ARTÍCULO / ARTICLE

¿A QUIÉN SANCIONAMOS? UN ESTUDIO EXPLORATORIO EN PRISIONES DEL CONTEXTO ESPAÑOL

WHO GETS SANCTIONED? AN EXPLORATORY STUDY IN PRISONS OF THE SPANISH CONTEXT

Albert Pedrosa

Universitat Autònoma de Barcelona

Albert.pedrosa@uab.cat

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3533-7282

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN Top

El estudio del mal comportamiento en prisión tradicionalmente ha sido tema de interés para sociólogos y criminólogos por dos motivos: por un lado, porque la comprensión de este fenómeno puede ser útil para el mantenimiento del orden y la seguridad dentro de los centros penitenciarios (Bottoms 1999Bottoms, A. E. 1999. "Interpersonal violence and social order in prisons". Crime and justice 26:205-281. https://doi.org/10.1086/449298.) y, por otro, porque la investigación ha mostrado una relación entre el mal comportamiento intramuros y una mayor probabilidad de reincidencia en el futuro (Cochran et al. 2012Cochran, J. C., D. P. Mears, W. D. Bales y E. A. Stewart. 2012. "Does inmate behavior affect post-release offending? Investigating the misconduct-recidivism relationship among youth and adults". Justice Quarterly 31(6):1044-1073. https://doi.org/10.1080/07418825.2012.736526.). Cuando se habla de mal comportamiento en prisión, se hace referencia a aquellas conductas que alteran o afectan la convivencia y seguridad dentro de los centros penitenciarios y que son objeto de sanción por parte de la propia institución carcelaria. Por lo tanto, el mayor conocimiento acerca de los factores relacionados con la imposición de sanciones resulta relevante para orientar las políticas penitenciarias dirigidas a mejorar la convivencia, la calidad de vida y el respeto de los derechos de las personas que cumplen condena.

La literatura sobre esta cuestión se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos y Reino Unido a partir de investigaciones etnográficas que observaron y analizaron cómo las personas vivían su encierro y cómo el personal imponía orden dentro de las prisiones (Sparks, Bottoms y Hay 1996Sparks, J. R., A. E. Bottoms y W. Hay. 1996. Prisons and the Problem of Order. Oxford: Oxford University Press.; Colvin 1992Colvin, M. 1992. The penitentiary in crisis: From accommodation to riot in New Mexico. Albany: State University of New York Press.; Jacobs 1977Jacobs, J. B. 1977. Stateville. The Penitentiary in Mass Society. London: The University of Chicago Press.; Sykes 1958Sykes, G. [1958] 2007. The society of captives: A study of a maximum security prison. Princeton: Princeton University Press.; Clemmer 1940Clemmer, D. 1940. The Prison Community. Nueva York, NY: Rinehart & Company.). Dichos estudios sentaron las bases para la investigación del desorden en prisión, dando lugar a tres grandes perspectivas: las que ponen sus causas en las características y creencias previas que las personas importan desde la comunidad hacia la cárcel; las que defienden que es una respuesta adaptativa para hacer frente a las privaciones del encierro, y las que ponen el foco en las formas de gestión de los centros y las relaciones que mantienen los internos con el personal y con la institución penitenciaria en sí misma.

En España, sin embargo, existen pocos estudios que hayan abordado esta cuestión. Al respecto, esta investigación aporta dos novedades: por una parte, pretende analizar la imposición de sanciones en prisión a partir de las perspectivas teóricas antes mencionadas y, por otra, no parte de datos administrativos, sino que hace uso de datos de auto informe, haciendo visibles aspectos de la vivencia de los penados tales como el trato recibido y las penalidades que sufren.

Con este punto de partida, el presente artículo tiene por objeto explorar qué elementos de los incluidos en las anteriores perspectivas teóricas se relacionan con una mayor probabilidad de recibir una sanción durante el cumplimiento de la condena. Por lo tanto, nos encontramos ante un estudio de carácter exploratorio que pretende aportar nuevo conocimiento al estudio de un fenómeno poco tratado en el contexto español, la imposición de sanciones en los centros penitenciarios, analizando sus particularidades de modo que los resultados permitan guiar la investigación futura.

DEFINIENDO EL OBJETO DE ESTUDIO: LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES EN PRISIÓN Top

Generalmente, el estudio del desorden en prisión se ha explorado mediante dos aproximaciones distintas: por un lado, estudiando las conductas objeto de sanción en sentido amplio y, por otro, estudiando específicamente la violencia en prisión. En inglés, la literatura emplea el término misconduct para referirse a todas las conductas que transgreden las reglas de los centros, tal y como se puede comprobar, por ejemplo, en la revisión empírica de 98 estudios llevada a cabo por Steiner, Butler y Ellison (2014Steiner, B., H.D. Butler y J. M. Ellison. 2014. "Causes and correlates of prison inmate misconduct: A systematic review of the evidence". Journal of Criminal Justice 42(6):462-470. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2014.08.001.). Sin embargo, aunque es cierto que bajo este término pueden incluirse todo tipo de conductas, desde agresiones o contrabando hasta faltas de respeto (pues todas ellas van en contra de las normas establecidas por la institución), las variables y aproximaciones para su estudio son distintas. Así pues, las investigaciones que se centran específicamente en la violencia intramuros, al tratar de explorar las causas y detonantes de este tipo de comportamientos más graves, analizan tanto variables específicas del encarcelamiento, los espacios de los centros y sus interacciones, como variables a nivel individual que se relacionan con la violencia fuera de la prisión (ver Cunningham y Sorensen 2007Cunningham, M. D. y J. R. Sorensen. 2007. "Predictive factors for violent misconduct in close custody". The Prison Journal 87(2):241-253.). En esta misma línea encontramos algunos de los pocos estudios que se han llevado a cabo en el contexto español (Arbach-Lucioni y Martínez-García 2013Arbach-Lucioni, K. y M. Martinez-García. 2013. Factores de riesgo de conducta violenta intrainstitucional en internos penitenciarios. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.; Arbach-Lucioni, Martinez-García y Andrés-Pueyo 2012Arbach-Lucioni, K., M. Martinez-García y A. Andrés-Pueyo. 2012. "Risk factors for violent behavior in prison inmates: A cross-cultural contribution". Criminal Justice and Behavior 39(9):1219-1239. https://doi.org/10.1177/0093854812445875.).

En cambio, los estudios de sanciones no se centran en por qué una persona es más violenta o se comporta de esta forma ante una situación determinada, sino que se interesa en por qué hay personas que no cumplen las normas. Por lo tanto, otros aspectos como la percepción de legitimidad y la vinculación con los profesionales pueden adquirir importancia. En español, el término misconduct se suele traducir como “mal comportamiento”, término no exento de problemas debido a su carácter valorativo. Es por ello que, al hablar de mala conducta en prisión o de desorden, es importante definir a qué tipo de conductas nos estamos refiriendo y la aproximación y medidas que empleará la investigación.

