Las conclusiones de estos análisis presentan la flexiguridad europea como una categoría resumen de un nuevo marco interpretativo y de intervención en relación con el tipo de (des)equilibrio entre protección social o justicia social y desarrollo económico. Difundida desde las instituciones europeas, la flexiguridad integra en un sólo discurso, compacto aunque no exento de ambigüedades, las reformas que el Estado Social y el mercado de trabajo sufren a partir de la década de los ochenta y trata de configurar, frente a la propuesta keynesiano-fordista, un nuevo modelo de gestión.

La UE extiende sus recomendaciones y líneas directrices desde una vacío histórico y cultural, en el sentido de que la UE no tiene una historia de lo social común, hacia una pluralidad de situaciones, historias y menciones de la regulación de lo social. En este contexto, las relaciones de fuerza entre actores, entre instancias institucionales y entre Estados miembros aglutinan todo el protagonismo que, en los casos nacionales, además, se reparte/comparte con el peso de la historia y la tradición cultural e institucional de lo social. Por eso podemos decir que el peso de lo ideológico, avalado por lo teórico-científico, es mayor en este contexto de producción de políticas sociales y de empleo. Además, en este ámbito de gobierno la generación de conceptos espectacularizantes es una herramienta de regulación potente (empleabilidad, activación, emprendimiento, flexiguridad) y un objetivo de la creatividad social europea. En este espacio acultural y ahistórico de la UE estos conceptos tienen cabida sin cuestionamiento, sin que sean malsonantes, sin que resulten ajenos porque es el espacio de la ajenidad, de todos y de nadie: sin cultura, sin lengua, sin identidad fuerte compartida. De ahí el papel fundamental que juegan los procedimientos de difusión de estos conceptos a través de conferencias y medios de comunicación.

En este trabajo exploramos la posible fundación de una nueva concepción de seguridad que se alimenta del paradigma de la activación, según lo define Serrano (2007), y de la teoría de los mercados de trabajo transicionales en el seno de la propuesta europea de flexiguridad, tal y como es formulada en los primeros textos oficiales sobre el concepto.

La noción de activación llega a ser sinónimo sustituto de empleabilidad, que comenzó a difundirse por las instituciones europeas durante los años 90. Un ejercicio de deconstrucción la noción de empleabilidad (Serrano 2000) muestra que ésta ha cedido su patrimonio semántico a los conceptos de activación y flexiguridad (Martín 2009: 161). Los conceptos de empleabilidad, activación y flexiguridad comparten una interpretación de la prevención como prevención contra la inactividad, a través de la adquisición de competencias metodológicas referidas a la búsqueda efectiva de empleo y de la formación como formación para la actividad (adecuación a las necesidades de la empresa). Se trata de que todo el mundo participe lo más intensamente posible del sistema productivo, considerándose esto un síntoma de integración, independencia y autonomía y, lo contrario, una señal de inadaptación, exclusión, incapacidad o pereza.

Apelando a la flexiguridad se intenta construir una nueva realidad del mundo del trabajo, donde el trabajador ya no debe querer la estabilidad en su puesto, debe ser un trabajador empoderado y dinámico, mientras que el empresario se convierte en una víctima de los nuevos flujos de la economía y necesita todas las facilidades para poder seguir siendo competitivo. Sólo con un modelo de trabajador dinámico y activo se puede conseguir una economía competitiva (Martín 2009).

Desde los argumentos de legitimación de este concepto que acabamos de explorar se ponen de manifiesto cuáles son los hitos de su constitución, sus entrañas. Éstas serían algunas de las premisas subyacentes al concepto:

Combatir o plantear alternativas a esta seguridad activadora, a este énfasis en el individuo, el trabajo y las dinámicas contractuales individuales que pueblan la propuesta europea de flexiguridad, nos conduce a la articulación de marcos interpretativos que entrañen una recuperación de las identidades colectivas y un fuerte compromiso con la reivindicación de otros aspectos de la vida ajenos al trabajo asalariado, ya sea en el mercado formal o informal.

Por tanto, parece necesario recuperar y dignificar el significado claro y uniforme de numerosos conceptos que están siendo modificados con vistas a la consolidación de un determinado Modelo Social Europeo, sin perder de vista que los modelos teóricos o políticos difundidos a través de las organizaciones internacionales entrañan ideales que pueden desencadenar funcionamientos de muy distinto signo en cada entorno nacional particular. Por eso, estamos de acuerdo con Bredgaard, Larsen y Madsen (2008) en que la flexiguridad puede tener resultados positivos dependiendo de la combinación de sus dimensiones y en qué contexto se aplique; pero es perjudicial que se considere positiva per se.