En este sentido, este estudio se centrará en esta última aproximación, el estudio del desorden en prisión a partir de la imposición de sanciones. Esto se debe a que es un aspecto prácticamente inexplorado en nuestro contexto, y al hecho de que el interés de esta investigación se centra en los factores que se relacionan con una mayor probabilidad de transgredir el orden y las reglas de funcionamiento de la prisión y de ser sancionado por ello. Estudiar este fenómeno, además, es importante debido a la dificultad existente en nuestro entorno para acceder a datos que permitan contextualizar este fenómeno. De acuerdo con las cifras publicadas por la Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña —Comunidad Autónoma con competencia en materia penitenciaria—, vemos que en el año 2017, y con una población de aproximadamente 8500 personas cumpliendo condena, se impusieron un total de 10 025 expedientes disciplinarios. Aunque no hay estadísticas semejantes disponibles relativas a la Administración General del Estado, en un estudio de Aguilar, García-España y Becerra (2012Aguilar, A. C., E. García España y J. M. Becerra. 2012. "Realidad y política penitenciarias". Boletín criminológico 136:1-4.) a partir de datos cedidos por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se cifraban en 60 897 las faltas cometidas por los internos en el año 2010, siendo de 67 372 personas la media de población encarcelada en ese mismo año. Por su parte, Navarro et al. (2011Navarro, C. V., F. R. Ramos, N. Q. Reynal, A. B. Libano y C. D. Ruiz. 2011. La conflictividad en los centros penitenciarios catalanes. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.), a partir del análisis de datos administrativos, concluyeron que principalmente se imponen sanciones por faltas graves o muy graves (siendo casi inexistentes las leves) y que su número no es homogéneo entre distintos centros. Por lo tanto, vemos que los datos nos alejan de la idea de una prisión sin conflictos intramuros, dando cuenta de la prevalencia de los expedientes disciplinarios como mecanismo para el mantenimiento del orden. En consecuencia, estudiar la imposición de sanciones nos permitirá entender mejor tanto los elementos que se relacionan con el mal comportamiento en prisión como con el uso de las sanciones en nuestro sistema penitenciario, tal y como se tratará de explorar en este trabajo.

MARCO TEÓRICO Top

Perspectiva de las privaciones

Los primeros estudiosos de las cárceles modernas pronto se dieron cuenta de que las prisiones no eran únicamente un espacio de encierro y control de personas, sino que en ellas surgían relaciones, roles y estructuras jerárquicas concretas y propias del espacio carcelario que explicaban cómo las personas convivían y se adaptaban a la condena. Esta organización social e interacción entre presos y personal, tanto a nivel formal como informal, es lo que se conoce como cultura carcelaria (Clemmer 1940Clemmer, D. 1940. The Prison Community. Nueva York, NY: Rinehart & Company.), la cual permite pensar la cárcel como una sociedad particular (Sykes 1958Sykes, G. [1958] 2007. The society of captives: A study of a maximum security prison. Princeton: Princeton University Press.). Por lo tanto, el hecho de estar encarcelado, especialmente por largos periodos de tiempo, hace que los individuos poco a poco adopten y asimilen esta cultura carcelaria, lo que se conoce como el proceso de prisionización (Clemmer 1940Clemmer, D. 1940. The Prison Community. Nueva York, NY: Rinehart & Company.: 299). Por lo tanto, la integración dentro de esta cultura carcelaria tendrá influencia directa en los roles y comportamientos de las personas.

Sin embargo, este proceso de prisionización no logra explicar el mal comportamiento por sí solo, puesto que todas las personas encerradas asimilan aspectos de esta misma cultura hasta cierto punto (p. ej., el argot), pero tan solo algunas personas incumplen las normas. Sobre dicha cuestión, Sykes (1958Sykes, G. [1958] 2007. The society of captives: A study of a maximum security prison. Princeton: Princeton University Press.), a partir de su etnografía de la prisión de máxima seguridad de Nueva Jersey, propuso uno de los conceptos más importantes para los estudios sociológicos y criminológicos en prisión: las penalidades del encarcelamiento. En su estudio, Sykes identificó cinco grandes restricciones o privaciones que el encarcelamiento impone a los individuos: la pérdida de libertad, de bienes y servicios deseados, de relaciones heterosexuales, de autonomía y de seguridad. Estas privaciones son las que permitirían explicar por qué algunas personas encarceladas desarrollan una cultura de oposición frente a la institución dirigida a aliviar los efectos negativos de estas restricciones (p. ej., búsqueda de protección) o superarlas (p. ej., acceso a beneficios). Por lo tanto, bajo esta premisa, cuanto mayor sea la exposición, en tiempo e intensidad, a estas privaciones que el encarcelamiento comporta, mayor será la probabilidad de que surja el mal comportamiento.

Al respecto, la literatura ha destacado que el mal comportamiento en prisión se relaciona con factores como la sobrepoblación penitenciaria, las condiciones materiales de los centros y su nivel de seguridad, el contacto con internos que cometen actos violentos o ser victimizado (Bierie 2012Bierie, D. M. 2012. "Is tougher better? The impact of physical prison conditions on inmate violence". International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 56(3):338-355. https://doi.org/10.1177/0306624X11405157.; Worrall y Morris 2011Worrall, J. L. y R. G. Morris. 2011. "Inmate custody levels and prison rule violations". The Prison Journal 91(2):131-157. https://doi.org/10.1177/0032885511404380.; Tasca, Griffin y Rodriguez 2010Tasca, M., M. L. Griffin y N. Rodriguez. 2010. "The effect of importation and deprivation factors on violent misconduct: An examination of Black and Latino youth in prison". Youth Violence and Juvenile Justice 8(3):234-249. https://doi.org/10.1177/1541204010366619.; Griffin y Hepburn 2006Griffin, M. L. y J. R. Hepburn. 2006. "The effect of gang affiliation on violent misconduct among inmates during the early years of confinement". Criminal Justice and Behavior 33(4):419-466. https://doi.org/10.1177/0093854806288038.; Camp et al. 2003Camp, S. D., G. G. Gaes, N. P. Langan y W.G. Saylor. 2003. "The influence of prisons on inmate misconduct: A multilevel investigation". Justice Quarterly 20(3):501-533. https://doi.org/10.1080/07418820300095601.; Gaes y McGuire 1985Gaes, G. G. y W. J. McGuire. 1985. "Prison violence: The contribution of crowding versus other determinants of prison assault rates". Journal of research in crime and delinquency 22(1):41-65. https://doi.org/10.1177/0022427885022001003.). Otro de los elementos relevantes es la duración de la condena, la cual resulta un buen indicador para comprender la exposición prolongada a privaciones por parte de los individuos, encontrando relación entre este elemento y el mal comportamiento (Toman et al. 2015Toman, E. L., J. C. Cochran, J. K. Cochran y W.D. Bales. 2015. "The implications of sentence length for inmate adjustment to prison life". Journal of Criminal Justice 43(6):510-521. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2015.11.002.). En nuestro contexto, los resultados de Arbach-Lucioni, Martinez-García y Andrés-Pueyo (2012Arbach-Lucioni, K., M. Martinez-García y A. Andrés-Pueyo. 2012. "Risk factors for violent behavior in prison inmates: A cross-cultural contribution". Criminal Justice and Behavior 39(9):1219-1239. https://doi.org/10.1177/0093854812445875.), y Arbach-Lucioni y Martínez-García (2013Arbach-Lucioni, K. y M. Martinez-García. 2013. Factores de riesgo de conducta violenta intrainstitucional en internos penitenciarios. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.) apuntan en una línea similar, destacando que el tipo de régimen de vida penitenciario, el tratamiento o la falta de apoyo familiar son elementos relacionados con la violencia en prisión.

Recientemente, las ideas que integran esta perspectiva han sido objeto de nueva atención por parte de los teóricos de la tensión, quienes las han aplicado para entender y detallar el mecanismo explicativo por el cual la exposición a las penalidades del encarcelamiento puede llevar al mal comportamiento en prisión a nivel individual (Blevins et al. 2010Blevins, K. R., S. Listwan, F. T. Cullen y C. L. Jonson. 2010. "A general strain theory of prison violence and misconduct: An integrated model of inmate behavior". Journal of Contemporary Criminal Justice 26(2):148-166. https://doi.org/10.1177/1043986209359369.). Según estos autores, la exposición a privaciones genera sentimientos negativos en los individuos, tales como rabia o frustración, siendo el comportamiento disruptivo un mecanismo para hacer frente a estos sentimientos (Agnew 1992Agnew, R. 1992. "Foundation for a general strain theory of crime and delinquency". Criminology 30(1):47-88. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x.). Por lo tanto, bajo esta teoría la transgresión de la norma deviene un mecanismo de afrontamiento antisocial en ausencia de otros recursos que permitan un afrontamiento pronormativo, como podría ser el apoyo social (Cullen 1994Cullen, F. T. 1994. "Social support as an organizing concept for criminology: Presidential address to the Academy of Criminal Justice Sciences". Justice Quarterly 11(4):527-559. https://doi.org/10.1080/07418829400092421.). Aunque el interés por esta perspectiva es reciente, los resultados de los estudios parecen prometedores, encontrando un vínculo entre la exposición a fuentes de tensión durante el encarcelamiento —como un ambiente negativo— y los mecanismos coercitivos, con la mala conducta (Day, Brauer y Butler 2015Day, J. C., J. R. Brauer y H.D. Butler. 2015. "Coercion and social support behind bars: Testing an integrated theory of misconduct and resistance in US prisons". Criminal justice and behavior 42(2):133-155. https://doi.org/10.1177/0093854814546352.; Morris et al. 2012Morris, R. G., M. L. Carriaga, B. Diamond, N. L. Piquero y A. R. Piquero. 2012. "Does prison strain lead to prison misbehavior? An application of general strain theory to inmate misconduct". Journal of Criminal Justice 40(3):194-201. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2011.12.001.).

Perspectiva de la importación

Frente a la idea de que el comportamiento en prisión se ve determinado por las condiciones del encierro, encontramos otra perspectiva que pone el foco en las características y composición de la población encarcelada, la perspectiva de la importación. A modo de crítica a los planteamientos de la perspectiva de las privaciones, Irwin y Cressey (1962Irwin, J. y D. R. Cressey. 1962. "Thieves, convicts and the inmate culture". Social Problems 10(2):142-155. https://doi.org/10.2307/799047.) defendieron que lo que a veces se entendía como cultura carcelaria no era más que un reflejo de los mismos valores y conductas ya mostrados en la calle —la subcultura criminal—, por lo que, si estas personas ya eran más proclives o tolerantes con la transgresión de las normas en la comunidad, también lo serían dentro de prisión. Por lo tanto, estos autores discutían la concepción de la prisión como institución cerrada, mostrando que esta es permeable ante las influencias del contexto social (Jacobs 1977Jacobs, J. B. 1977. Stateville. The Penitentiary in Mass Society. London: The University of Chicago Press.), por lo que los conflictos y apoyos existentes no se deberían a equilibrios de poder o a la disputa por determinados recursos limitados por las condiciones del encierro, como proponía Sykes (1958Sykes, G. [1958] 2007. The society of captives: A study of a maximum security prison. Princeton: Princeton University Press.), sino que tendrían su origen en los valores compartidos y divergentes entre las diversas subculturas criminales importadas desde la comunidad, y que se ven forzadas a convivir en prisión (Irwin y Cressey 1962Irwin, J. y D. R. Cressey. 1962. "Thieves, convicts and the inmate culture". Social Problems 10(2):142-155. https://doi.org/10.2307/799047.: 152).

Sin embargo, los trabajos realizados bajo este prisma se han centrado más en las características de los individuos que en la importancia de los valores y actitudes importados, por lo que el efecto de las creencias previas a menudo ha quedado inexplorado (Mears et al. 2013Mears, D. P., E. A. Stewart, S. E. Siennick y R. L. Simons. 2013. "The code of the street and inmate violence: Investigating the salience of imported belief systems". Criminology 51(3):695-728. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12017.). La literatura ha mostrado que las personas jóvenes, con menor nivel educativo, con adicción a las drogas, menor autocontrol, pertenecientes a una banda, que provienen de contextos de desventaja y con mayor historial delictivo presentan un peor comportamiento durante la condena (Hochstetlter y DeLisi 2005Hochstetler, A. y M. DeLisi. 2005. "Importation, deprivation, and varieties of serving time: An integrated-lifestyle-exposure model of prison offending". Journal of Criminal Justice 33(3):257-266. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2005.02.005.; Wooldredge, Griffin y Pratt 2001Wooldredge, J., T. Griffin y T. Pratt. 2001. "Considering hierarchical models for research on inmate behavior: Predicting misconduct with multilevel data". Justice Quarterly 18(1):203-231. https://doi.org/10.1080/07418820100094871.; Cao, Zhao y Van Dine 1997Cao, L., J. Zhao y S. van Dine. 1997. "Prison disciplinary tickets: A test of the deprivation and importation models". Journal of criminal justice 25(2):103-113. https://doi.org/10.1016/S0047-2352(96)00054-2.). Respecto a las creencias importadas, Mears et al. (2013Mears, D. P., E. A. Stewart, S. E. Siennick y R. L. Simons. 2013. "The code of the street and inmate violence: Investigating the salience of imported belief systems". Criminology 51(3):695-728. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12017.) analizaron el efecto de las creencias previas en la violencia en prisión, encontrando un vínculo entre ambas, especialmente en aquellas personas con menor apoyo familiar, sanciones previas y que pertenecían a una banda.

Perspectiva de la gestión

Esta perspectiva trata de explicar el mal comportamiento como una consecuencia de los diferentes estilos de gestión que se pueden aplicar en prisión, y de las acciones que el personal penitenciario lleva a cabo para mantener el orden que de ellos se derivan. Bajo esta premisa encontramos diversas aproximaciones clásicas que han tratado de definir diferentes modelos de relación presos-personal, una revisión de los cuales puede verse en Steiner, Butler y Ellison 2014Steiner, B., H.D. Butler y J. M. Ellison. 2014. "Causes and correlates of prison inmate misconduct: A systematic review of the evidence". Journal of Criminal Justice 42(6):462-470. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2014.08.001.; aunque en el presente trabajo partiremos de la más reciente ofrecida por Colvin (2007Colvin, M. 2007. "Applying differential coercion and social support theory to prison organizations: The case of the penitentiary of New Mexico". The Prison Journal 87(3):367-387. https://doi.org/10.1177/0032885507304774.) a partir de un análisis previo que el propio autor realizó sobre las causas de los disturbios en la prisión de Nuevo Méjico en el año 1980 (Colvin 1992Colvin, M. 1992. The penitentiary in crisis: From accommodation to riot in New Mexico. Albany: State University of New York Press.). La propuesta del autor parte de la aplicación de la teoría de la coerción y el apoyo social diferencial (Colvin, Cullen y Vander Ven 2002Colvin, M., F. T. Cullen y T. vander Ven. 2002. "Coercion, social support, and crime: An emerging theoretical consensus". Criminology 40(1):19-42. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2002.tb00948.x.), planteando que el desorden en prisión es un producto del nivel de apoyo y de coerción que el personal del centro aplica sobre los internos (Colvin 2007Colvin, M. 2007. "Applying differential coercion and social support theory to prison organizations: The case of the penitentiary of New Mexico". The Prison Journal 87(3):367-387. https://doi.org/10.1177/0032885507304774.). Su análisis muestra la relevancia en clave positiva del apoyo social de la institución hacia el interno a través del trabajo, los programas de tratamiento o el apoyo de los profesionales, así como los efectos negativos que la coerción tiene para la salud mental de los internos y el mantenimiento del orden (Colvin 2007Colvin, M. 2007. "Applying differential coercion and social support theory to prison organizations: The case of the penitentiary of New Mexico". The Prison Journal 87(3):367-387. https://doi.org/10.1177/0032885507304774.). Bajo esta perspectiva, además, se enfatiza la importancia de la percepción de legitimidad y la justicia procedimental como elemento favorecedor del cumplimiento de las normas, elemento ya destacado por otros teóricos como relevante para el mantenimiento del orden en prisión (Sparks y Bottoms 1995Sparks, J. R. y A. E. Bottoms. 1995. "Legitimacy and order in prisons". British Journal of Sociology 46(1):45-62. https://doi.org/10.2307/591622.).

Por lo tanto, según el modelo de gestión y partiendo de las ideas de Colvin (2007Colvin, M. 2007. "Applying differential coercion and social support theory to prison organizations: The case of the penitentiary of New Mexico". The Prison Journal 87(3):367-387. https://doi.org/10.1177/0032885507304774.), que se apueste más o menos por el tratamiento o que el personal sea más o menos estricto a la hora de imponer el orden, contribuirá a cambiar las relaciones, códigos y significados compartidos —por ejemplo, dónde está el límite entre lo permitido y lo prohibido más allá del reglamento— entre presos y personal, y por lo tanto tendrá efectos en el cumplimiento de las normas. Esto no implica que las anteriores perspectivas no tengan en cuenta estos elementos, pero en la primera los roles y relaciones que caracterizan la cultura carcelaria surgen y se estructuran alrededor de las condiciones del encarcelamiento (p. ej., la búsqueda de protección) y, bajo la segunda, se determinan por las características de los individuos (p. ej., la pertenencia a una banda), mientras que la perspectiva de gestión pone la relevancia en las acciones directas que el personal y la institución llevan a cabo para con los encerrados.

Aunque la teoría defendida por Colvin aún no ha sido objeto de demasiada verificación empírica, algunos resultados parecen prometedores: por un lado, encontramos estudios que han mostrado que estar expuesto a coerción o a un ambiente negativo en prisión tiene efectos en la comisión de conductas desviadas en los centros y en el estado emocional de los individuos (Day, Brauer y Butler 2015Day, J. C., J. R. Brauer y H.D. Butler. 2015. "Coercion and social support behind bars: Testing an integrated theory of misconduct and resistance in US prisons". Criminal justice and behavior 42(2):133-155. https://doi.org/10.1177/0093854814546352.; Listwan et al. 2010Listwan, S. J., M. Colvin, D. Hanley y D. Flannery. 2010. "Victimization, social support, and psychological well-being: A study of recently released prisoners". Criminal justice and behavior 37(10):1140-1159. https://doi.org/10.1177/0093854810376338.); por otro, un reciente estudio de Steiner y Wooldredge (2018Steiner, B. y J. Wooldredge. 2018. "Prison Officer Legitimacy, Their Exercise of Power, and Inmate Rule Breaking". Criminology 56(4):750-779. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12191.) con datos de 33 prisiones del Estado de Ohio concluyó que la percepción de legitimidad se relacionaba con un menor número de infracciones no violentas. Por último, en un estudio llevado a cabo en prisiones catalanas, Rodríguez Menés, Larrauri Pijoan y Güerri Ferrández terminaron concluyendo que “los factores que explican una baja calidad de vida en prisión predicen igualmente bien problemas conductuales importantes en prisión” (2018Rodríguez Menés, J., E. Larrauri Pijoan y C. Güerri Ferrández. 2018. "Percepción de la calidad de vida en prisión. La importancia de una buena organización y un trato digno". Revista Internacional de Sociología 76(2):e098. https://doi.org/10.3989/ris.2018.76.2.16.159.: 15), destacando la importancia de factores como el historial penal previo, las actividades realizadas y la ayuda recibida por el personal, así como las relaciones con el personal y con otros internos.

MÉTODO Top

Objetivos y estrategia de análisis

El estudio trata de explorar las variables que se relacionan con una mayor probabilidad de ser sancionado durante la condena. El tipo de técnica de análisis empleada es la regresión logística, debido a la naturaleza dicotómica de la variable dependiente, permitiéndonos explorar por qué algunos individuos son sancionados durante su condena y otros no. Las variables independientes empleadas provienen del trabajo de campo de la investigación y se refieren a las perspectivas teóricas de partida explicadas anteriormente. Por lo tanto, estamos ante un análisis de tipo exploratorio que, ante la falta de literatura en nuestro contexto acerca de las variables que afectan al uso de las sanciones en el medio penitenciario, busca identificar variables clave en la explicación de este fenómeno que guíen las propuestas e implicaciones prácticas de este y futuros trabajos.

Muestra

Los datos empleados provienen del proyecto “Encarcelamiento y Reincidencia” (DER2014-55315-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y llevado a cabo por un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona[1] del cual el autor del presente artículo forma parte. Este proyecto cuenta con una muestra de personas que entre 2016 y 2017 se encontraban en la fase final de su condena (últimos cuatro meses) en instituciones penitenciarias de Cataluña o en libertad condicional. Las personas elegibles para la muestra eran todas aquellas que en el periodo descrito se encontrasen en la fase final de su pena, con el objetivo de que esta fuera representativa de toda la población que en un año finalizaría su condena en Cataluña. Gracias a la colaboración de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña, se obtuvo una lista de las personas que conformaban la población objeto de estudio. En total se contactó con 1072 personas, en los centros o fuera de ellos, para explicarles el objetivo del proyecto y pedir su colaboración. Este contacto inicial se hizo a través de los profesionales de los centros, quienes daban una carta preparada por el equipo investigador con la información del proyecto, emplazándoles a un encuentro en una fecha determinada para explicarles en qué consistía este y pedirles su consentimiento para participar. En estos encuentros, realizados con varios sujetos a la vez en espacios de los centros penitenciarios (comedores, bibliotecas y aulas) o fuera de ellos —en el caso de los sujetos en libertad condicional—, y siempre sin la presencia de personal del centro o la Administración, el personal investigador explicó los detalles del estudio y en qué consistía la participación, así como el contenido del cuestionario. Posteriormente, se dio a los participantes una hoja con un resumen de esta información en la que se pedía su consentimiento para participar, informando a los sujetos sobre el carácter anónimo y confidencial del estudio.

Del total de personas elegibles, finalmente 538 personas consintieron en participar, lo que supone una tasa de respuesta del 50,2 %. La muestra final empleada en este estudio es de 494 casos[2]. Cabe destacar que, al ser la población de referencia todas aquellas personas que en el período de un año finalizaban su condena en Cataluña en todos los tipos de régimen de cumplimiento, se obtuvo una muestra final representativa de tal población por las cuotas de sexo, condición de extranjería y grado de cumplimiento. Esto implica que la muestra incluye a hombres y mujeres condenados por todo tipo de tipologías delictivas y en todo tipo de módulos y regímenes de vida, incluyendo régimen cerrado, segundo grado, régimen abierto y libertad condicional, hecho poco habitual en los estudios de este tipo.

Instrumentos y variables

Los datos del proyecto se obtuvieron a partir de un cuestionario elaborado por el equipo investigador del proyecto “Encarcelamiento y Reincidencia” tomando como referencia el empleado en el proyecto “Returning Home” (Visher y O’Connell 2012Visher, C. A. y D. J. O'Connell. 2012. "Incarceration and inmates’ self perceptions about returning home". Journal of Criminal Justice 40(5):386-393. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2012.06.007.). De forma adicional, el equipo añadió nuevas preguntas y escalas sobre conceptos que la investigación previa ha demostrado importantes, tales como preguntas sobre la victimización en prisión o el apoyo social percibido. El cuestionario final contenía 270 preguntas que tratan diversos aspectos relacionados con la trayectoria de los individuos, su vivencia de la condena y sus perspectivas de futuro. Las preguntas referidas al período en prisión siempre hicieron referencia a la condena actual y hasta el momento de la realización del cuestionario. Previo consentimiento, los participantes respondieron individualmente al cuestionario, recibiendo asistencia por parte del equipo investigador cuando fue necesaria. Los cuestionarios tuvieron una duración media de 75 minutos y los participantes fueron remunerados con la cantidad de 10 €. Todos los datos obtenidos de los cuestionarios se incluyeron en una base de datos diseñada y creada por el equipo investigador, aplicando los procesos de anonimización de los datos pertinentes. La creación de variables, tratamiento de los datos y análisis estadísticos para el presente artículo se han realizado mediante el software estadístico SPSS.

En el cuadro 1 se pueden observar los descriptivos de las diferentes variables empleadas en el modelo, las cuáles se comentarán a continuación:

Cuadro 1. Análisis descriptivos [Descargar tamaño completo]

1) Variable dependiente

La variable respuesta de nuestro análisis se construyó a partir de la siguiente pregunta, incluida en el cuestionario: “¿Cuántas sanciones (partes) ha tenido durante el cumplimiento de su condena?”, la cual se interesaba por la frecuencia con la que se habían recibido estas sanciones. Los resultados se dicotomizaron para obtener una variable que distinguiera entre aquellas personas que no habían sido sancionadas durante la condena y aquellas que sí lo habían sido. Como podemos ver en la tabla de descriptivos, un 51 % de la muestra dice haber sido sancionado al menos una vez, lo cual parece relevante, ya que el hecho de que la mitad de las personas no hayan sido sancionadas nos indica una variabilidad que hace interesante el estudio de las causas de dichas sanciones y el análisis de la prevalencia del fenómeno. El hecho de utilizar una variable de auto reporte es necesario para asegurar la consecución y acotación temporal del análisis, dado que las variables empleadas siempre hacen referencia a la condena actual hasta el momento de realización del cuestionario. Al ser un estudio general y exploratorio sobre la probabilidad de ser sancionado, no se ha distinguido por la gravedad de las conductas, en la línea de otros estudios de países de nuestro entorno (p. ej., Dâmboeanu y Nieuwbeerta 2016Dâmboeanu, C. y P. Nieuwbeerta. 2016. "Importation and deprivation correlates of misconduct among Romanian inmates". European Journal of Criminology 13(3):332-351. https://doi.org/10.1177/1477370815617191.).

2) Variables de control

Se han tenido en cuenta el sexo y la nacionalidad como variables de control, ambas dicotómicas, la primera distinguiendo entre hombres y mujeres y la segunda entre personas con nacionalidad española (o doble nacionalidad) y personas sin ella.

3) Variables independientes

i) Variables de privación

En este grupo se incluyeron tanto variables de exposición a tensión como factores de apoyo para hacer frente a las privaciones. En referencia a la primera cuestión, se ha incluido la duración de la condena en meses, si la clasificación inicial fue en medio abierto o en un centro ordinario, y dos escalas, una de victimización por parte de otros internos y otra de ambiente negativo percibido en prisión (Listwan et al. 2013Listwan, S. J., C. J. Sullivan, R. Agnew, F. T. Cullen y M. Colvin. 2013. "The pains of imprisonment revisited: The impact of strain on inmate recidivism". Justice Quarterly 30(1):144-168. https://doi.org/10.1080/07418825.2011.597772.). En cuanto a la segunda cuestión, se han incluido dos escalas, una de compañerismo entre internos y otra de apoyo familiar recibido durante la condena.

ii) Variables de importación

En primer lugar, se tomaron en cuenta características de los individuos, incluyendo la edad, y el nivel de estudios, distinguiendo entre aquellas personas sin estudios y las que poseen algún tipo de formación. Para medir la desventaja previa, tanto social como penal, se ha utilizado el total de meses cotizados, el número de condenas previas a prisión, una variable dicotómica que distingue si la persona fue detenida alguna vez siendo menor y una escala de consumo de drogas previo a la entrada en prisión que mide la frecuencia de consumo de diferentes sustancias[3]. Finalmente, se ha incorporado una escala de actitudes justificadoras de la delincuencia a partir de preguntas sobre si la persona está o no de acuerdo con cometer delitos bajo determinadas circunstancias.

iii) Variables de Gestión

En esta categoría se incluyeron variables que captasen la medida en que el personal del centro da apoyo a las personas que cumplen condena. Para medir el apoyo del personal, se preguntó a la persona si durante la condena había tenido una persona de la institución que se hubiera preocupado de forma significativa por su proceso de reinserción, incluyendo tanto personal de tratamiento como funcionarios. Por otra parte, se creó una escala de trato legítimo por parte del personal, en que se preguntaba la frecuencia con la que la persona había sentido que se respetaban sus derechos, si había podido ejercerlos y si el personal había dado respuesta fundamentada a sus peticiones, entre otras cuestiones. Por último, se incluyeron dos variables dicotómicas para conocer si la persona había participado en algún tipo de programa de tratamiento[4] y si el interno había trabajado durante la condena, para conocer en qué medida el centro apoyaba a los internos a través de sus actividades.

RESULTADOS Top

En primer lugar, en los resultados del análisis de correlaciones bivariadas (ver el cuadro 3 en el anexo) se observa que las variables independientes propuestas correlacionan significativamente con la variable dependiente, con la excepción del compañerismo entre internos y haber trabajado durante la condena. Además, el sentido de las relaciones es el esperado con base en las tres perspectivas teóricas de partida, con excepción de la participación en el tratamiento, cuya relación no es la esperada. Por otra parte, las correlaciones más fuertes se dan con respecto a la percepción de trato ilegítimo, el consumo previo de drogas y haber sido detenido siendo menor de edad, elementos que se relacionarían con una mayor probabilidad de recibir una sanción.

El cuadro 2 incluye los resultados del análisis de regresión logística realizado. Podemos comprobar que el modelo es significativo, con una R² de ,539 (que es alta para este tipo de estudios), lo que indica que el modelo es capaz de explicar el 53,9 % de la variación en las probabilidades de ser sancionado. El modelo, además, permite clasificar correctamente el 77,8 % de los casos. Por otra parte, estadísticos adicionales indican que el ajuste del modelo es óptimo y tampoco se observan problemas de colinealidad entre las variables independientes. Debido a la pérdida de información en algunas variables, el modelo conjunto finalmente incluye 436 casos.

Cuadro 2. Resultados del modelo de regresión logística [Descargar tamaño completo]

Si nos fijamos en las variables de control, vemos que el sexo no resulta significativo. Por el contrario, las personas extranjeras tienen más del doble de probabilidades de ser sancionadas respecto de las personas con nacionalidad española (Exp. (B) =2,703), resultado no esperado inicialmente y que se comentará más adelante.

En relación con las variables de privación, el apoyo entre internos, la clasificación inicial y el ambiente negativo en prisión no resultan significativos Si miramos los coeficientes de las variables que sí son significativas y, en concreto, aquellas referidas a la exposición a tensión, se observa que, a medida que se incrementan los meses de condena, también lo hace la probabilidad de ser sancionado, mientras que aquellas personas que han sido victimizadas tienen más del doble de probabilidades de haber recibido, al menos, una sanción. Por su parte, cada incremento en la escala de apoyo familiar durante el encarcelamiento reduce aproximadamente un 30 % las probabilidades de ser sancionado.

Si nos fijamos en las variables de importación, los resultados muestran que la edad, las condenas previas, el consumo previo de drogas y haber sido detenido como menor de edad son significativas, mientras que la vida laboral, el nivel de estudios y las actitudes delictivas no lo son. Atendiendo a los coeficientes, el incremento de un punto en la escala de frecuencia de consumo de drogas aumenta en un 73 % las posibilidades de ser sancionado, mientras que el incremento es del 38 % por cada condena anterior. Siguiendo con la importancia del historial penal, vemos que las personas que fueron detenidas siendo menores de edad tienen un poco más del doble de probabilidades de ser sancionadas (Exp. (B) =2,126). En cuanto a la edad, las personas más jóvenes tienen mayor probabilidad de ser sancionadas.

Finalmente, de entre las variables de gestión tan solo el trato legítimo resulta significativo. Al respecto, un incremento de un punto en la escala de percepción de trato legitimo reduce las probabilidades de ser sancionado en un 13 %. Sin embargo, tener un profesional de referencia, trabajar, o participar en el tratamiento no resultan significativos.

DISCUSIÓN Top

Los resultados de esta investigación apoyan los ya adelantados por la revisión de Steiner, Butler y Ellisson (2014Steiner, B., H.D. Butler y J. M. Ellison. 2014. "Causes and correlates of prison inmate misconduct: A systematic review of the evidence". Journal of Criminal Justice 42(6):462-470. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2014.08.001.), por cuanto se debe apostar por la integración de las tres perspectivas teóricas presentadas, ya que hay elementos en cada una de ellas que nos permiten explicar las diferencias en la aplicación de sanciones en el medio penitenciario. De forma adicional, se pueden extraer algunas reflexiones acerca de las variables que han aparecido como relevantes en el análisis.

En primer lugar, y respecto a lo relacionado con la vivencia del encarcelamiento, algunos de los elementos ya destacados por la literatura previa, como la duración de la condena o el haber sido victimizado en prisión, son significativos según los resultados que se han presentado. Por otro lado, se confirma la importancia del apoyo familiar en la reducción de la probabilidad de ser sancionado. Aunque este elemento tradicionalmente se ha interpretado bajo el prisma de la teoría del control a través de la importancia de los vínculos, o desde la teoría del apoyo social, en la que la persona cumpliría las normas por el sentimiento de compensación que tiene respecto de su red social familiar (Cid y Martí 2017Cid, J. y J. Martí. 2017. "Imprisonment, social support, and desistance: a theoretical approach to pathways of desistance and persistence for imprisoned men". International journal of offender therapy and comparative criminology 61(13):1433-1454. https://doi.org/10.1177/0306624X15623988.; Martí y Cid 2015Martí, J. y J. Cid. 2015. "Encarcelamiento, lazos familiares y reincidencia. Explorando los límites del familismo". Revista Internacional de Sociología 73(1). http://dx.doi.org/10.3989/ris.2013.02.04.), este trabajo enfatiza otra dimensión del apoyo como factor de protección frente a la tensión (Agnew 1992Agnew, R. 1992. "Foundation for a general strain theory of crime and delinquency". Criminology 30(1):47-88. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x.), dando recursos pronormativos a los internos en su adaptación a la condena, por lo que quizá este apoyo no solo contribuye al mantenimiento del vínculo familiar, sino también a aliviar los estados emocionales negativos durante la condena.

Respecto a la teoría de la importación, los resultados no muestran un vínculo entre variables relativas a la desventaja laboral o formativa con una mayor probabilidad de ser sancionado, mientras que elementos relacionados con el historial delictivo y una historia de consumo de sustancias sí parecen ser relevantes. Según esta perspectiva, estas personas con una trayectoria persistente en la delincuencia —o con presencia de conductas de riesgo que pueden llevar al delito, como es el caso del consumo— son más proclives también a incumplir las normas dentro de prisión. Sin embargo, autores como Sampson y Laub (1997Sampson, R. y J. Laub 1997. "A life-course theory of cumulative disadvantage and the stability of delinquency". Pp. 113-161 en Developmental theories of crime and delinquency, editado por T. Thornberry. New Brunswick: Transaction publishers.) han interpretado la importancia de un pasado delictivo bajo una lente distinta, proponiendo que cuando las sanciones etiquetan a los individuos, estos incurren en trayectorias de desventaja acumulada que los excluyen de conductas y rutinas pronormativas. Por lo tanto, estos factores de desventaja podrían estar generando procesos de exclusión y etiquetamiento dentro de la propia institución que dificultan la progresión durante la condena, siendo los individuos que son sancionados los que se ven más privados del acceso a los mecanismos de regreso progresivo a la comunidad (Pedrosa 2019Pedrosa, A. 2019. "¿A quién dejamos atrás? Explorando los obstáculos de la progresión penitenciaria". Revista Española De Investigación Criminológica 17:1-24.). Finalmente, y respecto a las creencias previas que se importan hacia la prisión, nuestro trabajo muestra que este tipo de actitudes no están relacionadas con un peor comportamiento intramuros al tomar en consideración otras dimensiones y características de los individuos.

En tercer lugar, la percepción de legitimidad por parte de los internos se establece como una variable a tener en cuenta, ya que, si las personas presas perciben que son tratadas de forma justa, se reforzará el cumplimiento de la norma y el compromiso con el cumplimiento de la condena. Esto se suma a la reciente evidencia que ha vinculado la percepción de trato legitimo por parte del personal y el comportamiento en prisión, mostrándose aquí resultados en una línea similar a los estudios de Steiner y Wooldredge (2018Steiner, B. y J. Wooldredge. 2018. "Prison Officer Legitimacy, Their Exercise of Power, and Inmate Rule Breaking". Criminology 56(4):750-779. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12191.), Beijersbergen et al. (2015Beijersbergen, K. A., A. J. Dirkzwager, V.I. Eichelsheim, P.H. van der Laan y P. Nieuwbeerta. 2015. "Procedural justice, anger, and prisoners’ misconduct: A longitudinal study". Criminal Justice and Behavior 42(2):196-218. https://doi.org/10.1177/0093854814550710.) y Reisig y Mesko (2009Reisig, M. D. y G. Mesko. 2009. "Procedural justice, legitimacy, and prisoner misconduct". Psychology, Crime & Law 15(1):41-59. https://doi.org/10.1080/10683160802089768.). A su vez, este estudio también coincide con los resultados de Rodríguez Menés, Larrauri Pijoan y Güerri Ferrández (2018Rodríguez Menés, J., E. Larrauri Pijoan y C. Güerri Ferrández. 2018. "Percepción de la calidad de vida en prisión. La importancia de una buena organización y un trato digno". Revista Internacional de Sociología 76(2):e098. https://doi.org/10.3989/ris.2018.76.2.16.159.), quienes vinculan la percepción de un trato justo con una mejor percepción de la calidad de vida dentro de prisión. Sin embargo, y contrariamente a lo esperado, otros aspectos que de acuerdo al modelo de gestión deberían ser relevantes —como el apoyo profesional, la participación en el tratamiento y el trabajo en prisión— no resultan serlo para entender la mala conducta en prisión. Esto resulta sorprendente, pues la relación con los profesionales sí parece ser importante para entender la calidad de vida (Rodríguez Menés, Larrauri Pijoan y Güerri Ferrández 2018Rodríguez Menés, J., E. Larrauri Pijoan y C. Güerri Ferrández. 2018. "Percepción de la calidad de vida en prisión. La importancia de una buena organización y un trato digno". Revista Internacional de Sociología 76(2):e098. https://doi.org/10.3989/ris.2018.76.2.16.159.), así como la progresión penitenciaria (Pedrosa 2019Pedrosa, A. 2019. "¿A quién dejamos atrás? Explorando los obstáculos de la progresión penitenciaria". Revista Española De Investigación Criminológica 17:1-24.). Esto puede deberse a que los conflictos que pueden llevar a ser sancionados involucran a otros actores además de los profesionales, especialmente al resto de los internos. Sin embargo, esto no explica por qué la legitimidad, que sí depende directamente de los profesionales, sigue siendo relevante, por lo que estas cuestiones deben ser objeto de un análisis en mayor profundidad en el futuro.

Finalmente, este estudio tenía como objetivo aportar conocimiento sobre las particularidades del sistema penitenciario español respecto de las infracciones disciplinarias. En este sentido, hay tres aspectos relevantes que se relacionan con los resultados obtenidos: en primera instancia, el elemento fundamental que caracteriza al sistema penitenciario en España es la persecución de la rehabilitación y la reinserción social a través del tratamiento, objetivos recogidos constitucionalmente y en la normativa que regula la acción penitenciaria. Al respecto, todo el sistema progresivo, que tiene como objetivo que la persona vaya retornando poco a poco a la comunidad, se estructura alrededor del tratamiento y las necesidades criminógenas de los individuos, con lo que sería esperable que la vinculación al tratamiento se tradujera en un mejor comportamiento y evolución durante el cumplimiento de la pena. Sin embargo, nuestros resultados no indican que el hecho de trabajar o realizar actividades de tratamiento disminuyan las probabilidades de ser sancionado. Si miramos con atención los datos de nuestra muestra, vemos que un 96 % de los internos han participado en alguna actividad de tratamiento o formativa a lo largo de su condena. Con una cifra tan alta, es lógico pensar que la mera participación difícilmente será una variable que discrimine entre las personas que han sido sancionadas y las que no. Esto, además, genera algunas reflexiones más profundas. Por un lado, parece que el sistema penitenciario logra su objetivo de que prácticamente todos los internos realicen actividades de tratamiento, pero esto nos da poca información sobre la motivación de los internos para participar en estas, o si las llegan a completar. De hecho, si pensamos en las dificultades para terminar una condena en régimen abierto o libertad condicional (Pedrosa 2019Pedrosa, A. 2019. "¿A quién dejamos atrás? Explorando los obstáculos de la progresión penitenciaria". Revista Española De Investigación Criminológica 17:1-24.), es probable que esta cifra no sea tan positiva como parece a priori. Por lo tanto, investigadores y profesionales debemos intentar encontrar nuevas y mejores formas de medir la vinculación y los aprendizajes derivados del tratamiento. Así pues, que el tratamiento no tenga un impacto directo en la prevención de conflictos surgidos de la convivencia en prisión tiene sentido en cuanto los programas se enfocan a la vida en libertad en el exterior, y no tanto en el día a día en el centro; pero a su vez es problemático si tenemos en cuenta que el tratamiento es el eje alrededor del cual aparentemente se estructura el sistema de progresión penitenciaria.

Otro aspecto clave del sistema penitenciario español es la relevancia del apoyo social, en tanto la literatura previa ha destacado el papel relevante y activo de las familias en la provisión de apoyo durante todas las fases del encarcelamiento, hecho promovido y acentuado por el carácter familiarista de la sociedad española (Ibàñez y Pedrosa 2018aIbàñez, A. y A. Pedrosa. 2018a. El papel de las familias en la reinserción de las personas que salen de prisión. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.; 2018bIbàñez, A. y A. Pedrosa. 2018b. "Cárcel y familiarismo: ¿Usamos a las familias como agencias de reinserción?". Encrucijadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales 16:1604.). Cabe reflexionar, pues, como actuar respecto de aquellas personas y colectivos (p. ej., mujeres y personas extranjeras) que carecen de dicho apoyo, y promover que la institución pueda ofrecerlo a través del tratamiento y los profesionales, en la línea de lo propuesto por Colvin (2007Colvin, M. 2007. "Applying differential coercion and social support theory to prison organizations: The case of the penitentiary of New Mexico". The Prison Journal 87(3):367-387. https://doi.org/10.1177/0032885507304774.).

Por último, resulta relevante que los resultados indiquen que las personas extranjeras tienen una mayor probabilidad de ser sancionadas, y lo es por el hecho de que España tiene un porcentaje de personas extranjeras en prisión muy elevado, cifra que en Cataluña se sitúa en el 43,1 % para el año 2018, según datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña. Por lo tanto, es importante analizar nuestros datos para explorar en profundidad la situación de este colectivo. El análisis previo de los modelos no mostraba una correlación a nivel bivariado entre ser extranjero y el hecho de ser sancionado, pero, al incorporar el resto de variables en el modelo, esta variable se torna significativa. Si seguimos observando los resultados a nivel bivariado, las personas extranjeras no muestran correlaciones positivas respecto de algunas variables de riesgo como el historial de consumo y delictivo previo, más bien al contrario. En cambio, las personas extranjeras se identifican menos con figuras de referencia entre el personal y, como ha destacado la literatura previa, tienen mayores dificultades para acceder a una salida progresiva (Pedrosa 2019Pedrosa, A. 2019. "¿A quién dejamos atrás? Explorando los obstáculos de la progresión penitenciaria". Revista Española De Investigación Criminológica 17:1-24.). La relevancia de la variable de extranjería abre dos posibilidades interpretativas: que los extranjeros efectivamente tengan una mayor tendencia a la comisión de infracciones disciplinarias, quizás por problemas de comunicación con el personal o por el choque cultural con la institución; o que tengan mayor probabilidad de ser sancionados por el hecho de ser extranjeros, lo cual supondría un fenómeno discriminatorio. Los resultados de este estudio no permiten confirmar o refutar ninguna de estas dos hipótesis y tampoco contamos, a conocimiento del autor, con estudios realizados en el contexto español que traten estas cuestiones de forma empírica, por lo que debemos limitarnos a plantear estas dos hipótesis para que sean tratadas específicamente en el futuro.

CONCLUSIONES Top

Este articulo ha tratado de explorar qué factores influyen en el contexto penitenciario español para que algunas personas sean sancionadas dentro de prisión y otras no. Al respecto, se ha analizado la importancia de algunas de las perspectivas teóricas que gozan de mayor contrastación empírica en la literatura internacional: el modelo de privación, que pone el foco en los males del encarcelamiento y su influencia en el comportamiento adaptativo de los individuos; el modelo de importación, que se centra en características previamente existentes que pueden llevar a cometer conductas desviadas intramuros, y el modelo de gestión, que destaca la importancia de los profesionales en prisión y su interacción y relación con los internos. Los resultados han mostrado que las tres perspectivas son relevantes para el estudio de este fenómeno, por lo que la investigación futura al respecto debería apostar por su integración.

Sin embargo, este trabajo no está exento de limitaciones, destacando especialmente el hecho de que la investigación parte de datos transversales, por lo que no podemos inferir causalidad en nuestros resultados. Así, aunque podemos decir que aquellas personas que se sienten tratadas ilegítimamente tienen mayor probabilidad de ser sancionadas, no sabemos si la percepción de ilegitimidad lleva a ser sancionado, o si quienes han sido sancionados se sienten peor tratados. Aunque esta es una limitación compartida en la mayoría de los estudios previos (ver Rocheleau 2013Rocheleau, A. M. 2013. "An empirical exploration of the “pains of imprisonment” and the level of prison misconduct and violence". Criminal justice review 38(3):354-374. https://doi.org/10.1177/0734016813494764.), debe ser tenida en cuenta para la interpretación de los resultados. En segundo lugar, este trabajo no cuenta con variables relativas a las características de los distintos centros. Esto es una limitación por el hecho de que, dentro de un mismo centro, las condiciones de vida y las dinámicas relacionales no son las mismas en los distintos módulos o unidades, con lo que el presente estudio aporta una mirada más general, no tan específica. Por último, una limitación también compartida por otros estudios es que no debe equipararse de forma automática el hecho de recibir una sanción con la presencia de mal comportamiento dentro de prisión. La discrecionalidad del personal a la hora de imponer o no una sanción ante una conducta seguirá siendo difícil de conocer y medir, pero no es descartable teorizar que, en ocasiones, cuando hablamos de variables que llevan a ser sancionado, en realidad estemos hablando de elementos que llevan al personal a sancionar más.

Aún con estas limitaciones, el presente estudio también presenta algunas fortalezas respecto de la literatura previa de nuestro contexto, destacando dos: por un lado, el uso de datos de auto reporte, lo que nos permite conocer las vivencias e información de primera mano de los individuos; y por otro, que usa una muestra que integra a personas en todo tipo de régimen penitenciario. Sobre esto, muchos estudios emplean únicamente muestras de personas en segundo grado. Incluir datos de personas en régimen abierto y libertad condicional es útil para captar de modo general la experiencia de todas las personas que cumplen condena, y es positivo en estudios de carácter exploratorio como este, sin que ello implique que el estudio con muestras y módulos específicos no pueda ser muy interesante en el futuro. De los resultados presentados se pueden extraer diversas implicaciones para la mejora de la práctica penitenciaria:

En primer lugar, esta investigación apoya la idea de aplicar elementos de la teoría de la tensión al estudio del comportamiento en prisión en la línea de Blevins et al. (2010Blevins, K. R., S. Listwan, F. T. Cullen y C. L. Jonson. 2010. "A general strain theory of prison violence and misconduct: An integrated model of inmate behavior". Journal of Contemporary Criminal Justice 26(2):148-166. https://doi.org/10.1177/1043986209359369.), y plantea a su vez interrogantes para la investigación futura, que deberá examinar la relevancia de nuevos males del encarcelamiento (Crewe 2011Crewe, B. 2011. "Depth, weight, tightness: Revisiting the pains of imprisonment". Punishment & Society 13(5):509-529. https://doi.org/10.1177/1462474511422172.) y cómo estos pueden afectar de forma distinta a los diversos colectivos que pasan por prisión, especialmente aquellos más vulnerables, como las mujeres o las personas extranjeras (Crewe, Hulley y Wright 2017Crewe, B., S. Hulley y S. Wright. 2017. "The Gendered Pains of Life Imprisonment". The British Journal of Criminology 57(6):1359-1378. https://doi.org/10.1093/bjc/azw088.; Warr 2016Warr, J. 2016. "The deprivation of certitude, legitimacy and hope: Foreign national prisoners and the pains of imprisonment". Criminology & Criminal Justice 16(3):301-318. https://doi.org/10.1177/1748895815603775.). En este sentido, medidas que den apoyo y recursos a las personas para afrontar prosocialmente los efectos negativos del encierro podrán evitar el mal comportamiento, por lo que las medidas preventivas serían más eficaces que simplemente recurrir a las sanciones (Rocheleau 2014Rocheleau, A. M. 2014. "Prisoners’ coping skills and involvement in serious prison misconduct". Victims & Offenders 9(2):149-177. https://doi.org/10.1080/15564886.2013.866916.). Esto es especialmente relevante en cuanto a la victimización, puesto que los resultados apuntan a una relación entre esta y la imposición de sanciones. Es importante entender y explorar con mayor profundidad la relación situacional y contextual entre las faltas disciplinarias y ser victimizado, entendiendo que estas personas se encuentran en una situación vulnerable y sujetas a tensión, lo que hace necesario tratar de forma individualizada la prevención de conflictos en el futuro.

En segundo lugar, se ha comprobado que el pasado de los individuos tiene un peso relevante para entender la mayor probabilidad de ser sancionado, pero, contrariamente a lo esperado, esto se refiere más al historial penal y no tanto a la situación socioeconómica previa. Sin embargo, no debemos olvidar que categorías como “reincidente” o “toxicómano” pueden ser un reflejo de una situación de desventaja social previa (Sampson y Laub, 1997Sampson, R. y J. Laub 1997. "A life-course theory of cumulative disadvantage and the stability of delinquency". Pp. 113-161 en Developmental theories of crime and delinquency, editado por T. Thornberry. New Brunswick: Transaction publishers.), en tanto estas etiquetas generarán procesos de exclusión ulterior. Cuando hablamos de la importancia del historial delictivo no estamos, pues, ante los ecos de un pasado perdido, sino más bien ante marcas y realidades que envuelven y acompañan a las personas a lo largo de su vida, y también en su trayectoria mientras cumplen condena. Precisamente, un sistema penitenciario que sea justo y orientado al futuro debe focalizarse en la situación de vulnerabilidad de estas personas y en prestarles apoyo para que el encarcelamiento no sea una nueva losa en su camino.

En tercer lugar, los resultados apoyan las ideas de aquellos autores que han destacado la importancia de la justicia procedimental para el mantenimiento del orden en prisión (Liebling 2004Liebling, A. 2004. Prisons and Their Moral Performance: A Study of Values, Quality, and Prison Life. Nueva York: Oxford University Press.; Sparks, Bottoms y Hay 1996Sparks, J. R., A. E. Bottoms y W. Hay. 1996. Prisons and the Problem of Order. Oxford: Oxford University Press., Sparks y Bottoms 1995Sparks, J. R. y A. E. Bottoms. 1995. "Legitimacy and order in prisons". British Journal of Sociology 46(1):45-62. https://doi.org/10.2307/591622.). En este sentido, las implicaciones derivadas de este trabajo van en la línea de las propuestas por Steiner y Wooldredge (2018Steiner, B. y J. Wooldredge. 2018. "Prison Officer Legitimacy, Their Exercise of Power, and Inmate Rule Breaking". Criminology 56(4):750-779. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12191.) cuando afirman que la formación de los profesionales para que estos den un trato justo y respetuoso a los internos puede favorecer la reducción de los niveles de violencia en prisión. Sin embargo, y contra lo esperado, el hecho que el tratamiento, el trabajo o el apoyo profesional no resulten relevantes debería generar algunas reflexiones de futuro, entre ellas cómo conceptualizar la importancia de estos elementos, o si el rol de los profesionales cobra más importancia en la legitimidad que generan en su trato con ellos y en las buenas prácticas en los procedimientos llevados a cabo, más que en el contenido de los programas y las acciones en sí mismas.

Finalmente, los resultados del presente estudio también muestran una mayor probabilidad por parte de las personas extranjeras de ser sancionadas. Anteriores investigaciones han mostrado las dificultades de las personas extranjeras para acceder a mecanismos de salida progresiva a la comunidad (Pedrosa, 2019Pedrosa, A. 2019. "¿A quién dejamos atrás? Explorando los obstáculos de la progresión penitenciaria". Revista Española De Investigación Criminológica 17:1-24.), hecho también destacado por los profesionales del medio penitenciario (Ibàñez y Cid, 2016Ibàñez, A. y J. Cid. 2016. La reinserción de las personas que finalizan condena en régimen ordinario. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.). En el futuro debemos contar con investigaciones empíricas que aborden las dificultades específicas de este colectivo en prisión (Warr 2016Warr, J. 2016. "The deprivation of certitude, legitimacy and hope: Foreign national prisoners and the pains of imprisonment". Criminology & Criminal Justice 16(3):301-318. https://doi.org/10.1177/1748895815603775.) y cómo los profesionales abordan los conflictos que puedan surgir en relación con este colectivo. Al respecto, se propone apostar de manera firme por la figura de los mediadores interculturales dentro de la prisión, para contar con una vía de comunicación y comprensión respecto de las personas extranjeras presas que ayude a prevenir y solucionar conflictos, salvando obstáculos como las dificultades con el idioma y fomentando el apoyo social e institucional hacia este colectivo.

Este trabajo ha tratado de explorar qué elementos pueden ser útiles para conocer a quién sancionamos en nuestras prisiones, con el objetivo de generar conocimiento que guíe la investigación futura. Como se ha mostrado, existen personas y colectivos que, ya sea por sus características previas, su mala experiencia en prisión o su falta de apoyo, son más vulnerables ante la posibilidad de ser sancionadas. Al respecto, este trabajo sugiere que las medidas que tengan por objeto incrementar el trato legítimo de los profesionales, el contacto familiar y la atención de las necesidades de aquellas personas con historiales delictivos y de consumo que han sido victimizadas en prisión, o al colectivo de personas extranjeras, pueden ser útiles para la prevención del mal comportamiento y el menor uso de las sanciones como mecanismo para preservar el orden.

AGRADECIMIENTOSTop

Agradezco a José Cid los comentarios en versiones anteriores del manuscrito, así como a las compañeras y compañeros de la UAB y la UPF por sus aportaciones y por su apoyo. También aprovecho para acordarme de todos aquellos y aquellas estudiantes de doctorado que luchan a diario para mantener su bienestar emocional ante la precariedad del sector universitario.

Este trabajo ha estado realizado en el marco del programa de doctorado en Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona. Los datos que dan lugar a este trabajo provienen del proyecto “Encarcelamiento y Reincidencia” (DER2014-55315-P) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y llevado a cabo por el grupo de investigación Desistimiento del Delito y Políticas de Reinserción de la Universidad Autónoma de Barcelona. No se ha contado con financiación de ningún organismo público o privado para la realización de este artículo.

NOTAS Top

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASTop

ANEXOTop

Cuadro 3. Correlaciones bivariadas [Descargar tamaño completo]

SOBRE EL AUTORTop

ALBERT PEDROSA es graduado en Criminología por la Universitat Autònoma de Barcelona y Máster en Criminología y Ejecución Penal (UPF, UAB, UdG y UOC). Actualmente, se encuentra vinculado al grupo de investigación Desistimiento del Delito y Políticas de Reinserción de la UAB como investigador predoctoral (Beca FPI 2015). Sus temas de interés son el estudio del uso de la prisión, la situación de las familias de personas encarceladas y el control penal sobre colectivos en riesgo de exclusión.